+ Sin control eficaz, el sistema político va rumbo a la devastación
Cada que un gobernador deja las finanzas estatales, o la gobernabilidad, o la administración, convertida en un desastre, alimenta la tentación recentralizadora del régimen federal. Esto debería verse ya como un fenómeno no sólo por la irresponsabilidad, la falta de compromiso, y la minoría de edad que demuestran muchos gobiernos estatales en la actualidad, sino por el regreso de la intervención federal no como un mecanismo de rendición de cuentas sino como una forma extra constitucional de intervención en los estados de la república, “justificado” por la indolencia y corrupción de los mandatarios estatales. ¿Ese camino queremos para nuestra nación?
En efecto, el miércoles el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó licencia a su cargo motivado por la presión que el gobierno federal ejerció en su contra a partir de investigaciones ministeriales y fiscales. En estos días, ampliamente se ha dado cuenta de cómo el gobierno federal desde hace un año contemplaba la posibilidad de la salida del mandatario veracruzano, y cómo hasta ahora endureció la presión para orillar a que presentara la solicitud de licencia. Lo paradójico es que, independientemente de la ilegitimidad de la maniobra federal, con su irresponsabilidad y desastre institucional, Duarte había dado amplia justificación para su dimisión.
En esa lógica, hagamos un supuesto no imposible: que un Gobernador estatal, con toda la soberbia, la intolerancia y la codicia de Duarte de Ochoa, hubiera ejercido un gobierno en el que ninguna cuenta hubiera salido mal, independientemente de las tropelías o no cometidas durante la gestión. Basados en la lógica de que a los pillos los cazan a partir de sus errores, pudiera darse el caso de un Mandatario groseramente excesivo, pero pulcro en sus movimientos, que no hubiera dejado los cabos sueltos por los que hoy están tras las tropelías de Duarte. ¿Qué haría, en ese caso, el gobierno federal para intervenir como hoy lo está haciendo con Duarte?
La respuesta sería nada halagüeña, porque entonces la federación no tendría elementos legales para intervenir políticamente en esa entidad federativa para expulsar a dicho gobernador, como hoy lo hace abiertamente en Veracruz. Nadie reclama, nadie se ofende y nadie denuncia esa injerencia, porque todos consideran —consideramos— como algo urgente que, independientemente de la forma, Duarte de Ochoa dejara la gubernatura. Poco reparamos en que, en este caso, la forma sí es fondo, porque se están utilizando canales y mecanismos legales para una intervención de orden eminentemente político.
¿Qué resulta grave? Por un lado, pues, la intervención federal; pero por el otro —y es aún peor— que Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge y todos los que se acumulen, le han dado al gobierno federal montañas de elementos legales para perseguirlos, a partir de las rapacidades cometidas, los desfalcos heredados y los abrumadores actos de soberbia cometidos durante sus respectivas gestiones. Por ello, si el remedio es terrible, éste resulta paradójica y preocupantemente justificado por la irresponsabilidad de los mandatarios estatales que no supieron ejercer el poder no que les dio la federación, sino que les otorgó la ciudadanía mediante el voto.
RECENTRALIZACIÓN
El clarísimo riesgo que esto implica es que, como en muchos otros casos, la federación siga interviniendo “justificadamente” en los asuntos que debían ser propios de las entidades federativas. En este caso, la situación parece un callejón sin salida: un puñado de gobernadores que se excedieron profusamente en sus respectivas gestiones; que dejaron tiraderos administrativos, deudas estratosféricas, ciudadanías agraviadas por la soberbia y los excesos, y problemas de inseguridad generados en gran medida por la poca atención puesta a las atribuciones que les correspondían. Esto, por un estado de necesidad, justificaría la intervención del orden superior de gobierno. ¿Pero en una democracia —se supone que madura— como la nuestra, algo así puede ocurrir a pesar de no existir en la propia ley algún mecanismo de intervención?
El problema es que esta ya es una tendencia en México que va sumando situaciones. Pues antes, en temas estrictamente legales, vimos cómo el gobierno federal impulsó la reabsorción facultades en las reformas educativa, político-electoral, financiera, de transparencia y hasta la fiscal y energética.
Ninguna de las reformas constitucionales y legales tuvo algún ingrediente que denotara la disposición a incluir a las entidades federativas en algunas de las tareas de reorganización y administración de facultades o funciones. La federación, en eso, recogió todas las facultades, dejando ver que, al haberlas antes tenido los estados de la República, las habían subutilizado o viciado. A partir de eso, ubicó a las entidades federativas como menores de edad y de esa misma forma justificó la recentralización de todo tipo de facultades.
Al final, lo que queda claro es que los propios gobernadores irresponsables dieron pie a esta práctica abusiva federal. Los ciudadanos, al final, parece que no nos queda más que elegir entre lo malo de esos terribles gobernantes abusivos; o elegir lo peor de un gobierno federal que quiere recentralizar aunque sea incapaz de manejar las situaciones que genera.
OAXACA, SEPULTADO
Hoy tendría que haber arrancado, o pasado por Oaxaca, La Carrera Panamericana. Es el evento automovilístico más importante del año en México, sólo después de la Fórmula Uno. Oaxaca dejó de ser sede. ¿La razón? La inestabilidad social, que es la misma por la que agoniza la economía local, la imagen turística del estado, y miles de empleos. Bien, profes. ¡Bien!
