+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Manejar la expectativa, mal cálculo del gobierno

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+ Saldo a favor, revertido por errónea concertación

 

Queda claro que una de las cuestiones que, hasta hoy, ha afectado en mayor medida al Gobierno del Estado, es el mal manejo de la expectativa ciudadana sobre sus alcances iniciales y resultados en el corto plazo. Aunque las premisas básicas de esa esperanza ciudadana parecen ser fáciles de plantear y alcanzar, todo esto se convirtió en un auténtico búmerang para quienes perdieron la prudencia en los momentos determinantes, y ahora no pueden resolver un problema que a todas luces parecería innecesario.

En primer término, habría que definir dos cuestiones. La primera, respecto al significado del término “expectativa”; y el segundo, en relación a los alcances que posiblemente habría de tener este factor en una sociedad políticamente tan particular como la nuestra, para funcionar efectivamente a favor de un gobierno, y no terminar siendo un auténtico dolor de cabeza, como lo es hoy para el gobierno de Oaxaca.

En el primero de los aspectos, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra expectativa tiene tres acepciones. La primera de ellas, se refiere a “la esperanza de realizar o conseguir algo”; la segunda, a la “posibilidad razonable de que algo suceda”. Y la tercera, alude a la “posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé”.

Lejos de cualquier intento de teorización o conceptualización, queda claro que en una sociedad como la nuestra la expectativa ciudadana real, se funda en un puñado de cuestiones que no tendrían por qué ser difíciles —o imposibles— de alcanzar para un gobierno legitimado que, además, se jacta de contar con el respaldo ciudadano.

En ese sentido, queda claro que la ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes, las cuales apuntamos y definimos en este espacio desde hace ya bastante tiempo. En relación a ello, desde noviembre pasado —antes de que el actual gobierno asumiera su mandato— aquí consideramos que más que grandes obras o cambios radicales, la sociedad oaxaqueña tenía, y sigue teniendo, una altísima expectativa, más allá de las promesas de quienes estaban a punto de asumir como gobernantes, respecto a que ahora sí se hiciera efectiva la justicia, el orden y el cambio de actitud en el ejercicio del poder.

Apuntamos, particularmente, que “contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía continúa esperando el momento en que pueda ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, dijimos desde entonces, radica en que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.”

¿Este mensaje ha sido comprendido por quienes se supone que hoy ya detentan plenamente el poder? Y sobre todo, ¿la expectativa —o esperanza, o posibilidad razonable de conseguir un derecho cuando suceda algo que se prevé— ha sido bien manejada por el régimen gobernante para actuar a su favor? Es claro que de la respuesta a esos cuestionamientos, se desprenden muchas de las decisiones y hechos que involucran (y desgastan) a la administración estatal, las cuales pudieron ser evitadas al hacer una lectura e interpretación correcta de lo que la ciudadanía esperaba de ellos.

ATENCIÓN TARDÍA

Tal y como fueron lo apuntaron los vaticinios, el amplio margen con el que ganó los comicios el actual gobierno, y la importante expectativa ciudadana (con la consiguiente aceptación) que generaron, hicieron a los integrantes del actual gobierno, llegar al poder con la soberbia que se esperaba.

Como sentían que ganaron a pesar de muchos (personas, grupos, factores, camarillas, etcétera), y que tenían un respaldo popular sin precedentes, también creyeron que podían hacer su gobierno, sin atender los rasgos sensibles de la esperanza ciudadana. Aquí y en China, es imposible pensar que alguien puede hacer con el poder lo que le venga en gana (mucho o poco), y que todo eso no tendrá consecuencias.

Ese fue el rasgo con el que, en alguna medida, inició la presente administración estatal. Consideraron que a pesar de la altísima expectativa que generaron, podían seguir replicando prácticas de poder propias del pasado, y que eso no habría de tener efectos colaterales. Olvidaron, en términos sencillos, que la Tercera Ley de Newton también aplica en cuestiones políticas. Ésta, recordemos, dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.

Hasta hoy, alcanzan a ser apenas destellos los logrados para satisfacer la expectativa ciudadana. Hay, apenas, algunas cuestiones bien conseguidas respecto a la procuración de justicia; pero la seguridad pública sigue siendo un tema pendiente; lo mismo que la concertación política y la solución pacífica de las controversias sociales. Incluso, tampoco ha habido contrastes —simples o sustanciales— relacionados con la interacción que cotidianamente tiene el gobierno estatal con las personas.

Hoy, sin embargo, parece ser que al menos en el terreno de las percepciones, el gobierno estatal comienza a reaccionar tomando cartas para “explicar” a la ciudadanía algunas de las medidas tomadas. Comienza a haber, por ejemplo, una aparición recurrente de explicaciones oficiales sobre el cobro de impuestos estatales, sobre la aplicación de la fuerza pública, o sobre decisiones importantes relacionadas con los conflictos sociales. Todo esto se aparece, más que como un acto de voluntad, como una especie de control de daños.

Con algo de tardanza, comienzan a entender que el gobierno no se hace a partir de la soledad del gobernante. Pero de haber comprendido esto a tiempo, y de haber establecido los canales de comunicación oportunamente, el tiempo que hoy gastan en componer los platos que ya están rotos bien podrían ocuparlo para afianzar una expectativa ciudadana que hoy ya se nota algo maltrecha.

RECICLAJE

Por cierto, en el IEBO dicen que luego de tanta persecución contra los priistas de la administración anterior, ahora les dan más de lo mismo. Miren si no: recientemente nombraron a Luis Víctor Ortiz Bautista como director de Planeación de ese Instituto. Sólo que éste era, hasta hace poquísimo tiempo, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios del PRI. ¡Cuántas convicciones y congruencia! Ver para creer.

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