Los partidos representan la inviabilidad democrática… pero no tenemos de otra

 

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+ EPN, derrotado por modelo del régimen; con AMLO terminaremos igual


En los próximos comicios en el Estado de México se está dirimiendo buena parte del escenario electoral de 2018, aunque en realidad el único factor que no está a discusión, porque sigue fuera de lo que puede alcanzar la partidocracia, es la legitimidad del resultado de la elección presidencial del año próximo. Esto podemos achacárselo al inestable gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque en realidad tendríamos que asumir que al margen del resultado electoral, es muy probable que en 2024 veamos algo similar: a un presidente derrotado por las circunstancias, carente de toda legitimidad, y agotado en su capacidad política que pierde en una irremediable conjura de la partidocracia contra sí misma. Esto parece delirante. Sin embargo, es la previsión más cercana a la realidad.

En efecto, hoy el PRI y Morena se juegan la antesala de la elección presidencial en el escenario del Estado de México. La candidata morenista, Delfina Gómez, intenta derrotar al priista Alfredo del Mazo, a partir de la idea simple de que la primera representa al pueblo y el segundo al régimen gobernante.

Es, hasta en eso, el punto previo a lo que según esos cálculos será la elección presidencial del año próximo: Andrés Manuel López Obrador enfrentado al candidato del PRI, en el que el primero representará nuevamente al pueblo relegado de las decisiones políticas, y el segundo al “sistema” —entendido éste como el establishment estadounidense— pero en una circunstancia en la que parece que todo se reduce a la elección, y no al sistema político y al gobierno, que es donde está la clave de la derrota anticipada y de la crisis de legitimidad común a los últimos tres presidentes mexicanos, incluyendo al saliente Peña Nieto. ¿De qué hablamos?

De que hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis al parecer irremediable de falta de legitimidad y de respaldo de la ciudadanía a sus acciones. Hay razón: mientras la ciudadanía demanda resultados que el gobierno no puede entregar, y los partidos de oposición se dedican de día y de noche a criticar la incapacidad del gobierno para cumplir con sus deberes más básicos, al interior del gobierno hay una lucha que hoy en día pasa más por el futurismo que por la supervivencia.

En el gobierno del presidente Peña Nieto se está dirimiendo la sucesión de 2018, al mismo tiempo que se están definiendo las políticas para evitar una caída aún mayor en los índices de aceptación ciudadana. Lo que ya no pueden discutir, porque ya no les alcanza ni la legitimidad ni los márgenes de maniobra, es la necesidad urgente de encontrar los caminos institucionales, y seguramente también constitucionales, para que el poder público se relegitime, así sea en el mediano plazo.

Esta tragedia sistemática es, de hecho, apenas el reflejo de un panorama que los mexicanos comenzamos a ver desde los dos regímenes panistas, y que creíamos que era problema de los partidos y no del gobierno: el presidente Vicente Fox fue incapaz de lograr los consensos necesarios para modificar la estructura del poder público, y apenas después de la primera mitad de su gobierno se dedicó a arbitrar su propia sucesión, dentro de su partido y del gobierno. No logró la modificación del esquema del poder, y tampoco una sucesión a sus intereses. Volvió a ganar el PAN, en 2006, pero con un candidato antifoxista.

Al presidente Felipe Calderón le pasó algo muy similar. Llegó al poder pero con un escenario político irremediablemente trabado por la imposible construcción de consenso con las fuerzas opositoras. Calderón intentó reformas que nunca pasaron en el Congreso, y luego intentó —casi— gobernar por decreto. El atasco de los consensos partidistas nuevamente paralizó al gobierno; y después de los comicios de 2009 —y mientras todos ya le reprochaban el fracaso de su gobierno, por la prolongada inmovilidad legislativa y su incapacidad de diálogo— dedicó gran parte de su tiempo a dirimir los enfrentamientos al interior del gabinete, para ver quién sería el candidato presidencial panista.

Una vez más —como en 2006, con Santiago Creel—, el candidato del Presidente cayó en medio de un fratricidio panista. Y el gobierno paralizado, y enfrentado por su involucramiento en los temas electorales de un partido, fueron la causa de que Calderón terminara su gobierno en medio de fuertes críticas por su mal desempeño que, en alguna medida tenían como base los temas electorales.

CRISIS SISTÉMICA

Quizá por eso había la idea de que ese viejo orden se reinstauraría con el regreso del PRI a la presidencia. Pero no ha sido así: a cinco años de distancia —y a pesar de la idea peregrina de que las reformas estructurales podrían legitimar al poder— el gobierno de todos modos está en crisis: es blanco cotidiano de todas las descalificaciones; es reprobado por la ciudadanía; y además enfrenta un problema operativo fuerte ante la inminencia de la carrera, al interior del gabinete, por la candidatura presidencial. Es decir, que el presidente Peña está terminando su gobierno —y eso es relativo, porque aún falta más de un año y medio de gestión— peor que Fox y, podríamos afirmarlo, también en condiciones mucho más complejas que las enfrentadas por Felipe Calderón.

Por esa razón, pensar que el problema es de Peña Nieto, o del PRI, es tan ingenuo como falaz, porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que debe cambiar es el modelo del régimen. Ya no son funcionales la “disciplina partidista” ni “la experiencia de saber gobernar” porque hoy el sistema político es plural, competitivo y abierto; porque la ciudadanía es mucho más participativa que en cualquier otro momento de la historia nacional; y porque finalmente los problemas que hoy enfrenta el PRI en el poder, son más o menos los mismos que la década pasada y, podemos afirmarlo, son menos complejos de los que seguramente enfrentará el gobierno federal en la década siguiente.

Por esa razón es importante pensar ya no en una reforma política que modifique reglas aisladas, sino más bien un proceso refundacional de los mecanismos de acceso y ejercicio del poder público. Por eso, en este sistema competido y abierto, seis años de gobierno ya resultan demasiados, cuando hay una oposición que, por diseño constitucional, no tiene corresponsabilidad en las tareas públicas, y un gobierno que irremediablemente llega al punto —como ya está sucediendo ahora— de asumir la doble función de ser partido y gobierno para dirimir su propia sucesión.

En esas condiciones, tendría que haber prospectiva incluso en el partido de Andrés Manuel López Obrador, que insiste en ver al 2018 como la meta, cuando en realidad tendría que ser su punto de partida si es que en realidad tienen alguna posibilidad de ganar la presidencia. Desde hoy, Morena tendría que estar discutiendo con toda seriedad los posibles cambios institucionales necesarios no para consolidar su poder, sino para impedir que, si fuere el caso, López Obrador terminara siendo el cadáver político que es hoy Peña Nieto, y que antes fueron Calderón y Fox durante toda la segunda mitad de sus respectivos mandatos.

RELEGITIMAR AL PODER

En el fondo tendría que haber una reflexión profunda sobre la necesidad de no sólo ganar elecciones sino de estabilizar al gobierno. Para ello hacen falta reformas de fondo que permitan eso que la propia partidocracia no cree que pueda pasar: que la ciudadanía vuelva a creer en el sistema democrático, y que por ende ellos tengan que competir limpiamente sin recurrir a la ingeniería electoral, y a todas las prácticas indecibles e ilegales que hoy son moneda común para tratar de ganar los comicios al margen de lo que diga la verdadera voluntad ciudadana, a la que a diario intentan suplir con despensas, manipulación, condicionamiento y ríos de dinero.

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