Magisterio y gobernabilidad: deben mandar señales más claras

 

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+ La percepción es que el gobierno capituló frente a la Sección 22

 

Aunque llama inicialmente la atención, no es extraño que en Oaxaca no se haya articulado ningún esfuerzo para replicar las marchas de unidad realizadas ayer en más de 15 ciudades del país en contra de las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Llama la atención porque éste fue un esfuerzo nacional, genuino, de búsqueda de identidad frente a los desafíos que vienen; pero el hecho de que nada haya ocurrido en Oaxaca no resulta extraño a partir de que el gran pivote de las acciones sociales es la Sección 22, que ayer sí marchó pero por otras causas. En ese escenario, es más importante que nunca que el gobierno estatal mande las señales correctas frente a esa silenciosa demostración de fuerza del magisterio oaxaqueño.

En efecto, hasta la tarde de ayer medios de la capital del país daban cuenta que al menos en 15 ciudades del país se realizaban acciones de protesta, a partir de la convocatoria lanzada por dos organizaciones de la sociedad civil tanto para llevar a cabo esa manifestación en la Ciudad de México, como para que otros grupos se organizaran en el interior del país para replicar el esfuerzo. La idea era simplemente salir a marchar, como una forma pacífica y ciudadana de responder a los improperios y políticas lanzadas por Donald Trump contra nuestro país, y para refrendar la idea de la unidad frente a las adversidades que podrían derivar de la nueva relación con los Estados Unidos.

En Oaxaca, la Sección 22 convocó a una marcha, pero que nada tenía que ver con el tema de Trump. Según la convocatoria para la manifestación de ayer domingo, el objetivo de la manifestación fue recibir a la Caravana “Teniendo 43 esperanzas”, que encabezan los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos años.

Efectivamente, la manifestación se realizó ayer pasadas las 12 horas a lo largo de céntricas calles de la capital oaxaqueña; pero tal como lo había anunciado la Sección 22, ésta no tuvo ningún contenido relacionado con las otras manifestaciones que se desarrollaban simultáneamente en el país. Y no hubo registro de que alguna otra organización de la sociedad oaxaqueña convocara a la réplica de la marcha “Vibra México”, por lo que al menos en la entidad dicha manifestación pasó prácticamente desapercibida.

En ese escenario, el primer punto que resulta llamativo es cómo, aún cuando hubo difusión masiva de la convocatoria para las manifestaciones anti Trump en el país, en Oaxaca ninguna organización, partidista, corporativa o de la sociedad civil, haya tenido capacidad de articular alguna acción coordinada con las de la Ciudad de México, y otras ciudades importantes del país, para replicar un esfuerzo que siempre fue presentado como ciudadano, a pesar de las descalificaciones de algunos partidos de izquierda, que consideraron que esas manifestaciones eran un apoyo disfrazado al Presidente de la República. Lo cierto es que ni ellos, ni el PRI, ni las organizaciones que trabajan o se identifican políticamente con el gobierno estatal o con el partido gobernante, tuvieron disposición alguna para hacer algo.

Si eso ya resulta una cuestión interesante –que ni el oficialismo ni el priismo local, a todos sus niveles, haya hecho algo por demostrarle lealtad o apoyo al Presidente—, lo que resulta todavía más llamativo es que al mismo tiempo la Sección 22 haya desahogado un punto similar de su agenda particular, primero sin pasar por las manifestaciones anti Trump —cuestión que para nada es extraordinaria en ellos— pero también demostrando silenciosamente que son ellos quienes tienen el poder de convocatoria y que lo pueden utilizar prácticamente para lo que sea.

Eso quedó claro con el hecho de que hubo, sí, una convocatoria, pero que nada tenía que ver con lo que se supone que podría ser un tema importante y de interés nacional. Si se ve desde la lógica de que la Sección 22 jamás respaldará al Presidente, es comprensible; pero si se aprecia desde la perspectiva de que apoyan a quien quieren, y que también pueden no hacerlo, esto se pone aún más interesante a la luz de la gobernabilidad y de la capacidad de movilización de los grupos sociales más importantes de la entidad. De todo eso, queda claro, ellos un factor particularmente importante en Oaxaca.

 

¿Y EL GOBIERNO?

Paralelamente a ello, el gobierno estatal entabló una nueva relación con la Sección 22 que, según parece, ha enviado señales poco claras tanto de sus derroteros como de las condiciones en que ésta ocurrirá. ¿De qué hablamos? De que por un lado el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de entablar una nueva dinámica democrática con el magisterio, aunque al mismo tiempo ha dejado ver —o ha cuidado poco su discurso— la intención de generar una especie de cogobierno con la Coordinadora.

Esto, en general, ha sido muy mal recibido tanto por la opinión pública como por las voces especializadas. Es perfectamente conocido en Oaxaca, y en el gobierno federal, lo engañosa que resulta la idea de que se puede cogobernar con la Sección 22, y aún más de que ese cogobierno puede darse cediendo espacios de privilegio para el magisterio. La larga experiencia oaxaqueña en el tratamiento del conflicto educativo, como una condicionante permanente para la gobernabilidad, ha demostrado reiteradamente que no es posible cogobernar con ellos; que las únicas dos relaciones posibles, excluyentes entre sí, entre el gobierno y la 22, es la del sometimiento, o la de la disputa abierta.

Todo eso se ha venido reiterando, y quedó perfectamente delineado en la administración pasada: durante los cuatro primeros años de gobierno, Gabino Cué no cogobernó sino que se sometió al mandato de la Sección 22; y el 21 de julio de 2015 decidió que la nueva relación con el magisterio —respaldado por el gobierno federal— sería la de la disputa abierta. Si bien ninguna de las dos es una fórmula perfecta, sí queda claro que la única forma que tuvieron los gobiernos estatal y federal de que la reforma educativa diera sus primeros pasos fue sólo a través del escenario de la confrontación abierta.

Eso explica por qué, hoy que el gobierno de Alejandro Murat habla de generar una nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, la generalidad de las voces que se dedican a analizar el conflicto educativo consideren que eso se trata de una capitulación —es decir, una rendición— disfrazada.

No ayuda el hecho de que el gobierno estatal esté siendo tan poco cuidadoso en la construcción de la narrativa de esta nueva relación, y que la Sección 22 —que sí entiende a la perfección este nuevo contexto— esté completamente desbordada aprovechando su posición de fuerza y la percepción a su favor, contribuyendo a la idea de que el diálogo con el gobierno de Oaxaca no es más que la formalización de un nuevo periodo —o la recuperación— de supremacía magisterial sobre el Gobierno del Estado.

 

SILENCIO FEDERAL

En todo esto, hasta el momento las expresiones del gobierno federal respecto a la situación que prevalece en el sector educativo de Oaxaca no ha sido muy consistente. Ellos se han limitado a señalar que la implementación de la reforma educativa continúa con normalidad y que no hay ningún cambio en las condiciones en que se aplica la Ley del Servicio Profesional Docente. Fuera de eso, han evitado involucrarse en las suspicacias que generan las nuevas sinergias gobierno-magisterio en Oaxaca, quizá porque saben que volver a formalizar la relación de los temas educativos con la gobernabilidad, es algo así como jugar con fuego. Y como eso es justamente lo que hoy están haciendo en Oaxaca, parece que por eso están optando por el silencio.

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