+ Sirve poco dialogar, cuando no se tiene respaldo y herramientas para actuar
Si bien es cierto que la gobernabilidad debe tener como premisa el diálogo, también lo es que un diálogo sin derroteros ni respaldo institucional, es tanto como la demagogia. A eso es a lo que se enfrenta la Secretaría General de Gobierno, que tiene ante sí una circunstancia compleja, en la que efectivamente el diálogo es la principal herramienta, aunque en los hechos se debe demostrar que todo el gobierno está alineado a favor de esa vertiente a través del respaldo y las acciones institucionales. De ser así, entonces podrán demostrar que el diálogo se traduce en concertación, y que esa concertación es la base de la gobernabilidad.
En efecto, no es nueva la circunstancia de la Secretaría General de Gobierno. En los últimos años, la mayor constante —y la mayor desgracia— que ha habido en esa dependencia, ha sido justamente la de la incapacidad de articular las acciones del gobierno. ¿Por qué ha ocurrido? Porque al menos desde hace dos sexenios, el gobierno dejó de estar alineado a favor de la gobernabilidad, para establecer prioridades distintas que menguaron la capacidad y la fuerza de la Secretaría General de Gobierno.
¿De qué hablamos? De que hasta hace tres o cuatro administraciones, todos los servidores públicos estatales estaban convencidos de que el Titular de la Secretaría General de Gobierno era el funcionario más fuerte y con mayor injerencia en la administración. Por eso, en aquellos tiempos la Secretaría General era la encargada de conducir las relaciones políticas del régimen con todos los interlocutores más importantes, y por eso mismo era la que articulaba de forma efectiva todos los esfuerzos de gobierno para lograr ese indeterminable objetivo de la gobernabilidad.
El problema vino cuando esa gobernabilidad comenzó a verse más como un botín o como una oportunidad al interior del mismo gobierno, y entonces comenzaron a establecerse prioridades distintas según los grupos políticos o los intereses —e incluso la fuerza al interior del gabinete, y la injerencia ante el Gobernador— de algunos integrantes de la administración estatal. Cuando eso ocurrió, la gobernabilidad dejó de ser el fin para convertirse en una moneda de cambio, o un mecanismo de torpedeo entre dependencias y funcionarios, y por eso la Secretaría General de Gobierno dejó de ser el eje —político— articulador de los esfuerzos a favor de la paz social, y eso se transfirió a espacios incluso privados desde donde se trataba de intervenir para encauzar los conflictos.
Y ese es, de hecho, un problema que tiene diversos factores. Por ejemplo, durante la administración del gobernador Ulises Ruiz la figura de la Secretaría General de Gobierno quedó desacreditada luego del conflicto magisterial de 2006 por una especie de resaca de poder. Jorge Franco Vargas fue un secretario de Gobierno fuerte, pero toda esa fuerza se convirtió en descrédito luego de que la Secretaría de Gobernación —federal— relevó a la dependencia estatal encargada del diálogo con el magisterio y las organizaciones, luego del desastre que fue el 2006 y el repudio que le profesaron desde entonces los grupos que fueron declarados como ganadores del conflicto magisterial, por la propia autoridad federal que con eso terminó de desacreditar, para todo lo que restaba del sexenio, la presencia y capacidad de la Secretaría General de Gobierno.
MÁS DESCRÉDITO
Luego vino el gobierno de Gabino Cué que, como todos sabemos, nunca vio con seriedad la importancia de la Secretaría General de Gobierno. Desde el inicio, y durante todo el sexenio, otros grupos tomaron el control de las organizaciones sociales, e incluso había personajes que durante las primeras horas del día fungían como servidores públicos, pero por la tarde acudían a las dependencias a exigir recursos y gestiones en su calidad de luchadores sociales.
Así, el gobierno de parcelas que impulsó la coalición de partidos que llevó a Cué a la gubernatura, provocó no sólo el desastre de gobernabilidad que fueron los años del gobierno de Gabino Cué, sino también un socavamiento profundo a lo que tendría que haber sido la Secretaría General de Gobierno.
En esa lógica, la Segego perdió por completo su capacidad de interlocución al interior del gobierno. Esto, dicho en palabras más simples, se traduce en el hecho de que la figura del Secretario General de Gobierno dejó de ser lo suficientemente respetada y fuerte al interior del gabinete, que a partir de entonces comenzó a tener como optativo, y potestativo, hacer eco a los llamados de la Segego para resolver conflictos y temas relacionados con la gobernabilidad.
En esa lógica, la Segego dejó de tener el papel político que tuvo durante mucho tiempo de ser una jefatura fáctica de gabinete. Aunque esa fue una categoría que nunca existió en la ley —la del Titular de Segego como Jefe de Gabinete—, en realidad siempre fueron los propios Gobernadores quienes establecían al interior del gabinete la relevancia de las determinaciones y necesidades de la Secretaría General, para que todas las demás dependencias de la administración estatal la acompañaran en sus necesidades para resolver problemas.
Al perder esa categoría política de jefatura fáctica de gabinete, entonces la Secretaría General de Gobierno perdió también su capacidad de concertación. ¿Qué podemos entonces entender por concertación? Es, en términos generales, la capacidad de conseguir que el diálogo institucional venga acompañado de acciones integrales por parte de distintos actores y dependencias a favor de un mismo fin.
Por eso, cuando una entidad como la Segego tiene capacidad de concertación, entonces también tiene capacidad de hacer cosas positivas a favor de la gobernabilidad. Y eso le hace bien a cualquier sociedad porque es la muestra efectiva de que un gobierno funciona. Pero por eso mismo, una de las principales interrogantes que en la actualidad deben responderse los mismos funcionarios de la Secretaría General —aunque no se lo digan a nadie fuera de la dependencia, ni lo socialicen—, es si en realidad el gobierno está alineado e instruido a acompañar a la Segego en las tareas de la gobernabilidad, o si persiste el mismo problema estructural que heredaron de las administraciones anteriores, y que al parecer ni siquiera alcanzó a visualizar el efímero primer titular de la Secretaría General, Alejandro Avilés Álvarez, quien más bien se dedicó a crear la dependencia que le convenía, pero no la que Oaxaca necesitaba.
En el fondo ahí es donde está el reto de Héctor Anuar Mafud Mafud: reconocer que la Segego de hoy no es la Secretaría General de Gobierno que él ejerció en tiempos anteriores, y establecer los mecanismos y acciones para realinear todos los esfuerzos institucionales a favor de la gobernabilidad. Si lo logra, sin duda será de gran beneficio para Oaxaca.
RECONOCIMIENTO
Rosalba Castellanos Baltazar, una oaxaqueña excepcional, hija de nuestro apreciado amigo y compañero de páginas en TIEMPO, Raúl Castellanos Hernández, el pasado fin de semana obtuvo el Título de Master of Business Administration por la Universidad de Texas at Austin. Licenciada en Idiomas y en Derecho, Diplomada por la Sorbona de París en Civilizaciones Europeas. Funcionaria en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y actualmente en la SCJN, suma un éxito más a su trayectoria académica y profesional. Le enviamos una cálida felicitación.
