El gobierno de EPN desoye a la ciudadanía, ¿y aún así le pide lealtad?

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+ El enojo no es sólo por el gasolinazo, sino por la ignorar la corrupción


Aunque parece uno más de los actos reflejos por la molestia nacional, la decisión de Coparmex de no atender el llamado del presidente Enrique Peña Nieto a la firma de un acuerdo nacional de emergencia ante la irritación social —por los claros efectos económicos, que causó, y que seguirá generando el incremento al precio de los combustibles en el país—, es una representación clara de lo que está ocurriendo a todos los niveles en el país ante los llamados gubernamentales. No atenderlos, así como no creerle al Presidente, es hoy el resultado de un gobierno que con soberbia supuso que la ciudadanía tenía la obligación, mas no la potestad, de atender al llamado gubernamental y de asumir las consecuencias de sus disposiciones. No es así, y por eso la credibilidad del Presidente está en caída libre.

En efecto, frente al llamado del presidente Peña Nieto a todos los sectores económicos y productivos del país para la firma de un acuerdo de emergencia que mantenga el empleo, los precios de la canasta básica y la movilidad económica, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que su posición de no firmar el llamado Acuerdo de Fortalecimiento Económico, presentado el pasado lunes 9 por el Presidente, fue debido a que es insuficiente y “demasiado corto” a lo que se necesita, por lo que señalaron estar a favor de un acuerdo de mayor alcance e incluyente.

Asimismo, Coparmex reprochó que el país sí necesita un compromiso pero que no responda a intereses políticos o mediáticos, sino a la verdadera realidad que vive la población, especialmente lo que menos tienen; por lo que dio a conocer la propuesta que ponen en la mesa y que calificó como “un acuerdo por el desarrollo económico y la cohesión social” que no intenta establecer una agenda única de temas, dijo, sino que son líneas de acción para debatir a nivel nacional.

Según el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, ellos están a favor de un acuerdo sólo “cuando sea fruto de la participación ciudadana, y escuchar las propuestas de los diferentes sectores donde cada uno nos hagamos responsables de lo que nos corresponde aportar para tener un país unido frente a los importantes retos que nos impone la realidad actual, que impulse la competitividad y productividad de todos, que impulse a las pequeñas empresas, emprendedores y a la innovación”, cuestión que en su opinión no se cumple de forma real con el contenido del acuerdo al que el lunes llamó el Presidente a firmar, de cara al incremento de los combustibles y del previsible disparo de la inflación para los próximos meses.

En este sentido, es claro que independientemente del contenido del acuerdo y de los razonamientos a partir de los cuales la Coparmex decidió no acudir a la firma del documento, lo más relevante resulta del hecho mismo de que, como muy pocas veces ocurre en el país, uno de los más importantes organismos empresariales nacionales decide no sólo no atender un llamado presidencial, sino incluso criticar el contenido de su propuesta.

Ello hace que esta decisión del organismo empresarial sea no sólo un acto reflejo del enojo social, sino un referente de la forma en que muchos mexicanos vemos hoy a un gobierno que no supo atender las coordenadas del enojo social, y de la demanda ciudadana de cuando menos iniciar, pero sí con denuedo, las tareas para el establecimiento de mecanismos y voluntades para atacar temas como la corrupción y la impunidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto no lo hizo, y estas son hoy las consecuencias.

CIUDADANÍA ENOJADA

En las formas tradicionales del Estado en México, era común que aunque los sectores más importantes del país no estuvieran de acuerdo con el contenido o las formas políticas presidenciales, acudieran a los llamados del Ejecutivo federal por la importancia que éste revestía, e incluso por temer a las consecuencias de desairar la convocatoria para un tema delicado en el que estaba relacionado la legitimidad presidencial o la necesidad de demostración de que al gobierno de la República lo respaldaban los factores económicos, sociales, políticos, y hasta de fuerza, más importantes del país.

Esto ha dejado de ocurrir en México, primero como una saludable forma democrática en la que la pluralidad implica la posibilidad de hacer pública la discordancia con el gobierno; pero, en segundo término, esa desatención al llamado presidencial tiene una trascendencia mayor cuando lo que implica es un reflejo del abierto enojo frente a las decisiones presidenciales.

En este caso, la ciudadanía ha reprochado al Presidente no sólo el hecho del alza en el precio de los combustibles —incluso, ese parece ser el pretexto— sino sobretodo el empecinamiento federal por tratar de mantener el estado de cosas —y privilegios— para algunos, mientras pide solidaridad y comprensión a la gran mayoría, que sí tiene que hacer esfuerzos importantísimos para mantener saludable a una clase política que, además de sus privilegios, está decidida a continuar sin entrarle de lleno al combate a la corrupción.

PRESIDENTE AGONIZANTE

Eso, que parece algo tan simple, es lo que el Presidente —y la clase gobernante en el país, y también en las entidades federativas— sigue sin comprender: no se puede exigir esfuerzos reiterados a la gente, cuando desde el gobierno se refleja corrupción, impunidad y convicción por el no-cambio. El gasolinazo no debe verse a la luz del bolsillo, sino de los bonos millonarios, los privilegios dispendiosos, el silencio federal frente al combate a la corrupción. Y Moreira. Y Borge. Y los Duarte. Y Gabino Cué. Y todas las demás representaciones de corrupción e impunidad que a diario se presentan como una burla al esfuerzo de los mexicanos.