¿En Oaxaca nadie va a hacer propuestas anti corrupción?

 

+ El SNA es un tema toral; ¿en Oaxaca a nadie le importa?


Llama la atención la laxitud que existe en el discurso relacionado con propuestas, de los abanderados a la gubernatura del estado. En algunos temas, esa vaguedad parece estar determinada por la incapacidad de esbozar todo un programa de gobierno en apenas unos días de campaña. Pero en otros casos, la generalización de las propuestas —y hasta la omisión de algunos temas— parece más bien un acto deliberado. Eso es lo que parece ocurrir respecto al combate a la corrupción, tema del cual nadie ha hablado de verdad en este periodo de campañas en Oaxaca.

En efecto, los candidatos a la gubernatura podrán decir misa para justificarse, pero lo cierto es que ninguno le ha entrado al tema del combate a la corrupción en Oaxaca, ni siquiera como tema marginal. Eso resulta extraño, y en cierto modo hasta sospechoso, porque resulta que el eje —negativo— de las campañas de los tres principales aspirantes a la gubernatura se basa justamente en señalamientos mutuos de corrupción —ninguno con pruebas, hasta ahora— y en llamados, primero, respecto a que perseguirán a los corruptos y, segundo, a que la ciudadanía debe no votar por quienes han incurrido en esas prácticas.

De hecho, uno puede hacer un juego de nombres respecto a todos los candidatos, y resulta que de todos modos los señalamientos y los llamados electorales sobre la corrupción, son exactamente los mismos. Lo que no vemos por ningún lado son las propuestas para enfocar sus ofrecimientos, a pesar de que buena parte de las campañas giran alrededor de esos señalamientos, como por ejemplo los relacionados con los presuntos actos de corrupción cometidos por “operadores políticos” del gobierno estatal.

Hay datos que son más concretos, sobre los cuales nadie ha dicho nada en esta campaña. Por ejemplo, apenas en enero (TIEMPO, 5 de enero, página 4) el titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, alertó de un presunto quebranto financiero superior a los cuatro mil millones de pesos por parte de las actuales autoridades municipales que a fin de este 2016 concluyen su encargo, en caso de que los diputados de la LXII Legislatura estatal no hagan las reformas jurídicas necesarias a la Ley de la Auditoría. Dijo que ese quebranto se cometió en gran medida porque al entregar el cargo, las ex autoridades municipales no dejaron archivos ni realizaron ningún tipo de proceso de entrega-recepción con quienes los relevaron.

En ese sentido, el Titular de la ASE previno que este tipo de situaciones podría volverse a repetir en caso de que la LXII Legislatura estatal no lleve a cabo una serie de reformas jurídicas para impedir que las actuales autoridades municipales incumplan con la entrega de la documentación respectiva que consiste en expedientes técnicos, facturas, comprobantes fiscales entre otros.

¿En qué tendrían que consistir esas reformas si se supone que recientemente los diputados de la LXII Legislatura local realizaron modificaciones a la Constitución para establecer el sistema anticorrupción en concordancia con las reformas federales ocurridas también en 2015? Esa es una pregunta que nadie ha querido contestar en medio de las campañas, en las que paradójicamente uno de los temas que más han utilizado los partidos y sus candidatos, es justamente el de los señalamientos de corrupción como base para descalificar al adversario y promover, implícitamente, el voto a su favor.

TEMA EVADIDO

Oaxaca tiene un problema constitucional grave respecto al combate a la corrupción, y eso es algo que no pueden seguir evadiendo los candidatos a la gubernatura. Lo apuntamos hace meses y el panorama sigue siendo exactamente el mismo: Además de que en la reforma del 30 de junio de 2015 a la Constitución local para dizque establecer el sistema anticorrupción, no se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad en la fiscalización superior, hay otros elementos que también son un foco de impunidad para los corruptos.

Por ejemplo, en el sistema de responsabilidades que estableció la reforma federal anticorrupción resaltan dos cuestiones: primera, la inclusión de las responsabilidades administrativas de particulares y por supuesto, las sanciones que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer, y que por ejemplo va desde la inhabilitación para la participación en procedimientos de adquisiciones, hasta la eventual promoción de responsabilidades penales. Esto existe en la Constitución Federal, pero inexplicablemente no fue incluido en la reforma anticorrupción a la Constitución del Estado.

De hecho, en la reforma constitucional federal, se hace una variación sustancial de la concepción y la naturaleza jurídica de lo que conocíamos como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al denominarlo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e imponer a las entidades federativas la obligación de contar con un órgano similar, dispone que éste debe contar con características particulares establecidas en diversos preceptos de la Constitución.

¿“LAGUNA” LEGAL O LLAVE DE IMPUNIDAD?

El problema es que en Oaxaca lo que se estableció fue un tribunal “contencioso administrativo y de cuentas” que hasta en la denominación es discordante con lo que dispone la norma federal, y que en el fondo también enfrenta el problema de no contar con las atribuciones que el Sistema Nacional Anticorrupción establece para esos órganos de justicia a nivel local. A ello hay que agregar el drama de la auditoría desdentada que tiene Oaxaca. De todo eso deberían hablar quienes aspiran a gobernar Oaxaca a partir de la promesa de honestidad. ¿Qué esperan?