+ Impunidad: costo político, para Mandatario
Hace apenas unas semanas, algunos medios dieron cuenta de cómo el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fue hostigado en un restaurante de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, por un grupo de activistas que le reprochó a gritos por los homicidios y actos de represión cometidos durante el conflicto magisterial de 2006.
Ese estigma de la represión, aún hoy es parte del costo político que paga el ex Gobernante por haberse excedido en sus funciones, pero también por decisiones que tomaron sus subordinados, y que él no supo detener ni castigar oportunamente. Aunque en sus características propias, eso mismo podría ocurrir con un asunto actual, como el del desastre policiaco de Textitlán.
Para entender este asunto, es necesario volver la memoria a los hechos que detonaron el conflicto magisterial de hace cinco años. Regresemos a lo ocurrido hace exactamente un lustro: En aquel momento, en mayo de 2006, la inconformidad magisterial derivó en un paro indefinido de labores, y la instalación de un plantón por parte de los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE.
Esas acciones de protesta duraron 24 días —del 22 de mayo al 14 de junio de ese año—, hasta que el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, decidió poner en marcha un operativo policiaco para despejar las calles y obligar a los profesores a desocupar alrededor de sesenta calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, que entonces mantenían ocupadas.
Independientemente de los errores estratégicos cometidos en ese operativo —los cuales llevaron a los elementos estatales a ser ellos los replegados por los profesores, en un enfrentamiento desigual y desordenado, que dejó una pésima imagen de las corporaciones policiacas—, lo cierto es que desde entonces la Policía del Estado comenzó a cometer una serie de excesos y arbitrariedades, ordenados y no por las autoridades superiores, por las que finalmente no terminó pagando nadie más que el entonces Gobernador del Estado. Veamos si no.
Por el operativo policiaco del 14 de junio de 2006, todos los sectores que se sintieron agraviados responsabilizaron al entonces secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, al director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, y a la secretaria de Protección Ciudadana, Alma López Vásquez.
Esos tres funcionarios, fueron cesados de sus funciones apenas unas semanas después del operativo. Y con eso, el Gobernador del Estado supuso que había hecho “justicia” y que con la destitución de los funcionarios mencionados se subsanarían los señalamientos que para entonces ya pesaban no sólo en contra de aquellos, sino también en su contra.
¿Qué pasó después? Que los excesos policiacos, los actos de represión y de hostigamiento en contra de activistas y grupos sociales continuaron. Y el Gobernante, que siempre negó tener participación o conocimiento de ellos, siguió tolerándolos. Es decir, que cuando menos permitió que sus funcionarios continuaran excediéndose en sus funciones, o incluso él continuó ordenando esos actos de hostigamiento continuaran ocurriendo. Y al final, resultó que no fue nadie más que él quien pagó todos los costos políticos de los actos que él dispuso expresamente, y de los que permitió a sus funcionarios por tolerancia o desconocimiento de los fines que perseguían.
DESTINO IMPLACABLE
Hoy, por ejemplo, Jorge Franco Vargas es diputado federal, y todos los días camina por las calles con un discreto equipo de seguridad que, por momentos, parece imperceptible. Aún con eso, no tiene reparo alguno en seguir viviendo en la capital oaxaqueña, y más allá de los señalamientos de algunas personas, no parece tener mayor contrariedad o problema por habitar en la ciudad donde a él se le acusa de haber ordenado uno de los mayores actos de represión de los últimos años.
Lo mismo ocurre con los demás involucrados directos: Vera Salinas, por ejemplo, ocupó algunos cargos policiacos de relevancia en otras entidades federativas, y sólo desapareció de la escena pública cuando fue involucrado en investigaciones federales por actos de espionaje en el estado de Quintana Roo. Éstos, sin embargo, nada tienen que ver con su intervención en el conflicto magisterial de Oaxaca, o con algún tipo de responsabilidad por haber sido la autoridad ejecutora de posibles actos de represión, excesos o brutalidad policiaca.
Alma López, incluso, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y hoy su figura no parece tener el más mínimo cuestionamiento por esos episodios. Algo similar ocurre con la ahora auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, que en aquellos momentos era procuradora de Justicia. Para ambas, aquellos sucesos parecen hechos lejanos, por los que ya no tienen contrariedad alguna.
¿Quién pagó, sin embargo, el costo por los errores o excesos de esos y todos los funcionarios relacionados con los hechos del 2006? Sin duda, es y seguirá siendo el ex gobernador Ruiz, por no haber tenido la determinación suficiente para hacer que cada quien cargara con sus propias responsabilidades. Hoy, todos los mencionados siguen en Oaxaca, menos el ex Mandatario que seguramente nunca más podrá regresar a caminar tranquilamente por las calles de la Verde Antequera.
Todo eso debería estarlo registrando hoy el gobierno actual, si es que no desea cargar con el costo de los excesos e irresponsabilidad de unos cuantos funcionarios. El Gobernador del Estado, los diputados del Congreso del Estado, y todos los demás involucrados, debían entender este asunto con una perspectiva de más largo plazo, y comprender que los titubeos no llevarán al sacrificio a nadie más que a quien encabeza el destino político de la entidad.
Frente al caso de Textitlán, deben abandonar todos los maniqueísmos con los que pretenden disfrazar la realidad, y comenzar a entender que este puede ser el primer gran estigma de un gobierno de altas expectativas, sobre el cual se espera mucho, pero no acciones como esa. Ojalá lo entiendan a tiempo.
¿EFICIENCIA GUBERNAMENTAL?
Si usted desea hacer cualquier trámite en Ciudad Administrativa, y necesita pagar derechos por él, ¿qué cree? Que en todo ese enorme complejo de “modernidad”, no existe una sola oficina de recaudación. El sitio más cercano para pagar, son las oficinas de Tránsito del Estado, que se encuentran a más de un kilómetro de ese lugar. ¿Eso es eficiencia? Es pregunta.
13 de mayo de 2011.
