聽Procuraci贸n de justicia: cambios institucionales, el verdadero reto

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Rube虂n

En la lista de pendientes est谩 el sistema anticorrupci贸n y el penal


No es una sola persona la que va a cambiar en un santiam茅n el estado de cosas en el 谩mbito de la procuraci贸n de justicia. Por eso, m谩s all谩 de la decisi贸n del Congreso del Estado de elegir a Rub茅n Vasconcelos M茅ndez como nuevo fiscal General de Oaxaca, lo que debe verse es el c煤mulo de cambios legales e institucionales que son urgentes para verdaderamente impulsar cambios de fondo en la procuraci贸n de justicia y la persecuci贸n de los delitos en Oaxaca.

En efecto, el pasado viernes el Congreso del Estado resolvi贸 que Rub茅n Vasconcelos M茅ndez se convirtiera en el nuevo fiscal General del Estado, en una elecci贸n que fue un谩nime a partir de la idoneidad del ahora funcionario estatal, pero tambi茅n de la necesidad de dotar de legitimidad los trabajos de la procuraci贸n de la justicia en Oaxaca. En esencia, el Congreso le dio a Vasconcelos un envidiable espacio de legitimidad al elegirlo con la totalidad de los votos posibles, pero Vasconcelos tambi茅n legitima al Congreso y a la Fiscal铆a con sus impecables antecedentes profesionales, su amplia experiencia en las tareas de procuraci贸n de justicia, y su reconocimiento p煤blico como uno de los m谩s destacados juristas mexicanos de la actualidad.

Sin embargo, suponer que con eso el panorama de la procuraci贸n de justicia en Oaxaca est谩 resuelto, ser铆a tanto como caer en una dolorosa falacia. 驴Por qu茅? Porque a pesar de que Oaxaca ha sido vanguardia en diversos temas relacionados con la justicia, lo cierto es que hoy en d铆a la caracter铆stica com煤n tanto del sistema de procuraci贸n, como del de impartici贸n de justicia, es que atraviesan por una crisis generada en gran medida por el abandono de los cambios institucionales y de marco jur铆dico, que eran necesarios desde hace mucho tiempo pero que por alguna causa quedaron pospuestos indefinidamente en Oaxaca.

En el caso de la procuraci贸n de justicia, en Oaxaca existen enormes retos que comienzan por el presupuesto asignado a la Fiscal铆a, que luego se reflejan en las precarias condiciones en que los agentes del Ministerio P煤blico, Polic铆as Investigadores y Peritos realizan sus labores; junto a ello, existe tambi茅n un a帽ejo problema relacionado con la corrupci贸n y la colusi贸n de los funcionarios encargados de la procuraci贸n de justicia, que en muchos de los casos desv铆an el sentido de las investigaciones y las inclinan a favor de los intereses de alguna de las partes y no de la justicia, como deber铆a ser en todos los casos.

Y si esos son los problemas 鈥渃otidianos鈥 que no s贸lo corroen a la Fiscal铆a General, sino a pr谩cticamente todas las instituciones p煤blicas que brindan alg煤n servicio a la ciudadan铆a, hay a煤n m谩s problemas que deben ser atendidos integralmente para lograr una mejor procuraci贸n de justicia. Es incierto el grado de integraci贸n que tiene en la actualidad el marco jur铆dico relacionado con la procuraci贸n de justicia, respecto al sistema de justicia acusatorio adversarial, que desde junio del a帽o pasado est谩 en vigor en todo el pa铆s. Evidentemente, las reformas relacionadas con la implementaci贸n de dicho sistema no s贸lo pasan por el poder judicial, sino por todos los 贸rganos del Estado que participan en la persecuci贸n de los delitos.

La puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal implica no s贸lo inversiones sino tambi茅n el replanteamiento de todos los actores e instituciones que participan presencialmente en un juicio: adem谩s de los jueces y funcionarios judiciales, hoy los fiscales que formulan acusaciones, los peritos que presentan sus dict谩menes, los polic铆as que dan fe de los hechos y circunstancias en que actuaron frente a la posible comisi贸n de un delito, entre otros, deben estar a la altura de lo que el sistema de justicia demanda, y de la urgencia de justicia que la sociedad demanda con urgencia de ellos.

El problema 鈥攓ue a su vez es una oportunidad鈥 es que todos esos cambios requieren no s贸lo del trabajo del Fiscal, sino de diversas instituciones que deben entender la dimensi贸n de la transformaci贸n institucional que enfrentan, que se combina con la sensaci贸n de defraudaci贸n que hoy demuestra la ciudadan铆a oaxaque帽a al no sentirse representada ni retribuida en su largu铆sima demanda de justicia.

EMPUJAR LAS REFORMAS

Sobre la Fiscal铆a General recaer谩n responsabilidades que son de gran calado. Una de ellas ser谩 la de albergar al Fiscal Anticorrupci贸n que deber谩 ser electo tambi茅n por el Congreso para conocer y perseguir los delitos relacionados con la funci贸n de los servidores p煤blicos. En el 谩mbito federal, la PGR ha dado muestras de irresponsabilidad y poco compromiso con el combate a la corrupci贸n, al intentar menguar los alcances y la autonom铆a t茅cnica y operativa del Fiscal Anticorrupci贸n. El Congreso federal, a su vez, ha hecho lo mismo postergando indefinidamente, siempre por razones f煤tiles, la definici贸n de qui茅n ocupar谩 el cargo de Fiscal Anticorrupci贸n.

Ante ese panorama, en Oaxaca se tiene la oportunidad de no caer en la misma tentaci贸n en que incurrieron las instituciones federales antes se帽aladas. En los mismos alcances de la autonom铆a constitucional de la Fiscal铆a General, se debe impulsar la creaci贸n de una Fiscal铆a Anticorrupci贸n que cumpla cabalmente con los requerimientos deontol贸gicos establecidos en la Constituci贸n para perseguir con eficacia y autonom铆a los delitos relacionados con la corrupci贸n; del mismo modo, el Congreso del Estado debe tambi茅n demostrar que tiene capacidad y la altura para seguir tomando decisiones de Estado en el nombramiento de un Fiscal Anticorrupci贸n, que le d茅 certidumbre a la sociedad y que no tenga la tentaci贸n de convertirse en un ap茅ndice del poder.

En esa misma l贸gica, los Tres Poderes del Estado en Oaxaca, deben asumir la responsabilidad que implicar谩 el echar a andar el Sistema Estatal de Combate a la Corrupci贸n y reformar todo un cat谩logo de leyes estatales en los que no s贸lo participan los 贸rganos de fiscalizaci贸n, la Contralor铆a o los nuevos 贸rganos dependientes del Sistema de Combate la Corrupci贸n sino tambi茅n, como uno de los actores centrales, la Fiscal铆a General del Estado.

Al final, todos deben asumir que hoy la persecuci贸n de los delitos 鈥攏o s贸lo en materia penal, sino en todas las que hoy son tema de preocupaci贸n para la sociedad鈥 no la hace 煤nicamente la Fiscal铆a, sino la coordinaci贸n entre todas las instancias que tienen relaci贸n con ello. Por eso es importante entender que no se trata de suponer 鈥攅quivocadamente鈥 que una sola persona puede cambiar el estado de cosas actual, sino que para que realmente ocurran las transformaciones de fondo que todos demandan, debe haber un trabajo permanente y coordinado desde diversos frentes.

INICIA EL V脥A CRUCIS

El gobierno de Oaxaca tendr谩 que desplegar, a partir de hoy, todas sus capacidades institucionales para evitar que las acciones 鈥渢radicionales鈥 de la Secci贸n 22 del SNTE se desborden en da帽os para la ciudadan铆a y para la entidad. El sector radical del magisterio no tardar谩 en hacerse presente en las calles, pero sobre todo en la Asamblea Estatal, en donde siempre intentan reventar los acuerdos relativamente civilizados que se construyen desde las mesas de trabajo. Viene, pues, la primera gran prueba para los encargados de la gobernabilidad en Oaxaca, y tambi茅n se ver谩 el nivel real de colaboraci贸n y apoyo con las instancias federales.

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