Bando de policía y Gobierno

Conceptos y decisiones

Adán Córdova*

Por obligación constitucional, los Ayuntamientos deben aprobar, los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Mediante estos instrumentos jurídicos, los ciudadanos podemos conocer y evaluar la capacidad de  organización de la administración pública municipal, las materias que regulan, procedimientos, funciones y facultades de los servidores públicos, sobre todo de aquellas de reciente creación.

En su construcción, es obligatorio tomar en cuenta la opinión de la población, aunado a que se deben prever procedimientos de revisión y consulta con la participación de la propia comunidad para garantizar la actualización del Bando y cada reglamento.

El Ayuntamiento debe convocar a la ciudadanía a participar en las mesas de trabajo, en las  consultas o establecer mecanismos técnicos bajo los cuales recabe la opinión y propuestas de las y los ciudadanos, que tendrán que ser discutidas, aprobadas o desechadas, pero en ambos casos debe existir constancia de su discusión.

Para la aprobación del Bando  y reglamentos se requiere la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.

El 31 de marzo vencen los 90 días que la Ley Orgánica Municipal establece para que los Ayuntamientos, aprueben y publiquen su Bando de Policía y Gobierno, y reglamentos. 

Si las nuevas autoridades no tienen una nueva propuesta de organización y funcionamiento para su municipio están obligados a ratificar o actualizar los vigentes, debiendo remitirlos al Congreso del Estado para su conocimiento.

Es posible, pero incorrecto, que dos Bandos de Policía de diferentes municipios sean iguales, tampoco es correcto que las nuevas áreas o unidades municipales inicien actividades sin que se encuentren consideradas sus funciones y facultades en el Bando. 

En resumen, los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas tienen como propósito fundamental la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de la población;  deben corresponder a la realidad de las condiciones socioeconómicas, crecimiento demográfico, surgimiento y desarrollo de actividades productivas, transformación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria de cada municipio.

Corresponde a la ciudadanía participar en la construcción del bando y los reglamentos no sólo porque es una obligación del ayuntamiento convocarnos sino porque es un ejercicio de gobernanza que debemos asumir con responsabilidad para autorregularnos, de establecer las condiciones mínimas para una sana convivencia vecinal y evitar los excesos por ignorancia, dolo o mala fe de las autoridades municipales.

 (*) El autor es Integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; Catedrático y Coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la FDCS/UABJO. Correo Electrónico: adancordovatrujillo@gmail.com Twitter:@adancordovat. Fb: Adán Córdova 

Cuarta transformación, amiga de Putin

Carlos R. Aguilar Jiménez

La historia de la actual Rusia que, de país rural feudal transitó a monarquía zarista Romanov que terminó su linaje al triunfo de la Revolución Soviética convirtiendo al país en estado marxista- leninista – comunista, industrializando su economía, al triunfar en la II Guerra Mundial, la entonces URSS: Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas encabezada por el CCPC: Comite Central del Partido Comunista, junto con los aliados, entre ellos México (que envió al escuadrón 201 luego de declarar nuestro país la guerra a Alemania) durante la sucesiva Guerra Fría los dos bandos polarizaron sus políticas, separando con la “Cortina de Hierro” a países capitalistas de los comunistas, hasta el colapso de la URSS con Gorbachov, de quien, reivindicando directrices comunistas, totalitarias y despóticas llegara al poder de Rusia, Vladimir Putin, quien con la misma estrategia de los nazis que invadieron su país, Putin brutal y despiadadamente invadió Ucrania, republica semipresidencialista.

Con todo el poderío militar del país más grande de la Tierra con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, uno de los ejércitos más poderosos del mundo armado con proyectiles termonucleares, bombas de hidrógeno y neutrones, satélites espías, de percepción remota, una estación espacial orbital, tecnología astronáutica, submarinos, portaviones, aviones caza MIR y todas las armas convencionales, sin piedad y ninguna humanidad, desde hace un mes en su brutal invasión, diario asesina civiles y soldados ucranianos, destruyendo ciudades, infraestructura y todo lo que, como los nazis cuando invadieron Europa y la URSS, se encuentren a su paso, así sean mujeres o niños obedeciendo al déspota tirano y dictador Vladimir Putin, líder ruso y ahora gran amigo de diputados de la 4T, quienes en el peor momento que se les pudo haber ocurrido, mientras en redes sociales y televisión vemos como sufren y mueren miles de ucranianos, los diputados de la cuarta transformación se alían, fraternizan y se hacen aliados, amigos y camaradas del gobierno ruso, que con su ejército, mientras escribo estas líneas veo un noticiero de la televisión española como caen bombas, derrumban edificios y asesinan cruel y despiadados a habitantes de Ucrania.

 La única explicación a la amistad de la 4T con Putin es la soberbia, pedantería, arrogancia y falta de sensibilidad de gobiernos populistas como el de México que, con sus diputados aliados y sumisos de la 4T, ajenos a cualquier sentimiento de solidaridad, humanidad y respeto con los ucranianos, además de supina ignorancia de la historia moderna, que incluye adhesiones, afectos y amistades con los déspotas o nazis, como hizo, igual que los diputados de la 4T, el Vaticano con Hitler, a quien jamás condenó, convirtiéndose la iglesia católica, apostólica y cristiana en cómplice de los nazis, equivalente de diputados de la 4T ahora amigos, camaradas de Putin, invasor asesino de ucranianos igual que Hitler, el rey Leopoldo en el Congo, Nixon en Vietnam o Stalin con sus adversarios políticos.        

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Entrega-recepción municipal

Conceptos y decisiones

Adán Córdova

A partir del 1 de enero se cerró un ciclo e inició la nueva gestión en 153 municipios en Oaxaca.

Por mandato de ley, la administración municipal saliente debe entregar los recursos públicos, económicos, humanos, tecnológicos y materiales, además de informar los asuntos en trámite, los urgentes, trascendentes y ordinarios.

Por obligación, durante 30 días hábiles la administración entrante debe recibir los recursos, analizar y dictaminar las condiciones en las que se encuentran, pudiendo requerir los recursos, documentos o materiales faltantes a los funcionarios salientes. 

Por responsabilidad, se debe informar a la ciudadanía y a las autoridades encargadas de la revisión y fiscalización de los recursos públicos, lo que se entrega y las condiciones en que se recibe.

No es un acto de voluntad, es un deber porque los recursos no son del presidente municipal, regidores o síndicos, menos del ex presidente, ex regidores o ex síndicos, son de los ciudadanos.

En este proceso, existen nuevas obligaciones y funciones para las instituciones encargadas de la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos – Órgano Superior de Fiscalización, Órgano Interno de Control Municipal – también para los síndicos municipales.

El lunes 14 de febrero vence el término para que la autoridad municipal requiera a la autoridad saliente, las aclaraciones, justificaciones o información adicional, teniendo la obligación de atender los requerimientos.

A toda acción corresponde una reacción, y el proceso de entrega-recepción no es la excepción:  

  • Quien entrega, cumple con su responsabilidad. 
  • Quien recibe, debe analizar, requerir, dictaminar, denunciar las irregularidades y a los servidores públicos.
  • Quien no quiere entregar, se le debe denunciar.
  • Quien no quiere recibir, debe ser requerido para cumplir con su obligación.
  • Quien no quiere dictaminar o denunciar, se vuelve cómplice. 
  • Quien dictamina para su beneficio o denuncia sin elementos, es perverso y encamina a un mal gobierno. 

Lo correcto es dictaminar la entrega; no recibir sin revisar, tampoco, revisar para amenazar; hay que revisar para informar lo que se recibe y las condiciones en que se encuentra porque los recursos del municipio no son propiedad privada, son para brindar servicios de calidad, edificar obras de impacto y alcanzar el bienestar colectivo.

(*) El autor es Integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; Catedrático y Coordinador del Laboratorio Universitario de Estudios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la FDCS/UABJO. Correo Electrónico: adancordovatrujillo@gmail.com Twitter:@adancordovat Fb: Adán Córdova

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Medio siglo después, pareciera que la larga transición mexicana no sabe para dónde va…

La masacre de estudiantes cometida del 2 de octubre de 1968, no sólo se ubica como una fecha dolorosa para la sociedad y el gobierno en México, sino que sobre todo marca el inicio de la larga transición a la democracia que ha vivido nuestro país. De entonces a la fecha, se buscó la tolerancia a la pluralidad de ideas y formaciones políticas; se intentó y logró la alternancia de partidos en el poder, y la valorización del sufragio como mecanismo de cambio. Esa larga transición fue coronada, 50 años después, con un giro radical en el régimen de gobierno. Ahora habrá que buscar que esa transición no se quiebre ante las tentaciones, y mucho menos ante las circunstancias.

En efecto, hoy se realizarán actos conmemorativos, conversatorios, y manifestaciones multitudinarias, entre muchas otras actividades relativas a la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. En la médula intelectual de muchas de esas actividades, estará la revisión de cómo aquel momento doloroso para la sociedad mexicana, marcó el inicio de una larguísima transición que paulatinamente empujó la apertura del sistema político a las fuerzas opositoras que durante décadas estuvieron en la clandestinidad; que al mismo tiempo era semilla de la conciencia social de cada vez más personas; y de cómo la combinación de esa memoria con hechos como el terremoto de septiembre 1985 marcaron la ruta para el establecimiento de una base opositora sólida en la capital del país.

Que posteriormente, ese mismo empuje lograría la primera derrota (ahogada) del partido oficial en los comicios de 1988; que esa misma fuerza constante, lograra la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el robustecimiento de los órganos jurisdiccionales de la materia, y la primera pérdida de la mayoría legislativa del PRI en los comicios de 1997. El desenvolvimiento natural de la fuerza ciudadana fue la que en el año 2000 provocó la primera alternancia de partidos en el poder, y que doce años después pensara que, ante el primer fracaso en el anhelo de cambio, se optara por el regreso a lo conocido. Hoy, con el país deshaciéndosenos en las manos, la mayoría ciudadana optó por el cambio de opción política que se considera una de las más radicales y profundas del México contemporáneo. Ante ello, habría que preguntarse en realidad hacia dónde va nuestra transición constante.

La respuesta no resulta fácil de hallar. Por un lado, tenemos a un país que enfrenta problemas estructurales inmensos en prácticamente todos los rubros vitales para la supervivencia: seguridad, economía, recaudación pública o Estado de Derecho; problemas inmensos de corrupción, impunidad, desconfianza entre ciudadanía y gobierno, y una enorme brecha entre las necesidades y anhelos de la gente, y las respuestas institucionales posibles de quienes están a punto de dejar el poder, y quienes están a punto de asumirlo.

En tales circunstancias, no parece haber un derrotero claro más que el otorgamiento de un mandato inequívoco: el próximo régimen gobernante ganó con una mayoría holgada que le permitirá gobernar con poca oposición y casi sin cortapisas. Eso, que puede ser una buena noticia en un momento crítico, también puede ser la puerta de entrada al más profundo de nuestros miedos sociales: que luego de intentar combatir el autoritarismo, y de haberlo hecho por la vía de la democracia, la descomposición social nos termine llevando —por una vía alterna— de regreso a ella. Debemos entender el contexto, para evitar que eso pueda llegar a ocurrir.

LA VÍA AUTORITARIA

Es una paradoja que intentando combatir el autoritarismo, la democracia mexicana haya terminado decidiendo otorgar un mandato amplio como el que estamos a punto de ver. El sufragio ciudadano no sólo hizo Presidente a Andrés Manuel López Obrador con un amplísimo margen de aceptación democrática, sino que le otorgó a su partido, Morena, una mayoría abrumadora que le permitirá un amplio margen de maniobra durante los siguientes tres años en el Poder Legislativo federal y en las Legislaturas de la mayoría de las entidades federativas.

¿Por qué una paradoja? Porque eso era lo que teníamos en los tiempos en los que el control vertical se ejercía por medio del régimen de partido hegemónico. Es decir: régimen de partido hegemónico en la vieja era priista, porque a pesar de haber pluralidad de fuerzas políticas, siempre era un solo partido el que ganaba todo, o casi todo. Hoy estamos en vías de ver algo muy similar, si no se moderan los ánimos y se antepone la convicción democrática a las tentaciones naturales del ejercicio del poder.

Es cierto que López Obrador tiene un mandato amplio, pero no deja de ser eso: una decisión tomada por la ciudadanía y entregada a él para ser su ejecutor. Con todo y lo que se pueda pensar de sus 30 millones de votos, éstos lo hacen —o deberían hacerlo— ser un mandatario más comprometido que, por ejemplo, el cuestionado Felipe Calderón. Ser mandatario significa haber recibido un poder y una instrucción por parte de los mandantes (los ciudadanos) para cumplir fines específicos, pero no para hacer lo que le venga en gana. El problema es que la holgura del triunfo puede hacer sentir al mandatario que puede hacer lo que quiera, y no que está más obligado que sus antecesores a cumplir las metas para las que fue electo.

En esa misma medida debe asumirse el Poder Legislativo de mayoría morenista. En el escenario ideal, ellos debieran combatir cualquier viso de excesos o autoritarismo, y no ser un instrumento más para la reinstauración del régimen de partido hegemónico en México. Debieran robustecer la división de poderes, hacer valer las bases federalistas de nuestra nación, y procurar un mejor equilibrio entre poderes. No hacerlo, o hacer lo contrario, significará seguir alimentando el centralismo político y administrativo fáctico, que en México hizo sentir rey y virreyes al Presidente y los Gobernadores, y que en alguna medida aceleró el proceso de descomposición y desencanto que llevó a la ciudadanía a optar por un nuevo mandato amplio, como un intento más —el último, quizá— de ver si con esa verticalidad es aún posible rescatar al país.

INCERTIDUMBRE

El problema en el fondo es que, aunque eso explica la realidad, no alcanza para establecer un derrotero previsible y explicable para la transición mexicana. Es saludable que un país tenga mayorías definidas, siempre que éstas tengan por objeto seguir construyendo la democracia y sean el mecanismo base para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si esa mayoría opta por el exceso, por la confianza excesiva en el mandato o, en el otro extremo, por el autoritarismo, entonces habremos dado un peligroso paso hacia atrás, que no sabemos exactamente hasta dónde pueda llevarnos.

Uno de los retos más importantes de Morena radicará en moderar a sus sectores más radicales

Mi solidaridad y afecto para mi amigo, Carlos Roberto Aguilar Jiménez,

y familia, ante la irreparable pérdida de su Señor Padre. Respetuosamente.

 

Los mexicanos hemos visto un proceso de transición extremadamente civilizado entre administraciones del gobierno federal, que no habríamos creído posible hace apenas unos meses. Durante las campañas electorales, el gobierno federal y el partido Movimiento de Regeneración Nacional, protagonizaron una de las batallas retóricas más feroces de que se tenga memoria, y en ella salieron a relucir todos los radicalismos existentes en ambos bandos. Hoy, a pesar de que en el ámbito formal hay un proceso cuidadoso de reconstrucción de la concordia, también surgen expresiones radicales que ahora quizá deberían ser atemperadas. Uno de los retos esenciales de Morena como partido gobernante será justamente moderar al interior a quienes no han dudado, no dudan y parecen seguir dispuestos a no hacerlo.

En efecto, a lo largo del proceso electoral vimos cómo las expresiones extremas fueron paulatinamente ganándole la batalla a los argumentos. Por un lado, en el sector moderado, se encontraba el propio candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de no estar en el sector más tirante de su partido y las facciones aliadas, sí envió mensajes cargados de dureza. Así fue como planteó la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la disolución del Estado Mayor Presidencial y el no uso del avión presidencial de reciente adquisición, la descentralización de la Ciudad de México del gobierno federal, o la reducción de salarios para la burocracia federal y la cancelación de la reforma educativa, entre muchos otros temas.

En el sector más radical hubo expresiones de mayor dureza. Entre sus cercanos, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de encarcelar a diversos funcionarios federales de la actual administración, e incluso hubo quienes se trazaron vías aún más radicales. Entre ellas, hubo quien proponía una nueva Constitución; quien lanzaba argumentos para desmantelar por completo las estructuras del gobierno federal; o quien hizo planteamientos como los del escritor Paco Ignacio Taibo II sobre fusilar a quienes fueran considerados como traidores a la patria, o de expropiar las empresas y capitales privados que, en un escenario ficticio, pudieran cuestionar al nuevo régimen lopezobradorista.

¿Qué dijo Taibo II que causó tanto revuelo? En el video en cuestión, Paco Ignacio Taibo II recomienda a Andrés Manuel López Obrador que, de llegar a la presidencia de la República, expropie a las empresas que no cooperen o lo quieran chantajear. En el material audiovisual, Taibo II ejemplifica un escenario hipotético: un día después de ganar las elecciones, en Los Pinos, López Obrador recibe a altos hombres de finanzas, entre ellos Carlos Slim.

Parafraseando a los empresarios, complementa su idea ante una decena de asistentes identificados como morenistas: “’No. No. Cuidado, Andrés, porque, si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica’”. “Si ese mismo día, a esa misma hora, no estamos 2 o 3 millones de mexicanos en la calle diciendo: ‘Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos. Chinguen su madre. Exprópialos”.

El escritor añade: “la presión social a la que puede ser sometido un caudillo, por más radical, competente y honesto que sea, es tremenda. Necesita la presencia del movimiento social detrás que impulse hacia el cambio”. En el video, de poco más de dos minutos y del que se desconoce su fecha original de publicación, se observa a Taibo II explicar a los asistentes que se requerirá del apoyo de la sociedad civil, ya que proyecta que tendrán, “con mucha suerte”, una presencia del 35% en el Congreso de la Unión y la mayoría de los gobernadores serán panistas y priistas.

POSICIONES RADICALES

Antes ya habíamos hecho alusión a esto (ver Al Margen 04.05.2018). En aquel entonces, sobre este tema, apuntamos: Esto causó todo tipo de reacciones, a partir de dos cuestiones que bien pueden ser sofismas: la primera, que deliberadamente se tomaron las “recomendaciones” de Taibo II a AMLO como una verdad anticipada, para trasladarlo de ahí a un cuestionamiento en el marco del proceso electoral (como si Taibo y no Andrés Manuel, fuera el candidato). La segunda cuestión, es que además nadie pareció considerar que igual que en todos los partidos, en Morena hay expresiones radicales y moderadas, y que Taibo responde a una de las más comprometidas con los postulados más duros del tabasqueño, sin que eso signifique — incluso— que el propio Andrés Manuel coincida con ellas o que, aún coincidiendo, esté dispuesto a llevarlas a cabo.

Por eso, en el intento de aclaración, Taibo II no sólo no dejó contentos a los mismos que ya estaban más alarmados, sino que pareció echarle más leña al fuego… aunque en realidad lo que intentaba dejar en claro es que, el hecho de que él diga o recomiende algo, no significa que alguien vaya a considerarlo o aplicarlo.

Días después de que surgió esa polémica, el periódico El País publicó una entrevista realizada a Taibo sobre estas afirmaciones. El escritor dijo, para calmar las críticas, lo siguiente: “Es un debate artificioso armado con malicia y mala fe. Unas declaraciones de hace siete meses donde analizaba una hipotética intervención en caso de una victoria de López Obrador y que las empresas amenazaran con irse del país. Yo dije que desde el movimiento social habría que presionar para que se expropiaran. Pero ni Obrador quiere expropiar ni yo lo pienso, salvo condiciones de emergencia, como sucedió con el petróleo en 1938. Se ha creado una polémica artificiosa como parte de la guerra sucia de la que ninguno estaremos a salvo en las próximas semanas.”

Luego le preguntaron sobre la inclusión de Alfonso Romo, Napoleón Gómez Urrutia, el Partido Encuentro Social, o Germán Martínez Cázares a la campaña presidencial morenista, y Taibo II recordó implíctamente la necesidad de que al interior de un partido diverso como Morena, exista la pluralidad.

Sobre eso, afirmó: “Hay cosas que no me gustan de la apertura al centro de López Obrador y no veo razón para callarme. No es normal que alguien diga que no vamos a tocar los contratos petroleros. Yo solo pregunté: ¿En nombre de quién habla? [Alfonso Romo], porque las bases de Morena han dicho otra cosa. Sobre Germán Martínez, a mí no me gusta. Ha dicho cosas insultantes como que Cárdenas era un cadáver que había que enterrar. Si estuviera en mi circunscripción no votaría por él. Cómo llegó a donde está no lo sé ni tengo idea, pero quiero que se sepa quién es…”.

Hoy, apenas tres o cuatro meses después, vemos multiplicadas esas expresiones de radicalidad. Entre ellos, está el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que nuevamente ha causado desencuentros incluso al interior de su partido y de su fracción parlamentaria, al calificar incluso de traidores a Porfirio Muñoz Ledo y Marí Batres por acudir, en calidad de representantes del Poder Legislativo, al mensaje del presidente Peña en días pasados. El Presidente Electo ha llamado públicamente a la moderación. Pero quién sabe si haya el suficiente sentido de autoridad entre sus correligionarios, para aceptarlo.

INCÓGNITAS

El problema es que Morena es un partido que en realidad nadie conoce aún. Llegó al poder presidencial y tiene la mayoría legislativa en las cámaras federales y locales, pero en realidad no sabemos cuál será su talante real. Morena es un conjunto de expresiones de derecha, centro e izquierda, que aún no sabemos hacia dónde va a ir como partido, más allá de lo que disponga López Obrador. ¿Logrará el tabasqueño moderar las posiciones radicales? ¿O es que veremos replicada aquella máxima de que “cuando la fiera es brava, hasta a los de la casa muerde?

La reforma educativa debe ser replanteada, pero no podrá ser cancelada de forma lisa y llana

Una de las discusiones y decisiones que marcará el primer periodo ordinario de la LXIV Legislatura federal, será el destino de la reforma educativa que el Presidente Electo ya prometió cancelar, y que además puede hacerlo al contar con mayoría en las dos cámaras legislativas federales, y eventualmente la mayoría de las Legislaturas locales. La incógnita en este momento no radica en si dejarán si efecto la estructura actual de la evaluación o en si habrá una derogación total, sino más bien sobre qué rubros incidirá una posible modificación a la reforma educativa actual.

En efecto, hay elementos importantes sobre los que vale la pena prestar atención desde este momento. Uno de ellos, sobre los que se ha escrito en este espacio, es el que tiene que ver con el centro del rechazo magisterial a la reforma educativa. Queda claro que la molestia no radica en el hecho de que existan procesos de evaluación o de capacitación al docente que está frente a grupo, sino al hecho de que el destino final de esa evaluación es, se supone, el premio económico al que aprueba las evaluaciones, y el eventual el cese al que no logra aprobarlas.

Otro de los elementos que vale la pena considerar es que los componentes que fortalecen el derecho a la educación no pueden ser eliminados sino, en el mejor de los casos, reorientados. En esa lógica, no será una discusión fácil la relacionada con el destino del artículo tercero constitucional. ¿Por qué? Porque al ser éste un derecho humano, está determinado por el principio de la progresividad —establecido en el tercer párrafo del artículo 1 constitucional— el cual establece que una vez que un derecho ha sido otorgado o reconocido en el texto constitucional o en la legislación internacional suscrita por el Estado mexicano, éste no puede ser degradado ni menoscabado.

Ciertamente, el derecho a la educación implica el acceso a la instrucción que imparte el Estado; pero también lo es que es y deberá seguir siendo derecho de toda persona que esa educación sea progresivamente de mayor calidad y con un mejor cumplimiento de los fines y metas que se establecen en la propia Constitución. De este modo, pareciera que el único precepto del artículo tercero constitucional, que quizá llegaría a necesitar algún tipo de modificación para hacerlo acorde con los planteamientos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sería la fracción III de dicho artículo. ¿Qué dice?

Textualmente señala: “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”

Acaso, la única disposición que podría ser incómoda es la que se refiere a la “permanencia en el servicio profesional”; fuera de eso, todo se refiere a procesos de evaluación que difícilmente podrían ser eliminados de forma lisa y llana, y sobre los cuales el propio Presidente Electo ha dicho que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, seguirá teniendo competencias.

TRANSITORIOS ‘INCÓMODOS’

De hecho, de manera expresa la Ley General del Servicio Profesional Docente no se refiere al cese del trabajador de la educación que no apruebe cierto número de evaluaciones. La referencia más clara a esa cuestión se encuentra en los transitorios octavo y noveno de dicha ley, los cuales castigan con mayor severidad a quien se niegue a presentarse a los procesos de evaluación —independientemente de si cuentan o no con un nombramiento definitivo— que quien no apruebe las evaluaciones.

El transitorio octavo señala lo siguiente: “El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.”

Algo muy similar establece para aquellas personas que desempeñan funciones docentes y no cuentan con un nombramiento definitivo, pues dispone que éstos deberán someterse a las evaluaciones y que, de aprobarlas, se les será otorgado su nombramiento definitivo. Y luego establece la parte medular de donde parte el rechazo de los trabajadores de la educación a las evaluaciones actuales:

“Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.”

¿Qué significa eso? Que mucho de lo prometido por el presidente electo López Obrador, puede resolverse con una modificación a los transitorios. Ello evitaría una reforma constitucional de gran calado; mantendría firme el derecho a la educación de calidad a la que sí tienen derecho millones de niños y jóvenes que reciben instrucción en escuelas del Estado; y eliminaría el sentido “punitivo” que tanto se ha denunciado de la reforma educativa actual.

¿Y LOS RECURSOS?

Otra cuestión fundamental será la de dotar —ahora sí— de los recursos necesarios para la modernización educativa. Sin evaluación, sin calidad y sin dinero, como ha sido en gran medida la educación pública antes y después de la reforma actual, lo que queda es la demagogia y el engaño sobre algo que no sólo no progresará, sino que con esas condiciones quedará condenada al atraso y al fracaso.