¿Es por confianza en su triunfo, o por la preocupación de su gobierno, que hoy AMLO pide votos para sus legisladores?

En sus últimos spots de radio y televisión, el candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador cambió radicalmente el sentido de su discurso, y dejó de orientarlo al llamado “proyecto alternativo de nación” o a su figura en específico, para centrarlo en el voto a los candidatos a diputados federales y senadores por su partido. En alguna lectura política, ese cambio se interpretó como parte de la confianza del tabasqueño sobre su fortaleza y posible triunfo; aunque más bien, esto debe ser visto como la preocupación por la aparente imposibilidad de romper la inercia de la pluralidad en la integración de las cámaras federales, y con ello ver frenados —frustrados, quizá— los objetivos de su gobierno.

En efecto, una de las cuestiones por las que desde hace al menos dos años se ha acusado a López Obrador de inequidad en la larga carrera por la presidencia de la República, es porque siendo éste Presidente Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional, utilizó los tiempos oficiales de radio y televisión para proponer no las propuestas o la plataforma de su partido, sino esencialmente su figura y algunos mensajes muy concretos. Ello, desde el inicio, estableció la idea de que Morena era inexistente sin Andrés Manuel o que, en el mismo sentido, Morena era en realidad un simple vehículo institucional del tabasqueño para apuntalar sus aspiraciones presidenciales, y para poder acceder formalmente a la postulación por la vía partidaria.

Los resultados han sido claramente redituables. Pues además de que las propias condiciones del país le han terminado dando la razón —en apariencia— a lo largamente denunciado por López Obrador, mucho ha tenido que ver para su crecimiento y reposicionamiento como candidato presidencial, el hecho de que ha estado largamente expuesto a los medios masivos de comunicación, y que hasta ahora ha encontrado en el proceso de preparación de las campañas a dos candidatos grises que no han tenido la capacidad de superar sus respectivos lastres e inconsistencias de sus equipos de campaña.

A todo eso se suma hoy el hecho de que López Obrador tiene cautivada a una importante masa de votantes entre los militantes de su partido, y sus simpatizantes. Por eso no ha sido raro que en los últimos años, los únicos actos de campaña de miles de candidatos de Morena a cargos de elección popular hayan consistido en la toma de la fotografía —a veces fotomontaje— con el tabasqueño, para asociar las imágenes y los nombres a los de López Obrador, y así tener cierta ventaja frente a sus competidores.

Lo cierto, en todo esto, es que hoy López Obrador se asume claramente como un candidato robusto que ya no necesita seguir alimentando el ego de la imagen, y que más bien tiene que comenzar a preparar las condiciones para su gobierno. En esa lógica, lo que en un inicio pudiera verse como un desplante o un acto de soberbia, en realidad parecería estar más encaminado a generar las condiciones que hacen falta para poder consolidar un gobierno cómodo que le permita los márgenes para cumplir con su polémico y contradictorio programa de gobierno, y con las promesas concretas que también ha lanzado.

Si a Andrés Manuel le queda claro que aún en una democracia incipiente como la nuestra, sería imposible gobernar por decreto, entonces le debe preocupar sobremanera no ganar los suficientes espacios en el Congreso.

GOBIERNO SIN FUERZA

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que de llegar a ser Presidente podría tomar decisiones del tamaño de la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, la venta del avión presidencial, la cancelación de las reformas educativa y energética, y la modificación de los esquemas de combate a la corrupción y de nombramiento de los integrantes de órganos del Estado a los que la Constitución federal ya les reconoce plena autonomía, y sobre los que señala que su nombramiento es potestad del Congreso y no del Ejecutivo.

A estas alturas, a López Obrador le debe quedar claro que habría algunas decisiones que sí podría tomar y procesar como Presidente, pero que habría otras sobre las que simplemente no podría actuar. En el caso de la cancelación del nuevo aeropuerto o la venta del avión presidencial, tendría que establecer innumerables condiciones no sólo relacionadas con las acciones del Ejecutivo, sino también con la forma en que el propio Estado procesa los compromisos que contrae de forma institucional.

No obstante, todo cobra mayor complejidad cuando se asume la sola posibilidad de que el tabasqueño quisiera cancelar la reforma educativa o la energética. En ambos casos, la implementación y seguimiento de las reformas se encuentra en manos de órganos constitucionalmente autónomos —el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el caso de la reforma educativa; y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros órganos no dependientes ni de Pemex ni de la Secretaría de Hacienda, en el caso de la reforma energética— y no del Ejecutivo, como para que él quisiera encabezar los trabajos de desmantelamiento de dichas reformas.

Más aún: el propio Andrés Manuel sabe que en el caso de reformas como la educativa, tendría que ser su obligación no sólo la de impulsar la derogación de las disposiciones actuales, sino también y sobre todo, la de suplir esas normas por otras. Sería imposible pensar que podría derogar la reforma educativa —con todo el entramado legal que eso implica— para simplemente dejar todos los temas educativos en la situación en que se encontraban antes de la reforma. El principio constitucional y convencional de progresividad de las normas que contienen derechos humanos —y el derecho a la educación es uno de ellos— impedirá una derogación lisa y llana y le terminará imponiendo la obligación de quitar una reforma educativa para impulsar otra.

Todo eso debe estarle preocupando a Andrés Manuel, a partir de una cuestión bastante concreta: está entendiendo que a pesar de la autocracia de su partido y de la verticalidad de las decisiones en el partido político que él comanda, al país no podrá administrarlo de la misma forma. Habrá diversos contrapesos a los que se tendrá que sujetar, y tendrá también que someterse al desgaste ciudadano que implicará el hecho de que deje de ser el líder opositor para convertirse en el presidente en turno.

SALVARSE EL FUTURO

Por esa razón hoy debe estar particularmente preocupado por impulsar el voto para sus candidatos a diputados y senadores, como una forma de allanarse el camino de su posible gobierno, pero también de salvarse —al menos parcialmente— del implacable juicio de los ciudadanos que ya están enojados, y que aún con su triunfo, seguirán molestos como hasta ahora.

Luego del 1-J, el reto será la gobernabilidad de un país que quizá se mantenga sin consensos ni mayorías definidas

Es demasiado pronto para suponer anticipadamente que ya hay un ganador en la carrera por la Presidencia de la República, y que por ende el destino del país está ya predeterminado. Lo es, porque hasta dentro de algunos días inician las campañas proselitistas; pero lo es mucho más, porque independientemente de quién gane, es muy probable que en México se mantenga la tendencia al triunfo de las mayorías relativas y de la pluralidad en los órganos legislativos. Más que para el resultado de la elección, los mexicanos debíamos estarnos preparando para los tiempos posteriores a la asunción del nuevo Presidente, porque sin duda aquel será el verdadero periodo de los grandes disensos y de las divisiones que tienen al borde del colapso a nuestro país.

En efecto, hoy en día todas las expectativas están puestas en las encuestas publicadas en la víspera del inicio de las campañas proselitistas. Todas, sin excepción, le dan a Andrés Manuel López Obrador una ventaja por demás cómoda, como el puntero en la preferencia de la ciudadanía. Ubican también a José Antonio Meade peleando fuertemente el segundo lugar en la contienda al panista Ricardo Anaya Cortés, aunque ambos colocados cuando menos 15 puntos de ventaja por debajo del tabasqueño.

Hasta ahora, todas las preocupaciones rondan sobre qué haría López Obrador de llegar a ser presidente. Hasta ahora, el Candidato Presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, ha dicho por ejemplo que cancelaría las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; que dejaría sin efecto la reforma educativa que establece la evaluación como mecanismo de permanencia y promoción para los maestros del país; ha anunciado también que cancelaría la reforma energética, y que construiría nuevas refinerías para dejar de comprar combustibles refinados al extranjero.

Todo eso genera una enorme inquietud porque pareciera que López Obrador es un verdadero candidato antisistema, que según sus propias aseveraciones, iría en contra de varios de los pilares más importantes del establishment mexicano de los últimos tiempos, y particularmente de las reformas que impulsó el gobierno saliente. Todas esas inquietudes se convierten en preocupación, cuando las decisiones previsibles del candidato presidencial tocan intereses empresariales de alto nivel, e incluso se reflejan en cuestiones como el tipo de cambio de la moneda mexicana frente al dólar, o en la confianza —o desconfianza— que los mercados internacionales y calificadoras le dan al manejo financiero de nuestro país frente a decisiones de ese calado.

Hoy, de hecho, el país se enfrenta ante cuestiones que tienen que ver no sólo con la forma en que los mexicanos procesaremos la decisión democrática de elegir a nuestro próximo presidente, sino sobre a todo a la incertidumbre que está generando el propio proceso electoral como, sobre todo, lo que ocurra después de ello. Hay quienes ver una catástrofe con el solo hecho del resultado electoral, y hay también quienes confían en que “algo” va a ocurrir para salvar al país del populismo o de las posibles decisiones contrasentido del candidato presidencial que va a la cabeza en las preferencias electorales.

EL DÍA DESPUÉS DEL 1-J

Puede ganar la elección cualquiera de los tres candidatos presidenciales, pero hay algunas circunstancias determinantes que no van a cambiar: una de ellas, es que de todos modos, quien gane la elección presidencial, lo hará teniendo en contra a la mayoría de los votantes —y con ello el sostenimiento y la continuación del largo proceso de polarización y enfrentamiento que ha vivido nuestro país—; y la segunda, que de todos modos, casi de forma independiente a cuál sea el resultado electoral, de todos modos —y qué bueno— el país no superará el dilema democrático de los últimos 20 años, en el que el Poder Legislativo Federal queda integrado por una pluralidad de fuerzas que necesita aliarse para concretar cualquier acción legislativa.

Esas dos cuestiones son determinantes. Gane quien gane, de todos modos continuará viviendo en medio del complejo proceso de polarización y confrontación que ha caracterizado a nuestro país en los últimos tiempos. Los partidarios de una u otra fuerza, dan por hecho que al ganar su candidato habrá una victoria/derrota determinante para los adversarios, y que entonces podrán gobernar con homogeneidad y consensos. Nada más alejado de la realidad, porque quien resulte ganador seguirá enfrentándose a una mayoría votante reclamándole todas y cada una de las decisiones que tome, y reclamándole a sus representantes populares —como ocurre hoy con los antiguos aliados del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto— por trabar cualquier tipo de acuerdo con el oficialismo.

La segunda circunstancia es todavía más compleja. La pluralidad en estos años le ha dado al país relativamente pocos dividendos. La contracara de ese comentario, radica en el hecho de que esa pluralidad ha sido la que ha contenido las tentaciones autoritarias de todos los presidentes, y quizá sea la que se convierta en un dique a cualquier vocación de autocracia de quien pueda convertirse en Presidente luego de las elecciones del 1 de julio.

Los riesgos de eso están a la vista. Quien resulte Presidente sentirá de inmediato el rechazo y el reproche de aquellos que quieren ver los cambios inmediatos que prometió, y además sentirá la presión de quienes por convicción y de origen —e independientemente de cualquier decisión que tome— no están de acuerdo con él, y buscarán bloquearlo en las principales decisiones que tome, e iniciativas que impulse como Presidente.

El riesgo del escenario es extraordinario. A partir de eso puede comenzar un proceso profundo de aún mayor divisionismo entre la población mexicana; de gobernantes con mayores problemas y dificultades para ejercer sus funciones; y también de mayores riesgos de que esas posiciones irreconciliables se conviertan en el pivote de victimizaciones que contribuyan a ahondar la división entre los mexicanos. Hasta ahora, la fórmula política —sobre todo de quien ha buscado en reiteradas ocasiones convertirse en Presidente— ha sido la de victimizarse y señalar a sus opositores como responsables y orquestadores de sus malos resultados. No ha asumido su propia responsabilidad en ello. Y eso da pauta de que podría repetir la estrategia frente a sus opositores, pero ya siendo Presidente.

RIESGO POSIBLE

El resultado sería una polarización mayor a la actual. Ello implicaría un proceso oprobioso de descomposición y enrarecimiento político, que finalmente podría desencadenar —ahora sí— en la “liberación” del tigre al que hace unos días hizo alusión López Obrador. En el fondo, no se necesita un fraude electoral para encender el ánimo ciudadano. Se necesita únicamente la dialéctica correcta para denunciar las resistencias, e impulsar su rechazo a través de vías violentas. El país corre ese riesgo. No lo perdamos de vista.

Irremediable, que la CIDH fije la responsabilidad internacional de México por los 43 de Ayotzinapa

Como parte del largo proceso de justicia que sigue un caso como el de los desaparecidos de Ayotzinapa, es muy relevante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantenga presencia y atención en la investigación del gobierno federal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Esto es esencial, en el mediano y largo plazo, porque la parte que falta por dirimir no se encuentra en la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales del hecho, sino en la responsabilidad internacional que ahora debe enfrentar el Estado mexicano por las desapariciones, debido a que éste, nos guste o no, sí es un crimen de Estado aunque no por las razones que esgrimen quienes dicen que el Presidente mandó matar a los estudiantes.

En efecto, a lo largo de los últimos años el gobierno mexicano ha dicho que la investigación ministerial sobre la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la más grande que se ha realizado en la historia de nuestro país. Todas las pesquisas se han realizado en un marco de profunda desconfianza por parte de prácticamente todos los que tienen alguna relación con este caso. En función de ello, la CIDH se ha dedicado a dar seguimiento al asunto, e incluso integró un grupo interdisciplinario de expertos que cuestionó diversos peritajes realizados por el gobierno mexicano. Es evidente que aún cuando hoy este no es un caso mediáticamente relevante, sí sigue siendo uno de los que más atención ha merecido de la comunidad internacional.

De hecho, uno de los supuestos más relevantes se encuentra en la posibilidad de que, en el mediano plazo, se pueda establecer concretamente el grado de responsabilidad que le resulta al Estado mexicano en cuanto a las violaciones a los derechos fundamentales de las víctimas de desaparición forzada en este caso, y sus deudos, así como la fijación de las diversas formas de reparación que debe llevar a cabo para resarcir en la medida de lo posible los perjuicios provocados; y, sobre todo, vigilar que el Estado mexicano cumpla con esos parámetros de manera voluntaria, antes de que este asunto llegue a las instancias jurisdiccionales del sistema interamericano, para que desde ahí se le obligue a cumplir.

Y es que a pesar de que aún hoy en día no parece fácil entender por qué al Estado mexicano sí le resulta una responsabilidad internacional en materia de derechos humanos por la desaparición de los normalistas, sí debe quedar claro que existe una distancia enorme entre los argumentos sustantivos que refuerzan el origen de esta responsabilidad, y los gritos que intentan incriminar al Estado a partir de la idea —nunca comprobada de forma seria— de que funcionarios del gobierno federal —o el Presidente Enrique Peña Nieto, en específico— fueron quienes expresamente habían mandado a matar a los normalistas.

¿Por qué sí hay una responsabilidad de Estado en este asunto? Porque, como lo apuntamos en otros momentos (Ver Al Margen 29.10.2014), primero es necesario comprender que la responsabilidad de Estado no se segmenta en los ámbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, también es necesario entender que en el ámbito de los derechos humanos no existe jerarquía ni ámbitos de aplicación.

Y vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicación de por qué el gobierno federal sí tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qué sí es perfectamente válido el cuestionamiento de por qué tardó tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.

TODOS, RESPONSABLES

¿Por qué la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San José, cuando en su artículo 28, dice lo siguiente: “1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.

¿Qué significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales —como el gobierno federal, en el caso de la federación que es México— es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convención; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan también su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federación es uno solo.

Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convención. ¿Cuáles? Entre otros, el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal —que es uno de los directamente transgredidos aunque no el único, porque ese es un delito pluriofensivo— (art. 7); y derecho a la protección de la honra y la dignidad (art. 11),.

Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, sí tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debió intervenir de inmediato, tomando en cuenta, además, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte —México es uno de ellos— el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.

Aunado a todo eso, es necesario distinguir que el hecho de que en las desapariciones forzadas hayan participado elementos de las Policías Municipales de Iguala y Cocula, y el presunto autor material sea el ex edil José Luis Abarca, implica que en las desapariciones participaron agentes del Estado. Para éstos efectos, no se distingue su jerarquía, sino el hecho de que ejecutaron esas acciones a partir de su situación de servidores públicos.

Por eso hay tanta trascendencia: seguramente, la CIDH buscará fijar la dimensión de esa responsabilidad, y determinar qué debe hacerse. El reto será aceptar las conclusiones y tomar en cuenta la visión de la Comisión, que para efectos prácticos es la antesala de un juicio ante la Corte Interamericana por el delito de desaparición forzada de personas.

AVISO

Por cuestiones de índole personal y profesional del autor de Al Margen, esta columna volverá a aparecer hasta el próximo lunes 26 de marzo de 2018. ¡Hasta entonces!

Independientes tramposos: una nueva vuelta a la (infinita) tuerca del descrédito electoral

En las democracias maduras, es común que los contendientes por un cargo público (máxime cuando es una competencia presidencial) intenten ganar terreno sobre sus adversarios, a partir de la descalificación abierta. Ello es común porque se infiere que toda competencia electoral tiene como base la predominancia de las propuestas y el perfil, por encima de lo ofrecido por el adversario. Lo que no es común —quizá sólo excepto en México— es que todos los actores de una contienda electoral —partidistas e independientes— tengan como uno de sus principales blancos de campaña, a la autoridad y el orden jurídico electoral.

En efecto, el pasado sábado el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el número de firmas válidas de los aspirantes independientes a la Presidencia, donde solamente la ex primera dama Margarita Zavala junto el número de apoyos válidos para buscar una candidatura, pues obtuvo 870 mil 168 en una dispersión geográfica en 21 entidades. En tanto, a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y a Armando Ríos Piter se les invalidaron cientos de miles de firmas, principalmente por duplicación de apoyos y por inconsistencias.

El INE explicó que al detectar que los tres aspirantes presentaron inconsistencias mayores al 10%, procedió a la revisión de todos los apoyos recibidos, es decir revisar más de 3.3 millones de registros. El Bronco entregó poco más de dos millones de firmas ciudadanas, sin embargo 266 mil 357 estaban duplicadas; más de 500 mil tenían inconsistencias; 158 mil 532 estaban simuladas; más de 205 mil eran fotocopias. Al final quedó con 31 mil 082 firmas debajo de la meta. Mientras que al senador guerrerense le validaron solo 242 mil firmas, del millón 765 mil que presentó; más de 811 mil eran simuladas de acuerdo con las cifras presentadas por el INE.

En ese contexto, Margarita Zavala fue la única que recibió la anuencia del INE para registrar su candidatura presidencial por la vía independiente a pesar de que en los propios resultados que publicó el órgano electoral, éste reveló que la ahora Candidata Presidencial presentó más de 212 mil credenciales de apoyo con inconsistencias, entre las que se encontraban credenciales de elector fotocopiadas, credenciales de personas que habían sido dadas de baja del Registro Federal de Electores, duplicaciones, y otras irregularidades como la simulación de dichos actos de apoyo, que se supone que debieron ser recabados libremente entre los ciudadanos.

Frente a este panorama, ha habido dos niveles de descrédito a la autoridad electoral: en el primero se encuentran los ataques directos que ha lanzado el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón en contra de la autoridad electoral, a quien ha advertido que con el anuncio de la negativa de su registro como candidato presidencial independiente, estaba despertando al “México bronco”, y respecto a cual ha mostrado su rechazo a la forma en que validaron las credenciales de elector ofrecidas como apoyo, a través de los mecanismos establecidos por el propio INE, desestimando el hecho real de que muchos de esos apoyos fueron en realidad actos simulados o realizados con credenciales apócrifas.

En el segundo nivel se encuentran, paradójicamente, los tres aspirantes a una candidatura independiente, y los tres están lastimando no sólo al órgano electoral nacional, sino a toda la credibilidad de esta nueva vía democrática supuestamente abierta para los ciudadanos sin partido que hipotéticamente pretenden no repetir los vicios del sistema de partidos.

Esto porque tanto Rodríguez Calderón, como Armando Ríos Piter y la propia Margarita Zavala presentaron credenciales alteradas, copias fotostáticas —que ahora habría que investigar cómo, de dónde, a cambio de qué, y a qué precio las obtuvieron— y pruebas sobre diversos actos que no sólo son indebidos, sino que son ilegales, y por los que no sólo tendría que haber una compulsa sino además sanciones por haber incurrido en esas prácticas.

DEMOCRACIA, EN EL DESCRÉDITO

Una de las viejas prácticas de la manipulación electoral está basada en la recolección de credenciales de elector. Los ingenieros electorales de los partidos y las campañas, lo hacen entre la gente —a la que le entregan un apoyo social, a la que le regalan una despensa, o a la que le ofrecen una cantidad de dinero para el día de los comicios— para ubicarla y para saber exactamente con cuánta gente se puede contar para la votación, a dónde hay que ir a buscarlos, y qué hay que ofrecerles para que ‘faciliten’ su sufragio al partido que ellos representan.

Desde hace mucho tiempo se sabe que con una copia fotostática de la credencial de elector es imposible comprometer el voto, o que en realidad alguien más pueda votar por el titular de la credencial. Es así porque para poder sufragar se necesita acudir personalmente a la casilla, mostrar la credencial original y ejercer de manera libre y secreta el derecho al voto que tenemos los ciudadanos.

Sin embargo, en este caso la situación se agrava porque se supone que el apoyo ciudadano que recabaron los aspirantes a una candidatura independiente, se tenía que manifestar bajo la misma lógica de esos principios que rigen el acto de sufragar. Es decir, que fuera un apoyo espontáneo, personal, libre, constatable y auténtico. Al no ser esto así —porque en conjunto hubo más de un millón de supuestos apoyos que fueron simulados o registrados con copias fotostáticas— entonces no se pone en duda el mecanismo establecido por el INE, sino la honorabilidad, la credibilidad y la capacidad de cada uno de los aspirantes para obtener el apoyo ciudadano.

En el fondo, esta situación es doblemente lamentable. Lo es porque de nuevo se comprueba que en la democracia mexicana, todos los actores políticos buscan competir no sólo buscando el límite de la ley y de la autoridad electoral, sino abiertamente tratando de burlarse de los mecanismos establecidos. Y en un segundo rasero, esto es lamentable porque se comprueba —para mal de la democracia— que la vía independiente puede ser igual de corrupta, timadora y nociva para la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, como lo ha sido el sistema de partidos que hoy tiene en el umbral del descrédito a los procesos electorales.

IMPUNIDAD

Al final, habría que preguntarse no si habrá un candidato presidencial independiente en la boleta electoral, sino si al menos uno de ellos responderá ante la justicia por esos actos de simulación que, además de ser ilegítimos, bien pueden configurar la comisión no sólo de uno sino de varios delitos y faltas administrativas.

Abrumador, que en México la corrupción no tenga partido y tampoco sea generacional

Es abrumador cómo, a más tres lustros de distancia de la consolidación de la pluralidad de partidos en el poder en México, el único común denominador que existe es la corrupción. El lugar común, y lo políticamente correcto, nos llevaría a suponer que éste es sólo un fenómeno privativo de los gobernantes y servidores públicos emanados del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, volteamos a ver el panorama sólo para corroborar que esta es una práctica que no ha distinguido generaciones de políticos y gobernantes, y tampoco partidos. El problema es que eso está generando un agotamiento institucional importante, que ahora nos debe llevar a repensar en el modelo institucional bajo el cual se gobierna en México.

En efecto, hace ya algún tiempo el constitucionalista Miguel Carbonell advertía que el impulso inicial del gobierno de EPN a través del Pacto por México y las reformas estructurales no se puede repetir, ni siquiera a menor escala; que la credibilidad del gobierno ha sido dañada seriamente por el escenario económico adverso (el peso en las nubes, el endeudamiento público en niveles escandalosos, la gasolina al doble de lo que cuesta en Estados Unidos, el salario mínimo estancado, la pobreza sin disminuir en nada) y la popularidad del Presidente está en mínimos históricos.

Podemos pensar, afirmaba Carbonell (http://eluni.mx/2dwDzim), que la culpa es de las personas y no del diseño institucional que tenemos. A fin de cuentas, fueron escándalos como el de la Casa Blanca, el departamento en Miami, el plagio de la tesis, la visita de Donald Trump y el pésimo manejo de los 43 de Ayotzinapa lo que llevaron al suelo en las encuestas de popularidad al Presidente.

Todo eso es correcto, pero recordemos que el cansancio hacia la figura presidencial se ha venido repitiendo sexenio tras sexenio y es posible identificar algo parecido con los gobernadores en las entidades federativas. Y, frente a todo esto, Carbonell soltaba una “modesta sugerencia” que en realidad es un llamado urgente cada vez más compartido por quienes están encargado del estudio del modelo de organización política de nuestro país: cambiemos la duración del periodo de gobierno, para dejarlo en cuatro años. Ese mismo lapso de tiempo se debe aplicar tanto a la Presidencia de la República como a las gubernaturas.

Una persona que tenga buenas ideas y sepa del manejo de las cuestiones de Estado tiene tiempo de sobra en cuatro años para realizar sus proyectos. Luego debe dar lugar al siguiente. O bien, decía Carbonell, podemos atrevernos a dar un paso adicional y pensar en un diseño semejante al de Estados Unidos: un periodo de gobierno que dure cuatro años, con la posibilidad de una sola reelección. Me imagino que los puristas y tradicionalistas pensarán que tocar el principio de no reelección presidencial es una barbaridad, pero creo que debemos estar abiertos a debatir todas las opciones. Lo que queremos todos son gobiernos que funcionen y cumplan su trabajo. Hoy no los tenemos.

CORRUPCIÓN, POR DOQUIER

En ese escenario, un sencillo recuento nos puede dar algunas coordenadas básicas sobre cómo la corrupción en México no ha distinguido partidos ni gobernantes, y tampoco ha sido propia de un solo momento de nuestra historia entre la transición fallida y la pluralidad inservible para nuestro país:

1.— En el PRD. El ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, que encarnó la alternancia política estatal, se halla al centro de una red de desvíos que incluye múltiples cuentas bancarias y connivencia con proveedores y constructores. Sólo los montos de cuentas detectadas a su operador Jorge Castillo, entre otros presuntos prestanombres, superan los 7 mil millones de pesos, una parte significativa de la deuda local. Hace años que Castillo no es funcionario público; su último sueldo público fue de 12 mil pesos mensuales.

2.— En el PAN. Guillermo Padrés no sólo fue encubierto por el gobierno de Felipe Calderón, sino también por líderes del PAN, que a punto estuvieron de llevarlo a la presidencia del partido. Los cargos federales son por lavado de dinero y abarcan a parte de su familia y amigos. Localmente el gobierno de Claudia Pavlovich acumula más de un año sin acciones directas en su contra. La nómina de las empresas contratistas tiene vasos comunicantes lo mismo con personajes de Acción Nacional que, dato curioso, con dirigentes y ex mandatarios del PRI.

3.— En el PRI. Además de Javier Duarte y de su homólogo y correligionario de Chihuahua, César Duarte, los señalamientos de corrupción se extienden a casi todos los demás mandatarios estatales del partido oficial, lo que desde luego incluye a Rubén Moreira y su hermano y antecesor, Humberto, en Coahuila. Si de algo ha servido el bloque de gobernadores denominado Conago, lanzado con la llegada del PAN a inicio de los 2000, ha sido para forrar de impunidad a los gobiernos estatales priístas, primera y última frontera en cualquier batalla seria contra la corrupción.

A esa lista, más recientemente, se han sumado otros ex gobernadores que han terminado en problemas. Actualmente son más de 12 los que enfrentan procesos judiciales y varios de ellos, Roberto Borge y Javier Duarte, se encuentran en prisión acusados de diversos delitos relacionados con el desvío de recursos y e incluso la delincuencia organizada, entre otras cuestiones administrativas que rebasan todo nivel de tolerancia y que incluso pueden llegar a rayar en el delirio.

Ahora bien, en otro extremo se encuentra lo relacionado con el llamado “cabildeo” legislativo, que también presenta enormes problemas. Pues, de hecho, el cabildeo de legisladores en favor de privados, los despachos propiedad de senadores; en suma, la complicidad abierta, multiplica sus tentáculos en ambas Cámaras. Un personaje acumula señalamientos: Emilio Gamboa, protector del gobernador Javier Duarte, cercana influencia en temas ligados a las comunicaciones y telecomunicaciones. A su círculo se le atribuye estar frenando una iniciativa presidencial que desde hace meses busca fortalecer la seguridad de los puertos mercantes con personal de la Marina. Muchas capitanías de puertos son hoy dominio del crimen organizado. El área la controla Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, un viejo aliado político de Gamboa Patrón. Así, pues, la corrupción no distingue hoy en México partido ni generación.

REALIDAD AGOBIANTE

De este tamaño es el problema que tendrá que enfrentar el próximo presidente. México no aguantará otro sexenio perdido, ni otro periodo de simulación y saqueos. Las cosas tienen que moverse de inmediato antes de que todo termine verdaderamente mal.

La fortaleza del TSJE reside en la unidad de sus integrantes

Licenciados y Doctores en Derecho, reconocen el trabajo realizado por el Magistrado Presidente a un año del inicio de su administración al frente del Poder Judicial

El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado es un órgano colegiado, honesto, cuya fortaleza reside en la unidad de sus integrantes”, dijo el titular del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho al sostener este jueves una reunión cordial con integrantes del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, quienes reconocieron el trabajo realizado a un año del inicio de su administración.

En presencia de los dirigentes de ambos colegios, Dr. Oscar Jarquín Rodríguez y Dr. Miguel Ángel Varela Sánchez, respectivamente, el magistrado Bolaños Cacho precisó que en el Poder Judicial de Oaxaca se trabaja intensamente para devolverle su prestigio; sobre todo para brindarle una mejor atención a los justiciables, así como a los abogados que litigan en los diversos juzgados de la entidad.

Al evaluar con los abogados oaxaqueños el trabajo realizado en los primeros 12 meses de la actual administración al frente del Poder Judicial, Bolaños Cacho se refirió a las acciones relevantes que se han realizado en materia de oralidad penal, mercantil, civil y familiar.

Habló de los convenios de colaboración que el Poder Judicial ha firmado con distintas instituciones de enseñanza superior como la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la Anáhuac Campus Oaxaca.

Precisó que el TSJE realiza trabajos coordinados con la Secretaría de la Mujer con quien se diseña una estrategia de atención especializada a casos de feminicidio. “Se busca consolidar la aplicación de la justicia con perspectiva de género”, expresó.

Informó que los Centros de Justicia tienen un avance del 95 por ciento, de los cuales, en breve entrará en operación el ubicado en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

Destacó el reconocimiento otorgado por la UNESCO al Poder Judicial, al incluir la colección de 305 expedientes con manuscritos coloniales en lenguas indígenas de las secciones de Teposcolula y Villa Alta del Archivo Histórico del Poder Judicial, que datan de 1570 a 1816, en el Registro Memoria del Mundo del citado organismo internacional.

Les anunció también que en breve, el valioso acervo del Archivo Histórico del Poder Judicial, será trasladado a la Ciudad de los Archivos, donde contará con un espacio de primer nivel con tecnología de punta para la debida conservación y preservación de este valioso legado documental, que es patrimonio de todos los oaxaqueños.

El doctor Oscar Jarquín Rodríguez, le externó a Bolaños Cacho el reconocimiento y respaldo de los abogados que integran el Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, señalando que: “está usted llevando la Justicia a buen puerto”.

Al finalizar la reunión, el Doctor Miguel Ángel Varela Sánchez, manifestó que el Magistrado Presidente ha mostrado una gran apertura de diálogo con los abogados oaxaqueños, lo que permite que éstos puedan expresar sus propuestas y conjuntamente lograr coincidencias para optimizar la administración de justicia en nuestro Estado.