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+ Deducir colegiaturas: ¿pobres vs ricos?
La mañana de ayer, el presidente Felipe Calderón anunció la promulgación de un decreto, a través del cual el pago de colegiaturas —desde nivel preescolar hasta medio superior— que hagan las personas físicas a instituciones educativas particulares del país, podrá ser deducible de Impuesto Sobre la Renta.
Lejos del ya tradicional sospechosismo que embriaga al ambiente político nacional, parece claro que esa medida compensa a la mayoría de quienes hacen esfuerzos importantes por dar mejor instrucción a sus hijos; y que, en modo implícito, es un reconocimiento a los graves problemas que hoy enfrenta la educación pública en el país.
En el primero de los casos, no faltó quien ante dicho anuncio, denunciara que ese es un paso más que da la “oligarquía nacional” por consolidar y ensanchar las brechas entre pobres y ricos, y que esto no haría sino hacer más notables las diferencias entre las clases sociales y económicas del país.
En gran medida, esto no parece ser más que una patraña concebida por quienes ven a la sociedad polarizadamente, y por quienes, desde el mundo de los pobres o de los ricos, siguen negando la existencia y vigor —incluso hasta cierto tipo de heroísmo— de la siempre castigada clase media mexicana.
Ese estrato económico es el que cotidianamente hace más esfuerzos por subsistir, a pesar de no ser parte ni de los programas de asistencia social que apoyan a quienes se encuentran en situación de pobreza, pero de tampoco pertenecer a las supuestas “clases acomodadas” a las que siempre les endilgan los beneficios que se le niegan a la clase media, y que sí son privilegios de los que gozan los estratos económicos más altos del país.
¿Por qué asegurar que esa medida impacta positivamente en la clase media y no en las clases económicamente más acomodadas? Porque, en primer término, es la clase media mexicana, la que opta por las instituciones educativas particulares que se encuentran en la media nacional en cuanto a sus costos. Es, en términos sencillos, no las del costo deseable, sino las del costo posible. Esto, porque los precios de las escuelas privadas a las que asisten algunos de los hijos de quienes pertenecen a los estratos económicos más elevados del país, rebasan por mucho a las escuelas particulares promedio.
Además, desde otra vertiente este asunto también puede verse como un tema de justicia. Prácticamente todas las medidas fiscales habidas en el país en los últimos años, han sido dirigidas a seguir exprimiendo a los mejores contribuyentes cautivos, que son precisamente quienes integramos la clase media.
Los asalariados de ingresos regulares, somos quienes proporcionalmente pagamos más impuestos, y somos a quienes —de nuevo— ni se nos conceden subsidios importante; y tampoco somos objeto de las exenciones fiscales de las que gozan los grandes empresarios y acaudalados de nuestro país, que ni siquiera necesitan echar mano de ese tipo de beneficios porque éstos se preparan académicamente en el extranjero.
No obstante, en el fondo existen otras razones que no sólo tienen que ver con la economía. Si algún sector ha buscado siempre superar sus propias condiciones, éste ha sido el llamado “clasemediero”.
Son quienes históricamente han venido de menos a más, y hoy comprenden perfectamente que es mejor hacer un esfuerzo económico importante para brindar educación de calidad a sus hijos aún cuando ésta les signifique una erogación importante (que no necesariamente debe ser de mucho dinero, sino proporcionalmente importante para su nivel de ingresos), que seguir prefiriendo la educación pública básica y media básica que hoy enfrente, globalmente, importantísimos rezagos que no tienen para cuándo resolverse.
“NI CONTIGO NI SIN TI”
Una de las características esenciales de órganos magisteriales radicales, como lo es la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, radica en no reconocer que ellos son parte, y no víctima —como siempre se quieren presentar ante la sociedad— de los problemas educativos que existen hoy en nuestro país.
Ayer mismo, luego del anuncio del presidente Calderón, la comisión de prensa y propaganda de la Sección 22, emitió un comunicado en el asegura que “esto es un claro subsidio a los ricos del país, los candados que dice tener son obsoletos, el promedio nacional en colegiaturas será una interpretación ‘no estandarizada’ será interpretada a “conveniencia” local de los ricos de cada estado (…) Rechazamos este acto que como otras reformas se tejen en lo obscurito (sic), se conflagran de manera discrecional para hacer más grande la brecha entre ricos y pobres de México; es necesario que el pueblo sepa que la ofensiva de ultra derecha es cada día más ‘astuta’ es necesario que la sociedad mexicana responda a estas medidas que le traerán un financiamiento claro a la clase privilegiada, cuando el pueblo se hunde en la miseria.”
Incluso, su rechazo raya en lo absurdo al localizar, de manera tendenciosamente incompleta —porque no describen la parte de responsabilidad que les corresponde a ellos— las causas que originan el problema educativo y que ameritarían ser resueltas, antes que este conceder este tipo de medidas.
Aseguran que “la educación pública no es solamente la prueba ‘enlace o pisa’ (sic) la educación pública requiere de subsanar desde la raíz males añejos como la buena alimentación, el empleo, los servicios elementales como energía eléctrica, agua potable y salud entre otros; el dispendio del ISR para los ricos significa que se ahorren lo que tienen de más y crezcan mini, media y grandes fortunas, lo que la clase trabajadora tiene en carencias y drogas”.
Frente a esos argumentos, es claro que entes como la 22 no sólo son críticos desequilibrados de las cuestiones de fondo en las que pretenden intervenir, sino que también son enemigos de las formas alternativas de progreso que tiene nuestro país. Anteponer sus argumentos a la educación de calidad, es tanto como aceptar que prefieren ante todo que nuestro país se pudra en la instrucción pública deficiente que ellos tienen en las manos.
JUSTICIA PARA TODOS
Desde ayer lunes se desarrolla la “Semana de Seguridad y Justicia para Todos”, que impulsa la Procuraduría de Justicia del Estado. A través de una serie de conferencias dictadas por ponentes de talla internacional, pretenden analizar los temas más relevantes de la procuración de justicia en la entidad. Los eventos se desarrollan en El Casino del Teatro Macedonio Alcalá y culminan el próximo viernes. ¡Participe!
