El sismo del pasado siete de septiembre, es una circunstancia trágica y extraordinaria a la que ahora el gobierno federal debe atender con sensibilidad y responsabilidad. Aunque en un primer momento el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales es una buena noticia, lo cierto es que ante una situación como la que ahora viven miles de comunidades de la entidad, tan extensa y profunda en los daños, la federación debe hacer un esfuerzo extraordinario de solidaridad con Oaxaca para que la reconstrucción no implique endeudar —aún más— las arcas estatales. Es un tema por demás importante, del que vale la pena abundar.
En efecto, el pasado 14 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una primera declaratoria de desastre natural para 284 municipios de la entidad, por el sismo ocurrido siete días antes; ayer, 18 de septiembre, se emitió una segunda declaratoria para 41 municipios más ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec.
Dichas declaratorias tienen como efecto inmediato que el gobierno estatal pueda tener acceso a los dineros del Fonden, en lo referente a los recursos que son necesarios para la atención de las emergencias. Es decir, que según los lineamientos del Fonden, a través de dichas declaratorias se logra acceder a dinero público, pero sólo el destinado para la provisión de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas y contenidas en las declaratorias, consistente en comida, medicamentos, y algunos insumos básicos para garantizar la subsistencia de los damnificados.
En una segunda etapa, el Fonden también contempla recursos para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública y privada, y ahí es donde verdaderamente tendrá que haber sensibilidad del gobierno federal ante una situación tan extraordinaria como la que ahora vive Oaxaca. Pues de acuerdo con los hechos, son cientos de comunidades oaxaqueñas las que sufrieron daños importantes tanto en edificios públicos —escuelas, hospitales, clínicas de salud, oficinas gubernamentales, etcétera— como en inmuebles privados en los que habitan o comercian las personas, y respecto de las cuales tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, han prometido que habrá tareas inmediatas de reconstrucción.
Ante tales promesas, es necesario comprender que el Fondo de Desastres Naturales es una herramienta de fondeo federal muy importante, pero que está lejos de ser la solución de fondo a las calamidades sociales derivadas de una contingencia, y que su operación afecta mucho más a las entidades federativas económicamente rezagadas, que a las que tienen una situación menos comprometida por su capacidad recaudatoria. ¿De qué hablamos?
De que para la atención de emergencias, el Fondo de Desastres Naturales establece recursos federales que pueden ser utilizados casi de manera inmediata. Sin embargo, para las tareas que se encuentran más allá de la atención durante la emergencia, las propias reglas de operación del Fonden establecen la necesidad de que los gobiernos de las entidades federativas, y los ayuntamientos, aporten ciertos porcentajes de los recursos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, como requisito para que la federación pueda realizar las inversiones correspondientes.
Para el gobierno federal constituye una ventaja contar con el Fonden, ya que éste es un fondo específico para la atención de las consecuencias ocasionadas por los desastres naturales. El problema es que generalmente las entidades federativas no cuentan con un fondo más o menos similar al Fonden, pero a nivel local; y que si eso ya es improbable, resulta aún menos posible que los gobiernos municipales cuenten con una partida, o un fondo, para poder garantizar las aportaciones necesarias para el acceso a los recursos del Fonden.
EL FONDO Y SUS VICISITUDES
Por ejemplo, las reglas de operación del Fonden establecen que ante un desastre natural que implique daños en infraestructura pública, el Fonden aportará el 100 por ciento de los recursos que sean necesarios para la reconstrucción o rehabilitación de comunicaciones y transportes del orden federal; pero que aportará sólo el 50 por ciento en infraestructura del orden estatal o municipal, y que, respectivamente, tanto la entidad federativa como el municipio que corresponda deberá aportar el porcentaje de recursos que haga falta (50 por ciento) para realizar dicha reconstrucción.
El problema es que ocurre más o menos lo mismo, en prácticamente todas las áreas que son susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, tanto de infraestructura pública como en bienes muebles e inmuebles de orden privado, en un desastre natural identificado por las propias reglas de operación como un “fenómeno geológico”, que en este caso es un sismo. Cuando esto ocurre en una sola localidad, o en un conjunto determinado de municipios, las coinversiones municipales, estatales y federales pueden ser manejables.
El problema es que en este caso son más de 300 los municipios incluidos en la declaratoria de emergencia por el terremoto del pasado siete de septiembre, y muy probablemente sea un número similar el que quede determinado en las necesidades finales de inversión por parte del Fonden para labores de reconstrucción o rehabilitación de carreteras, escuelas, clínicas, hospitales, y todos los edificios públicos y privados del orden federal, estatal y municipal que colapsaron, o quedaron definitivamente dañados por el terremoto.
Todo esto es, además, independiente de lo que se debe invertir en la rehabilitación, reubicación y/o reconstrucción de viviendas. En ese caso, en la Sección Segunda de las Reglas de Operación del Fonden (numeral 32, cuadro 3 “Sector vivienda. Acciones de vivienda para damnificados”), se establece que para el rubro de Reparación y reconstrucción, el Fonden aportará el 70 por ciento de los recursos necesarios, y la entidad federativa o municipio aportará el 30 por ciento restante; pero que en el caso de reubicación y reconstrucción, para la adquisición de suelo apto para la reubicación, el Fonden sólo aportará el 10 por ciento de los recursos, y 90 por ciento restante será de recursos estatales; que para la introducción de servicios urbanos básicos, el Fonden aportará el 20 por ciento y el 80 restante por la entidad federativa; y que para la construcción en el mismo sitio, el Fonden aportará el 70 por ciento y el 30 por ciento restante se pagará con recursos estatales.
FUTURO ¿SOMBRÍO?
¿Qué significa esto frente a una contingencia del tamaño de la actual? Que para responder, el Estado de Oaxaca tendría que contraer una deuda monumental para responder a las reglas de operación del Fonden. Lamentablemente, Oaxaca no es una entidad robusta en fuentes de financiamiento propias: no tiene una recaudación local importante ni cuenta con recursos para hacer frente a una contingencia de esa magnitud. Por eso, debería ser el momento para que el gobierno federal estableciera un trato diferenciado y acorde a la situación, y no obligue a generar otro problema presupuestal de mediano y largo plazo para nuestra entidad.
