Ismael Ortiz Romero Cuevas
Aceptar un puesto para el que no estás preparado o no tienes las credenciales para desempeñarlo, también es corrupción. No fue ocurrencia de que se exigiera a los servidores públicos desde hace varios años que, cuando su nombre fuera antecedido por las siglas “Lic.”, “Ing.”, “Dr/a.”, o “Mtro/a”., existiera un título universitario y una cédula que avalara el grado. En el 2005, recuerdo que varios servidores públicos tanto estatales como federales, tuvieron que retirar de sus nombres esos grados, porque, dejen ustedes que fueran pasantes, había casos en que solo tenían concluida la secundaria. Ahora sí, que como el chiste de desaparecido Polo Polo: “Eres licenciado, porque en este país, todos somos licenciados”.
Y este ha sido uno de los sellos del gobierno de la cuarta transformación, que, si bien es cierto, un título universitario no es obligatorio para el ejercicio del servicio público, los ciudadanos esperamos cierto nivel de quienes están encargados de tomar decisiones en nuestra representación. Así, tanto en el gobierno estatal como en el federal nos encontramos con personas que hacen tres maestrías y un doctorado en poco más de cinco años, como Lenia Batres. El caso estatal no pinta distinta la cosa; nos encontramos con titulaciones exprés, de personas sin perfil para los puestos que ocupan, de chicos recién egresados de la universidad sin ninguna experiencia en la administración pública o diputados a quienes de repente, les apareció un título universitario cuando hace unos pocos años, su último grado de estudios era la secundaria. La falta de preparación pero, sobre todo, el escaso criterio, hace que tengamos servidores públicos que solo repiten como merolicos los “logros” del gobierno y enjuicien a los personajes que el régimen considera sus opositores, sin que aporten un solo argumento. Otra prueba más del famoso “10% de conocimiento, 90% de obediencia”.


