+ Ley enfrenta crisis de legitimidad, no de legalidad o de constitucionalidad
Hay dos realidades paralelas alrededor de la maltrecha reforma educativa: una, la de la legalidad, que apunta a que la legislación en esa materia tiene plena vigencia y que por ende debe aplicarse en términos de ley; y la otra, que denuncia la ilegitimidad de la reforma y, a partir de ello, rechaza toda posibilidad de aceptar cualquiera de sus términos. El problema de fondo, entonces, no está en la ley sino en la incapacidad de los bloques —los que la repudian, y los que la defienden— de reconocerse y entenderse entre sí.
En efecto, esas dos realidades son excluyentes: por un lado, en la Secretaría de Gobernación hay instalado un panel permanente de negociación de los términos de la reforma educativa; en el otro extremo, se encuentran los otros dos poderes constituidos —el Legislativo, y el Judicial— que no sólo no reconocen los “consensos” que está realizando el Ejecutivo para lograr la aceptación de la reforma por todos los sectores magisteriales del país (la CNTE, en particular), sino que reiteran su voluntad por aplicar la norma educativa vigente en sus términos actuales.
Ese panorama, resulta que por un lado, en la mesa de diálogo instalada en Gobernación para la atención de las demandas estrictamente relacionadas con la reforma educativa, los representantes de la SEP aceptaron que no sólo la evaluación sino todo el entramado legal de la reforma educativa podría ser sometido a una consulta amplia entre todos los sectores magisteriales, pero la Coordinadora de antemano reitera que no aceptará el modelo educativo que ellos reducen todas sus demandas a una: la derogación de las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales —que constituyen la médula de la reforma educativa—, para que eso abrogue automáticamente toda la legislación ordinaria derivada de esos preceptos.
Pero en el otro extremo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que prevé discutir un proyecto de resolución, que establece que reubicar a los maestros que reprueben la evaluación docente en áreas administrativas es constitucional. Esto es, en términos constitucionales, la convalidación de la vigencia y legitimidad legal de la reforma educativa que las secciones sindicales que integran la CNTE, quieren que se abrogue.
Según anunció la Corte, en el proyecto de resolución —cuya discusión está programada para el 10 de agosto— fue realizado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, con la que se propone confirmar una sentencia de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Puebla en un juicio promovido por 17 integrantes de la CNTE. A través de un recurso de revisión, los profesores solicitaron al máximo tribunal que estudiara la constitucionalidad de la revocación del mandato prevista para los maestros que reprueben, en tres ocasiones, la evaluación.
Conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en 2013, los profesores que tienen el nombramiento de plaza deberán someterse a una evaluación al término del segundo año de haber iniciado su encargo. De no aprobar esa prueba, podrán intentarlo dos veces más. Si reprueban una tercera ocasión, el nombramiento será revocado sin responsabilidad para la administración pública. El maestro será removido de su área, pero conservará su plaza dentro del magisterio. El proyecto del ministro Cossío Díaz establece la diferencia entre una sanción administrativa, que puede implicar la separación del cargo, y la revocación del mandato, que implica un cese de funciones.
CRISIS DE LEGITIMIDAD
¿Qué se prevé, respecto a cada uno de los escenarios? Que independientemente de sus resoluciones judiciales, los acuerdos parciales en las mesas de diálogo, y sus proclamas en contra de la reforma educativa, esencialmente nada cambie. Esto es así porque tanto la Coordinadora, como el poder público, enfrentan hoy una crisis profunda de legitimidad que hace irreconciliables sus posiciones, independientemente del contenido de las mismas.
En ese sentido, es evidente que el contenido de la reforma educativa es prácticamente imposible que cambie porque legalmente los poderes Legislativo y Judicial sostienen que la reforma educativa no enfrenta ningún problema de legalidad —de forma y de fondo— y que por esa razón hablar de reformas es tanto como el cumplirle un capricho a quienes no quieren modificaciones, sino la anulación de la misma.
En el otro extremo está la propia crisis de legitimidad de la Coordinadora Nacional, que insistentemente ha tratado de presentarse como la representación viva del pueblo ya no sólo de Oaxaca, sino de México. El magisterio disidente, aglutinado en la CNTE, ha tratado de llevar la presión a la consecuencia última de toda pretensión política: el cambio en el orden jurídico. Particularmente, ellos quieren que se reforme una cuestión que les afecta en lo particular. Para ello han tratado de envolverse en el esquema de la representación popular. Sólo que esa representación está por mucho lejana de lo que verdaderamente pudiera catalogarse como un movimiento social de masas capaz de aglutinar la legitimidad como para una labor de esa naturaleza.
PROBLEMA SIN SOLUCIÓN
Por eso, la crisis no está en la reforma —ésta es, de hecho, el pretexto— sino en la ilegitimidad que se profesan quienes riñen. Entre ellos no se reconocen de verdad. Y por eso cualquier arreglo al que se llegue estará afectado exactamente del mismo problema que tiene hoy la reforma: independientemente de su contenido, será rechazada y señalada. Dadas las circunstancias, es un resultado más que previsible.
