+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

IEEPO: Otra “caja negra” a punto de abrirse

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+ Corrupción de S-22, ¿esa sí se pasará por alto?

 

No debiera sorprender que alguna de las próximas aprehensiones que ejecutara la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de funcionarios de la administración anterior, fuera por asuntos relacionados con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esa dependencia es una de las que guarda mayores secretos y oscuridades con hedor a corrupción. La pregunta de fondo, sin embargo, radica en si el Gobierno del Estado perseguirá sólo a los ex funcionarios, o también a quienes desde las trincheras magisteriales hacen y deshacen a su antojo innumerables actos de corrupción relacionados con el presupuesto, la situación laboral y las prestaciones de los trabajadores de la educación.

En efecto, al ser el IEEPO una de las instancias estatales con mayor presupuesto y número de trabajadores activos, fácilmente puede preverse que sea una de las más problemáticas. Esa percepción toma fuerza cuando se sabe que ahí no sólo han confluido servidores públicos que posiblemente han realizado desvíos o actos de corrupción, sino también funcionarios impulsados y protegidos desde el sindicato magisterial, que podrían haber hecho tanto o más que los nombrados por el grupo gobernante en turno.

Hasta el momento, se sabe que la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo le sigue la pista a varias cuestiones relacionadas con el manejo presupuestal de ese Instituto, y que podría estar ahora mismo integrando, o consignando ante un juez, sendas averiguaciones previas en contra de quienes posiblemente cometieron actos indebidos en el manejo de los recursos humanos, el presupuesto destinado a salarios, y ciertos rubros de las millonarias adquisiciones de bienes y recursos materiales que cada año realiza para dotarse, y para dotar a las 13 mil escuelas de educación básica en la entidad, de los implementos necesarios para la realización de sus actividades.

Hablando en abstracto de los desfalcos presuntamente hallados en esa instancia, el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán reconocía ayer, en una entrevista concedida al periódico Noticias, que en las auditorías que hasta el momento ha realizado la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, han encontrado más de 700 millones de pesos utilizados irregularmente.

Todo esto, además, del manejo discrecional de la nómina de trabajadores. “las nóminas que recibieron al inicio de la administración carecen de elementos mínimos de control, por lo que a esta altura no saben todavía la cifra de trabajadores que pudieran estar recibiendo salarios sin devengarlos”, señalaba Vásquez Guzmán.

Y es que, en efecto, los problemas y la posible corrupción del IEEPO son del mismo tamaño de la misma institución. Sin embargo, es también cierto que al tratar de revisar ciertos rubros, tanto la dirección del Instituto, como la Contraloría del Gobierno del Estado, necesariamente tendrán que pasar por la revisión de ciertos asuntos que no están en manos de funcionarios leales al régimen gobernante, sino al sindicato magisterial.

¿Qué asuntos son esos? Y sobre todo, ¿Cómo impactarían no sólo en la legalidad, sino también en la gobernabilidad e incluso en la congruencia y la voluntad por la ley del gobierno estatal? El asunto, sin duda, es mucho más complejo de lo que hasta ahora parece.

 

OTRA CAJA NEGRA

Sin duda, el IEEPO implica tantas o más tentaciones que las provocadas por el manejo y las potencialidades de corrupción, relacionadas con el transporte concesionado. Esto porque, además del volumen de sus recursos económicos y trabajadores, muchos de sus procesos continúan siendo oscuros y sujetos no al orden administrativo, sino a las necesidades políticas del régimen en turno.

Es posible que parte de los 700 millones de pesos presuntamente utilizados de forma irregular por la administración anterior, hayan ido a parar a gastos electorales o al bolsillo de funcionarios corruptos que inflaron precios, que inscribieron en la nómina a trabajadores fantasma para cobrar ellos su salario, o que traficaron con los innumerables servicios y atribuciones que el Instituto tiene respecto a los trabajadores de la educación.

No obstante, en una dependencia como el IEEPO, el sindicato magisterial tiene un amplio margen de maniobra, y es de todos sabido que ellos no son ajenos a los manejos excesivos, irregulares, e incluso corruptos. En ese sentido, ¿no ha sido nota recurrente en medios informativos de la capital del país, que sólo en Oaxaca existen unos 10 mil trabajadores de la educación “asignados a tareas sindicales”, que posiblemente cobran sin trabajar?

Esa sólo podría ser la primera fase de un asunto mucho mayor. Institucionalizadamente, el sindicato magisterial tiene en sus manos el otorgamiento de prácticamente todas las prestaciones sociales y salariales a que tienen derecho los trabajadores de la educación. Y también, institucionalizadamente, se ha vuelto costumbre que esos derechos sean no otorgados sino traficados, y que éstos sean entregados no en base a las necesidades y méritos laborales reales, sino a los favores y disciplina demostrados a la causa sindical.

Por eso, un verdadero proceso de saneamiento tendría que ir encaminado no sólo a perseguir y castigar a los ex funcionarios estatales corruptos, sino también a quienes “institucionalizadamente” trafican con los servicios prestados con el Instituto, y hacen de ellos parte central de una maquinaria coactiva que limita, y exige disciplina o castigo, a los trabajadores de la educación para demostrar obediencia a los mandatos de su sindicato.

Si paulatinamente el IEEPO desmantela esos vicios, a la par de perseguir a quienes abusaron de sus atribuciones, entonces todo este proceso estará verdaderamente encaminado a la justicia, a la transparencia y al combate a la corrupción. Empero, si se persigue a unos y se deja intactos a los otros, entonces todo será parte de la cacería de brujas que, hasta ahora, los opositores al régimen tanto acusan.

 

BARBAS A REMOJAR

La “rumorología” impulsada desde “fuentes confiables”, asegura que la lista de ex funcionarios a quienes ya se les libró orden de aprehensión, o está en proceso de ello ocurra, tiene alrededor de veinte nombres. Habrá que ver de qué modo impacta esto en la estabilidad política entre partidos, y sobre todo si son verdaderamente sólidas las acusaciones y los procesos judiciales que se instauran. Pero mientras varios, varios de verdad, ya comenzaron a tomar las precauciones legales (o de huída) debidas.

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