Luego de los sismos, es indispensable una auténtica vigilancia ciudadana a los recursos para la reconstrucción

Todas las formas de politización, frente a una desgracia como la ocurrida en Oaxaca ante los sismos del presente mes, es no sólo criticable sino que resulta esencialmente inadmisible. Por esa razón, hoy que están comenzando a trazarse las coordenadas para la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos ocurridos los días siete, 19 y 23 de septiembre, debe establecerse como un ingrediente fundamental la presencia de la ciudadanía en las labores de reconstrucción. Sólo así, el propio sector público podrá legitimarse y ofrecerle a los oaxaqueños un panorama del aparente destino irremediable de la corrupción y las interrogantes.

En efecto, los efectos producidos por los tres sismos que han azotado a la entidad en las últimas semanas, son exponencialmente más devastadores que prácticamente cualquier otro fenómeno de la naturaleza que haya ocurrido en las décadas recientes. No existe un antecedente de huracán, sismo o inundación que pudiera asemejar sus consecuencias con las de los fenómenos naturales de las últimas semanas. Es un hecho que, de forma no figurativa, ciudades enteras fueron arrasadas por la fuerza de los sismos, y que los daños se han profundizado por la incidencia de tres movimientos terrestres de gran magnitud, en un lapso de apenas 15 días.

Ante la dimensión del desastre, del drama y de la tragedia para miles de oaxaqueños, nadie quiere repetir las amargas experiencias de otros procesos de atención a desastres, que derivaron en grandes márgenes de corrupción, de las que no sólo se habrían beneficiado los funcionarios en turno, sino que sobre todo como consecuencia de ello se habría marginado a miles de oaxaqueños de los recursos que sí estuvieron disponibles para la atención de sus daños, pero que nunca llegaron gracias a que la discrecionalidad impidió que llegaran a sus manos.

De hecho, aquí mismo en Oaxaca existen algunas historias abrumadoras —algunas de ellas con datos muy concretos— de cómo en contingencias como el Huracán Paulina, o más recientemente con los deslizamientos de tierra en Mitlatongo, entre otros, hubo unos cuántos beneficiaros mientras a las comunidades se les marginó de la oportunidad de recuperarse integralmente no sólo en el momento de la contingencia sino en los meses posteriores cuando la atención mediática dejó de estar ahí, y entonces la discrecionalidad y la codicia le ganó la partida a la ayuda dispuesta para ellos.

Lamentablemente, Oaxaca no ha sido un caso aislado en cuanto a la corrupción emergida de un desastre de la naturaleza, sino que más bien es parte de un todo de mayor calado. Ya en esta administración federal, por ejemplo, existen graves señalamientos de corrupción en contra de funcionarios y dependencias estatales y federales, que actuaron indebidamente en las acciones de reconstrucción de amplias zonas de Acapulco que resultaron dañadas por las inundaciones en el año 2013.

Esa historia se ha repetido casi de manera constante frente a otras contingencias. Y por esa razón, independientemente del contexto particular de Oaxaca, existe hoy la exigencia de que el proceso de reconstrucción y otorgamiento de apoyos a los damnificados, no quede en el marco de la discrecionalidad para el gobierno y tampoco quede al arbitrio de quienes fácilmente podrían convertir esa ayuda en un objeto de la manipulación. Por eso es muy importante, primero la prudencia entre todos los funcionarios involucrados; y segundo, en hacer eco de fondo a los llamados concretos de ciudadanizar el proceso de reconstrucción de las zonas devastadas.

PASOS DETERMINANTES

Una medida importante de prudencia que han tomado la gran mayoría de los funcionarios del gobierno estatal frente a la tragedia del Istmo de Tehuantepec, ha sido su repliegue a favor del Gobernador. Ante una situación de tal magnitud ha habido importantes muestras de cautela entre la mayoría de los funcionarios que están presentes en el Istmo, pero sin incidir en otros temas que no sean los institucionales que tienen encargados. Así, por ejemplo, en el otorgamiento de ayuda humanitaria han abonado a la actuación de las fuerzas armadas; y ahora deben hacer lo mismo para el proceso de reconstrucción, que se debe hacer con mucha prudencia de la mano de la ciudadanía afectada.

En esa lógica, una medida que será fundamental es la que han planteado diversas voces respecto a la conformación de un Consejo Ciudadano que supervise las labores de entrega de recursos y materiales para la edificación de las nuevas casas en las zonas afectadas, y que incida en la planeación de lo que bien podrán ser nuevas ciudades construidas en las zonas devastadas.

En ello, si de verdad tienen voluntad de llevar a cabo un proceso legitimado y consensado de reconstrucción supervisado por la ciudadanía pero además con viabilidad técnica, los tres órdenes de gobierno deberán abandonar los lugares comunes de que sean los mecenas culturales de Oaxaca —el artista plástico Francisco Toledo, el filántropo Alfredo Harp, cantantes o personajes de la vida cultural o social de la entidad— quienes integren o encabecen esos esfuerzos, para darle paso a la verdadera ciudadanía interesada en el tema y con capacidades técnicas y profesionales para darle valor a dicho proceso.

En esa lógica, se necesitan ciudadanos capaces de influir en las decisiones que vayan tomando los órdenes de gobierno respecto a las tareas de reconstrucción; que vigilen que los recursos económicos y materiales destinados para ello, lleguen íntegros a sus destinatarios finales y al margen de cualquier forma de cooptación o condicionamiento político; deben vigilar, además, que todos los funcionarios involucrados actúen dentro de un marco definido de funciones para evitar que el trabajo se convierta implícitamente en proselitismo político.

Y, sobre todo, a esos ciudadanos los deben respaldar otros ciudadanos desde la sociedad civil para tener la capacidad de señalar, de denunciar y de hacer eco sobre los aciertos y errores que se cometan en ese proceso. Al final, el mayor activo y la mayor fuerza de un Consejo Ciudadano —al margen de su denominación— surge de su capacidad de hacer públicas las situaciones, y de contar con el respaldo de la ciudadanía como eje de su fuerza y legitimidad moral.

APROVECHAR EL ESCRUTINIO

Al final, nadie pone en duda que todos los funcionarios involucrados hagan su trabajo cabalmente. Sin embargo, hay tantas experiencias amargas y tantos malos augurios y antecedentes entre la gente, que la decisión más sensata que podría tomar el gobierno en el umbral de la reconstrucción, es abrir anticipadamente sus procesos al mayor escrutinio ciudadano posible. Ganaría mucho más, en el mediano y largo plazo, que con la intención de aprovechar la posible disposición de pesos y centavos que, al final, deben llegar a los damnificados.