Intereses al interior de la Segego evitan el retiro de indígenas triquis del corredor de Palacio de Gobierno

Carina García /Libertad-Oaxaca.info

Desde hace 9 años, las medidas cautelares a favor de un grupo de indígenas triquis fenecieron, por lo que la Secretaría General de Gobierno (Segego), se encuentra en la obligación de aplicar el «Estado de Derecho», para retirar a estos grupos del corredor del Palacio de Gobierno, ubicado sobre las calles de Valerio Trujano y Guerrero.

Sin embargo, la dependencia no ha ejecutado las acciones correspondientes debido a una serie de intereses que han fraguado  funcionarios de la Segego desde el interior de la misma.

El pasado 29 de agosto del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decidió no renovar los permisos para que los indígenas triquis expendieran sus productos artesanales debajo del corredor del Palacio de Gobierno.

Lo anterior como parte de sus medidas cautelares que incluyen entre otras cosas el pago de comidas, rentas de casas habitación además de otorgarles un «apoyo» económico, despensas, todo ello a cuenta del erario público.

El documento de la OEA y de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos, del 29 de agosto de 2013, les informó que decidieron no ortorgar su solicutud de ampliación del objeto de dichas medidas.

Lo anterior en el sentido de exhortar al estado Méxicano para que se ortogue permisos a los beneficiarios para vender sus productos artesanales en el corredor del Palacio de Gobierno de Oaxaca a beneficio de los grupos liderados por Lorena Merino, Reyna Martínez, Jesús Martínez Flores y Mariana Flores López.

A través de denuncias se dio a conocer que existen  funcionarios, desde directores hasta subsecretarios, de la Segego, involucrados en la protección a los triquis a los cuales se les paga derecho de piso, pero además se han generado negocios ilícitos.

Incluso se tiene detectado que ya no son los triquis originales de San Juan Copala, las que expenden sus productos, sino que esos lugares bajo los portales lo rentan a personas que no pertenecen a la región sino de municipios como el de Oaxaca de Juárez y Xoxocotlán.

Por lo que, desde el gobierno de Gabino Cué los indígenas triquis debieron abandonar el Palacio de Gobierno, sin embargo, al igual que en este sexenio no se aplicó el «Estado de Derecho» ante una serie de intereses económicos.

Promueven amparo contra plan municipal de Martínez Neri

Oaxaca de Juárez, Oax.- Ante la falta de consulta previa en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Oaxaca de Juárez, un integrante de la comunidad indígena zapoteca y vecino de la ciudad de Oaxaca de Juárez, acudió al Poder Judicial de la Federación, en vía de amparo, para reclamar que el presidente municipal y su cabildo no consultaron a las personas indígenas que viven en la demarcación municipal. También reclamaron la autorización de la Coplade de aprobar dicho plan a pesar de que le falta la consulta a los pueblos indígenas.

La persona indígena explicó en su demanda que la falta de consulta a las personas los pueblos indígenas para emitir el plan de desarrollo municipal de Oaxaca de Juárez, es violatorio de derechos humanos, pues el artículo 2° de la Constitución Federal, como los artículos 6º y 7º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, establecen que los pueblos y comunidades indígenas deberán ser escuchados en todas las decisiones administrativas que les afecten.

La persona que promueve esta acción es un integrante de Litigio Estratégico Indígena A.C., asociación que postula casos paradigmáticos en cuestión de promoción y protección de derechos humanos y que tiene un largo historial en la lucha por hacer vigente los derechos a la consulta previa, libre e informada y de buena fe.

En entrevista, el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena A.C. comentó que, inclusive en el plan municipal se aprecia que no se consultaron a los pueblos y comunidades indígenas de ese municipio, pero si a otro tipo de sectores de la población:

“Se trata de un documento rector que, para su elaboración, se sustentó en un diagnóstico puntual de la realidad municipal a través de la revisión de múltiples fuentes oficiales y en un proceso de consulta ciudadana realizado del 17 de septiembre al 19 de octubre del 2021. Sobre esto último importa subrayar que en 22 foros virtuales y semipresenciales, representantes de colegios de profesionistas, cámaras empresariales, académicos y académicas de instituciones educativas, así como representantes de colonos y organizaciones sociales, presenciaron un total de 112 ponencias, mismas que se constituyeron en un valioso insumo para ser tomadas en cuenta en la definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción de los ejes temáticos que dan cuerpo a este documento.”

También manifestó que “esto solo hace visible la gran indiferencia y desaprecio con la que se trata hacia nuestros pueblos y comunidades indígenas, dejando claro que para ellos no somos personas sujetas de derechos y que no tenemos derecho a ser escuchadas.”

La demanda de amparo fue admitida a trámite y el juzgado federal deberá realizar una exhaustiva revisión del Plan de Desarrollo Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2022-2024 y determinar si dicho plan es contrario a lo que establece la Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

El jurista oaxaqueño explicó: “Por años hemos dejado que se tomen decisiones sin que se nos pregunte, sin que se nos cuestione, sin que se nos consulte y los gobiernos no se tomaron la molestia de preguntarnos, pero ahora eso ha cambiado pues existen instrumentos jurídicos a nuestro alcance. Ha llegado el momento de alzar la voz y luchar porque se reconozcan nuestros derechos en todas las decisiones administrativas y legislativa susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas”.

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Bando de policía y Gobierno

Conceptos y decisiones

Adán Córdova*

Por obligación constitucional, los Ayuntamientos deben aprobar, los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Mediante estos instrumentos jurídicos, los ciudadanos podemos conocer y evaluar la capacidad de  organización de la administración pública municipal, las materias que regulan, procedimientos, funciones y facultades de los servidores públicos, sobre todo de aquellas de reciente creación.

En su construcción, es obligatorio tomar en cuenta la opinión de la población, aunado a que se deben prever procedimientos de revisión y consulta con la participación de la propia comunidad para garantizar la actualización del Bando y cada reglamento.

El Ayuntamiento debe convocar a la ciudadanía a participar en las mesas de trabajo, en las  consultas o establecer mecanismos técnicos bajo los cuales recabe la opinión y propuestas de las y los ciudadanos, que tendrán que ser discutidas, aprobadas o desechadas, pero en ambos casos debe existir constancia de su discusión.

Para la aprobación del Bando  y reglamentos se requiere la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

El 31 de marzo vencen los 90 días que la Ley Orgánica Municipal establece para que los Ayuntamientos, aprueben y publiquen su Bando de Policía y Gobierno, y reglamentos. 

Si las nuevas autoridades no tienen una nueva propuesta de organización y funcionamiento para su municipio están obligados a ratificar o actualizar los vigentes, debiendo remitirlos al Congreso del Estado para su conocimiento.

Es posible, pero incorrecto, que dos Bandos de Policía de diferentes municipios sean iguales, tampoco es correcto que las nuevas áreas o unidades municipales inicien actividades sin que se encuentren consideradas sus funciones y facultades en el Bando. 

En resumen, los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas tienen como propósito fundamental la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la población;  deben corresponder a la realidad de las condiciones socioeconómicas, crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, transformación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria de cada municipio.

Corresponde a la ciudadanía participar en la construcción del bando y los reglamentos no sólo porque es una obligación del ayuntamiento convocarnos sino porque es un ejercicio de gobernanza que debemos asumir con responsabilidad para autorregularnos, de establecer las condiciones mínimas para una sana convivencia vecinal y evitar los excesos por ignorancia, dolo o mala fe de las autoridades municipales.

 (*) El autor es Integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; Catedrático y Coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la FDCS/UABJO. Correo Electrónico: adancordovatrujillo@gmail.com Twitter:@adancordovat. Fb: Adán Córdova 

Cuarta transformación, amiga de Putin

Carlos R. Aguilar Jiménez

La historia de la actual Rusia que, de país rural feudal transitó a monarquía zarista Romanov que terminó su linaje al triunfo de la Revolución Soviética convirtiendo al país en estado marxista- leninista – comunista, industrializando su economía, al triunfar en la II Guerra Mundial, la entonces URSS: Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas encabezada por el CCPC: Comite Central del Partido Comunista, junto con los aliados, entre ellos México (que envió al escuadrón 201 luego de declarar nuestro país la guerra a Alemania) durante la sucesiva Guerra Fría los dos bandos polarizaron sus políticas, separando con la “Cortina de Hierro” a países capitalistas de los comunistas, hasta el colapso de la URSS con Gorbachov, de quien, reivindicando directrices comunistas, totalitarias y despóticas llegara al poder de Rusia, Vladimir Putin, quien con la misma estrategia de los nazis que invadieron su país, Putin brutal y despiadadamente invadió Ucrania, republica semipresidencialista.

Con todo el poderío militar del país más grande de la Tierra con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, uno de los ejércitos más poderosos del mundo armado con proyectiles termonucleares, bombas de hidrógeno y neutrones, satélites espías, de percepción remota, una estación espacial orbital, tecnología astronáutica, submarinos, portaviones, aviones caza MIR y todas las armas convencionales, sin piedad y ninguna humanidad, desde hace un mes en su brutal invasión, diario asesina civiles y soldados ucranianos, destruyendo ciudades, infraestructura y todo lo que, como los nazis cuando invadieron Europa y la URSS, se encuentren a su paso, así sean mujeres o niños obedeciendo al déspota tirano y dictador Vladimir Putin, líder ruso y ahora gran amigo de diputados de la 4T, quienes en el peor momento que se les pudo haber ocurrido, mientras en redes sociales y televisión vemos como sufren y mueren miles de ucranianos, los diputados de la cuarta transformación se alían, fraternizan y se hacen aliados, amigos y camaradas del gobierno ruso, que con su ejército, mientras escribo estas líneas veo un noticiero de la televisión española como caen bombas, derrumban edificios y asesinan cruel y despiadados a habitantes de Ucrania.

 La única explicación a la amistad de la 4T con Putin es la soberbia, pedantería, arrogancia y falta de sensibilidad de gobiernos populistas como el de México que, con sus diputados aliados y sumisos de la 4T, ajenos a cualquier sentimiento de solidaridad, humanidad y respeto con los ucranianos, además de supina ignorancia de la historia moderna, que incluye adhesiones, afectos y amistades con los déspotas o nazis, como hizo, igual que los diputados de la 4T, el Vaticano con Hitler, a quien jamás condenó, convirtiéndose la iglesia católica, apostólica y cristiana en cómplice de los nazis, equivalente de diputados de la 4T ahora amigos, camaradas de Putin, invasor asesino de ucranianos igual que Hitler, el rey Leopoldo en el Congo, Nixon en Vietnam o Stalin con sus adversarios políticos.        

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Entrega-recepción municipal

Conceptos y decisiones

Adán Córdova

A partir del 1 de enero se cerró un ciclo e inició la nueva gestión en 153 municipios en Oaxaca.

Por mandato de ley, la administración municipal saliente debe entregar los recursos públicos, económicos, humanos, tecnológicos y materiales, además de informar los asuntos en trámite, los urgentes, trascendentes y ordinarios.

Por obligación, durante 30 días hábiles la administración entrante debe recibir los recursos, analizar y dictaminar las condiciones en las que se encuentran, pudiendo requerir los recursos, documentos o materiales faltantes a los funcionarios salientes. 

Por responsabilidad, se debe informar a la ciudadanía y a las autoridades encargadas de la revisión y fiscalización de los recursos públicos, lo que se entrega y las condiciones en que se recibe.

No es un acto de voluntad, es un deber porque los recursos no son del presidente municipal, regidores o síndicos, menos del ex presidente, ex regidores o ex síndicos, son de los ciudadanos.

En este proceso, existen nuevas obligaciones y funciones para las instituciones encargadas de la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos – Órgano Superior de Fiscalización, Órgano Interno de Control Municipal – también para los síndicos municipales.

El lunes 14 de febrero vence el término para que la autoridad municipal requiera a la autoridad saliente, las aclaraciones, justificaciones o información adicional, teniendo la obligación de atender los requerimientos.

A toda acción corresponde una reacción, y el proceso de entrega-recepción no es la excepción:  

  • Quien entrega, cumple con su responsabilidad. 
  • Quien recibe, debe analizar, requerir, dictaminar, denunciar las irregularidades y a los servidores públicos.
  • Quien no quiere entregar, se le debe denunciar.
  • Quien no quiere recibir, debe ser requerido para cumplir con su obligación.
  • Quien no quiere dictaminar o denunciar, se vuelve cómplice. 
  • Quien dictamina para su beneficio o denuncia sin elementos, es perverso y encamina a un mal gobierno. 

Lo correcto es dictaminar la entrega; no recibir sin revisar, tampoco, revisar para amenazar; hay que revisar para informar lo que se recibe y las condiciones en que se encuentra porque los recursos del municipio no son propiedad privada, son para brindar servicios de calidad, edificar obras de impacto y alcanzar el bienestar colectivo.

(*) El autor es Integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; Catedrático y Coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la FDCS/UABJO. Correo Electrónico: adancordovatrujillo@gmail.com Twitter:@adancordovat Fb: Adán Córdova

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Medio siglo después, pareciera que la larga transición mexicana no sabe para dónde va…

La masacre de estudiantes cometida del 2 de octubre de 1968, no sólo se ubica como una fecha dolorosa para la sociedad y el gobierno en México, sino que sobre todo marca el inicio de la larga transición a la democracia que ha vivido nuestro país. De entonces a la fecha, se buscó la tolerancia a la pluralidad de ideas y formaciones políticas; se intentó y logró la alternancia de partidos en el poder, y la valorización del sufragio como mecanismo de cambio. Esa larga transición fue coronada, 50 años después, con un giro radical en el régimen de gobierno. Ahora habrá que buscar que esa transición no se quiebre ante las tentaciones, y mucho menos ante las circunstancias.

En efecto, hoy se realizarán actos conmemorativos, conversatorios, y manifestaciones multitudinarias, entre muchas otras actividades relativas a la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. En la médula intelectual de muchas de esas actividades, estará la revisión de cómo aquel momento doloroso para la sociedad mexicana, marcó el inicio de una larguísima transición que paulatinamente empujó la apertura del sistema político a las fuerzas opositoras que durante décadas estuvieron en la clandestinidad; que al mismo tiempo era semilla de la conciencia social de cada vez más personas; y de cómo la combinación de esa memoria con hechos como el terremoto de septiembre 1985 marcaron la ruta para el establecimiento de una base opositora sólida en la capital del país.

Que posteriormente, ese mismo empuje lograría la primera derrota (ahogada) del partido oficial en los comicios de 1988; que esa misma fuerza constante, lograra la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el robustecimiento de los órganos jurisdiccionales de la materia, y la primera pérdida de la mayoría legislativa del PRI en los comicios de 1997. El desenvolvimiento natural de la fuerza ciudadana fue la que en el año 2000 provocó la primera alternancia de partidos en el poder, y que doce años después pensara que, ante el primer fracaso en el anhelo de cambio, se optara por el regreso a lo conocido. Hoy, con el país deshaciéndosenos en las manos, la mayoría ciudadana optó por el cambio de opción política que se considera una de las más radicales y profundas del México contemporáneo. Ante ello, habría que preguntarse en realidad hacia dónde va nuestra transición constante.

La respuesta no resulta fácil de hallar. Por un lado, tenemos a un país que enfrenta problemas estructurales inmensos en prácticamente todos los rubros vitales para la supervivencia: seguridad, economía, recaudación pública o Estado de Derecho; problemas inmensos de corrupción, impunidad, desconfianza entre ciudadanía y gobierno, y una enorme brecha entre las necesidades y anhelos de la gente, y las respuestas institucionales posibles de quienes están a punto de dejar el poder, y quienes están a punto de asumirlo.

En tales circunstancias, no parece haber un derrotero claro más que el otorgamiento de un mandato inequívoco: el próximo régimen gobernante ganó con una mayoría holgada que le permitirá gobernar con poca oposición y casi sin cortapisas. Eso, que puede ser una buena noticia en un momento crítico, también puede ser la puerta de entrada al más profundo de nuestros miedos sociales: que luego de intentar combatir el autoritarismo, y de haberlo hecho por la vía de la democracia, la descomposición social nos termine llevando —por una vía alterna— de regreso a ella. Debemos entender el contexto, para evitar que eso pueda llegar a ocurrir.

LA VÍA AUTORITARIA

Es una paradoja que intentando combatir el autoritarismo, la democracia mexicana haya terminado decidiendo otorgar un mandato amplio como el que estamos a punto de ver. El sufragio ciudadano no sólo hizo Presidente a Andrés Manuel López Obrador con un amplísimo margen de aceptación democrática, sino que le otorgó a su partido, Morena, una mayoría abrumadora que le permitirá un amplio margen de maniobra durante los siguientes tres años en el Poder Legislativo federal y en las Legislaturas de la mayoría de las entidades federativas.

¿Por qué una paradoja? Porque eso era lo que teníamos en los tiempos en los que el control vertical se ejercía por medio del régimen de partido hegemónico. Es decir: régimen de partido hegemónico en la vieja era priista, porque a pesar de haber pluralidad de fuerzas políticas, siempre era un solo partido el que ganaba todo, o casi todo. Hoy estamos en vías de ver algo muy similar, si no se moderan los ánimos y se antepone la convicción democrática a las tentaciones naturales del ejercicio del poder.

Es cierto que López Obrador tiene un mandato amplio, pero no deja de ser eso: una decisión tomada por la ciudadanía y entregada a él para ser su ejecutor. Con todo y lo que se pueda pensar de sus 30 millones de votos, éstos lo hacen —o deberían hacerlo— ser un mandatario más comprometido que, por ejemplo, el cuestionado Felipe Calderón. Ser mandatario significa haber recibido un poder y una instrucción por parte de los mandantes (los ciudadanos) para cumplir fines específicos, pero no para hacer lo que le venga en gana. El problema es que la holgura del triunfo puede hacer sentir al mandatario que puede hacer lo que quiera, y no que está más obligado que sus antecesores a cumplir las metas para las que fue electo.

En esa misma medida debe asumirse el Poder Legislativo de mayoría morenista. En el escenario ideal, ellos debieran combatir cualquier viso de excesos o autoritarismo, y no ser un instrumento más para la reinstauración del régimen de partido hegemónico en México. Debieran robustecer la división de poderes, hacer valer las bases federalistas de nuestra nación, y procurar un mejor equilibrio entre poderes. No hacerlo, o hacer lo contrario, significará seguir alimentando el centralismo político y administrativo fáctico, que en México hizo sentir rey y virreyes al Presidente y los Gobernadores, y que en alguna medida aceleró el proceso de descomposición y desencanto que llevó a la ciudadanía a optar por un nuevo mandato amplio, como un intento más —el último, quizá— de ver si con esa verticalidad es aún posible rescatar al país.

INCERTIDUMBRE

El problema en el fondo es que, aunque eso explica la realidad, no alcanza para establecer un derrotero previsible y explicable para la transición mexicana. Es saludable que un país tenga mayorías definidas, siempre que éstas tengan por objeto seguir construyendo la democracia y sean el mecanismo base para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si esa mayoría opta por el exceso, por la confianza excesiva en el mandato o, en el otro extremo, por el autoritarismo, entonces habremos dado un peligroso paso hacia atrás, que no sabemos exactamente hasta dónde pueda llevarnos.