+ La Reforma indígena será un gran pendiente de este régimen
Ni siquiera la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ha sido suficiente para que los poderes del Estado en Oaxaca hagan algún tipo de manifestación respecto a la “minoría” más grande de nuestra entidad: los pueblos y comunidades indígenas. A nadie en el gobierno estatal le interesa el tema; y en esas mismas condiciones se encuentran los poderes Legislativo y Judicial del Estado, que tampoco reflejan ningún tipo de preocupación —ni por la pose política— por ese sector poblacional, que representa a la inmensa mayoría de los oaxaqueños.
En efecto, ayer se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y de ello resulta primeramente relevante conocer que de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total de su población son: Oaxaca, con el 32.2 por ciento de su población total compuesta por indígenas; le siguen Yucatán 28.9% de su población, Chiapas con el 27.9 por ciento;, Quintana Roo, con el 16.6%; y Guerrero, con el 15.3 por ciento de su población total compuesta por indígenas.
A la par de ello, como datos generales es importante saber que Oaxaca representa una importancia particular, en términos políticos, porque la nuestra fue la primera entidad que llevó a su marco constitucional el reconocimiento de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Este proceso de inclusión implicó el establecimiento del sistema de organización política en los pueblos, primeramente conocido como usos y costumbres y ahora denominado como sistemas normativos internos.
De hecho, Oaxaca fue una entidad vanguardista en ese sentido, porque la reforma en materia de derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas ocurrió con mucha anticipación (en 1996) a la reforma a la Constitución federal de 2001, que estableció una serie de derechos y programas de gobierno para los pueblos indígenas del país, pero abordando muy tímidamente lo relacionado con la capacidad de autodeterminación política de esas sociedades indígenas.
Así, al haber sido Oaxaca un estado de vanguardia en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lo lógico sería esperar a que ese progresismo se quedara no sólo en la reforma constitucional local de 1996, sino que ello marcara el inicio de un proceso de evolución de las normas en la materia. En ese sentido, el gobierno de Diódoro Carrasco consideró como suficiente su aportación al haber impulsado tal reforma. La administración siguiente fue, en realidad, la primera que percibió y manejó políticamente esos primeros cambios asentados en la Constitución; y el gobierno de Ulises Ruiz fue totalmente omiso en el tema, porque pareció siempre que sus prioridades y problemas fueron otros.
Ante ese panorama, hubo una expectativa amplia de que la reforma indígena —concebida en Oaxaca como de “segunda generación”, ante la existencia de la primera gran reforma que estableció los usos y costumbres— llegaría a la par de la pretendida “Reforma del Estado”, cuestión que no ocurrió, bajo el argumento de que la reforma indígena tendría su propio espacio, atención e importancia tanto por parte del Congreso del Estado, como del gobierno estatal.
Nada ocurrió, y por eso nada dicen al respecto.
OMISIÓN TOTAL
Es tanto el desinterés del régimen estatal por el tema indígena, que por eso nunca tuvo interés en impulsar una verdadera reforma indígena. A estas alturas, es claro que ya no lo hará, pero con el añadido de que, hoy la Secretaría de Asuntos Indígenas —dependencia se supone que encargada de “organizar, promover, vigilar y ejecutar las políticas y acciones para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia indígena, tratados internacionales, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos jurídicos correspondientes”— ni siquiera tiene titular, y tampoco tiene perspectivas de que pueda hacer algo al final de un régimen que tuvo todo menos interés en dicho tema.
En ese sentido, una de las paradojas que revelan la poca capacidad de entendimiento de la importancia de este tema, fue la renuncia de Adelfo Regino Montes, que fungió durante más de cinco años como titular de la SAI sin ningún resultado destacable. Regino, ciertamente, se presentó siempre más como un aliado de las comunidades indígenas que como un servidor público. Sin embargo, ello no fue acicate para que impulsara políticas o propuestas más decididas a favor del sector, ni tampoco para que lograra una mayor atención tanto a la problemática indígena, como a las posibles perspectivas de solución a los temas que les interesan.
DESINTERÉS GENERALIZADO
Si eso pasó del lado del Ejecutivo, en el terreno del Legislativo y Judicial las cosas fueron tanto o más desalentadoras. En el Congreso, nunca hubo el menor viso de interés en la posibilidad de impulsar una reforma indígena que actualizara no sólo el marco político, sino todo el elenco de derechos de los pueblos originarios en la entidad. Y la gran obra del Poder Judicial fue crear una Sala Indígena, con los magistrados del Tribunal Electoral que se quedaron sin materia ante la reforma política nacional, pero sin establecerles un esquema digno de trabajo cuando menos para justificar el salario de magistrados que siguen cobrando los juzgadores que antes veían los temas electorales, y que ahora tiene el encargo del tema indígena, como si lo electoral y lo indígena fuera algo así como la misma cosa. ¿Qué hay en el fondo? Indolencia. Desinterés. Y silencio. En los tres poderes del estado con más indígenas en el país.
