Diputados: muestra de insensibilidad frente a las demandas sociales

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+ Poderes legislativos asumen su legitimidad pero deshonran mandato


Es ya lugar común en Oaxaca, afirmar cuando termina el respectivo periodo de la Legislatura local que fue “el peor en la historia”. Lo es, porque parece que cada trienio los legisladores locales se esfuerzan aún más en alejarse de las demandas de la ciudadanía, y de la expectativa que generan no sólo los legisladores en particular sino como representantes de la clase política que gobierna. El de nuestra entidad es un ejemplo, aunque en realidad la insensibilidad inunda por igual a los poderes legislativos seguramente de todas las entidades federativas, y también el federal.

En efecto, la LXII Legislatura local en Oaxaca fue particularmente criticada por varias cuestiones muy puntuales: primera, porque fue la Legislatura más cara de la historia, al ejercer un presupuesto trianual de alrededor de mil 800 millones de pesos; segunda, porque fue una de las Legislaturas más improductivas, al no tener en sus haberes ninguna reforma o ley relevante; tercera, porque fue una de las Legislaturas más reprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de Acciones de Inconstitucional que expulsaron del orden jurídico diversas normas emitidas por el órgano legislativo local; cuarta, porque además fue una de las Legislaturas con menor capacidad de lograr acuerdos; y quinta —entre muchas otras—, por la incapacidad de los grupos políticos para conducirse en un marco mínimo de corrección social y política, y por hacer del enfrentamiento y la intriga, su único rasgo distintivo.

Aunque ya es a toro pasado, debiéramos preguntarnos por qué ocurre esto, a partir de la idea de que la LXIII Legislatura corre exactamente el mismo riesgo de inoperancia, de desapego y de indolencia por las demandas ciudadanas, para privilegiar únicamente los intereses de los grupos que la componen. Y la respuesta a la pregunta de por qué la LXII Legislatura fue ejemplo de reprobable, podría embonarle perfectamente a la diputación actual, que de no demostrar cambios significativos en su compromiso con los oaxaqueños, no estaría sino repitiendo las prácticas que tanto ha reprobado la ciudadanía. ¿De qué hablamos?

De que quienes integraron —y comandaron— la LXII Legislatura asumieron que la legitimidad con la que fueron electos como diputados, era el soporte que les permitiría hacer lo que quisieran sin ninguna posibilidad de reprobación por parte de la ciudadanía. Eso era parcialmente cierto: hasta la Legislatura anterior, no había posibilidad de reelección, y por ende los legisladores estaban a salvo de cualquier forma de evaluación “coactiva” por parte de la ciudadanía.

Por eso, los coordinadores parlamentarios y sus seguidores —no todos los diputados— hicieron lo que quisieron, incluyendo todo tipo de decisiones impopulares, contrarias a las demandas de la ciudadanía, e incluso a costa de la ya de por sí pobre credibilidad y legitimidad del órgano legislativo. Lo hicieron, en resumen, porque no había forma de que la ciudadanía los hiciera pagar alguna consecuencia por sus actos.

Hoy, la LXIII Legislatura sí tiene el incentivo de la reelección inmediata de sus integrantes actuales, aunque parece que los legisladores apenas están despertando del letargo del cambio de gobierno y de la euforia por haber asumido sus curules. ¿Qué tendría que quedar? Un cambio sustantivo en su desempeño, para demostrarle —por primera vez— a la ciudadanía que están dispuestos a actuar en la forma que se espera de ellos, y no como si tuvieran un cheque en blanco que pueden dilapidar, a discreción, y sin ninguna consecuencia.

REFLEJO FEDERAL

Esa indolencia por la opinión que tiene la ciudadanía de los legisladores, no es privativa de Oaxaca. En los últimos meses, el Congreso federal ha dado también muestras de padecer el mismo problema, de no tomarle importancia a lo que la ciudadanía demanda y priorizar sus agendas partidistas. Hay al menos tres ejemplos:

Primero, la ciudadanía sabe que el problema de la corrupción es el más importante que enfrenta el país, y según diversos sondeos lo ubica al nivel de los problemas de inseguridad y violencia que se viven en el país. Para la gente, el combate a la corrupción es tan apremiante como el combate al crimen. ¿Pero qué hizo el Congreso federal? Que lejos de priorizar la necesidad del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que pasa por el nombramiento del Fiscal de la materia, decidió posponer el abordaje del asunto y llevarlo cuando menos al mes de febrero del próximo año. Es decir, lo que para la ciudadanía es apremiante, para ellos no, y por eso puede esperar el tiempo que sea necesario.

Segundo, desde hace varias semanas, las fuerzas armadas han enviado señales alarmantes de inconformidad no por la realización de labores de seguridad pública, sino porque ellos no cuentan con un marco jurídico que respalde esa actividad. Han demandado al Congreso la emisión de una Ley de Seguridad Interior, que les brinde el marco de actuación para no terminar en la disyuntiva de cumplir órdenes y enfrentar a la justicia civil; o desobedecerlas y enfrentar a la justicia militar. Aún con eso —y con la sombra del golpe de Estado que, aunque lejana, está siempre latente entre las fuerzas armadas—, el Congreso no asume la urgencia de responder a esa demanda.

BONO SECRETO

Tercero: se “descubrió” que los diputados federales reciben un “bono secreto” de fin de año. ¿Qué hicieron? Unos dijeron que lo donarían; otros que lo devolverían; y algunos más prefirieron no hacer comentarios. Lo cierto es que más allá del monto, eso es exactamente lo que el país no necesitan. Todos lo entendemos, menos los legisladores que con sus actos contradicen por completo su idea de que son “representantes populares”.