Contradictorias, las se帽ales del PRI en combate a la corrupci贸n

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+ En Oaxaca tambi茅n hay ejemplos del doble discurso del priismo


Como si la vida partidista, y la gubernamental, se desarrollaran en 谩mbitos distintos, en M茅xico el Partido Revolucionario Institucional pretende un discurso que a todas luces no honra. Pues de nuevo, cuando el pa铆s necesita certeza y espera que el gobierno marque las pautas para la devoluci贸n de la confianza ciudadana, el grupo gobernante toma rutas peligrosas y contradictorias que ponen en evidencia que el discurso de la legalidad y el combate a la corrupci贸n est谩n muy lejos de ser reales.

En efecto, desde su arribo al Comit茅 Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se ha encargado de asegurar que su partido est谩 en contra de la corrupci贸n, y de cualquier posibilidad de encubrimiento institucional hacia quienes han incurrido en pr谩cticas de corrupci贸n. Como ejemplo de ello, el CEN priista aceler贸 el proceso de suspensi贸n de derechos partidarios, y de posterior expulsi贸n, de Javier Duarte de Ochoa, todav铆a ostentando el cargo de Gobernador del estado de Veracruz.

En ese mismo sentido, el gobierno federal dej贸 ver que Duarte era investigado por su posible participaci贸n en conductas il铆citas como las de lavado de dinero y desv铆o de recursos. Esas cuestiones se reflejaron en la obtenci贸n, por parte de la PGR, de 贸rdenes de aprehensi贸n en contra de Duarte y varios de los funcionarios de su gobierno. Parec铆a, adem谩s, que el gobierno del presidente Enrique Pe帽a Nieto mandaba la se帽al a todos los servidores p煤blicos del pa铆s de que ahora s铆 la lucha contra la corrupci贸n iba en serio, y que cualquiera que transgrediera los principios de la funci贸n p煤blica ser铆a perseguido y sancionado, en los mismos t茅rminos que el r茅gimen intentaba castigar al gobernador Javier Duarte de Ochoa.

驴D贸nde perdi贸 forma esta intenci贸n de demostrar fuerza, legalidad y compromiso con el combate a la corrupci贸n? En el lado priista, esto qued贸 desmantelado cuando se dio a conocer que, a pesar de ser garante de la legalidad y la honestidad, Enrique Ochoa Reza hab铆a recibido 1.2 millones de pesos por concepto de liquidaci贸n, luego de haber renunciado a la Direcci贸n General de la Comisi贸n Federal de Electricidad.

Ochoa intent贸 explicar la legalidad de dicho procedimiento de liquidaci贸n, a pesar de que bajo cualquier 贸ptica s贸lo se liquida a quien se despide del empleo, y no a quien renuncia. Pero perdi贸 la oportunidad de dejar satisfecha a la ciudadan铆a 鈥攓ue en general se siente enojada y agraviada por los excesivos privilegios de los servidores p煤blicos de alto nivel, respecto al abandono de los empleados en general鈥, al atajar cualquier posibilidad de devolver dicho monto o transferirlo a alguna acci贸n de beneficencia social.

Luego vino la ocasi贸n del gobierno federal, que en todo este proceso ha intentado demostrar, pol铆tica y judicialmente, que est谩 comprometido con la legalidad, aunque ha demostrado lo contrario. Por el lado pol铆tico, dej贸 ver que presion贸 a Duarte para que dejara la gubernatura, aunque lo que en los hechos ocurri贸 es que al dejar el gobierno de Veracruz tambi茅n perdi贸 la necesidad de continuar en la vida p煤blica.

Al licenciarse de su cargo, Duarte pudo huir; y entonces se inhibi贸 el efecto positivo para el gobierno por haber dejado ver que lo hab铆a presionado para dimitir; y tambi茅n qued贸 cancelada cualquier forma de eficacia judicial al huir a la vista de las autoridades, que nada pudieron ni quisieron hacer para asegurarse de que estuviera presente para rendir cuentas por sus actos y por las acusaciones que le formul贸 la PGR.

DISCURSO CONTRADICTORIO

Luego, el gobierno federal, en ese mismo contexto, anunci贸 esta semana la modificaci贸n del esquema institucional de persecuci贸n de los delitos, y del control a los servidores p煤blicos. Arely G贸mez Gonz谩lez fue removida de la PGR para ser enviada a la Secretar铆a de la Funci贸n P煤blica; y a la PGR lleg贸 el senador Ra煤l Cervantes. Dichos cambios, aunque fueron aprobados por las c谩maras legislativas, fueron muy mal recibidos por la incertidumbre que sus nuevos titulares representan para las tareas encomendadas. No hay en el pa铆s labor m谩s relevante que la persecuci贸n del delito y el combate a la corrupci贸n. Y seg煤n parece, los reci茅n designados ni de lejos generan esa certidumbre.

En todo ese contexto, lo que queda es una gran contradicci贸n, a todos los niveles, que incluso tiene su peque帽o impacto en Oaxaca: Francisco Javier Garc铆a L贸pez, uno de los que aspira a una responsabilidad en la siguiente administraci贸n, recibi贸 de la CFE la cantidad de $908 mil 289 pesos, por dos a帽os con veintinueve d铆as laborados, en un contexto muy similar que el de su l铆der nacional, Ochoa Reza. Antes, cuando fue coordinador de la bancada priista en la LXI Legislatura, tambi茅n fue acusado de recibir transferencias millonarias desde las cuentas del Poder Legislativo, sin que sobre ello recayera la investigaci贸n correspondiente.

Lo relativo a su 鈥渓iquidaci贸n鈥, lo dio a conocer hace algunas semanas el semanario Proceso, en un reportaje firmado por Alvarado Delgado, quien indag贸 los beneficios recibidos por Ochoa. Delgado sostiene, textualmente, en una parte su reportaje; 鈥淗ay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier Garc铆a L贸pez; renunci贸 al cargo el 2 de abril de este a帽o 鈥斺減or as铆 convenir a mis intereses鈥, explic贸鈥, y con dos a帽os y 29 d铆as de antig眉edad no ten铆a derecho a liquidaci贸n, seg煤n la jefa del Departamento de Dict谩menes de la CFE, Karime Slim Ruiz.

驴ENTONCES?

No se ve, a ning煤n nivel, un 谩nimo real por cambiar las pr谩cticas. M谩s bien, la ruta apunta a continuar por la peligrosa ruta de prometer una cosa, pero llevar a los hechos exactamente lo contrario. Algo por dem谩s preocupante.

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