Uno de los peores cánceres sociales de nuestro país está en la normalización de la violencia contra los periodistas

Lo peor que puede ocurrir en una sociedad, es que se acostumbre a vivir en condiciones inadmisibles. Asumir esas condiciones implica no sólo aceptar la indignidad de esa forma de vida, sino renunciar a la eterna aspiración social de vivir siempre en un contexto de progreso. Progresar, para cualquier sociedad, implica la mejora de las condiciones en las que todos viven. Por eso, normalizar los distintos tipos de violencia que aquí ocurren —como la imparable ola de crímenes cometidos contra periodistas— implica la renuncia tácita a la dignidad, a la seguridad, al progreso y al Estado de Derecho.

En efecto, ayer se dio a conocer que Gumaro Pérez Aguilando, reportero de La Voz del Sur, fue asesinado a tiros durante un festival escolar al que asistía, en el municipio de Acayucan, Veracruz. El homicidio ocurrió, de acuerdo con la información, en la escuela Aguirre Cinta, ubicada en la calle Rébsamen, colonia Villa Alta de esa localidad, donde se realizaba un festejo navideño en el que participaba el hijo del reportero.

Pérez Aguilando, de 35 años, cubría la fuente policíaca para La Voz del Sur, un diario del que también era fundador. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres se introdujeron a la institución educativa y dispararon contra Pérez Aguilando. “Estamos en shock, en espera de que entreguen el cuerpo y saber qué vamos a hacer junto con su familia”, dijo a Reuters un representante de la Asociación de Periodistas Independientes de Acayucan, que prefirió permanecer en el anonimato por seguridad. Testigos han dicho que fue solamente un hombre el que entró al salón de clases de su hijo y disparó directamente contra Gumaro en cuatro ocasiones, agregó el integrante del organismo al cual también pertenecía Pérez.

Casi al mismo tiempo de que se diera a conocer lo anterior, se supo también que de acuerdo con el balance anual de Reporteros sin fronteras, al menos 12 periodistas han muerto en México durante el 2017, cifra que iguala a Siria como el país más peligroso para los reporteros. El reporte informó que sesenta y cinco periodistas murieron en el mundo en 2017, de los cuales 50 profesionales, siete “periodistas ciudadanos” (blogueros) y ocho “colaboradores de medios”, según el balance de la organización publicado este martes.

2017 fue el año menos mortífero de los últimos 14 para los periodistas profesionales en el mundo, pero el balance sigue siendo muy elevado. Como el año pasado, Siria sigue siendo el país más peligroso con 12 periodistas muertos, le sigue México con 12, frente a nueve en 2016; Afganistán, con nueve; Irak, con ocho, y Filipinas con cuatro. Este balance se debe a que, como lo subraya RSF, los países peligrosos se vacían de periodistas o a que estos están mejor protegidos.

Unos 65 profesionales y no profesionales murieron en 2017. De ellos, 39 fueron asesinados o blancos explícitos, mientras que 26 perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones. Si bien los conflictos armados ponen en peligro la vida de los periodistas que los cubren, en países como México cárteles y políticos locales hacen reinar el terror, obligando a muchos periodistas a “dejar su país o su profesión”. Así, México es el país en paz más peligroso en el mundo para los reporteros, según RSF.

Esto no sólo nos coloca, como país, en una situación de preocupación sino de autentica indignación por esta ola imparable de crímenes, los cuales ocurren en un contexto generalizado de impunidad sobre el cual se debiera cuestionar no a una persona o ámbito de gobierno, sino al Estado mexicano en su conjunto por su incapacidad para generar condiciones de certidumbre en el ejercicio de derechos fundamentales, como el de expresarse y difundir información sin mayor cortapisa que los límites impuestos por la propia Constitución.

INDIGNIDAD NACIONAL

Los homicidios y las agresiones cometidas en contra de periodistas han ocurrido a lo largo y ancho del país. Han ocurrido con la complacencia, o por la incapacidad del gobierno federal, para establecer condiciones de certidumbre y de combate efectivo a la impunidad.

Han ocurrido también porque los gobiernos estatales se han tratado de desentender de sus responsabilidades y han preferido asumir el tema como una de sus competencias rebasadas, y no como un tema toral en el que también debieran intervenir mucho más allá de las buenas intenciones o los mecanismos que sólo son creados en apariencia. Hay corresponsabilidad de los ayuntamientos porque al no tener la capacidad de brindar condiciones mínimas de seguridad, ocurren crímenes abominables contra periodistas y también contra todas las demás personas.

Por eso, en realidad son los crímenes en general, y particularmente los cometidos contra periodistas —aunque éstos no sean ni más ni menos graves que los cometidos en contra de la población en general— los que revelan el nivel de violencia e impunidad que se vive, y el poco interés que la autoridad ha puesto para tratar de enfrentar esta situación.

Esta situación debiera ser preocupante para todos, y no sólo un tema de activistas, de las asociaciones de periodistas, y de las comisiones de derechos humanos. En esos tres ámbitos las posibilidades de incidencia están rebasadas, a partir de que todos han fracasado en la posibilidad de generar condiciones de certidumbre para el ejercicio de las libertades básicas. Por esa razón, este ya no debería ser sólo un tema de activistas o grupos especializados sino de toda la sociedad en general; y la inconformidad y el reproche social tendría que ir encaminado no sólo en contra de un ámbito de gobierno o un partido en específico, sino contra todos los que de una u otra forma han sido parte de este clima de incertidumbre e impunidad que agobia hoy a nuestro país.

No es, y no será buena noticia que esto siga pasando. Pero es todavía peor el hecho de que mientras esto ocurre todos lo asumimos como algo cada vez más normal, o buscamos la forma de encontrarle una excusa o una explicación a lo que simplemente debería ser inadmisible. El argumento fácil es culpar sólo al PRI o a Peña Nieto, cuando queda claro que esta es una corresponsabilidad de todos los que ejercen el poder en los tres ámbitos de gobierno, en todos los rincones del país, y que por ende todo adquiere una dimensión mayor que nos equipara a países en guerra por este grado de impunidad y de sacrificio a las libertades fundamentales.

NO MÁS

Eso debiéramos exigir. Con fuerza y con convicción, pero más allá de los gritos. ¿De qué han servido todas las inconformidades si, por ejemplo, en Veracruz, han gobernado dos partidos distintos, con dos intenciones aparentemente distantes, pero con los mismos resultados funestos? No en las calles, sino ahí, en las urnas, es donde debiera estar el reproche y el rechazo real y de fondo.