El gobierno pierde credibilidad al no clarificar su crisis financiera

 

Saul Lopez

+ Imposible, tener a la entidad abatida, sin al menos dar explicación


Existen varias explicaciones posibles respecto a la crisis financiera por la que pasa la entidad, producto del problema de liquidez por la que atraviesan las arcas estatales. Todo eso, constituye sin embargo sólo una parte del problema. La otra parte de la situación, y que tendrá repercusiones en el mediano plazo, radica en que hasta ahora la ciudadanía no ha recibido, y el gobierno tampoco ha ofrecido, una explicación clara y sucinta de las razones de esta crisis que tiene paralizada la economía estatal. Mientras no haya claridad ni capacidad de gestión, no sólo habrá consecuencias de corto plazo, sino también en las capacidades futuras del gobierno estatal.

En efecto, para mal de todos, Oaxaca es una de esas entidades federativas que dependen casi por completo del presupuesto que la federación le ministra a la entidad. Aunque parece ya un lugar común, es claro que toda la economía local depende en gran medida de la movilidad económica que se genera desde el gobierno, que es el mayor consumidor de bienes y servicios en todos los rubros de la economía, y es también la más importante —y casi única— fuente de empleos de la entidad, no relacionados con el llamado sector terciario que corresponde a la provisión de servicios como pudiera ser el turismo. Ello explica, en términos simples, por qué cuando se para la economía que se impulsa desde el consumo gubernamental, sufren todos los sectores que directa o indirectamente dependen de ello, que son prácticamente todos en la economía estatal.

En Oaxaca eso es lo que ocurre no sólo desde el inicio de la presente administración, sino que más bien la economía estatal lleva más de un semestre detenida a partir de la aparente falta de liquidez del gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Por eso, desde los primeros meses del año pasado, el gobierno dejó de pagar buena parte de los bienes y servicios que consumía; dejó también de cubrir los adeudos que tenía con los sectores productivos de la entidad; y también dejó parado al sector de la construcción, que emplea a buena parte de los oaxaqueños que laboran en el sector privado.

Sin mayores reparos, desde el gobierno se paró la economía, y Cué fue primero evasivo respecto al origen del problema, y después cómodamente dijo que como los adeudos eran un problema institucional, la nueva administración respondería por los pagos ya que era dinero que ya estaba destinado a Oaxaca pero que físicamente —es decir, en el sistema financiero— no había ministrado.

Con esas explicaciones poco claras, Cué dejó el gobierno el último día de noviembre, y le cargó el problema a la administración entrante que, al menos para temas económicos, no ha sido eficaz en lo que se supone que sería su prioridad, no sólo en lo relacionado a la administración de los recursos públicos, sino también de generar movilidad económica y certidumbre para todos los que se quedaron varados por la inmovilidad financiera gubernamental.

A estas alturas, uno de los problemas más graves que existen respecto a esto, es no sólo que la economía estatal continúa detenida sino que además nadie tiene claridad para entender qué ocurre, y desde el gobierno nadie tiene disposición para ofrecer una explicación para este problema que indirectamente afecta a toda la economía.

INMOVILIDAD ¿SIN RAZONES?

En una nota publicada por TIEMPO el 16 de diciembre, se daba cuenta de cómo un centro de investigación tan reputado como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, sostenía que durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, la deuda pública de la entidad fue disfrazada a través de diversos mecanismos de planeación administrativa y financiera. “Se indicó [en el estudio del CEEY] que Oaxaca forma parte de cuando menos 10 estados que utilizaron a la firma transnacional Evercore para contratar un esquema financiero y jurídico para tener acceso a recursos sin contar con la autorización del Poder Legislativo. De acuerdo con la ASF, Oaxaca (…) se encuentra entre las tres entidades que tienen mayor diferencia entre la deuda pública reportada por la Secretaría de Hacienda, y la que dieron a conocer en la Cuenta Pública de 2015”.

En un primer momento, explicaciones como ésta intentaron explicar el origen del enorme problema de inmovilidad financiera que enfrentó el gobierno desde el primer día de la actual administración. Sin justificarlo ni sentirse aliviados, muchos sectores productivos se sintieron al menos proveídos de una razón que explicara la inmovilidad que ocurría. No obstante, continúa pasando el tiempo y las voces desde el sector privado continúan denunciando los estragos que provoca la inmovilidad económica que surge de la incapacidad de la Secretaría de Finanzas de, por un lado, generar fluidez económica; y, por el otro, de explicar exactamente qué ha ocurrido, y qué están haciendo, para revertir esta situación.

El no hacerlo provocará problemas que quizá ahora no están del todo vislumbrados, y que parten de la deuda heredada, pero que se complementan con la incertidumbre actual. Por eso —y no es la primera vez que lo apuntamos aunque parece que este problema continúa en la misma fase inicial del mes de diciembre pasado—, el gobierno ahora debe establecer con toda claridad los parámetros concretos de cómo afrontará el problema de deudas que recibió de Gabino Cué.

De hecho, desde el 17 de diciembre abordamos el tema y señalamos que el solo hecho de considerar la posibilidad del “borrón y cuenta nueva” sobre los pasivos, no sólo demostrará la pequeñez de los funcionarios entrantes sino que además les cerrará las puertas en el mediano plazo.

¿Cómo afianzarán el cumplimiento de sus metas si de entrada quiebran a más de la mitad de sus proveedores, cuya supervivencia depende del reconocimiento —y pago— de los compromisos asumidos por el sector público? ¿Cómo generarán certidumbre en el mediano plazo frente al sector privado, si no comienzan demostrando que el Estado, no ellos, tiene capacidad de cumplir su palabra y sus compromisos? Esta es una cuestión no sólo de dinero, sino de construir certidumbre. Ahí está la parte fina de este enorme problema.

Hoy, a más de tres meses de haber asumido, pareciera que el nuevo grupo de funcionarios encargados específicamente de este tema, no ha tenido la sensibilidad suficiente para entender la magnitud del problema, y la necesidad tanto de generar movilidad en la economía, como de mantener el prestigio financiero del gobierno, que irremediablemente terminará necesitando de la iniciativa privada —a la que ahora tiene ahogada— tanto como ésta necesita del ejercicio de los recursos públicos para continuar subsistiendo.

No se trata sólo del buró de crédito, sino en general de la credibilidad y certidumbre que genere la palabra y el compromiso gubernamental frente a todas las personas físicas y morales con las que tiene relaciones económicas. Eso tendrían que entenderlo para evitar, además, que la persistencia de los espacios de silencio abran la oportunidad a la especulación y al desprestigio que ya de por sí corroe el sector público en general.

¿ES LA FEDERACIÓN?

En el fondo, además, parece que o algo esconden todos, o le tienen pavor a la federación. ¿Por qué nadie dice con entereza que el problema radica en los atrasos en la ministración de los recursos federales? Porque ese sería uno de los pocos problemas no atribuibles al gobierno local. ¿Entonces?

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