+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Módulos de Desarrollo: ¿nada ha cambiado…?

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+ Además de corrupción, incurren en ilegalidades

Nadie con verdadero sentido político desearía parecerse, o ser equiparado con el tristemente célebre personaje priista que responde al nombre de Alejandro Avilés Álvarez. Éste, en su paso por la administración pública el sexenio pasado, se hizo malamente conocido por las historias de corrupción, extorsión y malversación de recursos que se contaban de la dependencia que encabezó.

En efecto, Alejandro Avilés fue coordinador general de Delegaciones de Gobierno, a lo largo de casi toda la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Aunque era una dependencia que ya traía ciertos vicios, y ya había extraviado la mayoría las funciones para las que fue creada, en ese periodo se convirtió en una auténtica especie de “Caja de Pandora”, en la que se entretejían los más oscuros acuerdos tanto para obtener beneficios económicos indebidos, como también para encabezar la operación electoral que debía ser una tarea financiada por el Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, dos fueron las funciones más conocidas de las Delegaciones de Gobierno en ese periodo: la primera, era la relativa a que lejos de ser facilitadores y conductores de la gestión y atención entre el Gobierno del Estado y los Municipales, los delegados se convirtieron en auténticos extorsionadores, quienes por lo menos la mitad de su tiempo la dedicaban a ver cómo obtenían beneficios económicos a través de la “recomendación” de proveedores, constructoras y consultorías, para que fueran contratadas por los Ayuntamientos que se encontraban dentro de su radio de acción.

La otra mitad del tiempo, la ocupaban para su otra actividad conocida: la operación partidista. Para nadie era un secreto, que la Coordinación de Delegaciones de Gobierno tenía una estrechísima vinculación con la Secretaría de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PRI. Por eso, personajes como Marcelo Díaz de León Muriedas y Alejandro Avilés tenían no sólo una sólida relación, sino también intereses comunes que tenían que ver con “el trabajo de partido”.

Y es que, en efecto, tampoco era un secreto el hecho de que la totalidad de los delegados, subdelegados, y directores de área en las 60 delegaciones de gobierno, eran propuestos por la Secretaría de Elecciones del PRI; o éstos, al ser contratados por la dependencia que encabezaba Avilés, se les ordenaba que estuvieran al servicio del área electoral del PRI estatal.

En el interior del Estado, todo aquel que fungió como autoridad municipal en su demarcación, puede dar cuenta de cómo el Delegado de Gobierno hacía lo mismo labor institucional, que trabajo sucio en cuanto a las recomendaciones, extorsiones y chantajes. E, incluso, eran ellos —en conjunto con los también oscuros Delegados del PRI, a los que se les pagaba con recursos oficiales—, quienes estaban dedicados, aún en días y horas de trabajo, a organizar las estructuras y operación electoral, las “giras de trabajo” del líder priista en turno, y la operación estrictamente electoral en los tiempos de campaña, y los días de jornada electoral.

Frente a toda esa historia de turbiedades, que siempre fue pasada por alto por el gobierno estatal, pero que asimismo siempre fue bien conocida por la ciudadanía —a la que no se le puede engañar—, el titular de los actuales Módulos de Desarrollo Sustentable debería comenzar a preguntarse, con seriedad, si está dispuesto a pasar a la historia local con la misma reputación que su antecesor.

Y es que si bien dicen que en los comienzos están los finales, los funcionarios actuales deberían hacer más por lograr cambios que fueran más allá del nombre de esa dependencia.

 

VIOLACIONES LEGALES

Empero, más allá de los asuntos de corrupción, los módulos de Desarrollo Sustentable deberían también se revisados en cuanto a su trabajo, integración y enfoque, para verdaderamente ser coadyuvantes al desarrollo de los municipios, y no un estorbo o traba como parecen serlo ahora. Aunque es un aspecto fundamentalmente técnico el que a continuación se detalla, no está de más que Gerardo Albino González considerara este señalamiento.

Como bien se sabe, al arrancar la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo se crearon los Módulos de Desarrollo Sustentable, los cuales fueron instituidos para suplir a las antiguas Delegaciones de Gobierno. Una de las funciones establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que los módulos deberían ser instancias de plantación del territorio, tomando en cuenta que dejaría de funcionar todos los aspectos políticos que hasta entonces tenían las delegaciones de gobierno.

Para todo esto, en cada uno de los Municipios del Estado existen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), creados en la administración anterior, y que tenían como objetivo principal ser la instancia de planeación del territorio dentro de los municipios. Esto significa que con la formación de un solo CMDRS se planeaba el desarrollo total del municipio en todos sus aspectos (económico, ambiental, social, humano e institucional, etcétera.)

Es por eso que se formó un solo Consejo que es el CMDRS. Todo esto, como lo dijimos al principio, encuentra sustento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en el año 2001 por el Congreso del Estado.

En este sexenio, con la creación de los Módulos de Desarrollo Sustentable, la cual está integrando los Consejos en cada uno de los municipios de las diferentes regiones, cadauna de las antiguas Delegaciones de Gobierno, está integrando una instancia a la que denomina Consejo Municipal de Desarrollo Social, generando con ello una confusión en los mismos municipios, y sobre todo, echando por la borda todo el trabajo de planeación realizado anteriormente con los municipios por medio de los CMDRS.

Esto, debido a que instancias federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ya no participan como las encargadas de los diferentes sectores.

DESARROLLO REAL

Se supone que ya ajenos a los afanes políticos del pasado, Gobierno del Estado debería retomar este proceso de planeación a través de los CMDRS, y pueda continuar el trabajo que se venía llevando a cabo, el cual sí había dado resultados a los municipios, y así tener el desarrollo desde lo local, como se menciona en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

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