Poder Judicial: en su crisis, hay más razones que ahorcamiento de Sefin

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El ahorcamiento presupuestal decidido desde la Secretaría de Finanzas, es sólo la primera de las razones que explican la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial del Estado. Junto a ella, hay otras causas que son igualmente determinantes para que hoy los tribunales de justicia de la entidad pasen no sólo por una situación crítica en su funcionamiento, sino también en su credibilidad y equidad interna. Cualquier estudio serio e integral de la situación que prevalece en los juzgados y salas de segunda instancia, así como de los demás tribunales que dependen del Poder Judicial, tendría que pasar por causas que hasta ahora todos han evadido.

En efecto, recientemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Alfredo Lagunas Rivera, reconocía que el Poder Judicial del Estado atraviesa por una crisis económica profunda que se traduce en el retraso en el pago al personal, y también en la cobertura de pago a sus múltiples proveedores. Según sus palabras, el Poder Judicial tiene adeudos de meses, y hasta de años, a causa del ahorcamiento presupuestal generado por la Secretaría de Finanzas en la administración de Gabino Cué no sólo en contra de los tribunales de justicia locales, sino de prácticamente todo el aparato público estatal, que incluye a los tres poderes del estado y órganos autónomos que igualmente se quejan de los desfases en la ministración de los recursos que les correspondían.

Según la entrevista realizada por nuestro compañero Misael Sánchez, Lagunas Rivera reconoció que los problemas financieros y la falta de recursos para nómina no es una situación que afecte sólo al Poder Judicial sino que se presenta también en otros ámbitos de la estructura gubernamental del Estado, incluso a nivel nacional. “No es que nosotros de manera negligente tengamos el recurso guardado y no queramos pagar es una circunstancia imperante a nivel general en las finanzas del estado y a nivel nacional, lo que tenemos que hacer es ser prudentes y solidarios”, apuntó.

A esta situación habría que agregar la inversión que el Estado ha tenido que realizar en la infraestructura y tecnología necesaria para la implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial, que también representó un problema para las arcas estatales, a grado tal de que luego de que Oaxaca fuera pionero a nivel nacional en la modificación de su sistema para la ejecución de los juicios del orden penal —en el año 2005—, tuvo muchos problemas para poder cumplir —y, de hecho, no lo ha hecho cabalmente— con la fecha dispuesta por la Constitución federal para la implementación plena del nuevo sistema, que venció en junio del año pasado.

MUCHA ALTA BUROCRACIA

Una de las cosas que nadie aborda en el Poder Judicial del Estado es el exceso de magistrados que tiene dicho poder. Según el directorio que publica el sitio web oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado (www.tribunaloaxaca.gob.mx), éste se encuentra integrado por 21 magistrados, de los cuales uno es el Presidente del Tribunal y los otros veinte son los integrantes del Pleno.

Junto a ellos hay otros tres magistrados que únicamente integran la Sala de Justicia Indígena, y otros cuatro que integran una Sala Auxiliar, que no son parte del Pleno pero que tienen la misma calidad de magistrados y, lo más importante, los mismos salarios y prestaciones que los demás magistrados. Éstos fueron los magistrados heredados del antiguo Tribunal Electoral, que fue desintegrado por la última reforma política, que disponía que los magistrados salientes fueran integrados a las estructuras del poder judicial que correspondiera.

En eso, el Tribunal ya tiene un problema de sobrepoblación de magistrados. Por ejemplo, la Sala Constitucional asumió las funciones de Cuarta Sala Penal, en alguna medida por el exceso de trabajo que tienen las otras tres salas penales, pero sobre todo, porque resultó un fracaso la implementación de una Sala Constitucional local, que a la fecha no ha conocido más que una docena de asuntos que, además, no revistieron ninguna relevancia para la justicia estatal y tampoco para el constitucionalismo local.

Ahí no termina el problema. Del Poder Judicial del Estado dependen también los doce magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, cinco de los cuales son de la Sala Superior, y los otros siete de las salas de primera instancia —que, de hecho, deberían tener la calidad de jueces y no de magistrados. Esa abultada integración resulta de las sucesivas reformas que unificaron a los tribunales de Justicia Administrativas, y el de Fiscalización, y que mantuvieron en su estructura a toda la alta burocracia judicial que hoy indudablemente presiona el presupuesto del Poder Judicial del Estado.

CONTRASTES

Cada magistrado tiene un salario mensual superior a los 70 mil pesos, además de algunas prestaciones —varias de ellas, discrecionales, y no comunes a todos los magistrados— como choferes, vehículos, teléfonos celulares, escoltas y gastos de representación. Hay, a su vez, un claro contraste entre el cómodo salario de un magistrado, y los castigadísimos salarios de todos los demás trabajadores del Poder Judicial, que son los que verdaderamente trabajan y que son quienes más han resultado afectados por las carencias presupuestales. Algo que, indudablemente, debería ser reconocido y revisado al interior de los tribunales estatales, a la par del prolongado ahorcamiento decidido desde la Secretaría de Finanzas a lo largo del último año.