+ Institución, sujeta al interés y vaivén partidista
Más allá de la polémica por la forma en cómo fue realizada la conformación del nuevo Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quedó claro que tanto los diputados que integran la coalición legislativa en el Congreso del Estado, como en el propio grupo gobernante, no existe visión de largo plazo. Tal y como está, el órgano electoral quedó, además de cuestionado, sujeto a todos los vaivenes políticos, electorales y hasta de coyuntura, a los que esencialmente no debía estar condicionado.
Constitucionalmente, el Instituto Estatal Electoral es uno de los órganos a los que se les brindó autonomía y “ciudadanización”, justamente para que tanto su integración como sus determinaciones fueran ajenas a todo partidismo, y por tanto no estuvieran influenciadas por quienes detentan el poder.
Para reforzar esa aspiración, la elección de sus integrantes está determinada por la no pertenencia a partidos políticos y la no participación en el ejercicio público en el pasado reciente (esto es lo que da la certidumbre de la integración ciudadana). Y por esa misma razón, la elección de los integrantes del Consejo General del órgano electoral está encomendada a los representantes del pueblo en el Poder Público, que son los integrantes del Congreso local.
En ese sentido, se supone que éstos salvaguardan el interés de la mayoría, y que al ser sólo ellos quienes eligen a los integrantes del IEEPC, sin la intervención del Gobernador del Estado, garantizan que el órgano electoral no responda a los intereses del poder gobernante. Y, en todo esto, la autonomía del órgano electoral se refuerza con la disposición de que sus integrantes tendrán un periodo de funciones estable y firme, no sujeto a los cambios de gobierno.
Esos son, en esencia, los planteamientos de fondo que caracterizan al órgano electoral. Ahora bien, frente a ellos, preguntémonos: ¿De verdad están garantizados los principios de autonomía y ciudadanización requeridos para el funcionamiento no sólo legal, sino legítimo, estable y reconocido del órgano electoral? Tal parece que en el terreno de lo estrictamente formal, sí; pero si vamos más allá, a una cuestión de mera práctica política y de ejercicio del poder, veremos que las cosas son mucho menos halagüeñas de lo que hoy parecen.
Formalmente, ni el consejero Presidente, Alberto Alonso Criollo, ni alguno de los integrantes del Consejo General del IEEPC, tiene cuestionamiento alguno. Todos cumplieron con el perfil profesional y ciudadano que se requería; todos comparecieron ante el Congreso local, y la única cuestión que queda pendiente es que los tribunales jurisdiccionales de la materia convaliden, o manden a reponer, la elección de uno o todos los integrantes del Consejo General. Sin embargo, aún con eso el órgano electoral podría funcionar plenamente.
Sin embargo, más allá de esa situación —legalmente superable o corregible— habría que preguntarse qué pasará en el terreno de la legitimidad y la estabilidad de un órgano como este, no ahora, sino dentro de un tiempo cuando posiblemente cambie la integración del Congreso del Estado, o simplemente cuando se disuelva la coalición legislativa que hoy existe entre los diputados integrantes de los partidos que apoyan al gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Es posible que en ese punto quede en evidencia que no todo radica en el estricto cumplimiento de los requisitos legales, sino que también es necesaria una alta dosis de legitimidad política para que un órgano como el IEEPC pueda funcionar plenamente, para que pueda fungir como árbitro en los procesos electorales, y para que pueda llevar a término el programa de trabajo que tienen sus integrantes actuales. Este asunto, pues, rebasa la simple polémica legal, o jurisdiccional, sobre su integración.
ESCENARIO INESTABLE
Pensemos, por ejemplo, qué podría pasar si en los comicios locales intermedios de 2013, el PRI obtiene mayoría simple o calificada de diputados locales en el Congreso, y por un ánimo de venganza o de demostración de fuerza, decide ir a reformar el IEEPC.
También es posible un escenario como el de la elección federal de 2006, en el que la competencia política fue tan ríspida, y como al árbitro electoral le faltó sustento y legitimidad para fungir como regulador y garante democrático, entonces al primero que todos los partidos decidieron cobrarle la afrenta fue precisamente a éste, renovándolo en un proceso que dejó profundamente lastimado al IFE.
Veamos, particularmente, lo que pasó con el IFE después de la elección federal de 2006. Luego de éstos comicios, todos los partidos coincidieron en que al órgano electoral le había faltado sustento para evitar que ese proceso electoral terminara en crisis. El IFE, según ellos, no pudo garantizar la ausencia de inequidad, excesos, violaciones a la ley, y demás; por eso, por todo lo que ellos habían cometido, decidieron “renovar” al Consejo General de ese instituto.
A Luis Carlos Ugalde nadie puede negarle sus credenciales como profesional, como académico y como representante del interés ciudadano. Sin embargo, nada de eso le bastó para ser removido de su cargo. Finalmente, como consecuencia de una negociación política se decidió su salida (así como fue una decisión política carente de legitimidad plena la que lo llevó, de la mano de la entonces priista Elba Esther Gordillo, a la presidencia del Instituto). Y hasta hoy, no ha habido poder humano que impida que sean las decisiones políticas las que prevalezcan frente a los órganos autónomos.
Como en política nada está escrito, esos son escenarios posibles que, independientemente de sus particularidades, serán de alto riesgo para una institución que hoy carece del sustento político que requería para funcionar plenamente. Nadie puede hoy asegurar que en el futuro próximo el PRI seguirá siendo minoría, o que al pasar a ser mayoría legislativa siga respetando la integración de un órgano en el que, sea como sea, éste no está representado.
RIESGO REAL
Si el escenario hoy tan favorable para la coalición legislativa cambia, entonces los primeros que estarán en problemas son los integrantes del IEEPC; todo eso no habría ocurrido si su integración hubiera estado legitimada, políticamente, por todos los integrantes del Congreso del Estado. Y finalmente, en el mediano plazo esta vulnerabilidad afectará a los partidos, pero será mucho más riesgosa para la aún incipiente democracia electoral que hoy prevalece en Oaxaca.
