Manoseando a la ASE, inhiben el desarrollo del sistema anticorrupción

 

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+ Ciudadanía enojada; Legislatura podría enfrentar controversia federal


La semana pasada, la diputada del PAN Eufrosina Cruz Mendoza presentó una iniciativa que no tiene otro objetivo que la remoción de los integrantes de la Auditoría Superior del Estado. A pesar de que esta intención pudiera ser relativamente comprensible a la luz del nuevo régimen gobernante en la entidad, lo que en realidad despierta dudas es cómo en la LXIII Legislatura parecen estar desoyendo el llamado ciudadano sobre el combate a la corrupción, prefiriendo el cumplimiento de su agenda particular de temas. Esto tiene mucho de fondo y no hace falta más que entender el contexto de la iniciativa panista para comprender la dimensión del problema.

En efecto, en días pasados la Cruz Mendoza, presentó una iniciativa en la que propone una reforma constitucional para cambiar el nombre de la Auditoría Superior del Estado a “Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca”. Según parece, en la iniciativa la única modificación es el cambio de nombre del órgano de fiscalización. Sin embargo, en sus artículos transitorios se prevé la designación de nuevos Titulares para esa Entidad.

Así, queda claro que el objetivo de la iniciativa no era propiamente el cambiar el nombre de la Auditoría, sino concretamente remover a los responsables de llevar a cabo de revisión y fiscalización superior, coincidiendo con el cambio de gobierno en el Estado. Y pudiera parecer que, en ese contexto, el abanico de posibilidades políticas se abre desde la idea de remover específicamente a Carlos Altamirano Toledo, hasta la también nada despreciable posibilidad de generar un nuevo órgano de fiscalización sexenal, con integrantes cercanos al nuevo régimen.

En todo esto, el recurso fácil podría apuntar a señalar que en estos años la ASE ha sido un órgano de fiscalización testimonial. Sin embargo, en esto habría que diferenciar entre los conflictos de interés —personales y políticos— que enfrenta el auditor Altamirano Toledo, con la tentación —porque esta no es una posibilidad— de hacer pagar institucionalmente a la Auditoría Superior por el cambio del régimen gobernante en la entidad. ¿De qué hablamos?

De que con todo y lo que se diga, como institución, la Auditoría Superior es un órgano bien calificado del que, además, se le reconoce la complejidad de la tarea que enfrenta en Oaxaca, al ser el órgano de fiscalización con más entes fiscalizables en el país (653, entre municipios, poderes del Estado y órganos autónomos) y ser, a su vez, la auditoría superior estatal que recibe menos recursos en todo el país, para el cumplimiento de sus funciones.

Así, por ejemplo, para la OCDE el Estado de Oaxaca cuenta con un órgano confiable para llevar a cabo la tarea de revisar y fiscalizar la gestión financiera de los Poderes del Estado, órganos autónomos constitucionales y Municipios, pues para otorgar dicha calificación se analizó el marco jurídico, la capacidad técnica, que se traduce que cuenten con el personal adecuado —al margen del titular de la ASE—, con experiencia y capacitación necesarios para analizar la información que le presenten lo sujetos auditados, su grado de autonomía frente a los poderes estatales, entre otros elementos.

CONTRASENTIDO

En Oaxaca hay un periodo de espera, que parece no tener para cuándo, respecto al proceso de armonización de la legislación estatal con la federal, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. En las reformas constitucionales y legales que serán necesarias para su implementación, el órgano de fiscalización superior jugará un papel preponderante al asumir diversas funciones y capacidades que serán propias de ese nuevo entramado institucional.

En ese sentido, queda claro que además de los cuestionamientos que tiene la iniciativa de reforma impulsada por la diputada Mendoza Cruz, por su evidente intención política de solo remover a los integrantes actuales de la ASE, el Congreso del Estado estaría también evadiendo la responsabilidad de entrar de lleno a los trabajos necesarios para el establecimiento constitucional y legal del Sistema Estatal Anticorrupción, y sólo estaría atendiendo una agenda particular de algunos partidos interesados inicialmente con remover a Carlos Altamirano Toledo y, quizá, con tratar de ganar espacios a través de un nuevo reparto de posiciones, pero sin abordar lo relativo al Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo que resulta aún más grave es que este parece, además, un contrasentido frente a la propia ciudadanía, y al Presidente de la República, que hace apenas pocos meses se inconformaron por el intento de varios gobernadores —Quintana Roo y Veracruz— de heredar a funcionarios afines en esas áreas para tratar de generar un espacio de no-fiscalización y, por ende, de impunidad; y la reacción del Presidente que, obligado por las circunstancias, se vio en la necesidad de emprender una controversia constitucional para evitar que dichos gobernadores se abstuvieran de intervenir en los órganos autónomos de sus entidades hasta que no se llevara a cabo la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

CASTIGAR A LAS INSTITUCIONES

Carlos Altamirano debe dejar de ser titular de la ASE, y debieran buscar la vía política para conseguirlo. Eso está claro prácticamente desde su designación. Sin embargo, pensar en que para lograr ese objetivo pueden manosear a las instituciones, resulta un cuestionamiento y una irresponsabilidad similar, que en realidad resulta en un castigo de fondo a las instituciones del Estado en Oaxaca.