El pleno del TSJE inicia su segundo periodo ordinario de sesiones

El decano de los magistrados, Crescencio Martínez Geminiano y el juez César Cervantes Hernández fueron electos como integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado

El titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Raúl Bolaños Cacho realizó este jueves la declaratoria oficial de la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), correspondiente al año 2018.

En esta Sesión, con fundamento en el Decreto 1539 aprobado el pasado martes 31 de julio por la LXIII Legislatura, publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, el Pleno de magistrados del TSJE eligió a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, órgano colegiado destinado específicamente a la función administrativa del Poder Judicial en referencia.

Con base a las ternas propuestas por el Magistrado Presidente, Raúl Bolaños Cacho, el Decano de los magistrados, Crescencio Martínez Geminiano y el juez, César Cervantes Hernández, por mayoría de votos del Pleno de magistrados del TSJE, fueron electos como integrantes de esta Junta, que  igualmente será presidida por Bolaños Cacho.

En su destacada carrera judicial a lo largo de 43 años de servicio, el magistrado Martínez Geminiano ha sido Juez de Primera Instancia en la mayoría de los distritos judiciales del Poder Judicial del Estado, y el 15 de mayo de 1987 fue nombrado magistrado integrante del Pleno del TSJE, del cual es, el Magistrado Decano. También ha fungido Presidente del Tribunal Estatal Electoral y catedrático de la Facultad de Derecho de la UABJO, de donde egresó como licenciado en derecho. Es Coautor de libro “Juicio Oral Penal” Reforma Procesal Penal de Oaxaca, Editorial Andrés Bello Mexicana S.A. DE C.V. para el sello Jurídica de las Américas. México 2008.

César Cervantes Hernández es licenciado en Derecho egresado de la URSE; con 32 años de servicio en el Poder Judicial, Cervantes Hernández se ha desempeñado como  Ejecutor, Proyectista, así como juez en diversos juzgados del estado. También ocupó el cargo de Visitador del TSJE, así como Director del Centro de Mediación Judicial y Magistrado Supernumerario del Tribunal Estatal Electoral, entre otros.

El martes 31 de julio, la LXIII Legislatura aprobó  diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la cual se decretó la desaparición del Consejo de la Judicatura.

El pleno del TSJE inicia su segundo periodo ordinario de sesiones

 El decano de los magistrados, Crescencio Martínez Geminiano y el juez César Cervantes Hernández fueron electos como integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado

El titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Raúl Bolaños Cacho realizó este jueves la declaratoria oficial de la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), correspondiente al año 2018.

En esta Sesión, con fundamento en el Decreto 1539 aprobado el pasado martes 31 de julio por la LXIII Legislatura, publicado el 1 de agosto en el Periódico Oficial del Estado, el Pleno de magistrados del TSJE eligió a los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, órgano colegiado destinado específicamente a la función administrativa del Poder Judicial en referencia.

Con base a las ternas propuestas por el Magistrado Presidente, Raúl Bolaños Cacho, el Decano de los magistrados, Crescencio Martínez Geminiano y el juez, César Cervantes Hernández, por mayoría de votos del Pleno de magistrados del TSJE, fueron electos como integrantes de esta Junta, que  igualmente será presidida por Bolaños Cacho.

En su destacada carrera judicial a lo largo de 43 años de servicio, el magistrado Martínez Geminiano ha sido Juez de Primera Instancia en la mayoría de los distritos judiciales del Poder Judicial del Estado, y el 15 de mayo de 1987 fue nombrado magistrado integrante del Pleno del TSJE, del cual es, el Magistrado Decano. También ha fungido Presidente del Tribunal Estatal Electoral y catedrático de la Facultad de Derecho de la UABJO, de donde egresó como licenciado en derecho. Es Coautor de libro “Juicio Oral Penal” Reforma Procesal Penal de Oaxaca, Editorial Andrés Bello Mexicana S.A. DE C.V. para el sello Jurídica de las Américas. México 2008.

César Cervantes Hernández es licenciado en Derecho egresado de la URSE; con 32 años de servicio en el Poder Judicial, Cervantes Hernández se ha desempeñado como  Ejecutor, Proyectista, así como juez en diversos juzgados del estado. También ocupó el cargo de Visitador del TSJE, así como Director del Centro de Mediación Judicial y Magistrado Supernumerario del Tribunal Estatal Electoral, entre otros.

El martes 31 de julio, la LXIII Legislatura aprobó  diversas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la cual se decretó la desaparición del Consejo de la Judicatura.

Perspectiva de paz

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Habiendo ganado las elecciones de forma aplastante respecto de la cantidad de votos que obtuvieron otros partidos políticos, antes mayoritarios hoy minoría, se entiende el triunfo de MORENA en virtud del hartazgo de la inmensa mayoría de mexicanos pobres, paupérrimos y olvidados por una partidocracia que se dedicó a enriquecer a políticos dejando a un lado su responsabilidad y compromisos como gobierno, permitiendo creciera la impunidad, corrupción y la injusticia social, situación que llevó al resentimiento nacional y polarización económica que derivó en aparición de grupos políticos inconformes, incremento de delitos, narcotráfico y constitución del crimen organizado, socavando la tranquilidad y acabando con la seguridad, conviviendo en un país casi en estado de guerra, ante la inmensa cantidad de asesinatos, secuestros, violaciones y todo tipo de delitos, que se supone podrían disminuir o acabarse el próximo sexenio presidencial.

Ganaron ex políticos del PRI con tendencia de izquierda y estará en el gobierno ciudadanos y políticos que eran disidentes, antagonistas y opositores al régimen tradicional, así que ahora que estarán en el poder no tendrán razón para marchar, bloquear, secuestrar o amenazar porque algunos izquierdosos se van a convertir en lo que más odiaban: gobernantes, y si además legalizan o regulan el consumo de drogas, nulificarán a narcotraficantes y crimen organizado, porque de las drogas o estupefacientes depende su economía e inmenso poder armamentista, así que, o se convierten en otro tipo de criminales o buscan trabajo ya que los consumidores de droga podrán comprarla sin problema en farmacias o sitios especializados y, disfrutarla en sus casas o lugares autorizados sin miedo de ser detenidos o extorsionados por el mismo gobierno.

La perspectiva de paz es así una posibilidad real, porque además, si se cumplen las promesas de AMLO de erradicar la corrupción, por lo menos la oficial, los corruptos tendrán que irse a otro lado o dedicarse honestamente a su desempeño, haciendo eficiente lo que hoy es un problema. La perspectiva de paz en Oaxaca también sería alta porque si se modifica al gusto y conveniencia de los profes de la Secta 22 la Reforma Educativa, ya no tendrán argumento para perjudicar a los niños pobres y se tendrían que dedicar, como a principios del siglo pasado, exclusivamente a enseñar, porque si el magisterio apoyó a AMLO ahora debe también apoyarlo en sus perspectivas de nación, recuperando Oaxaca su antigua tranquilidad y paz, y con ello la economía turística y convivencia social volvería ser uno más de los atractivos perdidos en nuestra ciudad y estado, pero todo depende de que cumpla AMLO sus promesas y también traiga SEDESOL.  

¿Ante quién, o para qué, está AMLO ‘nominando’ servidores públicos para cargos en el próximo sexenio?

Desde varios meses antes de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador hizo públicos los nombres de varias personas que lo acompañarían en su gobierno, si llegaba a ganar la votación. La misma noche del 1 de julio, complementó dicha lista de próximos funcionarios, y en las semanas siguientes ha ido incrementando el nombre de las personas a las que él mismo ha dicho que ‘propone’ para diversas responsabilidades. ¿Ante quién, y para qué, Andrés Manuel habla de ‘propuestas’ o ‘nominaciones’, si en el sistema presidencial actual, el Titular del Poder Ejecutivo federal nombra y remueve libremente a casi todos los funcionarios de su administración?

En efecto, las ‘propuestas’ o ‘nominaciones’ hechas por López Obrador abren varias posibilidades, que deberían llevarse a los hechos y no ser sólo poses para dar la apariencia de que consulta o considera a la ciudadanía en el nombramiento de funcionarios, aunque en realidad dichas propuestas sean lanzadas sin que constitucional o legamente exista a quién, y cómo proponerlos. La cuestión no es menor porque, de haber una actitud verdaderamente democrática, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que impulsar el tránsito del modelo presidencial que existe actualmente en el país, a uno semi parlamentario en el que las decisiones y la conformación del gabinete resulte del consenso entre el Ejecutivo y el Congreso.

Como punto de inicio, habría que considerar cuáles son algunas de las características que diferencian a ambos modelos. En un modelo presidencial, como el que existe actualmente en México, el Presidente es el titular del Poder Ejecutivo Federal, y él nombra y remueve libremente a prácticamente todos los funcionarios de su administración, salvo a los empleados superiores de Hacienda y algunos otros a los que específicamente señala la Constitución que deben recibir el aval del Senado. En un sistema parlamentario, o semi parlamentario, la conformación del gobierno se hace a partir del consenso entre el Ejecutivo con el Poder Legislativo y, de hecho, en un sistema puramente parlamentario, el gobierno se conforma con integrantes del Congreso o Parlamento.

Ahora bien, ¿a qué funcionarios, y ante quién, debe ‘nominar’ o ‘proponer’ actualmente el Presidente? El artículo 89 constitucional lo dice textualmente: es facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal, nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, y “remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes”. Esta disposición, adicionalmente, señala que los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones Exteriores entrarán a ejercer su cargo el día de su nombramiento, pero que si no son ratificados por el Senado “dejarán de ejercer su encargo”.

E incluso, dicho precepto dispone: En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República; (fracción II).

¿A qué otros funcionarios más puede ‘proponer’ o ‘nominar’ el Presidente? Las fracciones III y IV del artículo 89 constitucional lo establecen: Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica (fracción III); y nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (fracción IV). Fuera de esos casos, la Constitución señala que el Presidente puede intervenir en el nombramiento del Fiscal General de la Nación, en los términos del artículo 102. Y nada más.

Entonces, ¿por qué López Obrador habla de tantas ‘propuestas’ o ‘nominaciones’, si no cuenta con un mecanismo constitucional/legal para validar o someter a consideración dichas propuestas?

INTERROGANTES

La decisión del próximo Presidente por someter al escrutinio público, desde meses antes, a quienes serán los integrantes de su equipo de trabajo, parece saludable en la medida en que se termina con la vieja idea del ‘piñatazo’ de posiciones y cargos que fue muy común durante las administraciones anteriores.

Sin embargo, una cosa es ese sometimiento voluntario al escrutinio ciudadano, y otra cosa que las ‘nominaciones’ o ‘propuestas’ pudieran tener algún efecto sobre las decisiones tomadas por el Presidente —que, valga decirlo, además son decisiones que se encuentran dentro de sus facultades constitucionales—. El mejor ejemplo de ello es la defensa que ha hecho López Obrador de Manuel Bartlett como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, frente a las opiniones divididas que dicho anuncio ha provocado incluso entre su equipo de campaña, y ahora de transición.

Por esa razón, el próximo Presidente debería clarificar cuál es su intención al ‘nominar’ o ‘proponer’ a los integrantes de su gabinete, a los que según la Constitución es su facultad exclusiva nombrar y remover, pero no proponer. Es una estratagema hablar de nominaciones o propuestas, cuando legalmente no existe un mecanismo para que alguien —el Senado, la Cámara de Diputados, las Legislaturas de las entidades federativas, o incluso los ciudadanos— se pronuncie respecto de dichas propuestas.

Más bien, pudiera ser un mecanismo lo mismo para medir el ánimo ciudadano frente a decisiones que pudieran llegar a ser sensibles —tal es el caso de Bartlett, sobre quien Andrés Manuel ya reiteró que de todos modos será el próximo director de la CFE—, que para evadir la responsabilidad directa del nombramiento, frente a una masa amorfa e inconsistente en cuanto a la expresión de aprobación o de rechazo, como lo puede llegar a ser la aclamación popular o la opinión pública, que se aprecian en apariencia pero que no tienen una forma clara y precisa de ser cuantificadas.

¿TRÁNSITO O DEMAGOGIA?

De haber voluntad, quizá este sería el primer paso para transitar de un régimen presidencial a uno semi parlamentario, o cuando menos a un gobierno de coalición a pesar de que con su cómoda mayoría legislativa, hoy Andrés Manuel tampoco necesitaría aliarse con nadie en el Congreso para hacer gobierno según las reglas establecidas. Este es un punto que no debemos perder de vista, porque lo que está en juego es quién será el responsable por los nombramientos, o ‘propuestas’, o ‘nominaciones’ que haga el próximo Presidente, y los resultados que entreguen dichos funcionarios.

Guelaguetza: marca registrada

Carlos R. Aguilar Jiménez.


Quizá no sea posible porque se supone la Guelaguetza es fiesta del pueblo y para el pueblo o, al menos es su origen, no obstante, como todo incluidas las tradiciones, con el transcurso del tiempo se evoluciona y debemos adaptar todo o sus partes a nuevas circunstancias, y así con la Guelaguetza, que de ser una fiesta de Oaxaca de Juárez que se realizó desde el principio en el Cerro del Fortín, actualmente están proliferando guelaguetzas por todos lados, remedos, simulacros y copias baratas de esta gran fiesta folklórica.

Comenzaron a desvirtuar copiando la Guelaguetza, primero los profes de la Secta 22 realizando una pirata en el estadio del ITO, donde bailaban y todavía lo hacen, bailarines de pacotilla que entretienen a quienes no exigen calidad ni virtuosismo en ninguna actividad, conformándose con lo que haya y así, siguiendo el mal ejemplo ahora realizan copias de guelaguetza en el Tule, Etla, Tlacolula, Xoxo y también en restaurantes, bares y todo lugar donde se pueda reunir un grupo de danza folklórica que medio bailen la danza de la Pluma y otros bailes regionales para engañar a la gente y conseguir dinero con el pretexto de la guelaguetza, porque no existe control, regulación, seriedad ni derechos de autor para su presentación con este nombre: Guelaguetza, como sucede, por ejemplo con el mezcal que tiene un Consejo Regulador o la denominación de origen y marca registrada de otros productos y todo lo que requiere control, por lo que la Guelaguetza también debiera regularse y evitar en el el futuro próximo la Guelaguetza, con mayúscula, se convierta en una pachanga, un espectáculo de vodevil que cualquiera puede presentar, demeritando y desprestigiando un espectáculo que todavía, hoy, incluso con dos presentaciones el primer lunes y en la octava, comienza a ser, aunque todavía no, una feria comercial que puede perder su identidad y espíritu folklórico, étnico o autóctono respectivo.

La Guelaguetza debe ser una Marca Registrada, tener una especie de Denominación de Origen oFranquicia que evite cualquiera la pueda representar en cualquier aldea, cantina o restaurante, porque se trata de una expresión cultural, folklórica y artística de danza, música, generosidad y tradiciones que se debe respetar, cuidar y conservar más o menos como ha sido desde hace 80 años, evitando así que cualquiera la copie y convierta en festejo vulgar y prosaico, como sucede en un restaurante de la calle de Alcalá donde, si no dan risa sus dizque bailarines, dan lastima por la pobre calidad de su representación, contexto del que no se dan cuenta quienes no son de Oaxaca y se van con la idea de que esos paupérrimos bailes que presentan, son la Guelaguetza, cuando apenas si llegan a una presentación mediocre de lo que es la auténtica esencia de la Guelaguetza, y lo mismo con los profes y todas las aldeas que se copian impunemente la Guelaguetza de Oaxaca de Juárez…después los chinos copiaran la Leyenda Donají y la misma Guelaguetza o hasta Disney   

Sin memoria, quienes luego del 1-J, insisten erróneamente en vivir en un país sin matices

Hoy es común en redes sociales, ver que quienes antes de la jornada electoral del 1 de julio atacaban denodadamente al agonizante régimen gobernante, sean hoy quienes defiendan hasta la ignominia decisiones como la “propuesta” (¿ante quién?) de que Manuel Bartlett Díaz sea el director de la Comisión Federal de Electricidad en la administración presidencial de Andrés Manuel López Obrador. La discusión sin matices, lleva a todos a la estratagema de atacar y defender sin distingos, como si esta tercera transición fuera producto de la generación espontánea y no resultado de un largo proceso democratizador en el que todos —‘priistas’ y ‘chairos’— fueron igualmente participantes.

En efecto, pocas de las muchas decisiones anunciadas en las últimas semanas por el ganador avasallante de la jornada electoral del 1 de julio, ha sido tan polémica —y cuestionada, y hasta rechazada— como la relativa a la propuesta de Bartlett Díaz como próximo titular de la CFE. El pasado viernes 27 de julio López Obrador hizo el anuncio, y ante el rechazo a la propuesta de Bartlett, por parte de innumerables voces que antes habían respaldado el proyecto lopezobradorista —incluso de su ex coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, que se pronunció en contra de dicha propuesta—, justificó su decisión argumentando que el ex Secretario de Gobernación ha sido uno de los más importantes opositores a la reforma energética concretada durante el presente sexenio, y que su presencia en la CFE garantiza la defensa de la industria eléctrica nacional.

Esto, además, ha generado un intenso e interesante debate en redes sociales, entre quienes rechazan el nombramiento de Bartlett y las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, y quienes pretenden defenderlas con argumentos que no siempre son sustantivos, sino que más bien apelan al pasado, a la antidemocracia, al autoritarismo, al priismo y a una cantidad enorme de circunstancias que no están directamente relacionadas con los argumentos que se esgrimen. Por ejemplo, cuando en redes alguien cuestiona la nominación de Bartlett, hay docenas de cuentas que cuestionan las razones por las que en el pasado, esa misma persona que ahora cuestiona las decisiones del nuevo gobierno, no atacó a los priistas —como Bartlett— que tuvieron responsabilidades públicas y que dejaron al país en las circunstancias en las que se encuentran.

¿Existe conexión entre los argumentos? Evidentemente, no. Lo cierto es que es una cosa es lo que ocurrió en otras administraciones —particularmente la que está a punto de concluir, del presidente Enrique Peña Nieto— y otra muy distinta lo que ahora está ocurriendo. ¿Por qué? Por una cuestión básica de democracia. Quienes antes cuestionaban son los que ahora defienden, así como había muchos que antes defendían al priismo o panismo, y ahora cuestionan a López Obrador o a Morena; aunque también hay muchos que han evitado caer en el garlito de las justificaciones o descalificaciones sistemáticas, y que por eso de manera permanente han mantenido una postura crítica con todos los gobiernos.

Así, si esa falsa discusión no lograría pasar ni la más mínima prueba de la lógica del pensamiento por las falacias en las que incurren sus participantes, también es cierto que dicha discusión pretende inhibir el hecho de que la pluralidad y la riqueza en el intercambio público, fue lo que en gran medida ha impulsado este proceso democratizador del país que ahora abre la puerta a una tercera alternancia de partidos en el poder presidencial en México, en menos de dos décadas.

PLURALIDAD Y LIBERTADES

Muchos de los que ahora defienden, antes cuestionaron y lo hacían con fuerza. Qué bueno que haya sido así, porque esa convicción denodada de millones de personas por no permitir la reinstauración de un régimen de partido hegemónico en México luego del año 2000 —primero con las dos administraciones panistas, y luego con la actual emanada del PRI que está a pocas semanas de entregar el poder presidencial—, fue la que se dejó sentir de manera permanente a través de la crítica y el cuestionamiento a las decisiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esas mismas voces, ahora deben reconocer que ellos representan a una porción del país que fue creciendo gracias a la convicción que paulatinamente fueron generando en más personas, sobre la necesidad de reprobar a los dos partidos que gobernaron el país del año 2000 a la fecha, y de buscar una tercera alternancia.

En esa misma medida, deberían también reconocer que si bien la democracia está determinada por una mayoría que se sobrepone en las decisiones —todos los que le dieron el triunfo no sólo a Andrés Manuel, sino a una cómoda mayoría de diputados federales, senadores, diputados locales y alcaldes emanados de Morena—, en el otro extremo existe una minoría que asume sus costos, pero que debe ser respetada tanto en sus convicciones como en la posibilidad de establecer posturas críticas, sin ser aplastada, cuestionada o perseguida por no estar de acuerdo. De hecho, en ello ha radicado la construcción de la democracia mexicana en los últimos tiempos.

Pensar de otra manera, y rechazando los argumentos de quienes hoy son minoría —argumentando que en otros tiempos ellos no cuestionaron ni rechazaron como ahora lo hacen frente a las decisiones del próximo Presidente—, lo único que hacen es descalificar su propio papel y relevancia como opositores en el pasado. Es cierto que muchos de los que ahora cuestionan fueron quienes defendieron o sirvieron en regímenes anteriores. Pero también lo es, que quienes entonces ejercieron ese papel no fueron aplastados a partir de argumentos engañosos ni de las descalificaciones que ahora se pretenden validar, como una forma propia de nuestra democracia.

Al final, queda claro que la democracia está construida con base en la pluralidad, y que ese es un valor que nadie, ninguna sociedad, debiera perder. En México no habrá forma de que se inhiba el intercambio público, porque los mexicanos tenemos más de dos décadas no sólo ejerciéndolo, sino haciéndolo piedra angular del proceso democratizador que periódicamente evalúa a los gobernantes.

¿ACTO DE FE?

Queda claro que la victoria de López Obrador es un reconocimiento al enorme liderazgo y reconocimiento que goza entre la mayoría de los ciudadanos; pero también lo es, que muchas de las personas que votaron por él o por su partido, lo hicieron en rechazo de otras fuerzas políticas o de otras prácticas, y no necesariamente como un acto de fe. Eso debería quedarnos claro a todos, y por eso mismo deberíamos todos nutrir el intercambio libre de ideas —independientemente de su contenido— y no proscribirlo. Incurrir en ello equivaldría a dinamitar la democracia que hemos construido los mexicanos desde la victoria, y desde la derrota.