Carlos Morales
Cuento la triste historia: Norma, mujer indígena y madre sola fue acusada por la Fiscalía de Oaxaca, de cometer cinco veces un delito patrimonial. Los Ministerios Públicos a sabiendas de que no había cometido delito alguno solicitaron orden de aprehensión. Los jueces solícitos libraron las ordenes de aprehensión. Fue detenida por 30 policías quienes con lujo de violencia la arrancaron de su entorno familiar y la llevaron a las mazmorras de Ixcotel.
Los jueces penales de Oaxaca le dictaron auto de formal prisión. Norma estuvo presa un año y seis meses. Sufrió vejaciones de las autoridades del penal y de los reclusos. Promovió amparos contra los autos de formal prisión y los jueces federales le concedieron el amparo. No podía ser de otra manera, Norma no había cometido delito alguno.
Norma estuvo presa en dos cárceles oaxaqueñas: en la Penitenciaría de Ixcotel y en el reclusorio de Etla, su hijo de un año y dos meses sufrió con ella la prisión preventiva y después la separación. Norma, sin deber nada, conoció el infierno en la tierra.
Durante el tiempo en que estuvo presa. Su vida corrió peligro en Ixcotel y fue llevada al reclusorio de Etla. Todo esto en el 2010 y 2011. Aun tiene miedo de contar que fue agredida al interior del sector femenil de Ixcotel y tuvo que ser llevada al reclusorio de Etla. Tiene historias de acoso que aún no puede contar.
Afortunadamente, para Norma, aún hay jueces en Berlín. Jueces federales le concedieron uno a uno los amparos y ella pudo volver a la libertad. Durante su reclusión su madre había enfermado. Estar en la cárcel y defenderse le salió muy caro. Tuvo que vender una casita de interés social para poder sufragar sus gastos.
Por las noches Norma sufre pesadillas y sufre de ansiedad.
Cuando Norma salió de la cárcel se dio cuenta que lo había perdido todo. Había perdido su trabajo, su casa, su salud. Pero la mantenía de pie el amor de su hijo.
Buscó a Litigio Estratégico Indígena. Presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Es evidente que si una persona permanece presa por determinación judicial y luego conceden el amparo, ministerios públicos y jueces cometieron violación a derechos humanos.
La investigación del ombudsperson duró siete años. Después de un año y medio presa, Norma tuvo que batallar siete años para que el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitiera una recomendación. En el mes de julio de 2022, se emitió la recomendación 7/202 al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.
La recomendación del Defensor de los Derechos Humanos dice que el Tribunal y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, son responsables de violaciones a derechos humanos de Norma y la Defensoría ordena reparar la violación a los derechos humanos de Norma.
De manera inusitada, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no admitió la recomendación y manifestó su voluntad de no aceptarla. Lo que coloca al Poder Judicial del Estado como un ente violador de los derechos humanos. El Tribunal no sólo debió haber aceptado la recomendación sino iniciar los expedientes disciplinarios a los responsables directos. Pero se prefirió la impunidad.
En el mismo sentido la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca emitió un acuerdo “aceptando” la recomendación que solo constituye una simulación. Jamás se pronuncia la fiscalía sobre la reparación de la violación a los derechos humanos de Norma. Ni sobre la responsabilidad de los perpetradores.
Esta es una situación Kafkiana: los órganos encargados de impartir justicia en Oaxaca, se han convertido en entes violadores de derechos humanos. Mientras tanto Norma espera que el Congreso de Oaxaca, cite a los omisos para que expliquen porque razón no aceptaron la recomendación, pues en el caso de Norma no aceptaron ni emitir disculpas.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es constitucional que los deudores alimentarios no ocupen cargos públicos. Es hora de que se construya una reforma legal que establezca que los violadores a derechos humanos, así declarados en una recomendación o un juicio de amparo no podrán desempeñar cargos públicos.
Ya basta de que los servidores públicos miren con desprecio las recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos y de la CNDH, es necesario crear un mecanismo indirecto: no permitir a los omisos desempeñar cargos públicos.
La estadística indica que las autoridades violadoras de derechos humanos incumplen sistemáticamente las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Es necesario ahora buscar un mecanismo indirecto para cumplir las recomendaciones: ni un violador de derechos humanos debe desempeñar un cargo público.
Mientras tanto iremos al Congreso de Oaxaca, para que cite a los omisos e inicie el juicio político. Y a la propia Sala Constitucional del Tribunal Superior de Oaxaca por el juicio de protección a los derechos humanos. Y posteriormente al Sistema Interamericano.
Aun falta mucho camino para reparar las violaciones a los derechos humanos de Norma. Los derechos humanos no son discursos ganados. Aún tenemos que seguir abriendo brecha.
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