La rendici贸n de cuentas sobre deudas estatales debe ser clara y confiable

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+ Gobiernos han aprovechado el c贸mo la ley prev茅 que se declare la deuda


El caso de Veracruz es paradigm谩tico, pero est谩 lejos de ser el 煤nico en lo que se refiere a la magnitud de las deudas y compromisos estatales. De hecho, detr谩s de Veracruz est谩n otros casos que hoy son por dem谩s conocidos, como Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila. Pero eso no significa que esas entidades tengan el monopolio del sobreendeudamiento, o que sean los 煤nicos en los que existan interrogantes institucionales sobre la dimensi贸n de las presiones que arrastran las finanzas estatales.

En efecto, ayer TIEMPO establec铆a que de acuerdo con datos de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n, existir铆a una discrepancia respecto a las cifras que ha revelado la Secretar铆a de Finanzas de Oaxaca, con relaci贸n a los montos que se tienen registrados por otros pasivos. Seg煤n la informaci贸n, Finanzas sostiene que su deuda es de 13 mil 175 millones de pesos; pero de acuerdo con la ASF, ese monto tendr铆a una cifra oculta, adicional, de unos siete mil 800 millones de pesos, para llegar a la cantidad 21 mil millones.

Hasta ahora, la Secretar铆a de Finanzas se ha mantenido firme en el se帽alamiento de que la deuda p煤blica estatal asciende a la cantidad 鈥攈ablando en cifras redondas鈥 de unos 13 mil millones de pesos. Lo hace con seguridad, y seguramente est谩n en lo cierto, porque una de las cosas que no explican con detalle cuando se ofrecen las cifras, es que no todos los compromisos financieros constituyen 鈥攕eg煤n la Ley de Deuda P煤blica y la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria鈥 deuda p煤blica. Por eso, las cifras son una verdad a medias que deb铆a ser aclarada y justificada, de una forma m谩s profunda y detallada que la que hasta ahora se ha informado a la ciudadan铆a.

驴De qu茅 hablamos? De que seg煤n la Ley de Deuda P煤blica, 茅sta se constituye por el total de obligaciones de pasivos, derivadas de la contrataci贸n de financiamientos que contraten el gobierno estatal o municipal, en t茅rminos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como prop贸sito operaciones de reestructuraci贸n o refinanciamiento.

A su vez, la citada ley define a la deuda p煤blica del gobierno estatal como el total de obligaciones de pasivos derivados de la contrataci贸n de financiamientos realizados por el Estado. En gran medida, esas obligaciones que constituyen deuda p煤blica tienen que ver con el financiamiento que ocupa el gobierno para enfrentar desastres naturales o contingencias, para financiar obras con la banca de desarrollo, cuando tiene problemas de liquidez o, como lo se帽ala la ley, en los casos en que tiene la necesidad de solventar necesidades temporales de flujo de caja, que no excedan de 90 d铆as naturales o que su pago se realice dentro del propio ejercicio fiscal.

VERDADES A MEDIAS

B谩sicamente, esa es la deuda p煤blica, aunque ello de ninguna manera significa que sea la 煤nica forma que tiene el gobierno de contratar obligaciones que luego derivan en pasivos financieros.

De hecho, una de las primeras ocasiones en las que ocurri贸 ese delirante juego de palabras relacionado con la deuda, que no era deuda pero s铆 compromiso de pago, fue cuando el gobierno de Ulises Ruiz contrat贸 la construcci贸n de los complejos de Ciudad Administrativa, y Ciudad Judicial, mediante un esquema denominado Proyectos de Prestaci贸n de Servicios, en los que el gobierno le contrata a un particular una obra que requiere una gran inversi贸n a corto plazo, se compromete a pagar por el uso del inmueble por un periodo determinado, y al finalizar el plazo entonces la obra y su administraci贸n pasa a ser responsabilidad y propiedad del Estado.

Por una disposici贸n legal, los PPS contratados para Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, no recibieron la denominaci贸n de deuda p煤blica, pero s铆 son un compromiso de pago para las arcas estatales. Espec铆ficamente, el 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Oaxaca, se帽ala sobre los PPS que 鈥渓os pagos que realicen las dependencias y entidades, como contraprestaci贸n por los servicios recibidos al amparo de un contrato para prestaci贸n de servicios a largo plazo, se registrar谩n como gasto de capital y no constituye deuda鈥.

Por eso, el gobierno de Ruiz siempre neg贸 que la construcci贸n de esos complejos constituyera deuda p煤blica, pero al mismo tiempo se neg贸 sistem谩ticamente a informar a cu谩nto ascendieron las obligaciones de pago multianuales por esas obras, y mucho menos c贸mo se contrat贸, qui茅n fue el contratista, as铆 como las fuentes de financiamiento privado de la obra.

Lo mismo ocurre con la bursatilizaci贸n de ingresos futuros, o a la contrataci贸n de instrumentos derivados, a los que la Ley de Deuda P煤blica define como las garant铆as de pago oportuno, as铆 como aquellos instrumentos financieros dirigidos a mitigar los riesgos de mercado de un financiamiento. En 茅ste 煤ltimo caso, la Ley de Deuda P煤blica se帽ala (art铆culo 14) que la contrataci贸n de instrumentos derivados no impactar谩 en el c谩lculo de endeudamiento aprobado por el Congreso.

MUCHAS DUDAS

Finalmente en ese universo de instrumentos financieros 鈥攈asta ahora no revelado en su totalidad por el gobierno estatal鈥 se encuentra la respuesta sobre el endeudamiento real del Estado, independientemente de si los compromisos de pago tienen o no la calidad espec铆fica de deuda p煤blica. Esa idea maniquea, palidece frente al hecho de que todo se paga de la misma bolsa 鈥攅l atribulado erario estatal鈥, y de que hasta el momento no hay certeza de a cu谩nto ascienden en realidad esos compromisos de pago en Oaxaca, que podr铆an ser por 21 mil millones de pesos. O m谩s.

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