+ Para hacerlo, es necesario, mas no indispensable, el sistema anticorrupción
Para saber quién protege a ex ediles acusados de innumerables actos de corrupción, como Galdino Huerta Escudero en Santa Lucía del Camino, o Héctor Santiago en Santa Cruz Xoxocotlán, no sólo habría que señalar a sus padrinos y protectores políticos, sino que también –y por sorprendente que parezca— habría que mencionar a todo el aparato institucional que, por acción u omisión, los protege. Al final, más que de la implementación de un sistema, el combate a la corrupción es un asunto de voluntad al que nadie le ha querido entrar, y ello es la base de esta tragedia social en Oaxaca.
En efecto, en los corrillos de la grilla local es ampliamente sabido que el hoy secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, fue el protector y solapador de autoridades municipales corruptas como la de Santa Lucía del Camino. De hecho, en el caso de Huerta Escudero, fue Alejandro Avilés quien en su calidad de coordinador de la bancada priista y presidente de la Junta de Coordinación Política en el primero año de la LXIII Legislatura fue quien construyó el acuerdo político con el PSD para que Huerta asumiera la alcaldía de ese municipio.
Rápido quedó claro que dicho acuerdo incluía la protección institucional a todos los niveles para tanto para Huerta como para su ex contrincante, José García, a cambio de favores sobre los que siempre se habló pero que —obviamente— nunca se hicieron públicos tanto para Avilés como el PSD, que le había permitido el paso. A tanto llegó el acuerdo y la protección que Huerta no fue el único que terminó siendo acusado de pillerías en Santa Lucía, sino que prácticamente en la misma proporción terminó cuestionado García, a quien se le acusó de promover una cuadrilla de mototaxis, protección a giros negros, desvíos de recursos, y diversas actividades presuntamente ilícitas, realizadas lo mismo gracias al amparo de la autoridad municipal que ostentaba, que al acuerdo de no agresión con Huerta, y a la protección que se les brindó desde la Legislatura del Estado.
Algo muy similar pasó en Santa Cruz Xoxocotlán. A Santiago se le formularon todo tipo de acusaciones de desvío de recursos que nunca fueron indagadas, y que llegaron al grado de que no Santiago no realizó entrega-recepción, . La razón institucional, durante el gobierno de Gabino Cué, radicó en que su misma administración construyó un espacio de “equilibrios” —de ignominia— en los que el régimen le permitiría impunidad a ciertas autoridades emanadas del PRI, a cambio de que ellos no cuestionaran de fondo las irregularidades que se estaban cometiendo desde el Gobierno del Estado, y en algunos municipios cercanos al anterior régimen.
¿Y DESPUÉS?
El problema, claramente, es ahora, cuando ni Huerta ni Santiago —ni muchos otros, que fueron menos conocidos pero que enfrentan conductas y cuestionamientos similares o peores a los de esos dos estandartes de autoridades cuestionadas por corruptas— son ya autoridades municipales. El problema no es sólo que hayan robado, o que no hayan realizado entrega-recepción, o que —como se dice coloquialmente— hayan dejado a sus ayuntamientos “en banquitos”.
El problema de fondo es que nadie los está persiguiendo, y que las instancias que podrían estar haciendo algo se encuentran aparentemente distraídas en otras labores y grillas, y no están haciendo lo necesario para demostrarle a la ciudadanía que el sistema de justicia funciona, y que el Estado no premia los actos de corrupción con impunidad.
¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado ha tenido serias resistencias para procesar las averiguaciones previas relacionadas con autoridades y ex autoridades municipales, independientemente de la comisión de delitos por los que se les acusan. Están, por ejemplo, los expedientes que la Auditoría Superior les ha consignado y que ellos siguen sin poder resolver sobre la procedencia de la acción penal correspondiente.
Algo muy similar ocurre con la Contraloría estatal, que en los seis años del gobierno de Gabino Cué no fue clara respecto a las acciones que pudiera emprender contra quienes ejercieran incorrectamente los recursos, y hasta el momento tampoco existen coordenadas concretas de esa dependencia en la nueva administración estatal. Al final, lo que parece es que con todos esos excesos juntos, y la inacción de las autoridades que deberían estar indagando y persiguiendo esos hechos y señalamientos, la percepción que queda es de que nadie está haciendo nada y que, por ende, los actos de corrupción se pueden seguir multiplicando y la ciudadanía debe confiar aún menos en sus autoridades.
En el fondo, lo que debiera ser de entendimiento común es que nadie, ni en el Poder Ejecutivo, ni en la Fiscalía, ni en la Auditoría Superior, ni en el Congreso local, ni en cualquier otra instancia relacionada con la fiscalización y la revisión de la actividad de las autoridades, es indispensable la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, para que actúen.
Pueden hacerlo, aún con limitaciones, con las herramientas jurídicas actuales siempre que haya voluntad. Eso es lo que deben demostrar. Pero, curiosamente, es a lo que más se han resistido a pesar de los incansables llamados de la ciudadanía para que se castigue a todos los que abusaron de las responsabilidades que se les confirió en las urnas.
QUE SE AUDITEN
Lejos de entrar en rejuegos políticos que en buena medida tienen como objeto encubrir su prolongada opacidad, el Congreso local debería hacer lo que cualquier empresa cuando le va a rendir cuentas al SAT: auditarse por un tercero, y hacer públicos los resultados. Eso sí demostraría que el buen juez por su casa empieza. Pero no. No lo harán. ¿Apuestan?
