Sistema anticorrupción: las sanciones morales deben también valer

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+ Que se repruebe igual a autoridades, a proveedores y a particulares


Es muy relevante que, en el discurso alusivo a la promulgación de las leyes ordinarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto haya reconocido la importancia que tienen no sólo las actuaciones concretas de los servidores públicos, sino también la percepción que se genera de ellas. Es muy relevante porque en México queda claro que ni quienes detentan el poder, ni quienes estamos en el espectro ciudadano, hemos comprendido la necesidad de hacer que cada quien pague el costo político, y social, por sus acciones. Esta parece ser la nota distintiva, subjetiva, del Sistema Nacional Anticorrupción, que ayer vivió una jornada trascendente.

En efecto, ayer el presidente Peña Nieto encabezó el acto protocolario mediante el cual firmó, y mandó a publicar, los siete conjuntos normativos que conforman la legislación reglamentaria del Sistema Nacional Anticorrupción. En su discurso alusivo, el Mandatario fue muy concreto en el reconocimiento de la necesidad no sólo de que los servidores públicos se conduzcan con apego a la ley, sino que además lo hagan con la noción de que la percepción que generan esos actos trae aparejado también un costo social y político, que lastima la reputación de quienes los cometen, que también impactan en la legitimidad de las figuras institucionales, como la investidura presidencial, el cual debe generar más consecuencias que el solo repudio moral.

“Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada ‘casa blanca’ causó gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto, reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mis sinceras y sentidas disculpas por el agravio que les causé…”, dijo el Presidente.

Esto es de la mayor trascendencia, porque por primera vez —quizá en toda la historia nacional contemporánea— un titular de la Administración Pública Federal acepta que los actos realizados por los funcionarios deben ser no sólo legales, sino legítimos. Es decir, que no sólo deben cumplir con los parámetros legales estrictos, sino que también deben atender a lo que la ciudadanía considerará que es correcto.

Esta es una noción que en otros países se encuentra perfectamente construida desde hace mucho tiempo, pero que en México primero se rezagó porque la legitimación del poder público estaba basada en el corporativismo —durante el régimen de partido hegemónico—; y después, en los tiempos de la alternancia, en la idea de que el aval de los votos era suficiente para dar legitimidad al poder, independientemente de lo que ocurriera después.

Hoy queda claro que esos parámetros son insuficientes, y que por ende un funcionario debe cuidar la ley tanto como su comportamiento y sus acciones a la luz no sólo de la ley, sino de la legitimidad que debe mantener ante sus gobernados. A eso se refirió el Presidente, y por esa razón es muy necesario que nosotros como ciudadanos ahora vigilemos y participemos para que esa intención —aparente y forzada— se cumpla.

TODOS, FRENTE AL ESPEJO

“Tenemos que vernos frente al espejo”, dijo el Presidente. Y ver nuestro propio reflejo significa reconocernos tal cual somos. Y en los aspectos de la corrupción, queda claro que no se trata sólo de criminalizar o perseguir a los servidores públicos porque, como dice el dicho popular, “para que haya problemas hacen falta dos”. Esos dos son el que corrompe, y el que se deja, fuerza o “invita” a corromperse.

Ese otro es el ciudadano, que ahora también tendrá que pasar por el tamiz del sistema anticorrupción. Ese rubro ha sido otro tabú que ahora deberá romperse en México. Pues es evidente que el servidor público es quien está obligado a pagar un costo legal, social y político por los actos de corrupción en que incurre, pero también lo es que esa situación pasa también por quien participa, desde el sector privado, en la comisión de ese tipo de conductas. En eso debemos ser muy enfáticos, y firmes, porque el nuevo rasero de la evaluación de la función pública debe también pasar por los particulares que coparticipan de esas acciones indebidas.

El caso más concreto es el del propio Presidente. Él incurrió en una conducta inmoral. ¿Pero qué pasó con el dueño de la constructora que otorgó el “préstamo” para que la esposa del Presidente construyera su mansión? Juan Armando Hinojosa es, acaso, uno de los primeros particulares que abiertamente se ve sancionado moralmente —el valor de su compañía cayó, gracias al conflicto de interés, y quedó evidenciada frente a la opinión pública nacional— por verse relacionado en alguna práctica indebida en su relación con la función pública.

A NIVEL LOCAL

También habrá que ver qué acciones toma el Congreso y el Ejecutivo en Oaxaca para implementar un sistema estatal armónico, y necesariamente superior al nacional, para el combate a la corrupción. Oaxaca no aguanta más situaciones así y, para ganar credibilidad, el nuevo Gobernador deberá envolverse en esas banderas para cumplirle a la ciudadanía.

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