Para combatir la corrupci贸n no hace falta sino aplicar estrictamente la ley

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gallino

+ Herramientas jur铆dicas: base para entender por qu茅 s铆 se puede combatir


Si existe ya un consenso sobre la urgencia de impulsar un combate efectivo y certero a la corrupci贸n en nuestro pa铆s, lo siguiente que tendr铆a que existir son los caminos para conseguirlo. El Estado mexicano, en ese af谩n constante de responsabilizar a la ley por lo que no hacen sus funcionarios, ha optado por las modificaciones legales como base para un mejor combate a la corrupci贸n. Sin embargo, al margen de los caminos preventivos, lo cierto es que las herramientas jur铆dicas para ello ya existen. S贸lo falta aplicarlas en los t茅rminos que la propia ley dice, en contra de todo el que incurra en esas situaciones.

En efecto, por un lado habr铆a que entender que la desenfrenada carrera de los cambios legales como mecanismo para aparentar el cumplimiento de la ley, no es exclusivo del sistema anticorrupci贸n. M谩s bien, esa ha sido la v铆a permanente de la clase pol铆tica cuando no encuentra un camino m谩s adecuado para justificar su inacci贸n frente a ciertos hechos. Por eso, la v铆a de modificar la ley frente a los cuestionamientos de la gente, se ha reflejado en el conjunto de cambios que pudiendo no existir en la Constituci贸n, s铆 podr铆an haberse realizado de haber habido la suficiente voluntad para hacerlo. Ejemplos, a estas alturas, sobran.

Hay muchos, pero uno de ellos es el de las sucesivas reformas electorales, que han tenido como objeto aparente limpiar los procesos electorales de la corrupci贸n, de la manipulaci贸n y de la injerencia del poder y el dinero p煤blico en la voluntad pol铆tica de las personas expresadas en sus votos. 驴Qu茅 ha ocurrido? Que en realidad, la competencia democr谩tica entre partidos y candidatos sigue viviendo bajo un asedio enorme, y que la ciudadan铆a sigue siendo objeto de todas las bajezas conocidas y por conocer cuando se trata de manipular o la voluntad ciudadana, o el resultado de una elecci贸n.

Por eso vemos que a pesar de todo sigue habiendo d谩divas, manipulaci贸n, compra y coacci贸n de voto y utilizaci贸n de dinero de procedencia p煤blica o desconocida para tratar de influir en los procesos electorales. Pareciera, pues, que los cambios legales no s贸lo no han frenado la vor谩gine de dispendios y violaciones a la ley, sino que las han fomentado y acentuado a grado tal que hoy el propio Estado ya no sabe qu茅 hacer para frenar a los partidos y candidatos en medio del enorme descr茅dito que tienen las instituciones, como 谩rbitros de los procesos electorales, que no logran detener las violaciones a la ley.

En el caso del combate a la corrupci贸n, la historia no es muy distinta, y m谩s bien parece la repetici贸n de muchas conductas y situaciones que se norman en la Constituci贸n con la intenci贸n aparente de 鈥渓o ponemos en la ley m谩xima, para que ahora s铆 se cumpla鈥, cuando en realidad lo que tendr铆a que haber es simplemente voluntad y capacidad para aplicar las normas y los procedimientos que ya existen.

Pues resulta que a煤n cuando el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupci贸n establece toda una nueva estructura institucional y legal para combatir la corrupci贸n, la medida de fondo tendr铆a que radicar b谩sicamente en aplicar las leyes ya existentes cuando hubiere un caso concreto de un funcionario corrupto. Espec铆ficamente, las leyes penales ya norman muchas conductas que deber铆an ser com煤nmente perseguidas y castigadas. La pregunta, en realidad, tendr铆a que versar en por qu茅 a tan pocas personas en el pa铆s se les aplican dichas sanciones por sus conductas.

LOS DELITOS

S铆 existen las herramientas y aqu铆 est谩n. Por un lado, el C贸digo Penal Federal se帽ala, sobre el enriquecimiento il铆cito, lo siguiente: 鈥淪e sancionar谩 a quien con motivo de su empleo, cargo o comisi贸n en el servicio p煤blico, haya incurrido en enriquecimiento il铆cito. Existe enriquecimiento il铆cito cuando el servidor p煤blico no pudiere acreditar el leg铆timo aumento de su patrimonio o la leg铆tima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como due帽o, en los t茅rminos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P煤blicos.

鈥淚ncurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes que el servidor p煤blico adquiera o haya adquirido en contravenci贸n de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia. Al que cometa el delito de enriquecimiento il铆cito se le impondr谩n las siguientes sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores P煤blicos. (Art铆culo 224)鈥.

Por otro lado, dice que comete el delito de peculado (art铆culo 223) todo servidor p煤blico que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por raz贸n de su cargo los hubiere recibido en administraci贸n, en dep贸sito o por otra causa (fracci贸n I). El servidor p煤blico que indebidamente utilice fondos p煤blicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el art铆culo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen pol铆tica o social de su persona, la de su superior jer谩rquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona (Fracci贸n II).

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracci贸n anterior, a cambio de fondos p煤blico o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el art铆culo de uso indebido de atribuciones y facultades (Fracci贸n III), y cualquier persona que sin tener el car谩cter de servidor p煤blico federal y estando obligada legalmente a la custodia, administraci贸n o aplicaci贸n de recursos p煤blicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les d茅 una aplicaci贸n distinta a la que se les destin贸 (Fracci贸n IV).

Y por si esto no fuera suficiente, hay m谩s: el delito consistente en realizar operaciones con recursos de procedencia il铆cita, que seg煤n el art铆culo 400 del C贸digo Penal Federal, se impondr谩 de cinco a quince a帽os de prisi贸n y de mil a cinco mil d铆as multa al que por s铆 o por interp贸sita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, d茅 en garant铆a, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de 茅ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad il铆cita, con alguno de los siguientes prop贸sitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizaci贸n, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad il铆cita.

La misma pena se aplicar谩 a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisi贸n de las conductas previstas en el p谩rrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislaci贸n financiera vigente.

APLICAR LA LEY

驴Qu茅 necesitamos? En el fondo, m谩s all谩 de esperar a ver si el Sistema Nacional Anticorrupci贸n funciona, y si los encargados de implementarlo est谩n verdaderamente comprometidos con la honestidad, lo que urge es que en M茅xico se hagan valer las leyes que ya son vigentes. Hemos visto que s铆 hay eficacia, cuando hay voluntad. Por ende, lo que se debe reproducir con todo vigor es la voluntad, muy por encima de la delirante carrera por los cambios legales que lamentablemente en muchos casos han servido para enmascarar la demagogia.

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