+ Gobierno federal ve paja en ojo ajeno…
Como si el gobierno federal fuera ejemplo nacional e internacional por sus estrategias de seguridad pública, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, reconoció, en declaraciones publicadas ayer domingo por el periódico El Universal, de la ciudad de México, que el impacto de la violencia “en algunas regiones del país” ha generado “obstáculos a la inversión, al intercambio comercial y al establecimiento de negocios”, y urgió a los municipios y a los gobiernos de los estados afectados a invertir más en seguridad. ¿De verdad son las entidades federativas y los municipios, y no el gobierno federal, quien se desentiende del gasto en seguridad pública?
La pregunta es relevante. Por lo menos desde hace cinco años, es cosa de todos los días hablar de los graves problemas de seguridad que vive el país; es también cotidiano el reclamo que se hace al gobierno del presidente Felipe Calderón por no poder contener los delitos, y por no poder impedir que la ciudadanía sea blanco de los criminales.
Pero también es cosa prácticamente de todos los días, que el Primer Mandatario acuse sin ton ni son a las entidades federativas y los municipios, de no atender las obligaciones que le corresponden respecto al combate al crimen organizado y la delincuencia común, de “desentenderse” del costo político que genera la delincuencia, e incluso de no invertir los recursos económicos suficientes para tener mejores corporaciones, más capacitadas y confiables, que puedan hacer frente a los criminales. Las palabras del Secretario de Hacienda, no son sino un mero recordatorio de esa acusación que, de forma recurrente e indiscriminada, lanza el Presidente de la República a los 32 Mandatarios Estatales, y a los dos mil 440 presidentes municipales que existen en el país.
De acuerdo con El Universal de ayer domingo, el Titular de la Secretaría de Hacienda, aseguró que “muchos de los delitos y la criminalidad que está afectando a México son del fuero común. Son responsabilidad de los estados y municipios, y definitivamente deberían canalizar más cantidad de recursos”.
Esto consideró Cordero Arroyo cuando se le preguntó sobre el escaso nivel de inversión que los gobiernos estatales destinan a la seguridad pública, y que durante 2010 alcanzaron sólo 4.1% de su presupuesto general, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) publicado por ese mismo medio en días anteriores.
Habría que tomar con reservas este asunto que está plagado de percepciones no del todo correctas. En efecto, el conjunto de las entidades federativas sólo invirtió poco más del cuatro por ciento del total de su presupuesto en seguridad pública. Sólo en Oaxaca, ese gasto oscila en el dos por ciento del presupuesto. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos con seriedad cuánto gasta el gobierno federal en ese mismo rubro, y qué resultados obtiene de ello.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2011, el gobierno estatal gastará, en el rubro de asuntos de orden público y seguridad, la cantidad de mil 321 millones de pesos; a esto se le adicionan 222 millones, que recibirá a través del fondo de aportaciones para la seguridad pública de las entidades federativas y el Distrito Federal. Esto, en números redondos, hace una cifra de alrededor de mil 550 millones. Si el Presupuesto total que ejercerá el Estado directamente es d 42 mil millones de pesos, entonces utilizando una sencilla operación aritmética da como resultado que el gobierno estatal invierte alrededor del 3.6 por ciento en seguridad.
FEDERACIÓN,
¿LIBRE DE PECADO?
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, el gobierno federal invertirá alrededor de 36 mil millones de pesos en seguridad pública. Si el gasto neto total previsto para dicho ejercicio fiscal es de $3, 438, 895, 500, 000.00 (Tres billones cuatrocientos treinta y ocho mil millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos millones de pesos), entonces el porcentaje que invierte la Federación en seguridad es nada menos que el 1.04, pero no por ciento, sino al millar. Es decir, que proporcionalmente con el gasto que cada uno de los gobiernos en sus distintas esferas, es la Federación quien porcentualmente invierte mucho menos dinero público que las entidades federativas.
En todo esto, es cierto que los números son fríos y que difícilmente pueden ser el único punto de referencia para comprender si realmente los gobiernos en sus distintas esferas son o no capaces, y exitosos, en cuanto a sus obligaciones de preservar la seguridad pública y proveer la protección que esperan los particulares. Si nos atenemos a la evaluación de sus resultados, sin duda todos saldrían evaluados de pésimo modo y entonces habrían muchos más cuestionamientos de los que ahora existen.
A las entidades federativas se les acusa de no querer hacer, o no poder hacer, todo lo que les corresponde en esa materia. Sin embargo, es cierto que si las Procuradurías estatales a veces no tienen la capacidad de procurar justicia, y las Policías Estatales tampoco son del todo confiables, lo cierto es que la Policía Federal, y la Procuraduría General de la República, no necesariamente se encuentran lejos de esos parámetros.
El asunto, más bien, es global y las tres esferas de gobierno debían estar atendiendo sus responsabilidades, antes que proferirse ataques de los que finalmente todos salen mal librados. Habría también que considerar si los problemas son de gastos, de eficiencia, de operatividad, o de voluntad política para hacer bien la labor que tienen encomendada.
CONFIABILIDAD…
¿A TODA PRUEBA?
Junto con la confiabilidad y preparación de los agentes que cuidan a ras de tierra de los ciudadanos, ¿existe de verdad la confianza en que cada uno de los mandos policiacos sabe hacer su trabajo, y tiene conocimiento específico de las labores que le corresponden? ¿Todos son de verdad confiables? ¿Los Secretarios de Seguridad, y los comandantes, todos, aprobaron el examen de control de confianza? Al menos aquí en Oaxaca es nada lo que se sabe al respecto. ¿Todos los que están al frente de la seguridad pública, son de verdad quienes deben estar en esas responsabilidades? ¿Se ha evaluado también la parte subjetiva de todo este problema?
+ Gobierno federal ve paja en ojo ajeno…
Como si el gobierno federal fuera ejemplo nacional e internacional por sus estrategias de seguridad pública, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, reconoció, en declaraciones publicadas ayer domingo por el periódico El Universal, de la ciudad de México, que el impacto de la violencia “en algunas regiones del país” ha generado “obstáculos a la inversión, al intercambio comercial y al establecimiento de negocios”, y urgió a los municipios y a los gobiernos de los estados afectados a invertir más en seguridad. ¿De verdad son las entidades federativas y los municipios, y no el gobierno federal, quien se desentiende del gasto en seguridad pública?
La pregunta es relevante. Por lo menos desde hace cinco años, es cosa de todos los días hablar de los graves problemas de seguridad que vive el país; es también cotidiano el reclamo que se hace al gobierno del presidente Felipe Calderón por no poder contener los delitos, y por no poder impedir que la ciudadanía sea blanco de los criminales.
Pero también es cosa prácticamente de todos los días, que el Primer Mandatario acuse sin ton ni son a las entidades federativas y los municipios, de no atender las obligaciones que le corresponden respecto al combate al crimen organizado y la delincuencia común, de “desentenderse” del costo político que genera la delincuencia, e incluso de no invertir los recursos económicos suficientes para tener mejores corporaciones, más capacitadas y confiables, que puedan hacer frente a los criminales. Las palabras del Secretario de Hacienda, no son sino un mero recordatorio de esa acusación que, de forma recurrente e indiscriminada, lanza el Presidente de la República a los 32 Mandatarios Estatales, y a los dos mil 440 presidentes municipales que existen en el país.
De acuerdo con El Universal de ayer domingo, el Titular de la Secretaría de Hacienda, aseguró que “muchos de los delitos y la criminalidad que está afectando a México son del fuero común. Son responsabilidad de los estados y municipios, y definitivamente deberían canalizar más cantidad de recursos”.
Esto consideró Cordero Arroyo cuando se le preguntó sobre el escaso nivel de inversión que los gobiernos estatales destinan a la seguridad pública, y que durante 2010 alcanzaron sólo 4.1% de su presupuesto general, según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) publicado por ese mismo medio en días anteriores.
Habría que tomar con reservas este asunto que está plagado de percepciones no del todo correctas. En efecto, el conjunto de las entidades federativas sólo invirtió poco más del cuatro por ciento del total de su presupuesto en seguridad pública. Sólo en Oaxaca, ese gasto oscila en el dos por ciento del presupuesto. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos con seriedad cuánto gasta el gobierno federal en ese mismo rubro, y qué resultados obtiene de ello.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2011, el gobierno estatal gastará, en el rubro de asuntos de orden público y seguridad, la cantidad de mil 321 millones de pesos; a esto se le adicionan 222 millones, que recibirá a través del fondo de aportaciones para la seguridad pública de las entidades federativas y el Distrito Federal. Esto, en números redondos, hace una cifra de alrededor de mil 550 millones. Si el Presupuesto total que ejercerá el Estado directamente es d 42 mil millones de pesos, entonces utilizando una sencilla operación aritmética da como resultado que el gobierno estatal invierte alrededor del 3.6 por ciento en seguridad.
FEDERACIÓN,
¿LIBRE DE PECADO?
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, el gobierno federal invertirá alrededor de 36 mil millones de pesos en seguridad pública. Si el gasto neto total previsto para dicho ejercicio fiscal es de $3, 438, 895, 500, 000.00 (Tres billones cuatrocientos treinta y ocho mil millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos millones de pesos), entonces el porcentaje que invierte la Federación en seguridad es nada menos que el 1.04, pero no por ciento, sino al millar. Es decir, que proporcionalmente con el gasto que cada uno de los gobiernos en sus distintas esferas, es la Federación quien porcentualmente invierte mucho menos dinero público que las entidades federativas.
En todo esto, es cierto que los números son fríos y que difícilmente pueden ser el único punto de referencia para comprender si realmente los gobiernos en sus distintas esferas son o no capaces, y exitosos, en cuanto a sus obligaciones de preservar la seguridad pública y proveer la protección que esperan los particulares. Si nos atenemos a la evaluación de sus resultados, sin duda todos saldrían evaluados de pésimo modo y entonces habrían muchos más cuestionamientos de los que ahora existen.
A las entidades federativas se les acusa de no querer hacer, o no poder hacer, todo lo que les corresponde en esa materia. Sin embargo, es cierto que si las Procuradurías estatales a veces no tienen la capacidad de procurar justicia, y las Policías Estatales tampoco son del todo confiables, lo cierto es que la Policía Federal, y la Procuraduría General de la República, no necesariamente se encuentran lejos de esos parámetros.
El asunto, más bien, es global y las tres esferas de gobierno debían estar atendiendo sus responsabilidades, antes que proferirse ataques de los que finalmente todos salen mal librados. Habría también que considerar si los problemas son de gastos, de eficiencia, de operatividad, o de voluntad política para hacer bien la labor que tienen encomendada.
CONFIABILIDAD…
¿A TODA PRUEBA?
Junto con la confiabilidad y preparación de los agentes que cuidan a ras de tierra de los ciudadanos, ¿existe de verdad la confianza en que cada uno de los mandos policiacos sabe hacer su trabajo, y tiene conocimiento específico de las labores que le corresponden? ¿Todos son de verdad confiables? ¿Los Secretarios de Seguridad, y los comandantes, todos, aprobaron el examen de control de confianza? Al menos aquí en Oaxaca es nada lo que se sabe al respecto. ¿Todos los que están al frente de la seguridad pública, son de verdad quienes deben estar en esas responsabilidades? ¿Se ha evaluado también la parte subjetiva de todo este problema?
