+ Gestión de injusticias: Huerta se fue pero sigue abusando de la gente
No está definido qué mal fario están pagando los habitantes del municipio de Santa Lucía del Camino, como para tener recurrentemente gobiernos como el de Galdino Huerta Escudero, que desde las penumbras sigue esquilmando y lastimando a sus habitantes, y a la ciudadanía en general. Santa Lucía tiene un gobierno que no provee de ningún servicio ni regula las actividades económicas que ahí se realizan, pero que sí perturba a los ciudadanos a través de sus abusos, disposiciones y omisiones. ¿Hasta cuándo gobiernos y autoridades como esos podrán seguir en la impunidad?
En efecto, en este espacio hemos documentado los abusos cometidos por el gobierno de Huerta Escudero, lo mismo en contra de los habitantes de su municipio que con quienes realizan actividades comerciales en la zona; y de cómo al mismo tiempo se ha encargado de proteger y ampliar las actividades relacionadas con giros negros, hasta convertir a Santa Lucía en una verdadera zona roja, espacio de tolerancia, y patio trasero de la capital oaxaqueña, sin que hasta ahora haya poder humano capaz de ponerle un freno a su voracidad y a los acuerdos por los que se ha mantenido como cabeza de ese gobierno de ignominia.
A estas alturas, son ya ejemplos negros para las autoridades municipales en Oaxaca, lo que el gobierno de Galdino Huerta hizo con empresas como la extinta Cablemás, con la maderería La Asunción, o con colegios privados a los que quería cobrar cantidades millonarias por la continuación de operaciones, como si unos y otros fueran los prolíficos giros negros a los que se ha dedicado a proteger, y a los que también le cobra cantidades millonarias por protección y continuación de operaciones, sin reportar los ingresos a las arcas municipales.
¿Qué pasó con Cablemás? Que a mediados del año pasado, Huerta decidió emprender acciones para que dicha empresa pagara “derechos municipales” por concepto de uso de suelo y continuación de operaciones. Y aunque de entrada el cobro de esas contribuciones no parece ser totalmente legal —porque la actividad de Cablemás deviene de una autorización federal—, lo que verdaderamente llama la atención es la forma en que intentaron presionar a la empresa para que pagara.
¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santa Lucía? Que como si ese pueblo sin ley estuviera aislado del mundo, decidió ir unilateral e ilegalmente a sabotear el servicio de transmisión de cable, telefonía e internet que ofrecía la empresa a unos 15 mil usuarios en esa demarcación, desmantelando y destruyendo equipos instalados en los postes de energía eléctrica (que también son de propiedad federal) para impedir que continuara prestando el servicio, y obligándola con ello a entablar una negociación.
Santa Lucía realizó esas acciones a plena luz del día, con funcionarios municipales, y sin tomar ninguna previsión legal para realizar el cobro de las contribuciones a través de los cauces y los mecanismos jurídicos adecuados. Perpetró, en términos sencillos, un acto de sabotaje, a través de prácticas porriles de chantaje institucionalizado, y bajo la lógica de la venganza privada, pasando por alto que lo que debió hacer —si de verdad estaba convencido de que el derecho le daba la razón— era emprende medidas de cobro para tratar de que se cubrieran los créditos fiscales pendientes, pero sin afectar la integridad y funcionamiento de los equipos de la empresa, porque ello constituye la comisión de delitos del orden federal.
LATROCINIOS TOLERADOS
En otro caso conocido, Huerta ha intentado chantajear a la empresa operadora de la Macro Plaza, que en mala hora decidió instalarse en ese municipio. Lo mismo hizo con La Asunción, a la que violentamente llegó personal municipal a clausurar, golpeando y amedrentando a los propios trabajadores, e incluso, hace algunos meses un colegio privado de educación básica denunció públicamente la extorsión de que era objeto por parte del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, que pretendía cobrarle 130 mil pesos por continuación de operaciones, y que intentaba clausurar la escuela (¡una escuela!) por haber obtenido su permiso en la agencia municipal de San Francisco Tutla.
Por si eso no fuera suficiente, el gobierno de Galdino Huerta ha obtenido cantidades millonarias de dinero que cobra a los automovilistas en los diversos puntos de revisión de alcoholemia que instala cada fin de semana en la demarcación. El objetivo de esos controles no es el de evitar accidentes, sino los cobros excesivos e ilegales que realiza en contra de los automovilistas que conducen en estado de ebriedad.
El colmo de esas barbaridades los cometen sus propios agentes de la Policía Vial, que sólo se dedican a levantar infracciones pero carecen hasta de las nociones más básicas del control del tráfico. Por ejemplo, la semana pasada dos días no funcionaron los semáforos de Hornos y Avenida Ferrocarril. A ninguna hora los agentes viales de Santa Lucía hicieron algo para organizar el tránsito. Mañosamente, preferían situarse metros delante de los semáforos para detener a los vehículos que se pasaran el alto o, a su criterio, cometieran una infracción… ¡cuando los semáforos no servían!
VORACIDAD
Huerta se siente protegido, y quizá quede en la impunidad, gracias a la protección que le da el impresentable diputado y dirigente estatal del PRI, Alejandro Avilés Álvarez. Raúl Cruz, el presidente electo, ha intentado darle un giro a la disminuida imagen de la autoridad municipal, organizando trabajo comunitario constantemente. Ojalá no siga los pasos de su antecesor, que le va a entregar un ayuntamiento devastado, y a una ciudadanía enojada y agraviada por los excesos de Huerta y los demás que tienen a Santa Lucía como zona de desastre.
