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Era visible el desgaste que cargaba Raúl Cervantes como titular de la Procuraduría General de la República, y aún así no se esperaba una renuncia tan abrupta y sentida como la que ocurrió ayer en el Senado de la República. En realidad, la caída de Cervantes no es sólo un tema personal ni político: es un reflejo de la desconfianza hacia las instituciones, y de lo dispuestos que están los grupos políticos a seguir descalificando al Estado con tal de ver desacreditados a sus adversarios. En esa conjunción se explica este intempestivo cambio en la PGR.
En efecto, a través de su cuenta oficial de Twitter, la PGR dio a conocer que la mañana de este lunes, el funcionario anunció a la Junta de Coordinación en el Senado, que deja el cargo. Y luego del anuncio realizado de manera institucional, el propio Cervantes expuso dolorosamente algunas de las razones que lo llevaron a tomar la decisión de separarse de dicho cargo. De hecho, también a través de su cuenta de Twitter, Cervantes criticó que “algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para NO avanzar en aprobación de las leyes”, en referencia a las iniciativas relacionadas con la nueva Fiscalía General de la Nación.
“En próximos días, en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas Iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación”, por lo que para “no detener más las urgentes leyes que México necesita, he decidido enviar al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado mi renuncia irrevocable a la PGR (…) Yo NO tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, aseveró.
Dijo que el Constituyente no se equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una Fiscalía autónoma, pues “la Fiscalía General de la Nación es decisión correcta para que, con autonomía, fiscales o MPs decidan si procede o no ejercicio de acción penal”, ya que “sólo así se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”.
En ese mismo texto, luego de enumerar los logros alcanzados durante los meses de su gestión al frente de la PGR, Cervantes Andrade aclaró que “estos logros no son suficientes. No podemos ir más rápido, ni ser más eficientes si no hacemos YA transición a nuevo esquema institucional, NO se trata de personas. Se trata de construir mejores instituciones que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”. Por lo que dijo esperar que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, “tengan altura de miras y aprueben en breve las leyes que aseguren una fiscalía general y fiscalías eficaces, autónomas e independientes en todas las entidades”.
HISTORIA DE EXABRUPTOS
Todo esto ocurre después de una historia política particularmente atropellada, que se marcó desde que Cervantes intentó convertirse en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se recuerda, luego de la aprobación de la reforma energética (periodo en el que Cervantes Andrade fungió como Presidente del Senado) presentó una licencia indefinida a su escaño bajo el pretexto de dedicarse a cuestiones académicas. Todos sabían que, en realidad, quería prepararse para brincar a la Corte, cuestión que no logró luego de que varios partidos se pronunciaran por su inviabilidad para convertirse en togado dada su afinidad política con el PRI.
Cervantes regresó a su escaño luego de hacer pública su declinación a cualquier posibilidad de buscar un espacio en el Máximo Tribunal de Justicia en el país; y meses más tarde fue propuesto por el Presidente para ocupar la titularidad de la PGR, cuando la también senadora Arely Gómez González fue propuesta para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Función Pública, en sustitución de Virgilio Andrade. Cervantes no fue vetado porque aún cuando el nombramiento debe ser hecho por el Senado a partir de una propuesta presidencial, se entiende que mientras la PGR no sea autónoma ésta sigue siendo responsabilidad del Ejecutivo y por eso tradicionalmente el cargo no se veta independientemente de a quién proponga el Presidente para esa responsabilidad.
No obstante, el golpeteo llegó casi de inmediato cuando se puso sobre la mesa la posibilidad —de nuevo, nunca confirmada pero que sí era una intención presidencial— de que Cervantes se mantuviera el tiempo necesario hasta la emisión de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General, para que entonces en automático —así lo establecía uno de los transitorios de la reforma constitucional que contempló la autonomía plena de la PGR, una vez que tomara el nombre y las atribuciones de la Fiscalía General de la República— fuera nombrado como Fiscal General y durara en su cargo el tiempo que establece la Constitución para ello (nueve años).
Voces variopintas denunciaron el supuesto madruguete —que los mismos partidos denunciantes habían respaldado cuando ocurrió la reforma— que intentaba cometer el Presidente para heredarle a Cervantes a la siguiente administración federal, y entonces acuñaron el mote del “fiscal carnal” para establecer que el nombramiento del ahora ex Procurador era consecuencia de un compadrazgo y no de sus verdaderas capacidades como jurista y como servidor público.
De nuevo, Cervantes fue un blanco contingente de las reyertas políticas entre grupos. Y finalmente eso le provocó una merma importante en su credibilidad, que en realidad no tenía casi nada que ver con su desempeño como titular del Ministerio Público de la Federación. La estocada final se la dieron hace algunas semanas, cuando se dio a conocer que es propietario de un vehículo Ferrari que está emplacado en una entidad en la que no se paga Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, cuando en realidad él radica y ostenta dicho vehículo en la Ciudad de México.
Por eso ayer, luego de esa cascada de señalamientos y descalificaciones, Cervantes Andrade presentó su renuncia en medio de un halo de amargura que denotaban sus palabras. Queda claro que finalmente pudo más su cercanía con el grupo gobernante —y el desgaste del peñismo— que sus capacidades personales y profesionales. Pudo más, también, el ánimo de otros grupos de golpear al Presidente incluso desdiciéndose de sus propias reformas, que la posibilidad de impulsar una discusión seria sobre el futuro de la Fiscalía —incluso sin Cervantes en ella— pero sin descalificar a esa institución, que de por sí ya enfrenta un descrédito natural, hoy agravado por las circunstancias.
SISTEMA, A PUNTO DEL FRACASO
Lo que debe verse, en el fondo, es que lo que peligra es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pues el Presidente no tiene la voluntad suficiente para impulsarlo, pero la oposición tampoco. El Sistema sigue estando ‘mocho’, y lejos de abonar a la conformación de las figuras periféricas del sistema —la Fiscalía General, entre ellas—, todos apuestan a seguir desacreditando a las instituciones como una forma eficaz de ganar batallas políticas. Lamentable.
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