¿A quién se le ocurrió tanta permisividad con organizaciones sociales?

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Azules

+ “Dejar hacer, dejar pasar”, llevará al gobierno estatal a la ignominia


Es una tendencia creciente en el trato a las organizaciones sociales por parte del gobierno estatal, que se les permita realizar todo tipo de tropelías impunemente. Los hechos ocurridos el pasado martes en la sucursal de una tintorería, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, es sólo uno de los muchos hechos en los que recientemente se han visto involucrados integrantes de organizaciones que, siendo o no adherentes al partido en el gobierno, han demostrado tener la posibilidad de agredir, amenazar y lastimar a terceros sin consecuencia alguna.

En efecto, en su edición de ayer miércoles, TIEMPO daba cuenta de que en un acto de impunidad y abierto desafío a las autoridades de Oaxaca, un grupo de mototaxistas adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) arrasó con una tintorería que se ubica en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, al causar destrozos y pintarrajear el negocio por un hecho inverosímil: daños a la prenda de uno de los dirigentes de esa organización obrera.

De acuerdo con la información, desde un rincón, las aterrorizadas empleadas vieron cómo los vándalos se introdujeron a la negociación, luego de gritar que la prenda que uno de sus dirigentes envió a esa sucursal de la tintorería “Tacuba” había encogido. Con tubos causaron destrozos, mientras que otros escribían mensajes en las paredes tanto adentro como afuera.

De acuerdo con los reportes de las corporaciones de seguridad, el grupo de mototaxistas de la CTM y que prestan el servicio en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, irrumpieron en la negociación por órdenes de uno de sus dirigentes, quien en días pasados llevó a lavar una prenda de vestir, la cual “encogió”. Esto provocó la molestia del dirigente de mototaxistas quien reclamó a las encargadas de la tintorería, quienes ofrecieron pagar el daño a la prenda de vestir.

Sin embargo, según la nota del reportero Juan Carlos Medrano, esto no le interesó al líder, quien ordenó a los miembros de la agrupación se introdujeran al establecimiento donde realizaron pintas y destrozos, ignorando las súplicas de las trabajadoras e incluso a los elementos de la Policía Municipal de Xoxocotlán, que evadieron su deber de detener a los individuos a pesar de que fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo los daños en contra de la negociación. Al final, la encargada de la negociación dijo a los reporteros de MVM, que mejor “buscaría” al líder que ordenó la agresión en contra de la sucursal, para tratar de llegar a un arreglo y evitar la posible repetición de dichas agresiones.

Esta información es indignante no sólo por la impunidad y el vandalismo con los que operan los líderes tanto de la CTM, como de otras organizaciones de trabajadores, sino porque ante el temor ciudadano y las manifestaciones en el sentido de casi ir a ofrecer disculpas al agresor para que no repita los destrozos, lo que pareciera es que entonces no existe la autoridad, o que existiendo es en realidad aliada de los agresores.

Lamentablemente, este no es el único hecho en el que se han visto involucrados integrantes de organizaciones como la CTM, el Sindicato Libertad, la organización 14 de Junio, y otros grupos que tienen como común denominador hacer y deshacer a placer, sin que la autoridad les ponga un límite, independientemente de los acuerdos políticos que tengan, o que hayan tenido en los tiempos de campaña.

IMPUNIDAD POR DOQUIER

En los últimos años ha sido común que los agremiados en organizaciones de transportistas, materialistas y prestadores del servicio de pasajeros, diriman sus diferencias de forma violenta. Ocurrió, por ejemplo, cuando hace cinco años transportistas de materiales pétreos se liaron a balazos cuando se realizaba la construcción de una tienda departamental en los rumbos de Plaza del Valle; esas conductas se han repetido, incluso con las correspondientes cifras de muertos y heridos, en diversas ocasiones. Así, junto a ese común denominador, está también la ausencia total de autoridad.

En esa lógica, valdría también la pena que desde el PRI y sus sectores, se estableciera claramente cuál es la intención de mantener en esos márgenes de impunidad la actuación de esas organizaciones. En los tiempos de campaña, los liderazgos priistas intentaron colonizar a organizaciones caracterizadas por su violencia e irracionalidad, como el Sindicato Libertad, los sectores de la CROC que emergieron desde la prácticamente extinta Confederación Nacional de la Productividad, el Frente Popular Revolucionario y la organización 14 de Junio, que en los últimos años aglutinó a sectores emergentes como el mototaxismo y los tianguistas, entre otros, que tienen hoy amplia presencia en la capital y sus municipios conurbados.

Todos ellos, sin contar a la temible representación en Oaxaca de la Confederación de Trabajadores de México, que ha sido una de las organizaciones más beligerantes siempre al amparo del poder, y ahora más por ser un sector adherente al Partido Revolucionario Institucional, que ha demostrado no tener ningún temor respecto a la acción de la justicia, y que pareciera que esa misma circunstancia ha envalentonado a sus dirigentes para continuar cometiendo tropelías que incluso en otros tiempos no se habrían permitido.

Por ejemplo, ¿en otros tiempos alguien, ostentándose a gritos como dirigente de una organización gremial, se habría atrevido a ir a intimidar a una servidora pública, como hace algunas semanas ocurrió con la titular de la Comisión de la Juventud, a quien unas personas que se dijeron integrantes de la CTM le fueron a cobrar una presunta deuda a la funcionaria, y al no hallarla amenazaron y jalonearon a los trabajadores en plenas horas laborales?

Nada de ello habría ocurrido, en realidad, si las instancias encargadas de la atención a las organizaciones sociales, no abrevaran respecto a ellas el interés de su rentabilidad electoral. Aunque pareciera inaudito, no pocos dirigentes priistas y otros que hoy son servidores públicos creyeron que esas organizaciones podían ser “amigas” del Gobernador, y por esa razón se dedicaron por largos meses a ofrecerles canonjías a cambio de apoyo político en los tiempos en campaña. Ingenuamente, quizá también creyeron que ese apoyo de las organizaciones se traduciría en gobernabilidad, cuando siempre ha sido claro que cualquiera de esas organizaciones ofrece el apoyo político o electoral —votos, asistencia a mítines en calidad de acarreados, etcétera— justamente a cambio de que el gobierno les permita seguir imponiendo su ley en las calles.

Por eso, al final más de uno tendría ahora que explicar cuál es la razón por la que se le tiene tanta permisividad y sometimiento a las organizaciones sociales, y por qué el gobierno se resiste no a reprimirlos, sino a impedirles que cometan ese tipo de conductas que sólo revela que hay personas que, con sus alianzas electorales y sus cálculos políticos, intentan llevar al gobierno, y al Gobernador, al límite de la ignominia.

IRRACIONALIDAD

Esos mismos cálculos y miedos oficiales, son los que hoy también permiten que los taxistas revivan añejas disputas por las rutas y por los pasajeros. Hace tiempo no se veía que los concesionarios de transporte foráneo se liaran violentamente con los taxistas de la capital, a pesar de que desde hace tiempo hay libertad total para que todos trabajen en todas las rutas —al menos en la capital y la zona conurbada— independientemente de sus rutas autorizadas. El resurgimiento de la violencia tiene también como origen la impunidad. ¿Van a esperar a que esos enfrentamientos terminen en muertos para que, desde la Sevitra, la SSP, y la Segego, intervengan?

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