+ Subejercicios burocráticos: efectos del centralismo
No se necesita ser erudito para poder llegar a la preocupante conclusión de que, si en ocho meses el gobierno de Oaxaca no ha podido ejercer a plenitud el presupuesto federal que le fue asignado por el Congreso de la Unión, quién sabe si pueda hacerlo en los cuatro meses que restan. Más allá de los temas políticos y partidistas, e incluso de las disputas entre los personeros del gobierno anterior y el actual régimen, este asunto debiera preocuparnos a todos por el dinero, por la voracidad federal, y por las oportunidades de desarrollo que podría estar dejando pasar nuestra entidad por este asunto.
El pasado martes, un grupo de diputados federales priistas, encabezados por Héctor Pablo Ramírez y Jorge González Ilescas, denunciaron que por efectos del subejercicio presupuestal, el Gobierno de Oaxaca estaría a punto de perder los primeros mil millones de pesos del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año.
También denunciaron la lentitud, casi inmovilidad, con que se está ejerciendo el presupuesto destinado a comunidades y pueblos indígenas, y se dolieron por la ineficacia del gobierno estatal para atender no sólo los temas presupuestales o de obra pública, sino también para abocarse a cuestiones como la atención de los conflictos agrarios o postelectorales, que en lo que va del año han dejado ya varias docenas de indígenas muertos y heridos, y varias comunidades con serios riesgos de choques violentos.
A esto, la respuesta oficial no se dejó esperar: Ayer mismo, el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, dijo que la denuncia de los legisladores federales tenía como telón de fondo intereses políticos y electorales para lastimar a su gobierno, de cara a los comicios federales del año próximo. También aseguró que la Federación no le quitará a Oaxaca ni un peso del presupuesto aprobado para el presente año; y dijo que, en particular, es un compromiso del presidente Felipe Calderón, respetar los montos de dinero federal que fueron asignados para cuestiones indígenas.
Frente a todo esto queda claro, en primer término, que, en efecto, unos y otros fundan sus señalamientos de cargo y descargo, en sus respectivos intereses políticos: aún cuando el motivo es noble y cierto, queda claro que la preocupación de los legisladores federales no nace del subejercicio en sí: claramente, parte de su calidad de opositores. Ningún priista hizo señalamientos como éste, respecto a subejercicios (aún mínimos), cuando la administración estatal se encontraba en manos del gobernador Ulises Ruiz.
Empero, la reacción del gobierno estatal también fue en esa lógica: en primer término, se estableció que la crítica de sus opositores provenía del tema político rumbo al 2012, sin siquiera alcanzar a reconocer que, en efecto, el gobierno estatal ha tardado más tiempo del debido para ejercer los recursos asignados, y que si parte del problema radica en que el gobierno federal no radica los recursos, la otra mitad se encuentra en el hecho de que las dependencias estatales sí están teniendo problemas para ejercer el gasto que les fue asignado.
Al final, más allá de los envalentonamientos opositores y de la “piel sensible” del gobierno de Oaxaca respecto a esos señalamientos, lo que debería preocupar a todos por igual es que la entidad se quede sin los recursos que con toda anticipación les fueron presupuestados.
Ello constituiría, además de una burla del gobierno federal hacia la Cámara de Diputados —que hoy decide el gasto público en última instancia— y hacia los compromisos contraídos con el Gobierno del Estado, un enorme daño para las posibilidades de desarrollo de nuestro estado. Si esos recursos no se radican y se gastan, se pierden definitivamente y se quedan en manos del gobierno federal. Lejos de seguir peleando, frente a eso los diputados federales priistas y el Gobierno del Estado deberían comenzar a hacer causa común para evitar el subejercicio y la disminución del presupuesto.
¿CAUSA COMÚN?
Al gobierno federal, que a veces por ser ordenado en el gasto se convierte en codicioso y avaro, siempre le va a convenir que las entidades federativas tengan subejercicios. ¿Por qué?
Porque el retorno, o la no radicación de recursos económicos de las arcas federales a las estatales, les permite dos posibilidades: la primera, reducir el déficit en el gasto; o, segunda, reorientar discrecionalmente esos recursos para obras o proyectos prioritarios que le interesan o convienen ya no a la entidad federativa que le fue retirado, sino directamente al gobierno federal.
En cualquiera de los dos casos, claramente puede verse que el perjuicio es directamente para la entidad federativa que incurrió, deliberada o involuntariamente, en el subejercicio. Esto porque, si el gobierno federal deja de gastar un recurso y endosa el ahorro a la disminución del déficit, esto luego es puesto como un punto a favor de la disciplina fiscal federal.
Nunca se reconoce que ese “ahorro”, en realidad pudo provenir no sólo de la incapacidad de gasto y planeación del gobierno estatal al que se le retiró el recurso, sino también del “chicaneo” del gobierno federal respecto a la entrega de los recursos. Éste, puede dilatarse 10 meses en entregar un recurso, y liberarlo a punto de terminar el año. En esas condiciones, los gobiernos estatales son incapaces de ejercerlo con orden, y por eso termina siendo devuelto.
Y el segundo de los casos es igual de grave, o peor. La reorientación de los recursos queda a criterio del gobierno federal y sus necesidades. Y por eso, a través de ese esquema, dota de dinero a ciertos proyectos que le interesan a éste (o a entidades federativas a las que pretende beneficiar), pero ya no al estado al que le fue retirado.
LUCHAR ¿JUNTOS?
Por todo esto, lejos de seguir disputándose asuntos políticos a costillas del gasto, el subejercicio y la incapacidad de gestión de funcionarios estatales, lo que todos deberían estar, es preocupados porque ese gasto siga siendo de Oaxaca. Ojalá primero eliminaran cualquier posibilidad de regateo, codicia o dilación federal, para después pelear porque ese recurso fuese repartido con orden y eficacia entre todos los sectores necesitados de la entidad. La solución es necesaria, pero no parece posible entre dos grupos que están siempre dispuestos a anteponer sus confrontaciones particulares, al interés superior de nuestro estado. Algo lamentable.
