+ Marchas, paros, plantones y “negociaciones” ¿legales?
Bien dice el refranero que “para tener el pico largo, hay que tener la cola corta”. Y es que si la Sección 22 del SNTE asegura que su par en Oaxaca, la Sección 59, no tiene legitimidad y tiene “irregularidades” tanto en su reconocimiento ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato magisterial, como ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, también debía reconocer que la gran mayoría de sus acciones tampoco gozan de la legalidad y legitimidad con la que ahora pretenden defenderse.
En efecto, de acuerdo con declaraciones dadas a conocer ayer por la Agencia Quadratin, el secretario General de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, puso en duda los respaldos que la Sección 59 dice tener a través del registro del Consejo Nacional del SNTE y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aseguró que existen “irregularidades que deben revisarse” respecto de esos registros.
Queda claro, frente a ello, que el dirigente del llamado “magisterio democrático” pretende manipular la realidad a su conveniencia, para lograr el objetivo planteado por la Asamblea Estatal de la Sección 22, de ser el único “gremio legítimo” del magisterio oaxaqueño. Además de confundirse, y de negar cuestiones legales que rebasan por mucho la esfera estatal, con su reproche fundado en la legalidad, el Líder magisterial también debería incriminar a su gremio por el abierto desprecio al Estado de Derecho que cometen casi con cada una de sus acciones y métodos de lucha.
Pero vayamos primero a los antecedentes de la Sección 59. Ésta, contrario a lo que se piensa comúnmente, no surgió a raíz del movimiento magisterial de 2006, ni en su momento fue una hechura del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
De hecho, el antecedente fundamental de la 59, fue el Consejo Central de Lucha, que surgió por diferencias internas durante la dirigencia de Enrique Rueda Pacheco, y fundamentalmente por la negativa de Erika Rapp Soto, a la sazón tesorera del Comité Seccional en Oaxaca del SNTE, a prestarse a los juegos de corrupción del entonces Secretario General, en cuestiones como la comercialización de electrodomésticos a los profesores, y la “legalización” de prebendas que eran exigidas al Gobierno del Estado.
Así, independientemente del conflicto magisterial y los hechos particulares ocurridos en 2006 y después, el Consejo Central de Lucha recibió el reconocimiento como Sección magisterial por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en 2007, y también fue avalada como tal por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2008, a través del otorgamiento de la toma de nota respectiva.
Así, queda claro que el problema inicial de la 59 no es de legalidad, sino más bien político. Esto porque, en un primer momento, la 22 no sólo se ha resistido a reconocer que existe otra sección magisterial en Oaxaca, sino que se ha dedicado a presionar al Gobierno del Estado para que no tenga ningún tipo de interlocución con la disidencia magisterial.
En ese sentido, la 22 ha logrado su objetivo en la medida que ha atajado las posibilidades de que la Sección 59 pueda negociar y obtener beneficios. A la par de ello, se ha valido de todos los tipos posibles de terrorismo intersindical, para lograr el desaliento en la disidencia y conseguir el regreso de quienes se habían cambiado de representación sindical.
VIOLENCIA E ILEGALIDAD
Quién sabe si existan o no mediciones sobre el buen o mal desempeño que tenga la Sección 59 en su trabajo docente. Lo que sí queda claro que es que uno de sus mayores cuestionamientos radica en la falta de claridad en cuanto a su vida interna. Desde hace cinco años, por ejemplo, no cambian de dirigente. No queda claro si reciben recursos por concepto de cuotas desde la dirigencia nacional del SNTE. Y tampoco queda claro si han conseguido beneficios en sus gestiones ante el gobierno estatal, y en qué pudieran éstas consistir.
No obstante, lo que sí queda claro es que ninguno de esos cuestionamientos le llega ni a los talones a cualquiera de las acciones “de lucha sindical” comunes de la Sección 22. Veamos por qué.
Contrario a lo que ocurre en casi cualquier otro gremio, la Sección 22 nunca se ha conducido en el marco de la legalidad al organizar, decretar y estallar sus paros de labores. Por eso —porque sus decisiones sindicales no pasan por la regulación de la Autoridad Laboral—, a sus suspensiones de labores se les puede denominar de cualquier modo posible, menos como “huelga”. Éste último término debe tener el aval de la Junta de Conciliación, y para que ésta pueda ser estallada el patrón primero debe ser emplazado legalmente y la huelga debe reunir ciertas características.
¿Alguna vez ha seguido este procedimiento la “legalista” Sección 22 del SNTE? Evidentemente no. Para ellos, la legitimidad de su lucha se encuentra en su fortaleza numérica y en las resoluciones de su Asamblea Estatal, como único ente regulador de sus acciones.
¿Otra muestra de su supuesta y engañosa vocación por la “legalidad”? Ciertamente, la Constitución federal garantiza a todos la libre manifestación. Sin embargo, el apoderarse por completo de las calles, cada que se les pega la gana, no resulta ser sino otro acto lesivo y ominoso para la mayoría, que también se encuentra únicamente fundado en su fuerza y en sus determinaciones, pero no en un posible asunto jurídico en que realmente pudieran basarlo.
Por último, habría que preguntarse, por si fuera poco, por qué sus procesos de negociación con el Gobierno del Estado siempre son a puerta cerrada. Por qué nunca se han preocupado por llamar a un representante de la Secretaría del Trabajo para que avale la legalidad tanto del proceso de negociación, como de los logros obtenidos. Habría que ver, de entrada, si lo que tienen cada año con el gobierno estatal es de verdad un proceso de negociación, o si todo se basa en un abierto chantaje en contra del gobierno estatal.
Todo eso debían aclararlo, o justificarlo los democráticos de la Sección 22, antes de sentirse con la calidad moral para disertar sobre la legalidad de un grupo como la Sección 59 del SNTE.
¡AGUAS, AGUAS!
Más de uno en Oaxaca, mientras ve por televisión la noticia de la detención del ex gobernador Pablo Salazar, se acuerda de aquel refrán que dice: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Y sin quererlo ni controlarlo, tiembla.
buenos tus apuntes Adrian, veo tanto al gobierno estatal como a la seccion 22 al menos en este tema como varios mas, en un corral para cerdos…..comiendo y excretando ahi mismo, solo entre ellos este problema teiene el vico desde un principio ahi por los 80´s cuando se solicita el piego de peticiones se hace mediante la junta federal y aho se deben ventirlar todas las cuestiones ya que esenimentmente laboral y de corte por si no lo saben federal- claro con intetervencion estatal, pero en fin para que hablar sobre este asunto con estas gentes es como usar la dialectica en el desierto.
No conocen esos barbajanes el concepto de legalidad ni legitimidad porque ellos jamas respetan las leyes, se portan como salvajes, nada mas vean el aspecto de su audirorio y su hotel (casa de citas donde nada mas andan adulterando) y veran que es una porqueria, no respetan ni la banqueta para que pase la gente, de alli nos damos cuenvta de que lacra estamos hablando. He estado en algunas actividades y dan vergeunza estos miztritos cargadores porque no parecen ser otra cosa, tengo amistades que de andar repartiendo agua en un triciclo paso a maestro y otro que de quesero y ordeñador de vacas paso a ser maistro de secundaria. Ya sabemos, defienden como perros ese trabajo porque es el unico donde los toleran y les pagan sin saber y sin trabajar. Pero todo tiene un limite y el de estos delincuentes de la 22 esta por llegar, nada mas acuerdense el dia que los veamos corriendo como ratas o perros con la cola entre las patas cuando se les corra de mushcas escuelas y no falta mucho para eso. COSECHARAN LO QUE ESTAN SEMBRANDO Y HAN SEMBRADO.