+ Acreedores desconfían del gobierno, que no ha sabido honrar institucionalidad
A siete días de que culmine la administración del gobernador Gabino Cué, resulta muy revelador —de lo poco que la ciudadanía confía en el gobierno— que amplios sectores de la iniciativa privada, estén alarmados porque el gobierno no ha sido capaz de cumplir con sus compromisos de pago. En todos los casos, las inconformidades y protestas son comprensibles. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente alarmante es que el propio gobierno —englobando a las administraciones saliente y entrante— no logre generar certidumbre sobre sus compromisos. Si el gobierno no es capaz ni de eso, entonces sí está —estamos todos— ante un problema grave.
En efecto, desde hace semanas vemos que por todos lados hay inconformidades porque el gobierno de Gabino Cué enfrenta innumerables pasivos que no es capaz de pagar. Lo que resulta verdaderamente alarmante es no sólo el hecho de la imagen creciente de un gobierno insolvente, irresponsable e incapaz de cumplir con sus compromisos financieros, sino sobre todo que muchas de las empresas que proveen de bienes y servicios al gobierno enfrenten hoy graves problemas financieros gracias a que los servicios o mercancías que ya proveyeron al gobierno, no han sido pagados. Eso genera una cadena de problemas, de fondo, de los que el gobierno no va a hacerse responsable. ¿De qué hablamos?
De que, en ese primer rubro, muchas empresas contraen compromisos de financiamiento y crédito para poder cumplir con sus calendarios de entrega de los productos o servicios que ofrecen. El gobierno es, para cualquier rubro de la economía, un cliente importante primero porque tiene una amplia capacidad de consumo, y segundo, porque se supone que también tiene una capacidad amplia de pago por los servicios e insumos que demanda.
El problema es que cuando el gobierno no paga en tiempo y forma por lo que consume, la economía de las empresas sufre: dejan de pagar sus financiamientos, se enfrentan a los destructivos intereses moratorios, consumen sus reservas —si es que las tienen— y, todo eso, impacta en el bienestar de los trabajadores, que resultan ser los afectados últimos de esa cadena de impagos.
Al final, cuando el gobierno paga, no cubre el costo de las mermas que van desde lo que la empresa enfrentó por el pago tardío, hasta los gastos extraordinarios que los trabajadores debieron hacer para enfrentar la insolvencia derivada de sus centros de trabajo, y financiar indirectamente la incapacidad de pago, o la irresponsabilidad del gobierno, al adquirir compromisos que no puede cubrir con sus ingresos.
Esto es lo que está pasando en muchos sectores de la economía local. Hoy protestan trabajadores, proveedores de transporte, de uniformes escolares, y un larguísimo etcétera de personas físicas y morales que se encuentran en una situación angustiante debido a que el gobierno saliente ya no está en la posibilidad de acceder a nuevos créditos para cubrir sus compromisos. Si eso ya es grave, lo es mucho más que nadie —nadie— confíe en que el hecho de que esos compromisos sean institucionales, y que todos teman que la nueva administración no reconozca los pasivos dejados por el gobierno saliente.
INCERTIDUMBRE
El gobierno de Gabino Cué tiene un gravísimo problema de no saber, no poder, o no querer explicar por qué enfrenta este “atorón” de final de sexenio. El Gobernador asegura que esto ocurre porque no pudieron acceder a créditos de corto plazo. De ser esto así, entonces el gobierno estatal también estaría enfrentando retrasos en la recepción de transferencias federales. Por eso la necesidad de buscar “créditos puente” que dan liquidez en el corto plazo cuando se tienen demasiadas cuentas por cobrar. Eso es algo básico.
¿Cuál es el problema mayor? Que la larguísima estela de corrupción, de avidez y de voracidad de diversos funcionarios del gobierno saliente, tiene al Gobierno de Oaxaca sumido en una enorme crisis de credibilidad, de la que son presa todos los sectores productivos que ven con terror el hecho inminente, de que el gobierno saliente culmine su mandato sin hacer frente a sus responsabilidades. Por su parte, el gobierno electo ha evitado referirse al tema para evitar el reconocimiento anticipado de responsabilidades, y seguramente para evitar también que esto genere que el gobierno saliente deje de sentirse presionado ante las exigencias de pago.
Frente a todo esto, es claro que en este clima de credibilidad devastada y faltantes por doquier, ya nadie cree en aquello de que el Estado es una institución imperecedera, cuyos compromisos subsisten independientemente de quién tenga a cargo la administración de los recursos. Esto, que debía ser un principio básico de credibilidad y certeza, en Oaxaca pierde toda dimensión ante la práctica reiterada de esta administración saliente de desconocer compromisos y responsabilidades sin ningún tipo de remordimiento.
DESPRECIO
En el último de los casos, la ciudadanía está sólo reaccionando de una forma proporcional a la irresponsabilidad del gobierno, a quien no sólo no nunca le importó forjar y mantener su imagen de indolencia frente a sus compromisos financieros, sino que hoy está cerrando la administración con una actitud de insensibilidad y desprecio frente a la atribulada economía local, que en gran medida está detenida por sus errores de planeación y por nunca generar ni el más mínimo sentido de certeza frente a la ciudadanía.
