+ Desdeñan capacidad de padres y ayuntamientos para frenar a profesores
Hace poco más de un año, en agosto del año pasado, el gobernador Gabino Cué hizo un llamado a las autoridades municipales para vigilar la impartición de la educación pública en Oaxaca que hoy está en el olvido, a pesar de que fueron los padres de familia organizados los que finalmente le hicieron a la Sección 22 la presión que ni el gobierno federal había logrado, para que se reabrieran las escuelas luego de casi 100 días de movilizaciones y cierre de escuelas en la entidad. Hoy más que nunca, una posible adecuación del modelo educativo estatal debería pasar por la municipalización, de hecho o de derecho, de la educación en la entidad.
En efecto, el 19 de agosto de 2015 —apenas unas semanas después de haberle expropiado el control del IEEPO a la Sección 22— el gobernador Gabino Cué Monteagudo lanzó el llamado a un diálogo por la educación a los presidentes municipales de todo el estado. Específicamente, en aquella ocasión el Mandatario convocó a las autoridades municipales “a que sean vigilantes de lo que necesitan las escuelas de sus comunidades, así como de que los profesores cumplan con el ciclo escolar”.
El gobernador Cué dijo que “por ley”, los presidentes municipales “nos tienen que ayudar para el diagnostico de cómo están las escuelas; para saber si las maestras y los maestros están yendo a la escuela”. Y subrayó que por tratarse de servidores públicos, “por mandato de ley” los maestros tienen la obligación de cumplir con la función por las que se les paga su salario.
Este llamado constituía un paso decisivo en el control de la Sección 22 del SNTE, a través de un proceso fáctico de municipalización de la educación. El nuevo marco jurídico de la educación —es decir, la reforma educativa— no lo impedía, y ahí se encontraba la capacidad de dicho llamado que, lamentablemente, hoy se encuentra en el más crudo de los olvidos a pesar de que han sido los padres de familia, en modelos improvisados de organización los que fueron logrando, primero presionar a los profesores de diversas escuelas a iniciar el ciclo escolar; y segundo, que la Sección 22 comenzara a considerar, hace apenas unos días la posibilidad de iniciar el ciclo escolar no por las exigencias o amagues del gobierno, sino por el reto que representa la presión de los padres de familia, escuela por escuela, o comunidad por comunidad.
INFERIORIDAD NUMÉRICA
El magisterio tiene una capacidad de movilización importante, pero sólo cuando se trata de hacer presencia en la capital del Estado, como caja de resonancia de toda la actividad política en el Estado. Obviamente, cuando se juntan los más de 70 mil profesores para realizar movilizaciones en la capital oaxaqueña, su superioridad es abrumadora. ¿Pero nos hemos puesto a pensar qué tan endeble es en realidad esa supuesta superioridad, si comenzamos a contrastar el número de profesores que tiene una comunidad frente al número de padres de familia, y ciudadanos interesados en que se imparta una instrucción pública de calidad?
Obviamente la respuesta es que los profesores, en ese escenario, tienen una inferioridad abrumadora. Una escuela primaria de una comunidad podría tener unos 50 trabajadores, entre profesores, directivos, personal administrativo y de intendencia. ¿Pero cuántos padres de familia tendría esa misma escuela? Y, sobre todo, ¿cuántos habitantes más, ajenos a los paterfamilias, estarían también interesados en participar en cualquier tipo de acción encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños de esa comunidad?
La respuesta, sin duda, es que unos y otros son muchos más. Por eso, en el fondo, la Sección 22 le tiene mucha reticencia a cualquier posibilidad relacionada con que los Ayuntamientos, y las comunidades, tomen conciencia del papel que pueden jugar en el ámbito educativo, y que en base a ello puedan también emprender acciones.
En cada caso en el que lo han hecho el resultado es favorable para la educación; y dicho éxito se puede entender a partir de la sola circunstancia de que la inferioridad de los profesores sobre los habitantes de las comunidades que ejerce presión sobre ellos, los obliga a tomar una actitud distinta frente a su actividad sindical y los lleva a reconocer que no es sólo su potestad o sus intereses los que valen respecto a los derechos de miles de niños.
Por esa razón —y más allá de lo que pueda decir el texto legal— sería importante retomar el principio de la municipalización educativa, de hecho o de derecho. Es expresa la obligación constitucional, tanto de la Federación, como de estados y municipios, de intervenir en la impartición de la educación pública; y por esa sola razón sería necesario resaltar la importancia de la función social de vigilancia y contraloría de la propia ciudadanía —padres de familia, autoridades municipales, comunidad en general— en la impartición de educación. Finalmente eso fue lo que presionó a los maestros a volver a las aulas. Por eso sería importantísimo considerar esta cuestión que aún sigue inexplorada.
SE MUERDE LA LENGUA
El ex gobernador Ulises Ruiz envió una segunda carta pública al CEN del PRI. En la misiva, sugiere que en acciones para un combate frontal y formal contra la corrupción, “es necesario que el órgano de control que la nueva dirigencia nacional propuso, sea electo por la militancia, para que sirva como un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación”. Pidió además, que se transparenten los recursos del CEN y de los comités estatales mediante la rendición obligatoria de informes públicos a la militancia. Es decir, otra vez el señor Ruiz, resentido con su partido, hablando de honestidad. El chiste se cuenta solo, dirían por ahí.
