+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El caso de violación en el ISSUABJO en su dimensión académica

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+ Revela, dentro de la Universidad, necesidad urgente de protocolos


Parece una contradicción la estrategia de un grupo denominado Movimiento de Universitarias Oaxaqueñas en Vigilancia ante las Agresiones Sexuales (MUOVAS) , que este fin de semana presentó públicamente diversas pruebas relacionadas con un caso de presunto abuso sexual cometido por un profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, en contra de una de sus asistentes de investigación durante una práctica de campo en una comunidad de Tlaxiaco. La contradicción parece radicar en que terceras personas están denunciando los hechos y no la víctima ante la autoridad correspondiente, y que el Consejo Técnico del Instituto llamó al presunto responsable a ponerse a disposición de las autoridades, a pesar de que todos admiten que aún no existe una denuncia presentada. ¿Qué buscan?

En efecto, a través de una conferencia de prensa, el pasado sábado integrantes del MUOVAS presentaron diversas pruebas y testimonios relacionados con un posible abuso sexual ocurrido durante una práctica de campo, por parte de uno de los profesores investigadores del Instituto de Investigaciones Sociológicas en contra de una de sus asistentes de investigación.

La difusión pública de los documentos y testimonios, no es sino la consecuencia de los llamados ignorados tanto por la Dirección del IISUABJO, como por el Consejo Técnico del mismo, tanto para iniciar con el procedimiento disciplinario que establece la reglamentación de la UABJO en contra del señalado, como para establecer mecanismos y protocolos para el tratamiento de ese tipo de casos, cuestiones que no fueron atendidas oportunamente por las instancias universitarias correspondientes.

Por eso, en la presentación pública de las pruebas y testimonios ocurrida el pasado sábado, el MUOVAS se dijo dispuesto a darle vista a la Fiscalía General del Estado sobre los hechos denunciados y las pruebas difundidas, y después el propio Consejo Técnico estableció esa misma intención a través de una carta abierta publicada el lunes a través de distintos medios. A pesar de ello, hasta ahora no hay noticia respecto a si eso ya ocurrió, como tampoco de si la propia víctima había presentado —o está dispuesta a hacerlo— la denuncia ante la Fiscalía de Delitos contra la Mujer.

En esa lógica, parece entonces que todo esto se encuentra enmarcado por una gran contradicción, ya que hasta el momento no se ha dado vista a la autoridad ministerial para que inicie las acciones que correspondan, pero el Consejo Técnico tampoco estableció una postura concreta con relación a la permanencia del señalado como profesor investigador dentro del Instituto. Podría parecer eso, aunque en realidad las acciones del MUOVAS reflejan estar más encaminadas a obligar a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a tomar acciones internas en contra del señalado, y establecer medidas para que este tipo de situaciones de indolencia institucional universitaria, no vuelvan a ocurrir.

DESDÉN UNIVERSITARIO

Quienes conocen a detalle este asunto señalan que el acto público realizado el sábado por MUOVAS, es la consecuencia de reiterados llamados internos a la Universidad para que tomara conocimiento de estos hechos, y de asimismo reiteradas muestras tanto de la Directora del Instituto de Investigaciones Sociológicas, como del Consejo Técnico del Instituto —que está integrado por la Directora y profesores— para asumir con sentido de responsabilidad esta denuncia.

El MUOVAS, en el fondo, parece tener una preocupación concomitante a la falta de acciones para llevar ante la justicia este caso de abuso sexual: la situación de que, a pesar de que este hecho es ampliamente conocido en el Instituto, y por las más importantes autoridades universitarias desde hace tiempo, nadie ha tenido la voluntad suficiente para actuar a nivel interno, y todos han dejado la solución del asunto a terceros indeterminados, que lo mismo pueden ser la afectada —que hasta ahora no ha presentado la denuncia correspondiente—, o la autoridad ministerial —que no tiene forma de actuar porque no se ha denunciado el hecho.

Junto a esa preocupación hay otra aún más importante: a pesar de que este hecho es público y de amplio conocimiento entre la comunidad del Instituto, y de la Universidad en general, hasta ahora el señalado como responsable de haber cometido el abuso sexual denunciado, y posiblemente otro más en grado de tentativa, continúa siendo profesor investigador; continúa realizando viajes para prácticas de campo, y continúa estando en contacto con universitarias —alumnas, asistentes de investigación, profesoras, investigadoras, y demás— que ante el silencio y la indolencia de las autoridades de la Universidad, son blancos potenciales de una persona con esos antecedentes.

Esa es la razón por la que el MUOVAS parece haberse atrevido a llevar a un foro público la denuncia y los testimonios: en realidad lo que están tratando de lograr es que la Universidad tome medidas internas, tanto para el caso concreto como de fondo, frente a esta situación. Intentan, en el corto plazo, que el profesor investigador señalado sea separado provisionalmente de sus funciones, mientras el Consejo Técnico del Instituto lleva a cabo el procedimiento contemplado en su propio reglamento para aplicar medidas disciplinarias que, según su demanda, debe consistir en la destitución.

Argumentan, en refuerzo, que ya existe un antecedente de otro integrante del Instituto que fue sancionado y separado de sus funciones ante un señalamiento de esa misma naturaleza. Sin embargo, en la carta pública que el lunes emitió la Universidad sobre el tema, no se pronuncia respecto a si el señalado será o no separado de sus actividades académicas, en tanto se establecen las responsabilidades por parte del Consejo Técnico.

Pero además, el MUOVAS intenta llevar el este problema a un grado todavía más de fondo al exigir la creación de protocolos de atención para este tipo de casos. Aseguran que independientemente de lo que pueda decidir la propia víctima respecto a una denuncia penal, y de lo que resuelvan las autoridades competentes, la Universidad debe contar con protocolos para tratar este tipo de situaciones, para sancionar a quienes incurran en este tipo de prácticas a través de reglas y mecanismos claros y definidos, y para garantizar la integridad de la comunidad universitaria al margen de lo que pueda ocurrir fuera de la Universidad. Sobre esto último sí hubo un pronunciamiento favorable por parte del Consejo Técnico.

Al final, lo que queda claro es que más allá de lo que hagan ahora, lo que visibilizó la denuncia de ese colectivo de mujeres, fue la poca disposición institucional a conocer y atender este tipo de casos, y el ánimo —quién sabe si accidental o deliberado— por proteger laboralmente a alguien que ha sido señalado de forma reiterada por una práctica abominable como el abuso sexual, a pesar de los llamados de la propia comunidad universitaria para que el Consejo Técnico abordara la situación a tiempo y con la responsabilidad necesaria, y no hasta el tiempo de los señalamientos y las denuncias públicas.

VIOLENCIA TOLERADA

La gente ve divertida cuando aparecen las “ladys” y los “gentlemans”, ahora conocidos así por sus prácticas de prepotencia y violencia en contra de otras personas, y también comparten morbosamente en redes sociales contenido de peleas, agresiones verbales, insultos y demás. ¿Cómo pensar en una sociedad más tolerante y respetuosa, cuando ese —lo aceptemos o no— es el signo de nuestro tiempo?

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