+ Gobierno, en el límite de la construcción de una relación civilizada
En la timidez propia de una relación política que pende de alfileres, tanto el gobierno de Oaxaca como la Sección 22 del SNTE han evitado poner en claro cuáles son los límites de la mesa de negociación que ayer formalizaron el gobernador Alejandro Murat y la dirigencia magisterial en la entidad. Al no tener claros los límites, sólo puede pensarse que la 22 va por todo: desde las demandas políticas hasta la conquista de fondos para la continuación de sus lucrativas actividades económicas. Y con eso, quién sabe si el futuro tenga buenas noticias para Oaxaca.
En efecto, ayer un grupo de funcionarios encabezados por el Gobernador del Estado tuvieron el primer encuentro formal con la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, en el inicio de las negociaciones que —se supone— deben llegar al día 15 con avances determinantes para evitar el paro indefinido de labores. Desde el mismo 1 de mayo se hizo público el contenido del pliego petitorio de la Sección 22, pero hasta el momento no se ha informado cuál es la tónica de la negociación, y cuál será el límite previo que establezca el gobierno estatal para el desahogo de la mesa de trabajo.
Pues sería importante saber cuáles son esos límites de fondo, más allá de la retórica y los lugares comunes ya conocidos desde ambos frentes. Esos argumentos que, del lado oficial, piden al magisterio ponderar los derechos de las personas y, en particular, el derecho de los niños a una educación de calidad; y que, del lado magisterial, se resumen a las eternas “respuestas mínimas e insuficientes” que reiteradamente dicen que les ofrece el gobierno, y de las “acciones contundentes” para presionar al gobierno al cumplimiento —nunca alcanzado— de la totalidad de las demandas contenidas en su pliego petitorio.
¿Cuáles son esos límites de fondo? Para el gobierno estatal, el límite tendría que estar bien delineado y ser el punto de referencia de la negociación: éste no puede negociar la abrogación de ninguna ley porque no es ni el Congreso del Estado ni el Congreso federal, como para abrogar la reforma educativa; tampoco puede negociar la derogación de la Ley Estatal de Educación porque ésta es la homologación lisa y llana de la legislación estatal con la federal, y derogarla sería como darse un disparo en el pie para la propia Sección 22, pues se quedarían sin instrumentos para seguir accediendo a los recursos con los que siguen teniendo cierto margen de acción el gobierno y ellos mismos.
En esa lógica, el Gobierno del Estado tampoco puede hacer algo por los “presos políticos”, entre los cuales se encuentran algunos de los secuestradores de los hijos de una conocida familia de la capital oaxaqueña; y ya tampoco puede hacer prácticamente nada por los regularizados a los que el gobierno federal accedió a incluir en la nómina magisterial en diciembre pasado pero que, por eso mismo, son ahora una potestad federal frente a la que el gobierno estatal sólo puede fungir como una especie de gestor pero ya sin mayor capacidad de negociación.
¿Qué sí pueden darles? Algunos recursos en aspectos extra docentes. Es decir, cumplir algunas de sus demandas económicas que no están específicamente ligadas al salario y prestaciones de los trabajadores de la educación, pero que sí son del interés de la dirigencia sindical que pretende no perder los esquemas financieros que silenciosamente han caracterizado su fuerza en los últimos años.
Incluso, en alguna medida, el gobierno estatal podría también fungir como interlocutor para la distensión del control que el gobierno federal le aplicó a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional desde los tiempos de Rubén Núñez Ginez para evitar que continuaran cobrando en la nómina magisterial a pesar de estar comisionados a labores sindicales.
S22: A LLEVARSE LO QUE PUEDAN
En el pliego petitorio 2017 de la Sección 22 no vienen establecidas las demandas salariales de los años anteriores, aunque ello no significa que la reactivación de la doble negociación no traiga aparejado un costo económico —quizá importante— para las arcas estatales, y que incluso ello no termine siendo la moneda de cambio para evitar el paro indefinido de labores y las acciones de hostigamiento que la Sección 22 comenzó a aplicar desde el día de ayer a la ciudadanía oaxaqueña. De nuevo, el problema es que como no sabemos cuáles son los límites en las mesas de trabajo —sino que sólo los inferimos, como en este ejercicio periodístico—, entonces no sabemos qué sí se podría negociar, y qué no.
Pues aunque no pide más salario o prestaciones, la Sección 22 sí es concreta en sus exigencias económicas, que ahora aparecen enmascaradas y un poco mimetizadas en las demandas políticas que son las iniciales. ¿Qué pide la 22, que sí podría darle el gobierno estatal? Exige, por ejemplo, recursos para la implementación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).
El gobierno bien puede cumplirle esta demanda accediendo a la implementación potestativa del PTEO en las escuelas o en las zonas donde pudiera haber acuerdo con los padres, y como una especie de mecanismo alternativo a lo que dicta la ley. Ello sería un acuerdo similar como al que llegaron con los normalistas que se quedaron sin plaza: no los contrataron como maestros pero sí les dieron una “beca” para seguirlos preparando —es un decir— como “promotores de lectura” que, en el fondo, no es sino una contratación disfrazada que, en los hechos, no ha servido mucho para mantenerlos apaciguados durante los últimos meses.
Otras dos demandas que bien podría cumplirle el gobierno a la Sección 22 son las señalados en los puntos 14 y 16 del pliego petitorio entregado el lunes pasado al gobierno estatal. ¿Qué dicen? La primera de ellas dice, textualmente, “se exige al gobierno federal recursos económicos que permitan la apertura y operatividad de una caja de ahorros para los trabajadores de la educación”; la segunda de ellas exige “la construcción, mantenimiento, remodelación de espacios dignos para el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación”.
Tales demandas sí son susceptibles de ser cumplidas por el gobierno estatal, aunque ello signifique más compromisos económicos y más sangría para las arcas oaxaqueñas. Pueden ser cumplidas porque no guardan ninguna relación con el salario, prestaciones y estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, que son temas en los que institucional y legalmente el gobierno de Oaxaca ya no tiene ningún tipo de injerencia, y porque sería también una forma del gobierno federal para permitirle al local cierto margen para negociar.
Y porque, además, son vías alternas que en un momento dado podrían contribuir a la distención de la negociación anual, aunque ello signifique el pago del correspondiente costo político para la administración estatal, que nuevamente estaría absorbiendo compromisos por demandas caprichosas de un gremio, que exigiría la construcción de espacios y beneficios para ellos, a costillas del dinero público y los contribuyentes.
RADICALES VS MODERADOS
Al final, la lucha de radicales contra moderados al interior de la Sección 22 será constante en estas semanas por venir. Ayer mismo, diversas voces intentaron responsabilizar a varios grupos políticos por el origen de los incendios ocurridos por la mañana en varias escuelas de la capital oaxaqueña. Podría ser, aunque en realidad casi todos los grupos influyentes al interior de la Sección 22 tienen relación con los grupos que gobiernan y que han gobernado la entidad en las últimas décadas. Por eso, además habría que ver y entender la lucha natural entre radicales y moderados al interior del sindicato, frente a un tema toral como la definición de la relación política entre el gobierno y la Sección 22 para los próximos años.
