Medio siglo después, pareciera que la larga transición mexicana no sabe para dónde va…

La masacre de estudiantes cometida del 2 de octubre de 1968, no sólo se ubica como una fecha dolorosa para la sociedad y el gobierno en México, sino que sobre todo marca el inicio de la larga transición a la democracia que ha vivido nuestro país. De entonces a la fecha, se buscó la tolerancia a la pluralidad de ideas y formaciones políticas; se intentó y logró la alternancia de partidos en el poder, y la valorización del sufragio como mecanismo de cambio. Esa larga transición fue coronada, 50 años después, con un giro radical en el régimen de gobierno. Ahora habrá que buscar que esa transición no se quiebre ante las tentaciones, y mucho menos ante las circunstancias.

En efecto, hoy se realizarán actos conmemorativos, conversatorios, y manifestaciones multitudinarias, entre muchas otras actividades relativas a la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. En la médula intelectual de muchas de esas actividades, estará la revisión de cómo aquel momento doloroso para la sociedad mexicana, marcó el inicio de una larguísima transición que paulatinamente empujó la apertura del sistema político a las fuerzas opositoras que durante décadas estuvieron en la clandestinidad; que al mismo tiempo era semilla de la conciencia social de cada vez más personas; y de cómo la combinación de esa memoria con hechos como el terremoto de septiembre 1985 marcaron la ruta para el establecimiento de una base opositora sólida en la capital del país.

Que posteriormente, ese mismo empuje lograría la primera derrota (ahogada) del partido oficial en los comicios de 1988; que esa misma fuerza constante, lograra la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el robustecimiento de los órganos jurisdiccionales de la materia, y la primera pérdida de la mayoría legislativa del PRI en los comicios de 1997. El desenvolvimiento natural de la fuerza ciudadana fue la que en el año 2000 provocó la primera alternancia de partidos en el poder, y que doce años después pensara que, ante el primer fracaso en el anhelo de cambio, se optara por el regreso a lo conocido. Hoy, con el país deshaciéndosenos en las manos, la mayoría ciudadana optó por el cambio de opción política que se considera una de las más radicales y profundas del México contemporáneo. Ante ello, habría que preguntarse en realidad hacia dónde va nuestra transición constante.

La respuesta no resulta fácil de hallar. Por un lado, tenemos a un país que enfrenta problemas estructurales inmensos en prácticamente todos los rubros vitales para la supervivencia: seguridad, economía, recaudación pública o Estado de Derecho; problemas inmensos de corrupción, impunidad, desconfianza entre ciudadanía y gobierno, y una enorme brecha entre las necesidades y anhelos de la gente, y las respuestas institucionales posibles de quienes están a punto de dejar el poder, y quienes están a punto de asumirlo.

En tales circunstancias, no parece haber un derrotero claro más que el otorgamiento de un mandato inequívoco: el próximo régimen gobernante ganó con una mayoría holgada que le permitirá gobernar con poca oposición y casi sin cortapisas. Eso, que puede ser una buena noticia en un momento crítico, también puede ser la puerta de entrada al más profundo de nuestros miedos sociales: que luego de intentar combatir el autoritarismo, y de haberlo hecho por la vía de la democracia, la descomposición social nos termine llevando —por una vía alterna— de regreso a ella. Debemos entender el contexto, para evitar que eso pueda llegar a ocurrir.

LA VÍA AUTORITARIA

Es una paradoja que intentando combatir el autoritarismo, la democracia mexicana haya terminado decidiendo otorgar un mandato amplio como el que estamos a punto de ver. El sufragio ciudadano no sólo hizo Presidente a Andrés Manuel López Obrador con un amplísimo margen de aceptación democrática, sino que le otorgó a su partido, Morena, una mayoría abrumadora que le permitirá un amplio margen de maniobra durante los siguientes tres años en el Poder Legislativo federal y en las Legislaturas de la mayoría de las entidades federativas.

¿Por qué una paradoja? Porque eso era lo que teníamos en los tiempos en los que el control vertical se ejercía por medio del régimen de partido hegemónico. Es decir: régimen de partido hegemónico en la vieja era priista, porque a pesar de haber pluralidad de fuerzas políticas, siempre era un solo partido el que ganaba todo, o casi todo. Hoy estamos en vías de ver algo muy similar, si no se moderan los ánimos y se antepone la convicción democrática a las tentaciones naturales del ejercicio del poder.

Es cierto que López Obrador tiene un mandato amplio, pero no deja de ser eso: una decisión tomada por la ciudadanía y entregada a él para ser su ejecutor. Con todo y lo que se pueda pensar de sus 30 millones de votos, éstos lo hacen —o deberían hacerlo— ser un mandatario más comprometido que, por ejemplo, el cuestionado Felipe Calderón. Ser mandatario significa haber recibido un poder y una instrucción por parte de los mandantes (los ciudadanos) para cumplir fines específicos, pero no para hacer lo que le venga en gana. El problema es que la holgura del triunfo puede hacer sentir al mandatario que puede hacer lo que quiera, y no que está más obligado que sus antecesores a cumplir las metas para las que fue electo.

En esa misma medida debe asumirse el Poder Legislativo de mayoría morenista. En el escenario ideal, ellos debieran combatir cualquier viso de excesos o autoritarismo, y no ser un instrumento más para la reinstauración del régimen de partido hegemónico en México. Debieran robustecer la división de poderes, hacer valer las bases federalistas de nuestra nación, y procurar un mejor equilibrio entre poderes. No hacerlo, o hacer lo contrario, significará seguir alimentando el centralismo político y administrativo fáctico, que en México hizo sentir rey y virreyes al Presidente y los Gobernadores, y que en alguna medida aceleró el proceso de descomposición y desencanto que llevó a la ciudadanía a optar por un nuevo mandato amplio, como un intento más —el último, quizá— de ver si con esa verticalidad es aún posible rescatar al país.

INCERTIDUMBRE

El problema en el fondo es que, aunque eso explica la realidad, no alcanza para establecer un derrotero previsible y explicable para la transición mexicana. Es saludable que un país tenga mayorías definidas, siempre que éstas tengan por objeto seguir construyendo la democracia y sean el mecanismo base para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si esa mayoría opta por el exceso, por la confianza excesiva en el mandato o, en el otro extremo, por el autoritarismo, entonces habremos dado un peligroso paso hacia atrás, que no sabemos exactamente hasta dónde pueda llevarnos.

Uno de los retos más importantes de Morena radicará en moderar a sus sectores más radicales

Mi solidaridad y afecto para mi amigo, Carlos Roberto Aguilar Jiménez,

y familia, ante la irreparable pérdida de su Señor Padre. Respetuosamente.

 

Los mexicanos hemos visto un proceso de transición extremadamente civilizado entre administraciones del gobierno federal, que no habríamos creído posible hace apenas unos meses. Durante las campañas electorales, el gobierno federal y el partido Movimiento de Regeneración Nacional, protagonizaron una de las batallas retóricas más feroces de que se tenga memoria, y en ella salieron a relucir todos los radicalismos existentes en ambos bandos. Hoy, a pesar de que en el ámbito formal hay un proceso cuidadoso de reconstrucción de la concordia, también surgen expresiones radicales que ahora quizá deberían ser atemperadas. Uno de los retos esenciales de Morena como partido gobernante será justamente moderar al interior a quienes no han dudado, no dudan y parecen seguir dispuestos a no hacerlo.

En efecto, a lo largo del proceso electoral vimos cómo las expresiones extremas fueron paulatinamente ganándole la batalla a los argumentos. Por un lado, en el sector moderado, se encontraba el propio candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de no estar en el sector más tirante de su partido y las facciones aliadas, sí envió mensajes cargados de dureza. Así fue como planteó la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la disolución del Estado Mayor Presidencial y el no uso del avión presidencial de reciente adquisición, la descentralización de la Ciudad de México del gobierno federal, o la reducción de salarios para la burocracia federal y la cancelación de la reforma educativa, entre muchos otros temas.

En el sector más radical hubo expresiones de mayor dureza. Entre sus cercanos, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de encarcelar a diversos funcionarios federales de la actual administración, e incluso hubo quienes se trazaron vías aún más radicales. Entre ellas, hubo quien proponía una nueva Constitución; quien lanzaba argumentos para desmantelar por completo las estructuras del gobierno federal; o quien hizo planteamientos como los del escritor Paco Ignacio Taibo II sobre fusilar a quienes fueran considerados como traidores a la patria, o de expropiar las empresas y capitales privados que, en un escenario ficticio, pudieran cuestionar al nuevo régimen lopezobradorista.

¿Qué dijo Taibo II que causó tanto revuelo? En el video en cuestión, Paco Ignacio Taibo II recomienda a Andrés Manuel López Obrador que, de llegar a la presidencia de la República, expropie a las empresas que no cooperen o lo quieran chantajear. En el material audiovisual, Taibo II ejemplifica un escenario hipotético: un día después de ganar las elecciones, en Los Pinos, López Obrador recibe a altos hombres de finanzas, entre ellos Carlos Slim.

Parafraseando a los empresarios, complementa su idea ante una decena de asistentes identificados como morenistas: “’No. No. Cuidado, Andrés, porque, si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica’”. “Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo: ‘Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. Chinguen su madre. Exprópialos”.

El escritor añade: “la presión social a la que puede ser sometido un caudillo, por más radical, competente y honesto que sea, es tremenda. Necesita la presencia del movimiento social detrás que impulse hacia el cambio”. En el video, de poco más de dos minutos y del que se desconoce su fecha original de publicación, se observa a Taibo II explicar a los asistentes que se requerirá del apoyo de la sociedad civil, ya que proyecta que tendrán, “con mucha suerte”, una presencia del 35% en el Congreso de la Unión y la mayoría de los gobernadores serán panistas y priistas.

POSICIONES RADICALES

Antes ya habíamos hecho alusión a esto (ver Al Margen 04.05.2018). En aquel entonces, sobre este tema, apuntamos: Esto causó todo tipo de reacciones, a partir de dos cuestiones que bien pueden ser sofismas: la primera, que deliberadamente se tomaron las “recomendaciones” de Taibo II a AMLO como una verdad anticipada, para trasladarlo de ahí a un cuestionamiento en el marco del proceso electoral (como si Taibo y no Andrés Manuel, fuera el candidato). La segunda cuestión, es que además nadie pareció considerar que igual que en todos los partidos, en Morena hay expresiones radicales y moderadas, y que Taibo responde a una de las más comprometidas con los postulados más duros del tabasqueño, sin que eso signifique — incluso— que el propio Andrés Manuel coincida con ellas o que, aún coincidiendo, esté dispuesto a llevarlas a cabo.

Por eso, en el intento de aclaración, Taibo II no sólo no dejó contentos a los mismos que ya estaban más alarmados, sino que pareció echarle más leña al fuego… aunque en realidad lo que intentaba dejar en claro es que, el hecho de que él diga o recomiende algo, no significa que alguien vaya a considerarlo o aplicarlo.

Días después de que surgió esa polémica, el periódico El País publicó una entrevista realizada a Taibo sobre estas afirmaciones. El escritor dijo, para calmar las críticas, lo siguiente: “Es un debate artificioso armado con malicia y mala fe. Unas declaraciones de hace siete meses donde analizaba una hipotética intervención en caso de una victoria de López Obrador y que las empresas amenazaran con irse del país. Yo dije que desde el movimiento social habría que presionar para que se expropiaran. Pero ni Obrador quiere expropiar ni yo lo pienso, salvo condiciones de emergencia, como sucedió con el petróleo en 1938. Se ha creado una polémica artificiosa como parte de la guerra sucia de la que ninguno estaremos a salvo en las próximas semanas.”

Luego le preguntaron sobre la inclusión de Alfonso Romo, Napoleón Gómez Urrutia, el Partido Encuentro Social, o Germán Martínez Cázares a la campaña presidencial morenista, y Taibo II recordó implíctamente la necesidad de que al interior de un partido diverso como Morena, exista la pluralidad.

Sobre eso, afirmó: “Hay cosas que no me gustan de la apertura al centro de López Obrador y no veo razón para callarme. No es normal que alguien diga que no vamos a tocar los contratos petroleros. Yo solo pregunté: ¿En nombre de quién habla? [Alfonso Romo], porque las bases de Morena han dicho otra cosa. Sobre Germán Martínez, a mí no me gusta. Ha dicho cosas insultantes como que Cárdenas era un cadáver que había que enterrar. Si estuviera en mi circunscripción no votaría por él. Cómo llegó a donde está no lo sé ni tengo idea, pero quiero que se sepa quién es…”.

Hoy, apenas tres o cuatro meses después, vemos multiplicadas esas expresiones de radicalidad. Entre ellos, está el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que nuevamente ha causado desencuentros incluso al interior de su partido y de su fracción parlamentaria, al calificar incluso de traidores a Porfirio Muñoz Ledo y Marí Batres por acudir, en calidad de representantes del Poder Legislativo, al mensaje del presidente Peña en días pasados. El Presidente Electo ha llamado públicamente a la moderación. Pero quién sabe si haya el suficiente sentido de autoridad entre sus correligionarios, para aceptarlo.

INCÓGNITAS

El problema es que Morena es un partido que en realidad nadie conoce aún. Llegó al poder presidencial y tiene la mayoría legislativa en las cámaras federales y locales, pero en realidad no sabemos cuál será su talante real. Morena es un conjunto de expresiones de derecha, centro e izquierda, que aún no sabemos hacia dónde va a ir como partido, más allá de lo que disponga López Obrador. ¿Logrará el tabasqueño moderar las posiciones radicales? ¿O es que veremos replicada aquella máxima de que “cuando la fiera es brava, hasta a los de la casa muerde?

La reforma educativa debe ser replanteada, pero no podrá ser cancelada de forma lisa y llana

Una de las discusiones y decisiones que marcará el primer periodo ordinario de la LXIV Legislatura federal, será el destino de la reforma educativa que el Presidente Electo ya prometió cancelar, y que además puede hacerlo al contar con mayoría en las dos cámaras legislativas federales, y eventualmente la mayoría de las Legislaturas locales. La incógnita en este momento no radica en si dejarán si efecto la estructura actual de la evaluación o en si habrá una derogación total, sino más bien sobre qué rubros incidirá una posible modificación a la reforma educativa actual.

En efecto, hay elementos importantes sobre los que vale la pena prestar atención desde este momento. Uno de ellos, sobre los que se ha escrito en este espacio, es el que tiene que ver con el centro del rechazo magisterial a la reforma educativa. Queda claro que la molestia no radica en el hecho de que existan procesos de evaluación o de capacitación al docente que está frente a grupo, sino al hecho de que el destino final de esa evaluación es, se supone, el premio económico al que aprueba las evaluaciones, y el eventual el cese al que no logra aprobarlas.

Otro de los elementos que vale la pena considerar es que los componentes que fortalecen el derecho a la educación no pueden ser eliminados sino, en el mejor de los casos, reorientados. En esa lógica, no será una discusión fácil la relacionada con el destino del artículo tercero constitucional. ¿Por qué? Porque al ser éste un derecho humano, está determinado por el principio de la progresividad —establecido en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional— el cual establece que una vez que un derecho ha sido otorgado o reconocido en el texto constitucional o en la legislación internacional suscrita por el Estado mexicano, éste no puede ser degradado ni menoscabado.

Ciertamente, el derecho a la educación implica el acceso a la instrucción que imparte el Estado; pero también lo es que es y deberá seguir siendo derecho de toda persona que esa educación sea progresivamente de mayor calidad y con un mejor cumplimiento de los fines y metas que se establecen en la propia Constitución. De este modo, pareciera que el único precepto del artículo tercero constitucional, que quizá llegaría a necesitar algún tipo de modificación para hacerlo acorde con los planteamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sería la fracción III de dicho artículo. ¿Qué dice?

Textualmente señala: “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”

Acaso, la única disposición que podría ser incómoda es la que se refiere a la “permanencia en el servicio profesional”; fuera de eso, todo se refiere a procesos de evaluación que difícilmente podrían ser eliminados de forma lisa y llana, y sobre los cuales el propio Presidente Electo ha dicho que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, seguirá teniendo competencias.

TRANSITORIOS ‘INCÓMODOS’

De hecho, de manera expresa la Ley General del Servicio Profesional Docente no se refiere al cese del trabajador de la educación que no apruebe cierto número de evaluaciones. La referencia más clara a esa cuestión se encuentra en los transitorios octavo y noveno de dicha ley, los cuales castigan con mayor severidad a quien se niegue a presentarse a los procesos de evaluación —independientemente de si cuentan o no con un nombramiento definitivo— que quien no apruebe las evaluaciones.

El transitorio octavo señala lo siguiente: “El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.”

Algo muy similar establece para aquellas personas que desempeñan funciones docentes y no cuentan con un nombramiento definitivo, pues dispone que éstos deberán someterse a las evaluaciones y que, de aprobarlas, se les será otorgado su nombramiento definitivo. Y luego establece la parte medular de donde parte el rechazo de los trabajadores de la educación a las evaluaciones actuales:

“Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.”

¿Qué significa eso? Que mucho de lo prometido por el presidente electo López Obrador, puede resolverse con una modificación a los transitorios. Ello evitaría una reforma constitucional de gran calado; mantendría firme el derecho a la educación de calidad a la que sí tienen derecho millones de niños y jóvenes que reciben instrucción en escuelas del Estado; y eliminaría el sentido “punitivo” que tanto se ha denunciado de la reforma educativa actual.

¿Y LOS RECURSOS?

Otra cuestión fundamental será la de dotar —ahora sí— de los recursos necesarios para la modernización educativa. Sin evaluación, sin calidad y sin dinero, como ha sido en gran medida la educación pública antes y después de la reforma actual, lo que queda es la demagogia y el engaño sobre algo que no sólo no progresará, sino que con esas condiciones quedará condenada al atraso y al fracaso.

La ‘cuarta transformación’ ocurrirá sólo si logran cambiar alguna de las inercias nocivas

Alternancia y transición no son lo mismo, como tampoco lo sería la posibilidad de un cambio de régimen frente a la sola rotación de las personas en los cargos públicos. La llamada “cuarta transformación” que promete el presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, sólo podrá comenzar a ver la luz si logra modificar algunas de las inercias más importantes de nuestro país. Mientras se insista en que el cambio llegará sólo por las personas, no habrá otra certeza más que la persistencia en el error.

En efecto, a pesar de la aparente claridad en el ambiente político —una victoria electoral contundente, un gobernante que adelanta los tiempos para evitar especulaciones, funcionarios designados que de facto ya ejercen sus cargos—, es evidente que hay mucha bruma y que los ciudadanos parecemos estar extraviados en ella. En el gobierno electo hay prisa por comenzar la transformación, pero hasta ahora los ciudadanos nos hemos quedado con la idea de que ese cambio anhelado llegará a partir de algunas de las coordenadas que hemos visto hasta ahora. Y estamos equivocados.

Una de ellas es el regreso de la maestra Elba Esther Gordillo Morales a la escena nacional. La realidad, en todo lo que envuelve al rubro educativo y al destino sindical del magisterio, está sometida a un intrigante juego de espejos. Con asombro, los ciudadanos vimos cómo el propio Presidente Electo le espetó en la cara al Presidente Saliente, que al iniciar su gobierno cancelará la reforma educativa.

Ese mismo día, la maestra Gordillo anunció su regreso y dejó ver tanto la cercanía y la simpatía que tiene del próximo gobierno para ejercer sus derechos y regresar a la política, y al mismo tiempo se manifestó a favor de los maestros del país y de una educación de excelencia de la que ella, y millones de niños que reciben instrucción pública en México, no han sido testigos ni beneficiarios en los últimos años. Así, el anuncio de López Obrador y el regreso de la maestra Gordillo parecen ser las coordenadas fundamentales del futuro de la educación pública y de la evaluación docente en el país. ¿Debiera ser esto así?

En la lógica lineal parece que sí, y hasta hay quienes están contentos. El haber corroborado la aplastante victoria de López Obrador en la jornada electoral, y la liquidación —literal— del régimen priista que no terminó de irse en estos 18 años de alternancias sucesivas en el poder presidencial, para muchos es motivo suficiente para aplaudir cualquier decisión o anuncio que haga la administración federal que arrancará el 1 de diciembre. Es cierto que para la gran mayoría en el país el cambio de grupo gobernante era una condición indispensable. Y sin embargo ello no debiera respaldarse en una visión acrítica de lo que verdaderamente necesita el país para cambiar.

En esa lógica, algo más o menos similar ocurre con la maestra Gordillo. Hay quienes hoy se regodean y saludan su regreso, porque la ven humillando públicamente a quien hace cinco años y medio decidió meterla en la cárcel a partir de la invención de delitos. Hay también quienes ven con agrado la cancelación de la reforma educativa, no porque compartan los argumentos de un importante sector magisterial sobre la inviabilidad de poner la evaluación —y el cese a quien la repruebe— como punto medular de toda la reforma educativa, y no como su puerto de llegada, sino simplemente porque es una reforma impulsada por un gobierno priista y particularmente por Peña Nieto.

COORDENADAS EQUIVOCADAS

En realidad, tanto la reforma educativa como la práctica judicial debieran tener coordenadas distintas para una transformación de fondo. En esa lógica, la práctica de inventar delitos para encarcelar a un adversario es deleznable y debiera ser uno de los ejercicios que deberá ser erradicado de fondo, si es que de verdad se pretende dar la idea de un nuevo régimen.

Respecto a la evaluación, y a lo que debe contener una reforma educativa con un matiz distinto al actual, ésta tendría que estar basada en otros aspectos que no fueran necesariamente el rechazo total a la actual por ser una reforma priista o por haber sido la razón del encarcelamiento de la maestra Gordillo.

Pensar en eso sería incluso equivalente a pronunciarse a favor de una cancelación lisa y llana de la reforma educativa, cuestión que no debiera ocurrir dada la progresividad del derecho fundamental a la educación, que tendría que obligar al nuevo régimen a buscar alternativas distintas a las actuales pero sin lesionar el derecho —inacabado, es cierto— de los niños mexicanos a recibir educación de calidad y a que sus maestros reciban procesos constantes de actualización y capacitación para realizar mejor su trabajo, independientemente de si son despedidos o no cuando no logren alcanzar ciertos objetivos o estándares de evaluación.

Ahora bien, frente a todo eso, y analizando las circunstancias con miras a la responsabilidad, vale la pregunta: ¿la maestra Elba Esther Gordillo puede representar una alternativa de cambio a la situación actual del magisterio? La respuesta tendría que venir a partir no de su pleito con el régimen saliente del presidente Peña Nieto, sino con sus determinaciones como dirigente sindical.

Durante su larga gestión al frente del Sindicato Nacional, ella defendió denodadamente todos y cada uno de los privilegios del magisterio, así como el incremento progresivo de sus condiciones de trabajo y salario, pero sin que esto viniera acompañado de la contraprestación de los procesos de evaluación, para que el público —los niños mexicanos, sus padres, y la sociedad en general que se beneficia de manera colectiva del correcto cumplimiento del derecho a la educación de niños y jóvenes— pudiera conocer qué se hace a cambio de los privilegios de los que gozan las y los maestros del país.

De hecho, esa fue una razón material que llevó al gobierno de Peña Nieto a decidir encarcelarla, como una forma de anularla de su liderazgo y permitir el avance de su reforma educativa. Correcta o errada en su visión y objetivos, lo cierto es que fue un intento de cambio, y ahora tendría que hacerse patente la disyuntiva de si la maestra Gordillo está a favor o no de un cambio de circunstancias o de simplemente volver al pasado. Queda claro que por supervivencia puede optar por una posición progresista respecto a su sindicato. Pero será no por una convicción sino simplemente por hacerse parte de los nuevos tiempos y sobrevivir dando únicamente lo indispensable, pero sin poner en riesgo sus privilegios.

CAMBIO DE INERCIAS

Al final, la maestra Gordillo terminará —como siempre— cumpliendo su rol de dirigente sindical, tal y como lo aprendió de los tiempos en que se forjó como tal: defendiendo hasta la ignominia, si es necesario, los privilegios y conquistas —quién sabe si los derechos— de los trabajadores adheridos a su causa. Eso puede ser bien visto por algunos sectores pero no necesariamente puede traducirse como una equivalencia de progreso. Si al final, todos juntos, logran cambiar la inercia histórica de la educación, entonces sí habremos dado pasos sustantivos como país. De lo contrario, de nuevo habremos incurrido en la estratagema de suponer que con el “quítate tú para que me ponga yo”, todo puede cambiar. Y no.

Elba Esther y CNTE, del brazo de AMLO: la ruptura en el SNTE los convertirán en aliados

El mismo día que Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia como Presidente Electo de México, la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo fue exonerada de todos los delitos federales que se le habían imputado, y por los que estuvo cinco años presa. Luego, el mismo día en que López Obrador dijo, en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, que al iniciar su gobierno cancelaría la reforma educativa actual, la maestra Gordillo apareció en un acto público, por primera vez desde su exoneración, para decir que al ser ella liberada la reforma educativa “se había derrumbado”. ¿Qué escenarios se prevén en este anunciado ajuste de cuentas relacionado con el SNTE, la reforma educativa, AMLO, la CNTE y la maestra Gordillo?

En efecto, hoy parece quedar claro el escenario en el que parece haber un consenso a favor de eliminar no la reforma educativa, sino las consecuencias de la evaluación docente. Al mismo tiempo, la liberación y ruidosa reaparición pública de la maestra Gordillo parece anunciar un reacomodo importante en el SNTE, a partir del aval dado por el Presidente Electo para que ella pueda continuar “ejerciendo sus derechos” como ciudadana, aunque negando que ella pudiera integrarse a su equipo de trabajo. En el telón de todo esto se encuentra la nada casual pasividad mostrada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, frente a estos importantes movimientos y mensajes enviados desde y hacia las más altas esferas del sector educativo nacional. ¿Qué ocurre?

Con respecto a la evaluación, algunos de los argumentos que ahora cobrarán fuerza para eliminar las sanciones, y reorientar el rumbo de la reforma educativa, ya los habíamos reseñado en este espacio desde el mes de abril pasado.

En aquel tiempo, apuntamos: “Existe una especie de coincidencia disimulada entre diversas expresiones magisteriales, respecto a la evaluación docente. Esa coincidencia, hasta ahora poco vista, apunta al hecho de que la evaluación fue confeccionada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, sin considerar que son muchos factores sociales los que influyen en el aprovechamiento de los niños que reciben educación pública, y que al mismo tiempo de implementar procesos de evaluación, era necesario también impulsar mecanismos de regularización para los trabajadores de la educación en todo el país.

“Esto parece algo menos complejo de lo que es. Según esa visión, para lograr resultados verdaderamente aceptables en una evaluación docente es necesario que existan las condiciones mínimas de aprovechamiento para todos los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas. Ello, dicen, no sólo implica que puedan acceder a clases todos los días, sino también que cuenten con alimentación mínima, un entorno familiar y comunitario seguro, y una infraestructura educativa que les permita cubrir sus necesidades básicas.

“El problema, señalan, es que a lo largo y ancho del país hay miles de escuelas que no tienen ni la infraestructura indispensable. Es decir, no tienen pisos de cemento firme, no tienen muros y techos sólidos, no tienen agua potable, energía eléctrica, drenaje, sanitarios y áreas mínimas de esparcimiento. Si muchas escuelas del país no tienen eso, muchas más no cuentan con lo necesario para potenciar el aprovechamiento de los educandos a través de materiales educativos, tecnología, e incluso los libros y los materiales que son indispensables para las actividades cotidianas.

“Si todo eso está del lado social, también reconocen que el Estado debería considerar más las condiciones en que se ha formado el magisterio desde hace años. En las escuelas normales del país se han anidado vicios que hoy impactan en la preparación mínima de los maestros. Por esa razón, no todos los profesores del país son capaces de aprobar dignamente la evaluación, y a muchos de ellos ni siquiera les son suficientes los cursos de actualización que se les ofrecen para poder superar una primera calificación reprobatoria.

“En el fondo, sostienen, es positivo que el Estado quiera evaluar la calidad de la educación. Pero debería hacerlo no en un escenario fantasioso, sino considerando la realidad de la educación en el país. Esa realidad debe considerar que hay millones de niños que llegan a la escuela con hambre; que las condiciones en las que reciben instrucción son inadecuadas, riesgosas e insalubres, y que los profesores —no todos, pero sí muchos— tienen también deficiencias estructurales en su formación como docentes, que primero deben ser corregidas antes que evaluadas.” (Al Margen 24.04.2018).

ESCISIÓN MAGISTERIAL

Quién sabe si Elba Esther Gordillo vaya por el SNTE o tenga objetivos más ambiciosos. Le declaró la guerra a los traidores, pero las circunstancias la ponen en una posición más cercana a la CNTE, que a la estructura formal del sindicato que antiguamente presidió. Esa línea parecía también ya trazada desde meses antes del día de la elección presidencial, y era ya también independiente del triunfo o derrota de López Obrador en las urnas. De haber perdido la elección el tabasqueño, el escenario sería más complicado; pero siendo ya Presidente Electo las cosas parecen clarificarse.

Al respecto hubo también señalamientos oportunos. El 11 de junio —tres semanas antes de la jornada electoral— apuntamos en este espacio: “Lo más grave es que todo esto podría no terminar el 1 de julio. No hay razones para suponer, ni en lo lineal ni en la interpretación política que ellos mismos hacen de las acciones presentes, que el magisterio detenga sus actos de hostigamiento. Gane o pierda Andrés Manuel López Obrador la elección presidencial, ellos tienen ya delineada una agenda política para los meses siguientes en donde está incluida la presión para la abrogación de la reforma educativa y, posiblemente, la formación de un nuevo movimiento sindical producto del cisma nacional que parece irremediable en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.”

El cisma (casi) irremediable vendrá a partir del ajuste de cuentas que debe estar preparando la maestra Gordillo al interior del SNTE, con el aval del nuevo régimen. Ello podría provocar, o una ruptura al interior del Sindicato por el control de su dirigencia, o una escisión de agremiados para la formación de una nueva agrupación sindical. Junto a ello, vendrá una nueva discusión —política, ideológica y de rumbo gremial— sobre qué tipo de reforma educativa se pretende, a partir de la cancelación de la actual, a manos de López Obrador.

Evidentemente, la CNTE pujará por el reconocimiento —nacional, incluso— de su Plan para la Transformación de la Educación (PTEO, como es conocido en Oaxaca); el magisterio aliado a Elba Esther irá por su propia versión de una nueva reforma. Al final, todos se sentirán ganadores —al menos parcialmente— cuando se derogue la disposición que establece que la sanción por reprobar las evaluaciones, sea la destitución del trabajador docente. Una vez logrado eso, tendrán que ir a definir si el rumbo nacional del magisterio se cristaliza en la formación de una nueva organización, ya que en las circunstancias actuales esto parece también algo posible.

Consultas de AMLO: ir ‘por la libre’ en su aplicación, un riesgo para la credibilidad de la democracia en México

En México, todo el sistema electoral está construido bajo un criterio esencial: que la operación de todo el sistema, dé credibilidad a la decisión democrática que tomen los ciudadanos. Así fue estructurado el esquema de votación, los mecanismos de fiscalización de los procesos electorales, los límites de los partidos y candidatos, así como la distancia que debe mantener el poder público de los procesos electorales. Si tenemos un sistema electoral tan complejo y perfeccionado, entonces parece una necedad o un acto temerario, que ahora el Presidente Electo anuncie consultas ciudadanas sin apegarse a los mecanismos constitucionales previamente establecido, y sin dar certidumbre sobre cómo serán aplicadas, y contadas las opiniones emitidas por la ciudadanía en dichas consultas.

En efecto, la semana pasada en la presentación del dictamen sobre las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo parafraseando al Quijote, “llamo al pueblo de México a que nos ayuden a resolver este asunto, complicado, difícil que heredamos, pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible (…) no debemos preocuparnos por el tiempo que nos lleve porque es un asunto trascendente (…) En estos casos complicados para no equivocarnos, lo mejor es preguntar a todos”.

En ese mismo tenor, el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que, de acuerdo con el dictamen técnico, se sostiene que hay dos opciones, uno seria continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco y la otra como se ha propuesto por el presidente electo, construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucia y continuar con la operación de la actual terminal aérea capitalina. El próximo titular de la SCT refirió que ambas opciones tienen puntos a favor y puntos en contra por lo que es necesaria una amplia consulta con especialistas y con los ciudadanos.

Ambos dijeron que será hasta la última semana del mes de octubre cuando se realizará una consulta para que los ciudadanos definan cuál de las dos propuestas se llevará a cabo. No dieron detalles de quién será el encargado de llevar a cabo la consulta, e incluso el propio titular designado de la SCT para la próxima administración, tampoco pudo establecer si la consulta se realizará conforme —o al menos con apego— al mecanismo establecido para las consultas populares; si se realizará mediante una consulta en foros o a través de la instalación de puestos en la vía pública para que la gente emita su opinión, e incluso mediante una encuesta nacional.

Si los próximos funcionarios no dieron detalles sobre el cómo se llevaría a cabo dicha consulta a la ciudadanía, tampoco dieron coordenada alguna sobre quién será el encargado de llevarla a cabo.

SALTOS AL VACÍO

Luego, el pasado viernes el equipo de transición en materia educativa del gobierno electo, dio otro salto al vacío. El designado próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció la realización de una consulta nacional para definir el rumbo de la nueva estructura educativa del próximo gobierno federal.

“A fin de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio, el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a participar en una consulta ciudadana, que prevé 32 foros estatales y participación mediante Internet”, se lee en una nota de Excélsior (https://bit.ly/2MEs0tw) publicada ayer domingo.

“A través de la Consulta Nacional Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, destacó, se pretende avanzar en la construcción de consensos que permitan superar los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión, y afrontar con equidad y calidad los retos del futuro. Ante el compromiso de construir una verdadera transformación, “la sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa, y a garantizar el derecho a la educación”, enfatizó el equipo de transición en esta materia, encabezado por el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“Por ello —dice la nota— convoca a maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los interesados a participar para construir un acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos. También se prevé una consulta estatal participativa, con 32 foros estatales que tendrán recepción física de ponencias, y un diálogo social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país.”

¿Qué se puede ver en todo esto? Que, de nuevo, el equipo de transición se está tomando a la ligera las consultas con la ciudadanía. Hasta ahora, los temas que han anunciado que someterían a consultas ciudadanas, son cruciales para el país, o por su trascendencia social —como la reforma educativa— o por las cantidades multimillonarias de las finanzas públicas que comprometen —como es el caso del nuevo aeropuerto, que de ser cancelado tendría un costo superior a los 170 mil millones de pesos, que en gran medida el gobierno federal tendría que indemnizar a quienes perdieran sus inversiones—, y por eso mismo deberían estar buscando ya los mecanismos para brindar total certeza a la ciudadanía sobre quién va a consultar, cómo lo hará, bajo qué métodos, en qué momentos, cómo contará las opiniones, cómo las dividirá y segmentará, y cómo le ofrecerá a toda la ciudadanía la total certeza de que el resultado corresponde verdaderamente a lo que la mayoría opinó.

La Constitución establece un mecanismo para la consulta popular, y legalmente le correspondería al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo dicho procedimiento si se llegara a cumplir con los requisitos que establece la ley. No se ha explorado el caso, pero tampoco resulta imposible, que alguien —el Presidente de la República— solicitara la realización de una consulta conforme a las reglas establecidas para la consulta popular, aunque no se cumplieran con los requisitos que establece la Constitución, y se realizara como un ejercicio y de forma potestativa. En tal caso, alguien tendría que pagar el costo de la realización de dicha consulta, pero queda claro que sería bajo los parámetros electorales más confiables que tiene el país, los cuales, nos guste o no, lo aceptemos o no, son los del INE.

JUGAR CON FUEGO

Como no será así, y como tampoco sabemos cómo, cuándo, quién y bajo qué parámetros se aplicarán las consultas, lo que queda en el fondo es incertidumbre. Sí, incertidumbre y una preocupante sensación de que el gobierno electo comienza jugando con fuego. Lo que está en el limbo es la credibilidad de sus consultas, y el destino de esos temas que son tan relevantes. Más que los millonarios recursos comprometidos en el aeropuerto, e incluso que el destino de la reforma educativa, está el hecho de que los mexicanos confiemos en los métodos establecidos y exista certidumbre sobre dichos procesos. Ese es el riesgo de fondo que quién sabe si ya consideraron quienes con ligereza hoy, hablan de consultas que nadie sabe cómo se harán.