Adrián Ortiz Romero Cuevas
Hace poco más de doce años, cuando el PRI recuperó la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el entonces presidente Enrique Peña Nieto afirmaba que, junto con él, había toda una nueva generación de “jóvenes priistas” que marcarían un cambio en la historia del país. Al término de su sexenio, los gobernantes de seis entidades federativas —cinco de ellos emanados del PRI, y uno del PAN— habían sido ya procesados judicialmente y se encontraban en prisión. Eso, que se dijo que era algo así como una “generación perdida”, ahora parece estarse replicando en los tiempos de Morena. Debe quedar claro que no son los partidos, sino las personas —y quizá el propio régimen constitucional de las entidades federativas—, lo que sigue generando este descontrol del poder independientemente del cambio en el partido gobernante.
En efecto, hoy que estamos frente a la segunda administración federal emanada de Morena, existen ya en los haberes los cuestionados desempeños de gobernadores como Cuitláhuac García en Veracruz; Cuauhtémoc Blanco en Morelos; o más recientemente el cuestionadísimo gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Todos ellos por sus problemas en la gestión de sus administraciones; la opacidad en el manejo de los recursos y, acaso, también sus peligrosas relaciones con la delincuencia organizada y otros factores criminales que hoy tienen asoladas a diversas regiones del país.
En su tiempo, algo muy similar fue lo que pasó con los priistas Javier Duarte de Ochoa, también en Veracruz, Roberto Borge Angulo de Quintana Roo; César Duarte de Chihuahua; Andrés Granier de Tabasco; Jesús Reyna García de Michoacán. Y el panista Guillermo Padrés de Sonora. ¿El común denominador? Todos procesados o por vínculos con criminales, desvío de recursos, ejercicio ilícito de la función pública y demás delitos relacionados con las arcas que y las responsabilidades que los electores les confirieron a través de las urnas. Los seis, terminaron en prisión la administración federal del presidente Peña Nieto, y algunos de ellos aún continúan recluidos en algún centro penitenciario.
Hoy, doce años después de la revelación de aquella funesta “nueva generación” de políticos, parece seguir los mismos pasos que ellos, sólo que aún soportados por la convicción morenista de no aceptar que los postulados dictados por el presidente Andrés Manuel López Obrador —no mentir, no robar, no traicionar al pueblo— no son infalibles entre algunos de sus correligionarios que llegaron al poder gracias a la aceptación popular del ahora ex Mandatario federal.
¿La culpa es del presidente López Obrador, de sus postulados, e incluso del ejemplo con el que siempre pretendió predicar? Parece que no. El problema, como siempre, son las personas: no todos —ni antes ni ahora— tienen el mismo nivel de convicción que el de sus líderes políticos; no todos son ajenos a las tentaciones del poder; y no todos ellos llegaron a sus cargos aparentando coincidir con los postulados del movimiento político que los impulsó, pero escondiendo bajo el saco algunos de los intereses aviesos que también los impulsaron a llegar hasta esos niveles del poder público.
Hasta ahora, la resistencia a perseguir y castigar esas actuaciones indebidas parece estar más fundada en no permitir que el reconocimiento de algún escándalo o de algún acto de corrupción abolle al movimiento, que el hecho mismo de hacer cumplir la ley, sea quien sea el autor del acto ilícito.
Quizá sea el momento también de revisar a fondo el régimen constitucional de las entidades federativas. Es uno de los pocos elementos de la estructura estadual que no ha cambiado, a pesar de todos los cambios y transformaciones que ha sufrido el país en los últimos cinco lustros. Quizá podría ser un acto justo mínimo de contrición, frente a la recurrencia de los abusos por parte de las entidades federativas.
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