Desaparici贸n del fuero: 驴tendencia contra privilegios o contra impunidad?

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Fuero

+ Reforzar el juicio pol铆tico y mecanismos de control del SNA, siguiente reto


Adem谩s de Oaxaca, en otras diez entidades de la Rep煤blica existe la intenci贸n de eliminar el fuero. Esta parece estarse convirtiendo en una tendencia nacional que no necesariamente busca eliminar de la Constituci贸n una figura mediante la cual se ha buscado la impunidad, sino m谩s bien que representa el r茅gimen de los privilegios que sostenidamente se pretende combatir desde la sociedad. De ah铆 viene el impulso, y ahora ser谩 tambi茅n necesario entender todo lo que se debe tambi茅n reforzar, a trav茅s de figuras como el juicio pol铆tico, para que este esfuerzo no sea s贸lo de apariencias.

En efecto, en lo que va de 2017 han votado a favor de eliminar la inmunidad judicial a todos los servidores p煤blicos, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de M茅xico (enero), as铆 como los congresos de Baja California (9 de marzo), Yucat谩n (15 de mayo), Nayarit (25 de mayo), Nuevo Le贸n (31 de mayo), Quintana Roo (15 de junio) y Coahuila (11 de julio). Antes ya hab铆an hecho algo similar los estados de Morelos, Jalisco y Quer茅taro, y se espera que en Oaxaca esa figura sea eliminada en este periodo de sesiones, seg煤n el acuerdo existente entre las diversas fracciones parlamentarias y el respaldo del Ejecutivo, que incluso envi贸 una iniciativa al respecto.

En t茅rminos generales, esta iniciativa lo que busca eliminar es la llamada 鈥渄eclaratoria de procedencia鈥 que deb铆a ocurrir para que cualquier servidor p煤blico dotado de inmunidad, debiera enfrentar a la justicia en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Esa inmunidad constitucional fue establecida desde que apareci贸 la Constituci贸n, como una forma de no de excluir a ciertos servidores p煤blicos de sus responsabilidades relacionadas con la justicia ante la comisi贸n de un hecho il铆cito, sino m谩s bien de garantizar su independencia para que nadie intentara presionarlos a trav茅s de acciones judiciales, para que realizara o se abstuviera de alguna conducta en espec铆fico.

De hecho, como durante mucho tiempo oper贸 a plenitud el control pol铆tico que significaba el poder del Presidente en el marco de un r茅gimen de partido hegem贸nico 鈥攜 茅l era quien decid铆a a qui茅n se le aplicaba la justicia, y a qui茅n no, independientemente de su calidad de servidor p煤blico鈥 fue hasta hace pocos a帽os cuando se vio el problema que representaba el llamado fuero para los servidores p煤blicos, y particularmente para los representantes populares. Hasta el momento en que ocurri贸 el intento de proteger a Julio C茅sar Godoy Toscano de la acci贸n de la justicia, se vio que el fuero s铆 pod铆a servir para fines distintos para los que fue creado.

De hecho, a Godoy Toscano le siguieron otros casos pat茅ticos como el de Luis Enrique Tar铆n Garc铆a; o el de los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo que tambi茅n estuvieron protegidos por el fuero para evadir sus responsabilidades frente a la justicia; y m谩s recientemente el caso de un diputado local de Guerrero que es acusado de ser el verdadero l铆der de una banda criminal conocida como 鈥渓os tequileros鈥. Esos, en un pa铆s de 120 millones de habitantes y una din谩mica bastante compleja, pueden seguir siendo considerados como hechos aislados. Sin embargo, es claro que son casos suficientes como para poder pensar en la eliminaci贸n de dicha figura.

FUERO Y JUICIO POL脥TICO

La Constituci贸n de la Rep煤blica establece varios mecanismos para sancionar a los servidores p煤blicos que incurren en alguna responsabilidad relacionada o con su encargo, o con sus asuntos personales. En este sentido, es menester distinguir que el Juicio Pol铆tico tiene efectos distintos a los que tiene el Juicio de Procedencia, popularmente conocido como desafuero, y que tambi茅n uno y otro puede ser aplicado a distintos tipos de servidores p煤blicos, que no necesariamente son los mismos para uno y otro. Veamos.

Primero, el Juicio Pol铆tico est谩 definido como un procedimiento de orden constitucional que realizan las c谩maras del Congreso 鈥搇a C谩mara de Diputados como 贸rgano de acusaci贸n y la C谩mara de Senadores como 贸rgano de sentencia鈥, para hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios p煤blicos que la Constituci贸n establece, y que incurren en responsabilidad durante el ejercicio de sus cargos, con independencia de los juicios penales que se sigan en su contra por dicha raz贸n.

Este juicio puede comenzar durante el ejercicio de las funciones del servidor p煤blico o dentro del a帽o posterior a la conclusi贸n de su encargo, y deriva en una resoluci贸n administrativa y una sanci贸n pol铆tica. La sanci贸n administrativa consiste en la inhabilitaci贸n para ocupar todo cargo p煤blico durante el tiempo que determine la resoluci贸n de la C谩mara de Senadores 鈥搒entencia que es inatacable鈥; y la sanci贸n pol铆tica consiste esencialmente en el hecho de que cuando el servidor p煤blico procesado se encuentra en funciones, es destituido de su cargo en virtud de la sentencia del Senado que lo encuentra responsable de las faltas que se le imputan.

Ahora bien, surge otra pregunta: 驴cu谩ndo procede el juicio pol铆tico? Se exige responsabilidad en juicio pol铆tico por cometer actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p煤blicos o de su buen despacho tales como: ataques a las instituciones democr谩ticas; a la forma de gobierno democr谩tico, representativo y federal; a la libertad de sufragio; por violaciones graves y sistem谩ticas a las garant铆as individuales o sociales; a los planes, programas y presupuestos de la administraci贸n p煤blica federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos econ贸micos federales y del Distrito Federal; por usurpaci贸n de atribuciones; tambi茅n por cualquier infracci贸n a la Constituci贸n o a leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federaci贸n, a una o varias entidades federativas o a la sociedad; o porque motive alg煤n trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

Seg煤n lo establece la Constituci贸n, no procede juicio pol铆tico contra el Presidente de la Rep煤blica (pues seg煤n el art铆culo 108 constitucional, 茅ste s贸lo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traici贸n a la patria y por la comisi贸n de delitos graves del orden com煤n); sin embargo, se puede operar la declaraci贸n de procedencia. Es decir, se le puede exigir responsabilidad penal.

El juicio pol铆tico com煤nmente es confundido con la declaratoria de procedencia. El primero tiene como fin sancionar pol铆ticamente al sujeto: es decir, menoscabando sus derechos pol铆ticos a ser votado, y a ocupar alguna otra responsabilidad en el sector p煤blico 鈥攃uesti贸n que no s贸lo se inscribe en sus derechos laborales, sino que tambi茅n y sobre todo se hace en el ejercicio de los derechos pol铆ticos鈥; el segundo, tiene como objeto 鈥渄ejar listo鈥 al individuo para que sea procesado judicialmente igual que cualquier otra persona que no est谩 protegido por esa inmunidad.

IGUALDAD REAL

Para poder generar un estado de cosas en el que verdaderamente exista igualdad procesal, s铆 debe pensarse en la eliminaci贸n del fuero pero tambi茅n en la evoluci贸n de las dem谩s figuras de control, como el juicio pol铆tico y el reforzamiento de todo el entramado institucional que regir谩 el Sistema Nacional Anticorrupci贸n y los sistemas locales. Es un deber ineludible empujar esas reformas que son indispensables y establecer condiciones para una justicia m谩s asequible y posible para todas las personas por igual.

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