Comisión de la Verdad: abortadas, todas las expectativas 


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La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregó su informe final sobre las posibles violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto magisterial y popular de 2006, y su secuela del año siguiente, y lo más relevante de dicho documento es la incapacidad de la Comisión para verdaderamente esclarecer ese conjunto de hechos, y ofrecer a la ciudadanía —nacional e internacional— una versión fidedigna y final de ese periodo. Esta es una derrota, que se puede distinguir fácilmente si la contrastamos con otros hechos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y la posibilidad de que para indagar esos hechos, también se pudiera crear una Comisión de la Verdad.

En efecto, la Comisión de la Verdad de Oaxaca fue creada por presiones, y no por una verdadera voluntad de la ciudadanía por conocer la verdadera dimensión del conjunto de hechos y posibles violaciones a derechos humanos, que ocurrieron durante el conflicto magisterial de 2006, y el año siguiente. Más bien, fueron algunos grupos emanados de la APPO, que luego se integraron al poder estatal a través del triunfo de Gabino Cué y de la coalición PAN-PRD-PT en 2010, los que ejercieron una fuerte presión para que se conformara dicha Comisión que, según sus propias normas, tenía como objeto esclarecer ese episodio de nuestra historia doméstica reciente.

Desde el inicio, hubo cuestionamientos de fondo respecto no sólo a la posible parcialidad, y a la evidente motivación político electoral de la existencia de dicha Comisión, sino sobre todo porque el hecho de que se creara una Comisión de la Verdad implicaba que el propio Estado oaxaqueño —los Tres Poderes del Estado— reconociera la incapacidad de sus instituciones para lograr el esclarecimiento de ese conjunto de hechos, y particularmente de la comisión de delitos derivados de las violaciones graves a derechos humanos tanto de personas que habían tenido alguna participación en el conflicto, como de quienes fueron simples víctimas de las circunstancias.

Dicho cuestionamiento implicaba también una especie de claudicación tácita del Estado oaxaqueño a la posibilidad de verdaderamente integrar una investigación profunda y a conciencia de esos hechos, no sólo para deslindar responsabilidades o castigar a responsables sino, sobre todo, para conocer la verdadera dimensión y, como se dice llanamente, la auténtica realidad de esos hechos. Aún así, el gobierno estatal permitió la conformación de la Comisión y le dio el paso libre a la conformación de sus trabajos.

 

CVO, EN EL ESPEJO

Y tal como se previó, hoy queda claro que la CVO no tuvo la capacidad de llevar a cabo un verdadero proceso clarificador de hechos y circunstancias, así como de las posibles violaciones a derechos humanos, que era parte esencial del espíritu con el que se conformó dicha Comisión. Si bien el Informe establece conclusiones interesantes, éstas en ningún sentido pueden ser tomadas con seriedad como la culminación de un proceso mayor de sistematización de hechos, como los que se supone que debe ofrecer el informe final de una verdadera Comisión de la Verdad.

Ese, no es sólo problema de la Comisión de la Verdad sino también de un problema de concepción estructural del propio Estado oaxaqueño, que nunca tuvo el tacto de legitimar la existencia de una investigación de ese tipo, ni siquiera fundándolo en sus propias fallas, como un paso necesario para legitimar la conformación de una Comisión de la Verdad.

Primero durante el gobierno de Ulises Ruiz, y luego durante la presente administración, nunca fueron patentes los esfuerzos de las instancias regulares de procuración y administración de justicia, por llevar a cabo ese proceso de investigación de hechos, y consignación de responsables, como para poder decir que ante la magnitud del universo de hechos a investigar, la capacidad operativa de esas instancias quedaba rebasada, y que por ende había que crear un organismo ex profeso dedicado a su investigación.

Incluso, para entender lo que decimos y darle una dimensión más o menos “didáctica”, deberíamos ver lo que está pasando con la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué ocurre? Que la PGR conduce una investigación a la que ellos mismos han calificado como la más amplia y extensa de la historia de la procuración de justicia en México, y aún así —pasando también por la participación de dos organismos internacionales— no han sido capaces ni de clarificar los hechos, ni de generar confianza y legitimidad entre la población respecto a sus investigaciones y las conclusiones a las que están llegando.

Por eso, de cara a esa investigación hay un destino casi natural a que todo termine, en algún tiempo —quizá después del mandato del presidente Enrique Peña Nieto— en la conformación de una Comisión de la Verdad, que se dedique a investigar, y a ofrecer legitimidad, a una indagatoria en la que, además de justicia, es un imperativo esencial para toda la comunidad nacional e internacional, conocer la verdad.

 

PARCIALES

Hay que decirlo sin ambages: el conflicto de 2006 no puede ser ajeno a los matices. No fue un acto puro de opresión del gobierno hacia los manifestantes. ¿Por qué entonces, el informe no se refieren a lo que la ciudadanía padeció por los actos cometidos tanto por el gobierno como por quienes intentaban imponer su razón a manotazos? No puede ser serio un informe que reduce a dos grupos, el trauma que ese episodio significó para toda la población oaxaqueña.