- Por instrucción del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez se realizó una reunión de trabajo con la Fiscalía y la Defensoría Pública para revisar la ruta a seguir
El Poder Judicial del Estado se encuentra realizando las gestiones para otorgar, en fecha próxima, el beneficio de la preliberación por razones humanitarias a un grupo de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de la entidad y que se encuentran próximas a finiquitar su pena de prisión impuesta con motivo de un proceso penal; ello con el fin de despresurizar estos espacios ante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
Por instrucción del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y del Consejo de la Judicatura, el Visitador General de esta institución, Maestro Jorge López Reyes, juezas y jueces de ejecución, sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGEO) y de la Defensoría Pública del Estado con el fin de coordinar y hacer efectivo este esquema de libertad anticipada.
Así también, establecieron líneas de acción para que dada la contingencia por el Covid-19 pueda desahogarse el número de personas recluidas al interior de los centros penitenciarios como una medida preventiva que ya ha sido considerada por diversos organismos internacionales en materia de Derechos Humanos y aplicada en otras entidades.
En las instalaciones del Consejo de la Judicatura, respetando los protocolos sanitarios decretados por las autoridades de Salud federal y estatal, el Visitador General, el Vicefiscal General, Maestro Alejandro Magno González Antonio y el Coordinador de Defensores Públicos, Licenciado César Azpra López Lena, junto con los jueces acordaron la ruta y líneas de acción en la revisión de los expedientes de los posibles beneficiados.
Al término de la reunión, el Visitador General, Maestro Jorge López Reyes comentó que en Oaxaca existen actualmente diez centros penitenciarios donde se encuentran 4,300 personas privadas de su libertad, a quienes se les debe garantizar su derecho a la salud e integridad, por lo cual se busca disminuir la población penitenciaria a fin de contribuir en las acciones para evitar los contagios por Covid-19.
Detalló que en el análisis de expedientes personas sentenciadas y que se encuentran próximas a concluir la pena que se fue impuesta, se revisan de manera minuciosa aspectos como el tipo de delito y la conducta. “Uno de los grupos vulnerados que la sociedad y las instituciones debemos voltear a ver dadas las circunstancias actuales son las personas privadas de su libertad. Es necesario generar acciones en pro y beneficio de ellos por la dignidad humana y su derecho a la salud”, dijo.
El artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) contempla que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo de personas sentenciadas, con base a diversos criterios, uno de ellos motivos humanitarios.
