Reactivación económica sí sería un signo de reconciliación social

EPNMURAT.jpg

+ Federación debe ahora sí cumplir, dando certidumbre económica


Es ya conocido el argumento de que el conflicto social ocurrido en 2006 no se remedió, porque el intento de arreglo que en diversos momentos promovió el gobierno federal, fue sólo entre las organizaciones sociales en pugna. Nunca volteó hacia la ciudadanía y sus agravios. Y por eso, en esa lógica del chantaje como condicionante de la paz social, la crisis magisterial se convirtió en un conflicto que ya supera la década vigente. Hoy, el anuncio de reactivación económica debe ser consistente porque de ello depende en gran medida la certidumbre social que tanto anhela Oaxaca.

En efecto, ayer el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer tres medidas inmediatas para la reactivación económica de la entidad, ante el desastre que enfrentan diversos sectores productivos. Dijo que en coordinación con el gobierno federal, se atenderán de manera urgente los adeudos y pasivos que dejó el gobierno anterior y que al día de hoy suman aproximadamente dos mil 200 millones de pesos. Pasivo, explicó, que puede crecer una vez que se vaya conociendo la información de las demás secretarías del gobierno de Oaxaca.

También mencionó que habrá una mesa permanente de participación del sector productivo, como se ofreció en campaña, para poder atender sus demandas a partir de escuchar sus necesidades. Además, se incorporarán las cámaras empresariales una vez instalado el Coplade al Comité Técnico Estatal, “como fue el compromiso de mi campaña, para que juntos en los demás órdenes y sectores, podamos hacer la planeación estatal y regional de nuestro estado”.

Este anuncio resulta trascendente no sólo por los problemas de inmovilidad económica que han ocurrido en los últimos meses en la entidad, sino porque en ese contexto la demanda de una verdadera reactivación económica, ha sido una de las más sentidas, pero también de las menos atendidas en la entidad en la última década.

Pues durante los seis años de su gobierno, Gabino Cué Monteagudo decidió no sólo guardar silencio, sino profundizar la crisis económica que ya había en Oaxaca, producto de un primer reclamo no atendido por parte del gobierno de Ulises Ruiz, e incumplido por la federación, luego del conflicto magisterial y popular de 2006. Quizá para muchos ese ya es un antecedente remoto que, sin embargo, resulta relevante a la luz del cada vez más perceptible riesgo de estallido social en la entidad por la inmovilidad económica de prácticamente todo el sector privado, que da trabajo e ingresos a toda la gente que no depende de los empleos del Estado.

DEMANDA AÑEJA

En ese sentido, vale atender a ese primer antecedente: en 2006, las pérdidas por el conflicto magisterial fueron monumentales en cuanto a empleo, actividad económica y capacidad productiva porque todo lo que giraba alrededor de la prestación de servicios de turismo —única actividad económica de la entidad— quedó colapsado por la crisis magisterial que se extendió a lo largo de prácticamente todo aquel año. Dentro de las medidas que anunció en aquel entonces el gobierno federal, se supone que para paliar la crisis y el enojo social, fue la de la reactivación económica. Dijo, de hecho, que invertiría unos 20 mil millones de pesos en la reactivación económica, aunque en realidad nada de eso ocurrió.

En suplencia, el gobierno de Ulises Ruiz trató de inyectar recursos a partir de su necesidad de que los sectores productivos no demandaran su salida. El magisterio y organizaciones sociales habían basado su demanda de desaparición de poderes en el repudio social, y entonces Ruiz trató de congraciarse con todas las representaciones de la iniciativa privada para evitar también una confrontación con ellos. Por eso, el gobierno se esmeró en consumir lo local, y en pagar a tiempo; aunque siempre fue claro que eso era apenas si alcanzaba a ser un mejoral para la gigantesca crisis económica que prevalecía, y que tocaba a toda la gente que a causa del 2006 había perdido su empleo.

Así, en 2010 Gabino Cué llegó al gobierno y se negó a reconocer la crisis económica, porque su gestión tuvo como génesis justamente al conflicto magisterial. Por eso, reconocer el problema económico era tanto como aceptar los daños ocasionado por la Sección 22 y las organizaciones sociales, de las que Cué fue aliado permanente bajo la idea —errónea— de que ellas le permitirían los márgenes de gobernabilidad que su gobierno demandaba.

En eso, el gobierno de Cué pasará a la historia como un fracaso doble: por un lado, la Sección 22 y las organizaciones sociales convirtieron la alianza en un chantaje abierto siempre sometiendo la gobernabilidad; y por el otro, la resistencia a aceptar la crisis económica generó el colapso que hoy vemos. El problema es que a Cué eso nunca le importó. Por eso su gobierno tuvo una resistencia permanente a cualquier forma de activación económica. Dejó de consumir lo local hasta en los aspectos más básicos, y generó un profundo cuello de botella en las finanzas estatales, que terminó ahogando a prácticamente toda la economía local, que hoy se encuentra —y no es exageración— en riesgo de extinción en varios de sus sectores.

RECONCILIACIÓN

En el fondo, esa será una de las claves para la reconciliación. Hay sectores que, igual que el magisterial y de las organizaciones que exigieron reparación de los daños ocasionados por el conflicto, hoy esperan la atención del Estado para continuar en un marco de existencia digna. Es, por ende, un tema toral que pasa por la necesidad de reconocimiento para generar un mejor clima social para Oaxaca.