Capacita PJEO a personal en disciplina financiera y sistema anticorrupción

Por instrucciones del Magistrado Presidente Raúl Bolaños Cacho, experto en la materia orienta a los servidores públicos a administrar los recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera y conocer a Fondo el Sistema Anticorrupción que rige a los servidores públicos al servicio de los tres Poderes del Estado, la dirección de Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJEO) realiza la capacitación de personal administrativo que labora en esta institución.

Así, en las instalaciones de la Escuela Judicial perteneciente al complejo administrativo del Poder Judicial y ante la presencia de integrantes de las direcciones de Finanzas, Planeación y Administración, el licenciado en Contaduría Pública y en Derecho, Carlos Manuel Lamadrid Márquez, miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Oaxaca, abordó cada uno de los temas que implican la obligación de sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley, misma que obliga a los servidores públicos a administrar los recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

El también Maestro en Fiscal instruyó a los presentes sobre los Criterios Generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera que regirá a los Entes Públicos para un manejo sostenible de las Finanzas.

El expositor, quien también es catedrático de las Universidades Mesoamericana, La Salle y Anáhuac dio a conocer a los asistentes los nuevos criterios para la elaboración y presentación homogénea de la Información Financiera para el ejercicio 2018, lo que coloca a la Dirección de Finanzas del Consejo de la Judicatura a la vanguardia en el manejo de la Información Financiera.

Cabe destacar que esta capacitación despertó mucho interés entre los participantes, generando una nutrida sesión de preguntas y respuestas, demostrando con ello el compromiso firme del titular del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho de mantener permanentemente actualizados a quienes laboran en diversas direcciones de esta Honorable institución.

Entre las propuestas de los candidatos, ya no debería mantenerse la de seguir bajando salarios a la burocracia

Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con las inestabilidades políticas y sociales propias de aquella época. Pero también, con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En estos tiempos de gran incertidumbre y promesas de combate a la corrupción, el gobierno debiera tener prudencia y cuidado para evitar que, en nombre de la austeridad y la reducción de salarios y personal, vuelva involuntariamente al pasado.

En efecto, más allá de la típica visión maniquea —que reiteradamente expulsa del servicio público a todos aquellos que sirvieron a los regímenes del pasado—, hoy para cualquier empleado de alguno de los tres ámbitos de gobierno es claramente perceptible que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos. Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios estatales, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados.

En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno es el mayor empleador de Oaxaca, y por esa razón ofrece empleos que ofrecen cierta seguridad pero, en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.

Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.

¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?

El resultado es un servicio público de menor calidad, con más riesgos y con nulas posibilidades de mejora. Los indicadores así lo señalan.

SUBIR LOS SALARIOS

Vale la pena echar un vistazo al análisis frío de números que pone en la palestra la situación real de los empleados de la burocracia en la administración pública federal.

Pues como lo dice Enrique Huesca (http://bit.ly/1FoORjT), cuestionar a la Administración Pública en el ejercicio del gasto público es producto de la madurez de un pueblo, pero también es producto de la estatura de una nación construir un servicio civil bien remunerado que asegure técnicos preparados para la conducción de las áreas especializadas del país. Singapur, el gran ejemplo de ciudad-estado del lejano oriente, entendió durante el gobierno de Lee Kuan Yew, que para tener una burocracia eficiente, eficaz y fuera de la tentación de la corrupción, había que remunerar justamente a los servidores públicos. El criterio de los tabuladores de sueldo en esta nación no los pone el Estado, sino el mercado. Bajo ese criterio, en México el análisis se determinaría de la siguiente manera: el sueldo del Director de Programación y Presupuesto de SCT debe de ser equivalente al de un director de finanzas de un banco; muy probablemente el primero tiene mayor responsabilidad, pues le hemos encomendado el ejercicio, control y seguimiento de $119 mil millones de pesos que tuvo asignada dicha Secretaría en el PEF 2014.

Lo anterior ayudaría a evitar la pérdida de talentos y situaciones de corrupción. Para funcionarios con nivel de jefes de departamento, que ganan mensualmente entre $13,825.05 y $22,828.90 y llevan sobre sus hombros el otorgamiento de licencias en un Centro SCT, por poner un ejemplo, no es difícil caer en la tentación de vender un permiso. Un subdirector encargado precisamente de la política de servicios personales en este rubro puede ganar entre $20,094.76 a $36,367.26. La pregunta que nos deberíamos hacer antes de cuestionar estas retribuciones públicas sería cuánto gana su par de recursos humanos en Bimbo o Telmex y quién llega al millón de empleados administrados.

Cuando un testador o un fideicomitente constituyen un fideicomiso con bienes de su patrimonio, buscan que el fiduciario sea una institución sólida, profesional, eficiente y confiable. Esos mismos criterios son los que los ciudadanos deberían buscar en el servicio público cuando encomiendan el manejo del patrimonio nacional. Sin embargo, parecería que la comentocracia no coincide con estos criterios: no está dispuesta a que se pague lo justo por esos servicios.

REPENSAR MANIQUEÍSMOS

Son reveladores los datos y las reflexiones que ofrece Huesca: México requiere servidores públicos de primer orden, pero los ciudadanos, y particularmente la opinión pública, deben estar dispuestos a permitir que la Administración Pública obtenga y pague buenos talentos en todos los niveles. Cada vez que critiquemos el salario de un funcionario, pensemos antes si la retribución es proporcional a sus responsabilidades y trabajemos para que así sea. De otra manera, a un buen talento siempre le estará esperando una mejor oportunidad. Cuando levantemos la voz contra el servicio público recordemos que es el único sector que desde el año 2000 no recibe un aumento y que, año con año, su salario no se actualiza con la inflación. Si hacemos la cuenta del poder adquisitivo perdido, probablemente encontremos una correlación estadística con los talentos que también se fueron del servicio a la nación.

Realiza el TSJO foro sobre el feminicidio en México

La Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.

Con el objetivo de reflexionar, analizar y visibilizar la violencia contra las mujeres y el Feminicidio como problema global, la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (PJO), realizó este viernes el Foro “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia” con la participación de la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario, Luz Idalia Rojas Osorio, así como las Maestras Jazibe Valencia de los Santos y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

En el auditorio del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO), la Magistrada Maribel Mendoza Flores, presidenta de la Primera Sala Penal, dio la bienvenida a los asistentes y a las panelistas en representación del titular del Poder Judicial, Magistrado Raúl Bolaños Cacho.

“Desde este espacio, como funcionaria pública y como mujer hago un llamado a todos los órganos de procuración e impartición de justicia para que seamos diligentes en nuestra función, para que apliquemos la perspectiva de género, contribuyendo a frenar el Feminicidio que tanto afecta a la sociedad”, dijo la magistrada Mendoza Flores.

Luego de recordar la figura de la ilustre oaxaqueña, Ministra María Cristina Salmorán referente en la lucha de los derechos y oportunidades de las mujeres en México, lamentó que históricamente las mujeres y las niñas han sido y siguen siendo víctimas sistemáticas de la desigualdad estructural y de la violencia.

Sin embargo, la Magistrada Maribel Mendoza Flores reconoció avances en los derechos de las mujeres como el juzgar con perspectiva de género, que “es ya una obligación constitucional y convencional”.

Por su parte, la Magistrada Luz Idalia Rojas Osorio, del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el Estado de Oaxaca al hablar de “Casos emblemáticos nacionales e internacionales de los derechos humanos de las mujeres víctimas de Feminicidio”, dijo que fue hasta en el 2010 en que el término Feminicidio fue utilizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en Chimalhuacán, Estado de México.

Por su parte, la Maestra Jazibe Valencia de los Santos, directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, presentó su ponencia “El Feminicidio en México: retos y desafíos en el acceso a la justicia”.

En su intervención dijo que la tipificación del delito de Feminicidio es una obligación que los estados tienen de adecuar sus legislaciones a instrumentos internacionales. “Las leyes tienen que ser congruentes con las circunstancias, porque si la sociedad avanza, también avanzan y se recrudecen las manifestaciones de violencia; hablar de política criminal con perspectiva de género es fortalecer estrategias de persecución y sanción de los responsables de ejercer esa violencia buscando el castigo ejemplar”.

Finalmente, la Maestra Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, directora del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó la ponencia “Alerta de Género como instrumento preventivo y de garantías para la seguridad de las mujeres”.

Informó que en este año la CNDH ha abierto 11 carpetas de investigación por homicidio doloso de los cuales 2 están tipificados como Feminicidio.

Lamentó que la violencia contra las mujeres avance, mientras el marco legislativo para contralarlo se encuentra estancado al tiempo que demandó de la federación y los gobiernos estatales más recursos para aplicar medidas preventivas que protejan a la mujer, “porque este flagelo no puede esperar más”, sostuvo.

Es de señalarse que fungió como moderador de este foro, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez.

Minando al MP federal, ¿se podría abrir la puerta a organismos internacionales de combate a la corrupción?

El desgaste que vive actualmente la Procuraduría General de la República, abre posibilidades que hasta ahora han sido poco conocidas fuera de los círculos académicos e intelectuales en los que normalmente se tienen casos de estudio de otras naciones. Es un hecho que en México, ese desgaste que se nota en la figura del órgano de procuración de justicia nacional tiene su origen en las decisiones que se han tomado desde el poder, pero también —y sobre todo— por la desconfianza ciudadana que, a estas alturas, parece insalvable. ¿Qué podría ocurrir ante esta evidente pérdida de credibilidad?

En efecto, en nuestra entrega anterior sosteníamos que una de las primeras necesidades de fondo que tendrá quien resulte electo Presidente el próximo 1 de julio, será la de generar las condiciones y establecer las bases —jurídicas y políticas— para la transición entre la agonizante Procuraduría General de la República, y la nueva Fiscalía General de la República, y también para propiciar el nombramiento del nuevo Fiscal General. Hoy, con el enésimo uso de la PGR como un instrumento de orden político, y de cara a los antecedentes del órgano de procuración de justicia, es claro que la viabilidad de la PGR es sólo de corto plazo, aún siendo optimistas.

Lo que queda, en realidad, es la transición de instituciones y el nombramiento de un nuevo funcionario. Si bien será necesaria una enorme inversión de capitales políticos para culminar el proceso de creación de la Fiscalía General, resulta todavía más complejo el proceso político y legislativo para el nombramiento del nuevo Titular de la Fiscalía. Ello implica un proceso sinuoso y complejo, y aún así no se ataja por completo la posibilidad de que de todos modos tanto el proceso, como la persona que resulte electa, no genere la suficiente legitimidad entre los mexicanos, por sus rasgos de independencia, idoneidad y compromiso con la ley.

En ese escenario, que no resulta del todo descabellado, y que puede ocurrir si de nuevo la clase política pondera sus intereses por encima de temas como la correcta aplicación de la ley y el combate a la corrupción, entonces habría que pensar en nuevas formas —para México— de enfrentar esos flagelos que lastiman en su conjunto a la sociedad mexicana. No son nuevas las formas, porque en otros países ya se ha recurrido a organismos supranacionales no sólo para procurar, sino también para impartir justicia. Y ese sería un punto relevante por el momento actual que vive el país.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, Estados Unidos a través de la Organización de las Naciones Unidas, impulsó la creación de una comisión que fuera coadyuvante de su figura del Ministerio Público, para la investigación y persecución de casos de corrupción. A esa Comisión se le reconoció la facultad de ejercitar la acción penal directamente. Y el resultado fue el propio enjuiciamiento del Presidente de aquella nación, que se vio obligado a dejar el poder para enfrentar acusaciones relacionadas con su participación en la comisión de delitos relacionados con importación y exportación de productos en condiciones ilícitas.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Junto a figuras como la utilizada en Guatemala, hay otras. De acuerdo con Mark L. Wolf, la ‘grand corruption’, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos. La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción (http://www.nexos.com.mx/?p=30452).

Según Wolf, el primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.

Debe reconocerse que la corrupción sistémica no es un crimen sin víctimas. Sus costos y consecuencias son devastadores. Los gobiernos corruptos facilitan la adherencia a grupos terroristas en muchos países, como Nigeria, y proveen refugios seguros para terroristas internacionales en países como Afganistán y Yemen. De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger. Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq y Siria— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Y luego, Wolf va al problema particular de México, al señalar que la corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas. Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos. Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes. Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.

Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del IMCO: ¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.

¿IR POR UNA CORTE?

Es complejo el basamento de una corte internacional anticorrupción. Pero la cuestión central es que ya se habla del tema; que éste no es privativo de México, y que aunque incipiente, es una discusión que en el mediano plazo tendrá contenido. El SNA es el primer paso antes de llegar a esta figura, que quizá pudiéramos llegar a ver en operación en los próximos años.

Poder Judicial y UABJO firman convenio de colaboración

El magistrado Raúl Bolaños Cacho y el rector Eduardo Bautista Martínez signan el documento por el cual ambas instituciones suman esfuerzos en capacitación profesional, docencia e investigación, entre otros

El Presidente del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho y el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) Dr. Eduardo Bautista Martínez acordaron sumar esfuerzos al suscribir este miércoles un convenio de colaboración en materia de la docencia, la capacitación profesional, la investigación, así como en la extensión y difusión de la cultura.

En un acto realizado en el Salón del Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que se ubica en Ciudad Judicial, Bolaños Cacho dijo que esa institución está abierta a la comunidad universitaria, especialmente para los jóvenes que cursan la carrera de Derecho.

Subrayó que magistrados, jueces y todo el personal que integran el Poder Judicial se encuentran entregados al trabajo para brindar buenas cuentas a la ciudadanía. “Estamos consolidando el Sistema Acusatorio Adversarial y se labora intensamente en la oralidad mercantil y familiar. Espero que en fecha próxima los estudiantes de Derecho presencien una simulación de audiencia en el Sistema Oral Mercantil”, señaló.

El Magistrado Presidente valoró el reconocimiento que hizo la UNESCO al Archivo Histórico del Poder Judicial e invitó a los estudiantes a conocer el acervo que ahí se preserva.

Por su parte, el rector Eduardo Bautista Martínez dijo que este convenio será productivo entre ambas instituciones las cuales desarrollarán proyectos conjuntos de capacitación y asesoramiento, así como la investigación y difusión académica, entre otros.

Fungieron como testigos en la firma de este acuerdo la directora de la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, Mtra. Yanis Santiago Rodríguez y la asesora de Rectoría, licenciada Yarib Hernández García.