+ Deben dejar indolencia y autoengaño sobre posibilidades reales de negociación
Uno de los mayores retos políticos que tiene el gobierno de Oaxaca en el mediano y largo plazo, radica en la recomposición de su relación con la Sección 22 del SNTE, y en el establecimiento de linderos visibles y confiables respecto a los temas sobre los que puede negociar con el magisterio. Hoy nada de eso existe, y lo que aparenta ser una relación institucional rápidamente degeneró en un chantaje. Por eso, la posibilidad de sacar algo provechoso de este caos resulta un reto mayor, y un éxito histórico, si lograra conseguirlo el Gobierno del Estado.
En efecto, el miércoles nuevamente la Sección 22 y los normalistas exhibieron su capacidad de movilización, y de presión, aislando por más de doce horas a la capital oaxaqueña y arrancándole —porque no fue un logro político, ni una concesión graciosa del gobierno, sino un eficaz acto de chantaje— al titular del Ejecutivo una nueva reunión de trabajo, programada para este día. Antes, la Asamblea Estatal de la 22 había resuelto exigir la destitución de Alejandro Avilés y Germán Cervantes Ayala, titulares de la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, respectivamente. Todo esto, visto globalmente, constituye un enorme problema.
¿Por qué? Porque el mensaje de los normalistas y de los integrantes de la Sección 22 hoy en día es concreto: ellos no quieren negociar con nadie más que no sea el Gobernador del Estado, y por esa razón no sólo están desestimando las capacidades —si es que las tuvieran— del Director del IEEPO y del Secretario General de Gobierno, sino que están exigiendo su destitución inmediata como una especie de condicionamiento al diálogo.
Así, si la 22 no reconoce la interlocución de las dos dependencias estatales con incidencia en su pliego petitorio (que es siempre una dualidad entre lo político y lo educativo) y al mismo tiempo exige la renuncia de sus titulares, entonces se hace lógico que en estas circunstancias no acepten dialogar más que con el Gobernador del Estado, a quien le están arrancando las reuniones de trabajo con base en movilizaciones, actos abiertos de chantaje, amenazas de violencia y, como el miércoles, con bloqueos a los principales puntos viales de la capital.
En esa sola circunstancia, hay ya varios problemas muy graves de operación política: el haber accedido de inicio el gobierno de Oaxaca a que el diálogo con la Sección 22 fuera directamente con el Titular del Ejecutivo, era desde el inicio una apuesta muy arriesgada porque ese sería el punto de referencia para cualquier negociación, y porque ello desactivaba de inicio cualquier manejo político alterno: en el ámbito estatal, no existe mayor autoridad política y administrativa que el Gobernador del Estado. Por eso, si de entrada se establece que el rasero del diálogo es directamente con el Mandatario, ya no existe otro margen para emprender acciones políticas alternas porque por encima de su autoridad administrativa y política, ya no hay nada ni nadie en el ámbito estatal.
De hecho, si ese resulta ya ser un problema mayor, es todavía más grave el hecho de que en ese diálogo no están establecidos los linderos. El Gobernador inició ofreciéndoles la regularización de tres mil 700 plazas, y hoy el magisterio le exige no sólo que dicho proceso continúe sin que los trabajadores eventualmente regularizados pasen por los procesos de evaluación que establece el Servicio Profesional Docente —que es un tema federal—, sino que ahora también exigen que el gobierno estatal asuma la responsabilidad por la contratación de los egresados de las escuelas normales.
FACULTADES CONCRETAS
El problema de fondo que enfrenta cualquier posibilidad de cumplimiento de dichas demandas, es que hoy en día el Gobierno de Oaxaca —entendido éste como los tres poderes del Estado— carece de las facultades para cumplir cualquiera de esas demandas. Explorar si quiera tal posibilidad implicaría, o el acuerdo con la autoridad federal para conseguirlo —a pesar del cuestionamiento nacional que implicaría seguir dando pasos regresivos en la implementación de la reforma educativa—; o la reinstauración de la vieja y perniciosa negociación particular del magisterio con el gobierno de Oaxaca, al margen de los dictados de la autoridad federal.
En cualquiera de los casos, el resultado es negativo. Es muy complicado que la autoridad federal quiera dar —al menos en este y el año próximo— pasos en reversa en la implementación de la reforma educativa. De hecho, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ha tomado como una causa casi personal la de descalificar las posiciones de Andrés Manuel López Obrador respecto al futuro de la reforma educativa si éste último llegara a ser presidente. Sería una incongruencia enorme que por un lado Nuño reprobara a AMLO por afirmar que modificaría el esquema administrativo del magisterio nacional; pero que por el otro premiara a la Coordinadora o a la Sección 22 en sus actos de chantaje para conseguir prebendas, plazas o mayores recursos.
Ahora bien, el restablecimiento de la doble negociación, sólo agravaría los problemas sociales, económicos y políticos de Oaxaca. Quedó claro que darles todo durante 33 años —aún a costa de colapsar, como lo vemos hoy, las finanzas estatales y el futuro de los oaxaqueños— no sólo no calmó a la Sección 22, sino que siempre la alentó a seguir adelante. Por eso los profesores de Oaxaca son de los más privilegiados en el país en cuanto a salario, pero al mismo tiempo son los más combativos y los que más siguen exigiendo al Estado.
En esa lógica, revivir la doble negociación implicaría que el gobierno de Oaxaca impulsara una política de perdonarles y justificarles —como había sido siempre— todos los excesos al magisterio, a cambio de lapsos verdaderamente momentáneos y efímeros de paz social, como a quien se le da respiración artificial con un tanque de oxígeno. Además, si se reviviera la doble negociación, entonces las finanzas estatales tendrían que asumir el compromiso de seguir costeando las plazas extraordinarias, los beneficios económicos extraordinarios, y todo lo demás que les terminaría dando a cambio de no romper el delicado esquema de la paz social a cambio de recursos.
A estas alturas, sabemos que esa fue una razón del desorbitado crecimiento de la deuda pública estatal en los últimos años; sabemos que esa fue la causa de la rebeldía magisterial; y que además es una solución contraproducente incluso desde el corto plazo. De ahí parte la insistencia —que parece que sólo llega a oídos sordos— de que el gobierno de Oaxaca establezca con claridad cuáles son los temas en los que puede negociar, cuáles los límites de su capacidad de negociación y acuerdo con el magisterio, y cuáles los temas en los que no puede incidir ni siquiera ante la amenaza de que la Sección 22 incendie Oaxaca.
EXPECTATIVAS INALCANZABLES
Todo ello debería darse en un marco de diálogos públicos, para que la ciudadanía pudiera saber concretamente qué se pide, qué se negocia, cómo se dialoga, y hasta dónde se puede llegar. Sólo que hoy el primer reto radica en establecer más interlocutores válidos y respaldados que puedan romper este acelerado círculo vicioso de lastimar a los oaxaqueños cada que la dirigencia de la Sección 22 quiera una nueva reunión con el Gobernador.
