Colusión en el transporte público local, contra los intereses de la ciudadanía

Aumento

+ Gobierno y concesionarios unen fuerzas y desmovilizan a los grupos afectados


 

El campanazo que la semana pasada dieron el gobierno estatal y los concesionarios del transporte urbano sobre el incremento a la tarifa del pasaje, es sólo el anuncio de un conjunto de movimientos que ahora comenzarán a preparar para consumar el alza. Los antecedentes de los últimos incrementos así lo indican; y —por medio de un “incendio controlado” de aparentes inconformidades— están preparando el terreno para que eso ocurra sin oposición alguna de la sociedad afectada.

En efecto, la semana pasada hubo un anuncio por parte de los concesionarios del transporte urbano y sub urbano, en el sentido de que estaban listos para incrementar la tarifa del pasaje en días próximos. Igual que frente a cada movimiento de esa naturaleza, adujeron una serie de circunstancias relacionadas con el incremento al costo del servicio y la atomización de sus utilidades frente al incremento en el costo de los combustibles e insumos.

Este anuncio era, además, el último eslabón en la serie de escaramuzas que han sostenido dos de los grupos de transporte público concesionado durante el presente año, no queda claro si por el control de una de las dos principales líneas camioneras que prestan el servicio en la capital y municipios conurbados, o si por conseguir la mayor injerencia posible en los asuntos del transporte, más allá de lo que la autoridad de papel —Sevitra, que encabeza Francisco García López— puede hacer en estos casos. A las pugnas legales y laborales habidas en meses anteriores al interior de Choferes del Sur, ahora se sumó la decisión unilateral de uno de los grupos —es decir, el grupo detractor a la pro gobiernista Aurora López Acevedo— por impulsar un tema en el que, lamentablemente, al final todos terminarán estando de acuerdo en detrimento del interés de la ciudadanía.

El movimiento dado en este caso por un grupo de concesionarios, ha sido el acostumbrado cuando ya traen entre manos la posibilidad de un incremento: lanzan el llamado al incremento, esperando de antemano que la autoridad lo detenga; luego realizan algunas acciones de presión específicamente en contra de la dependencia estatal encargada de la regulación del transporte público concesionado; y finalmente, en un acuerdo construido desde el inicio, por un lado los concesionarios legitiman su conquista del incremento a la tarifa tras algunas semanas —o meses— de espera; y finalmente la autoridad justifica su determinación de permitir el incremento aduciendo la respuesta política a las presiones y al reconocimiento de la realidad y las condiciones económicas.

El problema, en este caso, es que en esa colusión —que bien puede ser entendida como una complicidad que si bien no rompe la ley, sí viola la equidad en una relación de esta naturaleza— que existe entre los concesionarios y la autoridad del transporte, la ciudadanía queda relegada porque es la única que no tiene relación ni intervención en las decisiones que se toman entre ellos. Queda claro que en ese conjunto de movimientos no aparece por ningún lado la defensa del interés ciudadano y tampoco la consideración a lo que la gente necesita.

Lejos de eso, lo que la autoridad y los concesionarios ofrecen son las mismas mentiras de siempre: además de sus reconocimientos mutuos —las presiones económicas y políticas que los incomodan a ellos—, le dicen permanentemente a la ciudadanía que habrá mejora en el servicio, mejores unidades de transporte, mayor capacitación a los conductores y demás representantes, y una serie de ofrecimientos que en realidad nunca han visto la luz y han servido como meros argumentos que justifican las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía.

Así, aunque pareciera imposible un acuerdo entre ambos grupos que hoy libran una pugna abierta por el “liderazgo” (si es que se le puede llamar así) entre las empresas y los concesionarios —concretamente, el grupo que aún encabeza Alejandra Gómez Candiani, contra el de su prima, la ex secretaria de Transporte, Aurora López Acevedo, que al amparo del poder busca regresar por sus viejos y cuestionados fueros—, lo cierto es que bien puede ocurrir —y al final así terminará pasando— que puedan construir un acuerdo interlocutorio para beneficio mutuo.

En el fondo, el incremento a la tarifa les cae bien a todos; la autoridad puede terminar diciendo —como siempre lo ha hecho— que el alza era irremediable; y al final, la ciudadanía es quien nuevamente se quedaría desamparada frente a este acuerdo abusivo de autoridades y concesionarios, que sólo es cuestión de tiempo para que se concrete.

LA CIUDADANÍA, SOLA

Cuando ocurrió el último incremento a la tarifa del transporte público —a través de ese mecanismo del aviso previo, la aparente resistencia de la autoridad, y el mutuo acuerdo final para incrementar la tarifa—, una de las cosas que más se comentaban entre los propios concesionarios era que el entonces titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara, había hecho perdediza una cantidad de dinero superior a los dos millones de pesos que habría de ocupar en el pago a los grupos de choque al interior de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, para mantenerlos controlados.

Esta es una vieja estrategia que de alguna forma es equiparable a la caja china, en la que utilizan a algunas de las supuestas organizaciones ciudadanas y estudiantiles para hacer creer a la propia ciudadanía que de todos modos el incremento es irremediable, aún con oposición. Pues en el momento en que se decreta el incremento de la tarifa, los mismos concesionarios buscan a algunos grupos porriles, y les pagan alguna cantidad de dinero para que hagan desmanes que, además, son tolerados por la autoridad estatal. En no pocas ocasiones, incluso les ofrecen algunas unidades viejas y destartaladas, para que esas sean las que destrocen, quemen o vandalicen, y con eso justifiquen las supuestas acciones de resistencia en contra del alza de la tarifa del transporte.

Pues en realidad, la ciudadanía está sola en esta conspiración orquestada por los concesionarios y la autoridad. Está sola porque hace muchísimo tiempo que los grupos más fuertes e influyentes al interior de la Universidad, fueron superados por los grupos porriles que son auténticos mercenarios al servicio de quien mejor les pague.

En otros tiempos, las nutridas y auténticas protestas estudiantiles fueron un verdadero dique en contra del pulpo camionero y la autoridad, porque las movilizaciones eran resultado de verdaderas acciones ciudadanas. Todo eso fue relevado, por un lado, por grupos verdaderamente violentos que responden a intereses económicos para la generación de una apariencia de inconformidad; y en el otro extremo fueron también superados por la complicidad de quienes hoy utilizan esos mecanismos para asestar verdaderos golpes a la lastimada economía familiar. Por eso, en realidad la ciudadanía esta sola frente a los incrementos y es en realidad muy poco lo que pueden hacer para contrarrestarlo.

¿Y LAS VOCES LEGISLATIVAS?

Llama la atención que en todo este embrollo haya también reinado el silencio entre casi todos los diputados. La gran mayoría evadió el tema porque saben que al final terminarán arrollados por los intereses económicos y las conveniencias políticas que están en juego. Incluso, los diputados de Morena que tanto se dijeron en contra del alza del combustible y a favor de la economía familiar, se quedaron callados. El único que protestó fuerte fue el diputado Jesús Romero López, denunciando además las complicidades y el juego perverso sobre este incremento pactado. Con esas actitudes de la mayoría de los diputados, ¿cómo seguirse diciendo “representantes populares”?